Carta a Daniel Cantú Iris por Octavo aniversario de su desaparición

daniel

Saltillo, Coahuila, febrero 21 de 2015

Daniel Cantú Iris, mi güero hermoso:

Un día como hoy, hace 8 años, 21 de febrero de 2007, cuando te desaparecieron. Es increíble cómo pasan los días, cómo se fueron convirtiendo en años. ¡El tiempo imposible detenerlo!

Como imposible ha resultado mover al monstruo de mil tentáculos que representa al Estado mexicano y al estado de Coahuila, para poder dar con tu paradero, para saber la verdad de lo que ocurrió, pero continúo tu incansable búsqueda. Al contrario, cada vez son más los jóvenes que desaparecen y no se actúa inmediatamente, la justicia sigue cautiva y para rescatarla habrá que seguir construyéndola sobre las bases de la conciencia y la organización, y tejerla como una red, entre todos.

Hace 2,920 días que no escucho tu voz, ni siento tu abrazo fuerte, atropellado, ni tu aroma fresco me sorprende por la espalda. La incertidumbre y el dolor de no saber en dónde estás no ha cesado desde ese día, las autoridades continúan siendo indolentes y omisas, para cumplir con su deber. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la justicia?

Solo puedo decirte que todos los actos que he realizado para poder recuperarte son motivados por el amor, por la lucha a preservar tu memoria y para que tu rostro jamás sea olvidado. Devolverte la dignidad que esta guerra intentó arrancarnos.

La verdad histórica que intenta vendernos el Estado mexicano está cada vez más alejada de la verdad, la real y la jurídica, la verdad de ellos dista mucho de ser la verdad de las madres, esposas, hijos, la nuestra.

Seguiré luchando cada instante de mi vida hasta encontrarte, hasta que se enjuicie y castigue a los responsables, hasta saber la verdad, hasta que haya justicia.

Mi güero hermoso, hasta ti llegaran estas líneas, llenas de esperanza y de inmenso amor de que un día no muy lejano completaremos este abrazo suspendido.

Tu madre que te quiere y te busca.

Diana Iris García.

Actualización: Familia de Brenda Damaris González Solís no puede recuperar su cuerpo por datos falsos en acta de defunción.

Monterrey Nuevo León 17 de febrero 2015

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 Comunicado

Actualización: Familia de Brenda Damaris González Solís no puede recuperar su cuerpo por datos falsos en acta de defunción.

Los datos falsos contenidos en el acta de defunción de Brenda Damaris Gonzáles Solís han impedido a la familia la restitución digna del cuerpo para su inhumación.

A pesar de haberse solicitado al agente del ministerio público, de la agencia de homicidios número 1, Rubén Aguilar, el día de ayer la entrega inmediata del cuerpo; y el apoyo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas CEAV NL, a su titular Aixa Alvarado, para la restitución digna del cuerpo; esto no se puede hacer hasta que el acta de defunción sea corregida según respuesta de esta última, a pesar de que el trámite puede tardar hasta tres meses.

Denunciamos enérgicamente la re victimización de las personas que deben afrontar estos terribles tratos por parte de los servidores públicos de Nuevo León, quienes deben procurar la justicia y recuperar el tejido social tan dañado en todo México.

Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos/as en Nuevo León

Carta al Secretario de Gobierno Miguel Ángel Osorio Chong sobre la respuesta a las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU

17 de febrero de 2015

MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

P R E S E N T E

Ref.: Observaciones a la respuesta a las observaciones finales

del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU

Señor Secretario:

Las organizaciones firmantes nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra preocupación en relación con el comunicado del 13 de febrero del presente emitido por la Secretaría a su cargo en relación con las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) emitidas luego de su primera evaluación de la situación en México.

Como es de su conocimiento, el pasado 13 de febrero, el CED, en un ejercicio objetivo, profundo, transparente y que tuvo en cuenta las observaciones de diversas partes (Estado, organismos públicos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), emitió las observaciones finales en las que hace un recuento de los pendientes por ser cumplidos en materia de desapariciones: investigación, búsqueda, reparación, registros y legislación adecuados, protección de quienes denuncian las desapariciones, etc.

Ante tal situación, la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría a su cargo emitió, el mismo 13 de febrero, el boletín 133 cuyo tercer y último párrafo señala lo siguiente:

Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención.[1] [Resaltado fuera del original]

Las organizaciones que suscribimos esta carta queremos expresar nuestra más profunda preocupación y rechazo por las declaraciones emitidas. Quienes acompañamos a familiares de personas desaparecidas, sabemos que las recomendaciones emitidas por el Comité están apegadas a la realidad: hasta el momento, no tenemos una base de datos consolidada y fiable sobre personas desaparecidas; la impunidad es la regla en las investigaciones; la búsqueda rápida y efectiva de las personas desaparecidas (nacional y transnacional) es excepcional y, generalmente, se hace de manera tardía; no se otorgan reparaciones adecuadas; aún no tenemos una Ley General contra la Desaparición Forzada, etc.

Más aún, las manifestaciones de la Secretaría de Gobernación no sólo no toman en cuenta la realidad, sino que viene en un contexto de incumplimientos en el proceso ante el Comité. Como es sabido, el Estado mexicano presentó de manera tardía e incompleta tanto su informe inicial como las respuestas a la lista de cuestiones emitida por el CED. La tardanza en la presentación del informe y la ausencia de respuesta a los requerimientos del Comité fueron registradas en el último informe de actividades de este órgano[2]. De igual forma, el Comité ha solicitado hacer una visita a México, solicitud a la que el Estado ha negado respuesta.

El pronunciamiento mencionado nos parece irrespetuoso para las víctimas de desapariciones y sus familiares, y no  reconoce la gravedad ni dimensión de la situación de las desapariciones en México que, desde nuestra experiencia y de los números oficiales (aún incompletos), es una situación generalizada. También es un desacato a una instancia internacional a la que México se ha sometido y es un aviso sobre las dificultades que tendrá el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité.

Finalmente, consideramos que el pronunciamiento emitido desde el más alto nivel y por la Secretaría que tiene el mandato de coordinar a otras instituciones, es un claro mensaje para diversas autoridades, que se pronunciarán o actuarán en el mismo sentido, dificultando los procesos de búsqueda, justicia, verdad y reparación de las víctimas. También se dificultará la adopción de medidas y políticas estructurales.

Por lo anterior, pedimos:

  1. Que usted se pronuncie públicamente sobre la importancia de las recomendaciones del Comité y exprese claramente su voluntad para cumplir con las mismas.
  2. Que convoque, a la brevedad, a las organizaciones de la sociedad civil y a otros actores involucrados, para avanzar el proceso de cumplimiento de las recomendaciones.
  3. Que se asegure que las políticas (interna -en lo que le corresponde- y externa) tengan su centralidad en el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones en esa materia
  4. Que se garantice la seguridad de las personas que denuncian casos de desapariciones y haya justicia en los casos de asesinato y desaparición de familiares.
  5. Que en cualquier proceso relacionado con el cumplimiento de las recomendaciones del Comité (como la adopción de un marco legal adecuado –especialmente a partir de la ley General sobre Desaparición Forzada- y el avance en la justicia), se garantice la participación efectiva de familiares y organizaciones de la sociedad civil.

Sin otro particular, y en espera de su respuesta, le enviamos un saludo.

Atentamente,

Alternativas Pacíficas, A. C.; Abogadas Demócratas; Alianza Sierra Madre, A. C.; Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Asociadas por lo Justo (JASS); Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, A.C. (CAMT); Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.; Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCADH); Círculo de Estudios de Género, A.C.; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (COSYDDHAC); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C. (CIDHMorelos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A. C. (Codigo DH); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos ; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Consultoría Técnica Comunitaria, A. C.; Ecos de Mirabal; El Barzón Chihuahua; Fatima, I.B.P.; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM); Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Mujeres en Gran Morelos, Chihuahua; Grupo Feminista 8 de Marzo; Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas (GPDPC); Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S. México); IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD); Jóvenes ante la Emergencia Nacional (Chihuahua); Justicia para Nuestras Hijas (JPNH); Kakúm Colectiva; Mujeres por México en Chihuahua, A.C.; Observa Ciudadan@; Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz); Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva (UNASSE); Sí hay mujeres en Durango; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Conformada por 73 organizaciones en 21 estados y el Distrito Federal); Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Red por la Participación Ciudadana; Red por los derechos de la infancia en México (REDIM)

c.c.p.   José Antonio Meade Kuribeña. Secretario de Relaciones Exteriores. Para su conocimiento y atención.

Integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Para su información.

Javier Hernández Valencia. Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mismos fines.

Ministro Luis María Aguilar Morales. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mismos fines.

Senadora Angélica de la Peña Gómez. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Para su conocimiento y atención.

Diputada Miriam Cárdenas Cantú. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Para su conocimiento y atención.

[1] Secretaría de Gobernación. México recibe las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Boletín de prensa No. 133, de 13 de febrero de 2015.

[2] Al respecto, ver, Naciones Unidas.  Informe del Comité contra la Desaparición Forzada. Quinto período de sesiones (4 a 15 de noviembre de 2013) y Sexto período de sesiones (17 a 28 de marzo de 2014). Suplemento Nº 56 (A/69/56). De igual manera, ver: Frente a la gravísima situación en materia de desaparición forzada, México guarda silencio ante instancias supervisoras de la problemática. Comunicado de 20 de noviembre de 2014.

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Comunicado

Entrega del dictamen pericial independiente: caso Brenda Damaris González Solís desaparecida en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León a 16 de febrero 2015

Brenda Damaris Gonzáles Solís fue desaparecida el 31 de julio de 2011 en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Tras sufrir un percance vial ella se comunicó con su familia para informarles del accidente, en el transcurso de la llamada informó que estaba llegando una patrulla de Tránsito de la policía municipal y cortó la llamada. Desde entonces no había certeza de su paradero y las investigaciones del caso por parte de la Procuraduría Estatal han sido insuficientes para esclarecer los acontecimientos. No existe ningún detenido en las averiguaciones a pesar de que se tiene identificados a dos policías de Tránsito que estuvieron presentes en el lugar del accidente. El vehículo donde transitaba Brenda Damaris fue encontrado fuera de la cinta asfáltica y con 5 impactos de bala. En la primera semana de octubre de 2012 la familia de Brenda Damaris acudió al paraje La  Huasteca en Santa Catarina ante la información de que había sido hallada una fosa con cuerpos humanos. En ese lugar fueron amenazados con detenerlos por parte de elementos del Ejército Mexicano que incluso alegaron que la manta con la foto de Brenda Damaris era una “narcomanta”. Unos días después de este acontecimiento la señora Juana Solís Barrios, madre de Brenda Damaris, fue informada del hallazgo de restos humanos que aseguraron correspondían a su hija.

Ante el cúmulo de irregularidades en la investigación, en la entrega de restos y ante la indolencia del estado para proporcionar certeza de la identidad de los mismos; FUNDENL solicitó a la Procuraduría de Nuevo León a autorizar un peritaje independiente que diera certeza a la familia González Solís. El peritaje comenzó el día 10 de septiembre de 2014 y fue realizado por el Equipo Peruano de Antropología Forense, quienes han fungido como peritos en Perú, El Salvador, Brasil y la región de los Balcanes en Europa oriental; apoyado por un perito del Equipo Mexicano de Antropología Forense. Ambos realizaron la exhumación, custodia, traslado de restos, toma de muestras y envió de las mismas al Laboratorio Bode Technology en Washington, E.U. El análisis de ADN en dicho laboratorio fue supervisado por la organización Gobernanza Forense Ciudadana.

Las principales irregularidades cometidas por la Procuraduría de Nuevo León, que configuran violaciones a los Derechos Humanos y por las que se da parte a las Comisiones, Estatal y Nacional, de Derechos Humanos para que determinen el grado de responsabilidad de los funcionarios públicos y los posibles delitos en que hayan incurrido son:

  • Mal manejo de la escena y recuperación de la evidencia: la recuperación de los restos humanos en el lugar del hallazgo, fue realizada sin seguir los protocolos de preservación, fueron mezclados con los de una segunda persona, entregándose de forma incompleta.
  • Notificación no oficial de la localización de los restos: No fue una autoridad de procuración de justicia la que notificó a la familia sino una organización de la sociedad civil.
  • Entrega de restos de manera indigna: los restos fueron entregados a la familia en una bolsa de plástico negra y no en un ataúd.
  • Intento de obligar a la familia a cremar los restos: El personal del Servicio Médico Forense le exigió a la familia que fueran incinerados los restos inmediatamente después de ser entregados sin ningún sustento técnico aparente.
  • Las pruebas genéticas entregadas por la Procuraduría son poco claras.
  • Información errónea en el certificado de defunción: La autoridad que emitió el certificado de defunción de Brenda Damaris González Solís colocó información falsa al redactar que “murió en su domicilio”

Los resultados de los análisis de los restos son positivos y corresponden con Brenda Damaris González Solís, solicitándose en este momento a la Procuraduría la restitución digna de los restos a la familia, así como la cobertura total de los gastos funerarios y de inhumación en base al artículo 31 de la Ley General de Víctimas.

Hemos encontrado a Damaris pero aún no se ha obtenido justicia, el siguiente paso será que la Procuraduría debe esclarecer el asesinato, definiendo el grado de participación de los elementos de Tránsito Municipal de Santa Catarina y obteniendo sentencias condenatorias para todos los involucrados. El gobierno estatal de Nuevo León deberá integrar a la Familia González Solís al registro estatal de víctimas de manera inmediata para que pueda acceder a las medidas de reparación del daño y a la preservación de la memoria a que tienen derecho en base a la Ley General de Víctimas o a la Ley Estatal de Víctimas según la que otorgue mayor protección a sus derechos en base a la interpretación “pro persona” del Artículo 1º de la Constitución Mexicana.

La lucha de la familia González Solís es un ejemplo de que las víctimas de la violencia en Nuevo León no han recibido justicia, pero también de que no son pasivas y seguirán luchando para que sean garantizados sus Derechos. Las y los familiares de personas Desaparecidas de Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos en Nuevo León daremos seguimiento puntual a este caso paradigmático de negación de justicia en Nuevo León y que los errores cometidos por la PGJNL nunca más vuelvan a repetirse.

Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos/as en Nuevo León

Comunicado: “Desapariciones generalizadas” en México: Comité de la ONU

Comunicado

“Desapariciones generalizadas” en México: Comité de la ONU

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2015

  • Caso Ayotzinapa, representativo de situación más amplia
  • Obligación de castigar a superiores jerárquicos que toleran contextos de abusos
  • Se insta a investigar a todos los agentes u órganos posiblemente involucrados en desapariciones, así como a agotar todas las líneas de investigación

 

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (Comité CED) declaró hoy que se practican “desapariciones generalizadas” en “gran parte” del país y que el caso Ayotzinapa “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas.”

Al emitir sus recomendaciones finales, producto de su primera evaluación del cumplimiento de México con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, el Comité criticó al Estado por la impunidad reflejada en “la casi inexistencia de condenas por este delito” y que caracteriza tanto las desapariciones de la llamada Guerra Sucia como las de hoy.

El Comité criticó “las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas”, recomendando entre otros que el Estado priorice la inmediata búsqueda con vida ante cualquier denuncia de desaparición. Por la urgencia de esta recomendación, pidió al Estado rendir cuentas sobre su implementación en el plazo de un año.

Por otro lado, el Comité constató “una serie de obstáculos” en el acceso a la justicia en casos de desaparición, incluyendo el hecho de que las autoridades no inicien de inmediato la investigación penal, o clasifiquen hechos de desaparición forzada como otro delito.

Recordó al Estado su obligación de “investigar de manera efectiva a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, así como a agotar todas las líneas de investigación” ante hechos de desaparición forzada, una recomendación claramente aplicable al caso Ayotzinapa.

En cuanto a la persecución penal, el Comité recordó la obligación de sancionar a los superiores jerárquicos en la cadena de mando de acuerdo al artículo 6 de la Convención, mismo que establece la responsabilidad penal del mando superior quien “haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente”, y teniendo responsabilidad sobre actividades relacionadas con la desaparición, “no haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese” o “para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes”.

Lo anterior constituye una recomendación crucial para romper el ciclo de impunidad en el contexto mexicano, donde actualmente las pocas investigaciones por graves violaciones a derechos humanos suelen limitarse a autores materiales de bajo rango, y donde la responsabilidad de diversas autoridades empieza precisamente por no actuar para poner fin a un contexto de abusos y colusión con el crimen organizado.

También recomendó establecer dentro de la Procuraduría General de la República una “unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas” que cuente con recursos suficientes y “una perspectiva estratégica” sobre la desaparición forzada a nivel nacional, ya que la actual Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas no cumple este papel de investigación penal.

Se expresó particular preocupación por las desapariciones forzadas de personas migrantes en territorio mexicano; la intimidación y estigmatización de familias y personas defensoras de derechos humanos que buscan justicia en casos de desapariciones; la falta de un registro confiable de personas víctimas de desaparición forzada; y “la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y los niños” ya sea como víctimas o familiares.

En este contexto, el Comité instó al Estado “a aprobar a la mayor brevedad posible” una Ley General contra la Desaparición Forzada con participación de víctimas y familiares.

Asimismo, el Comité “alienta enérgicamente al Estado parte a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales” sobre casos concretos de desaparición forzada en México y solicitó visitar nuestro país con el fin de estudiar la situación de cerca y publicar un informe completo sobre la desaparición forzada en México. En este sentido, instó al Estado a permitir que esto ocurra dentro de un plazo razonable. El mismo Comité había solicitado la visita desde el año pasado sin que el Estado hubiera respondido.

Finalmente, saludamos que el Comité haya recomendado que las organizaciones de familiares de víctimas participen en el proceso de implementación de sus recomendaciones. Reiteramos que la dignidad, indignación y lucha de las propias familias ha sido la fuerza que impulsa el acceso a la verdad y la justicia.

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Colectivo por la Paz

Fundación Diego Lucero

FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación

H.I.J.O.S. México

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

*Las recomendaciones del Comité se encuentran en: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=972&Lang=en

Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención

Comité contra la Desaparición Forzada

Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención

Saltillo,Coahuila a 13 de febrero de 2015

1. El Comité contra la Desaparición Forzada examinó el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención (CED/C/MEX/1) en sus sesiones 119.ª, 120.ª y 121.ª (CED/C/SR.1119, 120 y 121), celebradas los días 2 y 3 de febrero de 2015. En su 133.ª sesión, celebrada el 11 de febrero de 2015, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.

A. Introducción

2. El Comité acoge con satisfacción el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, elaborado de conformidad con las directrices para la presentación de informes, y la información en él expuesta. Asimismo, el Comité expresa su reconocimiento por el diálogo constructivo mantenido con la delegación de alto nivel del Estado parte sobre las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones de la Convención.

3. El Comité agradece además al Estado parte sus respuestas por escrito (CED/C/MEX/Q/1/Add.1) a la lista de cuestiones (CED/C/MEX/Q/1).

B. Aspectos positivos

4. El Comité celebra que el Estado parte haya ratificado la totalidad de los instrumentos fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas y la casi totalidad de sus protocolos facultativos, así como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

5. El Comité también saluda las medidas adoptadas por el Estado parte sobre aspectos que guardan relación con la Convención, incluyendo: a) Que se haya otorgado rango constitucional a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo la Convención; b) Que se haya reconocido en el artículo 29 de la Constitución que en ningún caso podrá restringirse ni suspenderse la prohibición de la desaparición forzada; c) La adopción de la Ley General de Víctimas en 2013; d) La adopción de una nueva Ley de Amparo en 2013.

6. El Comité saluda la puesta en marcha de una página web conteniendo información sistematizada sobre las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos realizadas al Estado parte y lo alienta a fortalecer su conocimiento y difusión.

7. El Comité observa con reconocimiento la existencia de una sociedad civil y una Comisión Nacional de Derechos Humanos dinámicas que contribuyen significativamente a la vigilancia de la aplicación de la Convención en el Estado parte. 8. El Comité observa con satisfacción que el Estado parte haya cursado una invitación permanente a todos los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para que visiten el país. Al respecto, el Comité saluda la visita a México del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en 2011 y alienta al Estado parte a asegurarse de que todas sus recomendaciones sean aplicadas (A/HRC/19/58/Add.2, párrafos 79 a 113).

9. El Comité recuerda el intercambio de correspondencia con el Estado parte en relación con el mecanismo previsto en el artículo 33 de la Convención y espera el consentimiento del Estado parte para que la visita se realice en un plazo razonable. C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

10. El Comité considera que el marco normativo en vigor así como su aplicación y el desempeño de algunas autoridades competentes no se conforman plenamente con las obligaciones de la Convención. La información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, incluso iniciadas a partir de la entrada en vigor de la Convención. El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas. El Comité alienta al Estado parte a aplicar sus recomendaciones, formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación, con el fin de asegurar que el marco jurídico existente y su aplicación por las autoridades federales, estatales y municipales sean plenamente compatibles con los derechos y las obligaciones que establece la Convención. El Estado parte podría valerse de la oportunidad que ofrece el hecho de que actualmente se están discutiendo diversas iniciativas a nivel legislativo, en particular la posibilidad de adoptar una ley general en materia de desaparición forzada, para implementar las recomendaciones de las presentes observaciones finales.

Información general

Procedimiento de acción urgente

11. El Comité saluda la cooperación del Estado parte en el marco de su procedimiento de acción urgente y toma nota de la información brindada en relación con los organismos involucrados en el tratamiento de peticiones de acción urgente y en la implementación de medidas cautelares otorgadas por el Comité (art. 30).

12. El Comité insta al Estado parte a continuar cooperando con el Comité en el marco de su procedimiento de acción urgente y a garantizar el tratamiento inmediato y el seguimiento regular de todas las acciones urgentes y solicitudes de medidas cautelares y de protección remitidas por el Comité.

Comunicaciones individuales e interestatales

13. El Comité observa que el Estado parte aún no ha reconocido la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención. Al respecto, toma nota de la información proporcionada por la delegación de que se continúa evaluando el reconocimiento de la competencia del Comité en virtud del artículo 31 de la Convención (arts. 31 y 32).

14. El Comité alienta enérgicamente al Estado parte a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención con miras a reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas previsto en la misma. Estructura federal del Estado parte

15. El Comité, mientras es consciente de los desafíos que plantea la estructura federal del Estado parte, observa con preocupación que, tanto a nivel legislativo como en la práctica, las distintas jurisdicciones presentan desiguales niveles de cumplimiento de las obligaciones que establece la Convención. Al respecto, el Comité toma nota de las iniciativas presentadas con miras a reformar la Constitución Política a fin de facultar al Congreso de la Unión para, inter alia, expedir una ley general en materia de desaparición forzada.

16. El Comité, recordando el artículo 41 de la Convención, recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y la práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en la Convención. Al respecto, lo alienta a aprobar a la mayor brevedad posible una ley general que regule de manera integral los aspectos de la desaparición forzada contenidos en la Convención, en particular aquellos relativos a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas así como a la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas. Asimismo, el Comité recomienda que se garantice la participación de las víctimas de desaparición forzada, las organizaciones de la sociedad civil y la CNDH en todo el proceso encaminado a la adopción de esta ley.

Definición y tipificación como delito de la desaparición forzada (arts. 1 a 7) Registro de personas sometidas a desaparición forzada

17. El Comité nota con preocupación la falta de información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada. lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad. Al respecto, mientras toma nota de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDPED), al Comité le preocupa su falta de reglamentación así como el hecho de que el registro no incluye información que permita determinar si la persona pudo haber sido sometida a desaparición forzada (arts. 1, 3, 12 y 24).

18. El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante. Dicho registro debería, como mínimo:

a) reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, incluyendo información acerca del sexo, edad y nacionalidad de la persona desaparecida y lugar y fecha de desaparición; b) incluir información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida sin ninguna participación de agentes estales; c) permitir generar datos estadísticos respecto de casos de desaparición forzada aun cuando hayan sido esclarecidos; y d) ser completado con base en criterios claros y homogéneos y actualizado de manera permanente.

En este contexto, el Estado parte debería valerse de la oportunidad que ofrece el hecho de que la reglamentación de la ley del RNDPED aún esté pendiente para asegurar que cumpla con los criterios antes expuestos. Asimismo, debería adoptar las medidas necesarias para garantizar que las autoridades encargadas de ingresar los datos pertinentes lo hagan de manera uniforme, exhaustiva e inmediata luego de que se tenga conocimiento de una desaparición.

Delito de desaparición forzada

19. El Comité observa con preocupación que algunas legislaciones del Estado parte no tipifican la desaparición forzada y que aquellas que la tipifican prevén penas disímiles y definiciones que no se ajustan a la definición de la Convención en todos los casos (arts. 2, 4, 6, 7 y 8).

20. El Estado parte debería adoptar las medidas legislativas necesarias a fin de asegurar que a la mayor brevedad posible la desaparición forzada sea tipificada, tanto a nivel federal como estatal, como delito autónomo que se ajuste a la definición contenida en el artículo 2 de la Convención y que prevea penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad. A la luz del artículo 8 de la Convención, debería también garantizar que, en caso de que se aplique un régimen de prescripción al delito de desaparición forzada, el plazo del mismo sea prolongado y proporcionado a su extrema gravedad y que, teniendo en cuenta el carácter continuo de la desaparición forzada, se cuente a partir del momento en que cesa el delito. Responsabilidad penal del superior jerárquico

21. El Comité, mientras toma nota de las iniciativas existentes en el Congreso de la Unión en las que se prevé la responsabilidad penal del superior jerárquico, observa que la legislación vigente en la materia no se ajusta plenamente a la obligación que surge del artículo 6, párrafo 1(b), de la Convención (art. 6).

22. El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas legislativas necesarias con miras a que, tanto en la legislación federal como en la estatal, se prevea específicamente la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos en los términos establecidos en el artículo 6, párrafo 1(b), de la Convención. Desapariciones de migrantes

23. El Comité observa con preocupación la información que da cuenta de que habría numerosos casos de desaparición de migrantes, incluyendo niños, entre los cuales habría casos de desaparición forzada, así como los desafíos que esta situación dramática plantea en relación con la plena observancia de los derechos a la justicia y a la verdad consagrados en la Convención, en particular dado que los allegados de las personas desaparecidas normalmente no residen en el Estado parte. Al respecto, el Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte en relación con la investigación de las desapariciones de migrantes y la búsqueda, atención y protección de los mismos, y de que está trabajando en el diseño de un mecanismo transnacional de búsqueda y acceso a la justicia (arts. 1, 3, 12, 15 y 24).

24. El Estado parte debería, en cooperación con los países de origen y destino y con la participación de las víctimas y la sociedad civil, redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de migrantes; perseguir penalmente a los responsables; y proteger adecuadamente a los denunciantes, peritos, testigos y defensores.

Asimismo, el mecanismo transnacional de búsqueda y acceso a la justicia debería garantizar: a) la búsqueda de las personas migrantes desaparecidas y, en caso de hallarse restos, su identificación y restitución; b) el relevamiento de información ante mortem y su integración a la Base de Datos Ante Mortem – Post Mortem; y c) que los allegados de las personas desaparecidas, independientemente del lugar en el que residan, tengan la posibilidad efectiva de obtener información y participar de las investigaciones y búsqueda de las personas desaparecidas

Responsabilidad penal y cooperación judicial en materia de desaparición forzada (arts. 8 a 15) Jurisdicción militar

25. El Comité, mientras acoge con beneplácito la reforma del Código de Justicia Militar de 2014 que excluyó la jurisdicción militar en relación con los delitos del orden común o federal cometidos por militares en contra de civiles, observa con preocupación que el mencionado Código aún conserva la jurisdicción militar en relación con los delitos del orden común o federal, incluyendo las desapariciones forzadas, que fuesen cometidos por un militar en contra de otro militar. El Comité considera que, por principio, los tribunales militares no ofrecen la independencia e imparcialidad requeridas por la Convención para abordar violaciones de derechos humanos como las desapariciones forzadas (art. 11).

26. El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas legislativas necesarias a fin de asegurar que las desapariciones forzadas cometidas por un militar en contra de otro militar queden expresamente excluidas de la jurisdicción militar y solamente puedan ser investigadas y juzgadas por las autoridades civiles competentes.

Investigaciones de casos de desaparición forzada.

27. El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte acerca de las autoridades encargadas de llevar adelante las investigaciones cuando se produce una desaparición así como las acciones desplegadas al respecto. Asimismo, observa con beneplácito que la PGR se encuentra trabajando en la elaboración de un protocolo de investigación en materia de desaparición forzada, como fuera solicitado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, el Comité se muestra preocupado por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito

Al Comité le preocupan también los informes que dan cuenta de una serie de obstáculos que no permitirían que las investigaciones de las desapariciones forzadas se realicen de manera eficaz, incluyendo: a) el hecho de que en varios casos las autoridades competentes no habrían iniciado las investigaciones con la debida celeridad inmediatamente luego de haber recibido información acerca de una posible desaparición forzada; y b) la calificación de los hechos con base a otros delitos en numerosos casos en los que habrían existido indicios para suponer que se podría haber cometido una desaparición forzada (art. 12).

28. El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos con miras a asegurar que, cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se proceda a realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal, y que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos. Asimismo, el Estado parte debería:

a) Garantizar que, cuando haya indicios para suponer que se pudiera haber cometido una desaparición forzada, se proceda, sin dilación, a  investigar de manera efectiva a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, así como a agotar todas las líneas de investigación;

b) Fomentar y facilitar la participación de los allegados de la persona desaparecida en las investigaciones, sin que esto les confiera la responsabilidad de producir las pruebas necesarias para la investigación;

c) Garantizar la efectiva coordinación y cooperación entre todos los órganos encargados de la investigación y asegurar que cuenten con las estructuras y los recursos técnicos, periciales, financieros y de personal adecuados a fin de que puedan desempeñar sus funciones con celeridad y de manera eficaz;

d) Tomar las medidas necesarias para garantizar que las fuerzas del orden o de seguridad, sean civiles o militares, cuyos miembros se encuentren bajo sospecha de haber cometido una desaparición forzada no participen en la investigación. 29.

El Comité alienta al Estado parte a que considere establecer en el ámbito de la PGR una unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas que cuente con recursos adecuados, en particular personal específicamente capacitado en la materia; con una perspectiva estratégica a nivel nacional y trasnacional sobre este fenómeno delictivo; que nutra las tareas de búsqueda; y trabaje de manera coordinada con otras agencias relevantes, en particular la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Protección de las personas que denuncian y/o participan en la investigación de una desaparición forzada

30. El Comité toma nota de la legislación y mecanismos existentes para asegurar la protección de víctimas, testigos y denunciantes, así como del mecanismo de protección específico para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. No obstante, le preocupan los informes que dan cuenta de la persecución y amenazas de las que habrían sido objeto los familiares de personas sometidas a desaparición forzada y los defensores de derechos humanos que trabajan para asistir a las víctimas, así como la carencia de información oficial sobre estos hechos. Asimismo, le preocupan los informes que dan cuenta de que agentes estatales habrían descalificado públicamente a algunas de estas personas y organizaciones (arts. 12 y 24).

31. El Estado parte debería:

a) Redoblar sus esfuerzos para asegurar la implementación rápida y eficaz de las medidas de protección previstas en la legislación con miras a garantizar la efectiva protección de todas las personas a las que se refiere el artículo 12, párrafo 1, de la Convención contra todo maltrato o intimidación de los que pudieran ser objeto;

b) Incrementar sus esfuerzos con miras a prevenir y sancionar los actos de intimidación y/o malos tratos de los que pudieran ser objeto los defensores de derechos humanos que trabajan para combatir las desapariciones forzadas y asistir a las víctimas;

c) Documentar hechos de agresiones, amenazas e intimidaciones a fin de elaborar políticas de prevención y protección y facilitar una investigación eficaz de los hechos;

d) Asegurar muy especialmente que todos los agentes estatales se abstengan de realizar declaraciones públicas que pudieran descalificar, estigmatizar o poner en riesgo a los allegados de personas desaparecidas o a los defensores de derechos humanos que trabajan para combatir las desapariciones forzadas y asistir a las víctimas.

Desapariciones forzadas durante el período conocido como “guerra sucia”

32. Al Comité le preocupa que, a pesar del tiempo transcurrido, no ha habido avances significativos en la investigación y sanción de los responsables de las desapariciones forzadas que habrían sido perpetradas durante el período conocido como “guerra sucia” ni en relación con la búsqueda de las personas desaparecidas. Asimismo, y mientras toma nota de las dificultades que enfrenta el Estado parte para localizar a los familiares de todas las personas cuyas desapariciones forzadas fueron corroboradas por la CNDH en el marco de su recomendación 26/2001, al Comité le preocupa el lento progreso en materia de reparación. Por otro lado, el Comité toma nota del reciente informe final de la Comisión de la Verdad de Guerrero y de lo expresado por la delegación de que se continuará trabajando con relación al mismo (arts. 12 y 24).

33. El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos con miras a:

a) Asegurar que todos los casos de desaparición forzada que hubiesen sido perpetrados durante el período conocido como “guerra sucia” sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos;

b) Localizar, y en caso de fallecimiento identificar, a la mayor brevedad posible a todas las personas que hubiesen sido sometidas a desaparición forzada durante ese período;

c) Garantizar el derecho a la verdad respecto de lo ocurrido;

d) Garantizar que todas las víctimas, se relacionen o no con los casos corroborados por la CNDH, reciban reparación adecuada, que incluya los medios para su rehabilitación y sea sensible a cuestiones de género.

Medidas para prevenir las desapariciones forzadas (arts. 16 a 23)

Registros de personas privadas de libertad

34. El Comité toma nota de la información brindada por el Estado parte acerca de los datos que deben ingresarse en el Sistema de Registro de Detenidos y en el Registro Administrativo de Detenciones. Sin embargo, lamenta no haber recibido información detallada acerca de los registros que se llevan en todos los lugares donde pueda haber personas privadas de libertad, como las estaciones migratorias o los centros de detención militar (arts. 17 y 22).

35. El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias para garantizar que:

a) Se proceda a la inscripción de todas las privaciones de libertad en registros y/o expedientes uniformes que incluyan, como mínimo, la información requerida en virtud del artículo 17, párrafo 3, de la Convención;

b) Todos los registros y/o expedientes de personas privadas de libertad sean completados y actualizados con precisión y prontitud

; c) Todos los registros y/o expedientes de personas privadas de libertad sean objeto de verificaciones periódicas y, en caso de irregularidades, se sancione a los funcionarios responsables.

Formación sobre la Convención

36. El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte en relación con la formación en derechos humanos brindada a servidores públicos y observa con beneplácito que, en algunos casos, se ha brindado formación específica en materia de desaparición forzada. Sin embargo, el Comité observa que no se imparte capacitación específica y regular a todos los agentes federales, estatales y municipales sobre las disposiciones pertinentes de la Convención conforme a su artículo 23 (art. 23).

37. El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal y municipal, todo el personal militar o civil encargado de la aplicación de la ley, el personal médico, los funcionarios y otras personas que puedan intervenir en la custodia o el tratamiento de personas privadas de libertad, incluyendo los jueces, los fiscales y otros funcionarios encargados de la administración de justicia, reciban formación adecuada y regular acerca de las disposiciones de la Convención, de conformidad con el artículo 23 de la misma.

Medidas de reparación y de protección de niños contra las desapariciones forzadas (arts. 24 y 25)

Derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada

38. El Comité acoge con beneplácito la adopción de la Ley General de Víctimas que, inter alia, contempla la reparación integral para las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos y establece que podrá considerarse víctima a una persona con independencia de que se identifique, aprehenda o condene al responsable del daño o de que participe en algún procedimiento judicial o administrativo. Asimismo, saluda la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para poner en práctica los amplios derechos de las víctimas garantizados en la ley. Sin embargo, al Comité le preocupa que la ley todavía no haya sido plenamente implementada, en particular a nivel estatal (art. 24).

39. A fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada de todas las personas que hubieran sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada, el Comité recomienda que el Estado parte:

a) Intensifique sus esfuerzos con miras a asegurar que la Ley General de Víctimas sea plenamente implementada en todo el Estado parte a la mayor brevedad posible;

b) Garantice que el acceso a la reparación y a una indemnización no se vea obstaculizado por cuestiones formales tales como la falta de implementación de la ley a nivel estatal;

c) Tome medidas para asegurar que todas las instancias que tengan información de una víctima en el sentido de la ley procuren la inscripción de esta persona en el registro de víctimas de la CEAV.

Búsqueda de personas desaparecidas

40. El Comité toma nota de la información acerca de las medidas adoptadas con miras a buscar y localizar a las personas desaparecidas e identificar sus restos cuando hubieran fallecido, así como sobre el marco normativo aplicable en la materia, en particular el artículo 21 de la Ley General de Víctimas. Asimismo, observa con beneplácito el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata que se puso en marcha en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León. Sin embargo, observa con preocupación los numerosos informes que dan cuenta de las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos.

Al Comité le preocupan en particular los informes de que la búsqueda de las personas desaparecidas no siempre se inicia de forma inmediata (art. 24). 41. A la luz del artículo 24, párrafo 3, de la Convención, el Estado parte debería redoblar sus esfuerzos con miras a la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, respeto y restitución de sus restos.

En particular, debería:

a) Garantizar en la práctica que cuando se tenga noticia de una desaparición se inicie la búsqueda de oficio y sin dilaciones de modo de acrecentar las posibilidades de encontrar a la persona con vida;

b) Asegurar que la búsqueda sea llevada adelante por las autoridades competentes con la participación de los allegados de la persona desaparecida;

c) Fortalecer la Base de Datos Ante Mortem – Post Mortem, asegurar que esté plenamente operativa en todas las entidades federativas a la mayor brevedad posible, y garantizar que sea completada con la información pertinente de todos los casos de personas desaparecidas, sin excepción, en estricta conformidad con los protocolos relevantes ;

d) Fortalecer la Base de Datos Genéticos de la PGR con miras a garantizar que incorpore información relativa a todas las personas que hubieran desaparecido en el Estado parte;

e) Garantizar la efectiva coordinación, cooperación y cruce de datos entre los órganos con competencia para la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de sus restos cuando hubieran fallecido y asegurar que cuenten con los recursos económicos, técnicos y de personal necesarios.

Situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y de sus allegados

42. Al Comité le preocupa que la mayoría de las legislaciones vigentes en el Estado parte relativas a la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y de sus allegados no refleja con precisión la especificidad del fenómeno de la desaparición forzada. Al respecto, y mientras nota con interés que en la Conferencia Nacional de Gobernadores surgió el compromiso de promover las reformas legislativas necesarias en la materia, el Comité observa que hasta el momento solo dos estados, Coahuila y Querétaro, han regulado la figura de ausencia por desaparición (art. 24).

43. El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para asegurar que la legislación en todo el Estado parte establezca un procedimiento para obtener una declaración de ausencia por desaparición forzada con el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y la de sus allegados.

Legislación relativa a la apropiación de niños

44. El Comité observa con preocupación que en la legislación vigente, tanto a nivel federal como estatal, no se prevén disposiciones que específicamente sancionen las conductas relativas a la apropiación de niños contempladas en el artículo 25, párrafo 1, de la Convención (art. 25).

45. El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas legislativas necesarias con miras a incorporar como delitos específicos, tanto a nivel federal como estatal, las conductas descritas en el artículo 25, párrafo 1, de la Convención, que prevean penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad.

 D. Difusión y seguimiento

46. El Comité desea recordar las obligaciones contraídas por los Estados al ratificar la Convención y, en ese sentido, insta al Estado parte a asegurarse de que todas las medidas que adopte, sean de la naturaleza que sean y emanen del poder que emanen, se conformen plenamente a las obligaciones que asumió al ratificar la Convención y otros instrumentos internacionales pertinentes. Al respecto, el Comité insta particularmente al Estado parte a garantizar la investigación eficaz de todas las desapariciones forzadas y la satisfacción plena de los derechos de las víctimas tal y como están consagrados en la Convención

. 47. Asimismo, el Comité desea enfatizar la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y los niños. Las mujeres que son sometidas a desaparición forzada son particularmente vulnerables a actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género. Las mujeres que son miembros de la familia de una persona desaparecida son particularmente vulnerables a sufrir serios efectos sociales y económicos adversos, así como a padecer violencia, persecución y represalias como resultado de sus esfuerzos para localizar a sus seres queridos. Por su parte, los niños víctimas de desaparición forzada, ya sea porque ellos mismos son sometidos a desaparición o porque sufren las consecuencias de la desaparición de sus familiares, son particularmente vulnerables a múltiples violaciones de los derechos humanos, incluida la sustitución de su identidad. En este contexto, el Comité hace especial hincapié en la necesidad de que el Estado parte integre perspectivas de género y enfoques adaptados a la sensibilidad de los niños y niñas en la implementación de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivados de la Convención. 48. Se alienta al Estado parte a que difunda ampliamente la Convención, su informe presentado en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, las respuestas escritas que ha facilitado en relación con la lista de cuestiones preparada por el Comité y las presentes observaciones finales para sensibilizar a las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que actúan en el Estado parte, así como a la población en general. Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a que favorezca la participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de familiares de víctimas, en el proceso de implementación de las presentes observaciones finales.

49. De conformidad con su reglamento, el Comité solicita al Estado parte que facilite, a más tardar el 13 de febrero de 2016, información pertinente sobre la aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 18, 24 y 41.

50. En virtud del artículo 29, párrafo 4, de la Convención, el Comité solicita asimismo al Estado parte que presente, a más tardar el 13 de febrero de 2018, información concreta y actualizada acerca de la aplicación de todas sus recomendaciones, así como cualquier otra información nueva relativa al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención, en un documento elaborado con arreglo al párrafo 39 de las Directrices relativas a la forma y el contenido de los informes que deben presentar los Estados partes en virtud del artículo 29 de la Convención (CED/C/2). El Comité alienta al Estado parte a que, en el proceso de elaboración de esa información, fomente y facilite la participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de familiares de víctimas.

México promete que la Ley de Desapariciones Forzadas estará lista en junio

cnnmexico

Nota informativa 

México promete que la Ley de Desapariciones Forzadas estará lista en junio

03 de febrero de 2015 

El gobierno plantea que trabajará en corregir las deficiencias para atender esta problemática puesta en evidencia ante el Comité de la ONU

(CNNMéxico) — El Gobierno de la República prometió que para junio, a más tardar, México contará con una Ley General sobre Desapariciones Forzadas, y que trabajará para corregir una serie de deficiencias puestas en evidencia durante la audiencia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre esta problemática.

La delegación oficial del país concluyó este martes una presentación de dos días ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, encabezada por el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, en Ginebra, Suiza.

“La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso (mexicano) inició sesiones ayer (domingo) y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta Legislatura, en junio”, dijo el funcionario, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, al término del escrutinio.

Las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión concluyen en abril, pero hasta agosto —cuando formalmente termina la legislatura— puede ser convocado un periodo extraordinario.

Guadalupe Fernández Martínez, representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila —asociación que representa 320 casos documentados de desaparecidos únicamente en ese estado—, comentó que esa norma “es muy necesaria” para quienes buscan a personas desaparecidas.

“La mayoría de los casos están (tipificados) como secuestro o privación ilegal de la libertad, pero no como desaparición forzada”, abundó.

En noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que presentaría una iniciativa de reforma para facultar al Congreso a expedir leyes generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada, como parte de una serie de 14 acciones a emprender para enfrentar la crisis desatada por el caso Iguala.

Sin cifras confiables

A lo largo de siete horas de diálogo, repartidas entre el lunes y martes, las preguntas sobre el número global de desaparecidos en el país no contaron con una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades mexicanas para los miembros del Comité, en particular para los relatores Luciano Hazan y Rainer Huhle. Ambos fueron asignados para profundizar en la información presentada por México.

Gómez Robledo precisó que los registros existentes en la materia “mezclan personas no localizadas y eventualmente desaparecidos forzosos”, es decir, a ciudadanos simplemente extraviados con aquellos privados ilegalmente de la libertad con la participación o el consentimiento de servidores públicos.

“En el estado actual de nuestros registros, no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas (…) Es algo que hay que corregir sin duda alguna”, reconoció el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El fenómeno, según organizaciones de defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional, ha afectado a más de 22,000 personas entre diciembre de 2006 y octubre pasado.

Las cifras ofrecidas públicamente sobre personas en esta condición por el actual gobierno han fluctuado entre 8,000 y 26,121; la más reciente, anunciada en octubre de 2014, es de 23,371, sin especificar cuántas corresponden a desaparición forzada, cuáles son atribuibles a la delincuencia organizada y quiénes están en calidad de “no localizadas”.

Ayotzinapa y otros casos, presentes en Ginebra

Un caso emblemático de esta problemática es la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, quienes —de acuerdo con la investigación federal— fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron, y finalmente arrojaron los restos a un río.

Aunque los expertos del Comité evitaron en todo momento politizar el diálogo, el drama del caso Ayotzinapa estuvo en todo momento presente, a través de representantes de sus familias en la sala.

Hilda Legideño y Bernabé Abraján, padres de dos de esos jóvenes desaparecidos en Iguala, mostraron escepticismo al término de la sesión sobre la posibilidad de que el escrutinio al que se sometió México contribuya a resolver el caso de sus hijos.

Más optimistas fueron otras dos madres de desaparecidos en hechos anteriores, que opinaron que la evaluación de México en el Comité puede constituir una presión adicional para que se aceleren las investigaciones de sus casos.

“Para nosotros (los familiares), el hecho de que haya unos ojos extras mirando lo que pasa en México es un alivio”, dijo a EFE Guadalupe Fernández Martínez, madre del ingeniero José Robledo Fernández, desaparecido en 2009, y representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.

Por su parte, María Olaya Dozal, cuya hija Alejandra desapareció en 2009 a la edad de 16 años, confesó que la presencia del Estado mexicano ante el Comité “me da esperanza de que el gobierno sienta un mayor compromiso con los desaparecidos y sus familias”.

Los familiares que llegaron a Ginebra para participar en estas deliberaciones esperaban ver si el gobierno se comprometía a reconocer la competencia del Comité para aceptar denuncias individuales —presentadas directamente por los ciudadanos— por desapariciones forzadas.

Esto no ocurrió, pero el subsecretario Gómez Robledo aseguró que es una posibilidad que se considera. “No hemos dicho no”, dijo.

El funcionario explicó que un paso así no involucra “a dos o tres secretarías de Estado”, sino que “es una decisión en la que intervienen numerosas instituciones”.

Para responder a la evaluación del organismo internacional, el gobierno federal envió a Ginebra una delegación compuesta por 27 personas de distintas dependencias públicas, así como el gobernador de Coahuila, Rúben Moreira Valdez.

Con información de EFE.

Comunicado: México ante el Comité contra la Desaparición Forzada: la obligación de hacer de la crisis actual, un punto de inflexión en la política del Estado

México ante el Comité contra la Desaparición Forzada: la obligación de hacer de la crisis actual, un punto de inflexión en la política del Estado

  • Los familiares solicitan intervención del Comité para impulsar avances concretos y estructurales
  • Caso Ayotzinapa, una prueba para México ante el mundo

 

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2015.- El día de ayer 2 de febrero y hoy, 3 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) evaluó por primera vez el cumplimiento de México con respecto a sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
Durante la sesión destaco la presencia de familiares de personas desaparecidas de Guerrero, Chihuahua y Coahuila, quienes acudieron a esta instancia internacional como parte de su incansable búsqueda en la exigencia de la presentación con vida de sus seres queridos y ante la falta de respuestas efectivas por parte del Estado.
El CED cuestionó ampliamente al Estado mexicano en relación a las acciones y políticas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas, así como para la búsqueda y protección a los familiares. En este sentido, el Comité interrogó al Estado sobre las razones del cierre de la FEMOSPP, instancia encargada de la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia, así como la tardía intervención del gobierno federal en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. El CED señalo que el caso Ayotzinapa representa un desafío para el Estado mexicano pero también es muestra de una problemática más amplia y estructural que se ha mantenido debido a la impunidad.
Así mismo, el Comité destacó la necesidad de una búsqueda en vida y de desarrollar las capacidades para el adecuado registro de restos encontrados en fosas clandestinas; el tema de la falta de bases de datos y cifras confiables; el uso abusivo de la reserva de información en casos de graves violaciones a derechos humanos; la ausencia de investigación por desaparición forzada en casos de participación de autoridades; la restricción del acceso efectivo a la justicia para las víctimas en particular para las personas migrantes y sus familias desde sus países de origen; la facilidad con la cual una persona puede desaparecer en detención por falta de comunicación con sus familias; entre otros. Asimismo cuestionó la falta de una legislación integral y armonizada con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada – como podría ser una ley general – y la negativa del Estado hasta ahora de reconocer la competencia del Comité CED para conocer de casos individuales de desaparición forzada en México.
Frente a la revisión del CED y la autoridad moral de los familiares presentes en la sesión, incluidos madres y padres de los 43 estudiantes normalistas y otros provenientes de los estados del norte que presentan alarmantes cifras de desapariciones, la respuesta de la numerosa delegación del Estado fue insatisfactoria. Así quedó evidenciada ante la comunidad internacional la obligación urgente del Estado de tomar acciones efectivas para poner fin a la práctica de las desapariciones en el país y romper el ciclo de impunidad que se ha mantenido vigente durante décadas, abonando a la crisis de derechos humanos que vive el país.

Por esta razón, las organizaciones firmantes destacamos que la revisión de México por el CED y el seguimiento a las recomendaciones que este emitirá el próximo 13 de febrero representan una oportunidad para enderezar la política de Estado frente a las desapariciones, que hasta la fecha se ha empeñado en minimizar la problemática y desarrollar protocolos que se traduzcan verdaderamente en la prevención, búsqueda efectiva, verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Confiamos en que la tenacidad de los y las familiares rinda frutos, y el Estado empiece a dar pasos firmes hacia el futuro, en que no sea posible nunca más la desaparición de personas.

Organizaciones firmantes:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación

H.I.J.O.S. México

Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Comunicado: México, en crisis y bajo el escrutinio del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU

México, en crisis y bajo el escrutinio del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU

30 de enero de 2015

  • El Comité examinará por primera vez a México sobre el grado de cumplimiento de sus obligaciones respecto de las víctimas de desapariciones forzadas o involuntarias.
  • La revisión se realiza en el contexto de la crisis del Estado mexicano en materia de derechos humanos, de legitimidad de sus políticas y de impunidad.
  • Las conclusiones del Comité deben representar un punto de inflexión que permitan un cambio profundo en las acciones estatales.

México, D.F.- El próximo 2 y 3 de febrero el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, en su 8º periodo de sesiones a celebrarse en Ginebra, Suiza, examinará a México sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El Comité cuenta con informes rendidos tanto por el Estado como por diversas organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión, sostendrá un diálogo público con el Estado mexicano, brindará un espacio para las organizaciones y víctimas para finalmente adoptar sus conclusiones y recomendaciones, mismas que se harán públicas el 13 de febrero.

México llega a este espacio señalado nacional e internacionalmente por usar la desaparición forzada desde la llamada “guerra sucia”, cuya impunidad persistente ha hecho posibles las más de 23,000 desapariciones contabilizadas oficialmente hasta el 2014. A la fecha, según el reporte del Estado, sólo existen 6 sentencias a nivel federal por casos de desaparición forzada lo cual continúa generando la comisión impune, generalizada y sistemática de estas graves de violaciones a derechos humanos.

En este marco, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero ha puesto en evidencia el actuar del Estado al violar los derechos humanos fundamentales para luego incumplir con su obligación de búsqueda e investigación adecuadas que conduzcan al paradero de los estudiantes y permitan conocer la verdad de lo sucedido, sancionar adecuadamente a los responsables y brindar una reparación adecuada y proporcional por los trágicos hechos.

A la par, resultan inaceptables los persistentes retrasos que México ha tenido frente al CED, que en el actual contexto debería resultarle prioritario. Ejemplo de ello es que el primer informe estatal, cuya fecha límite de presentación era diciembre de 2012, fue presentado en marzo de 2014. Igualmente, México se negó a contestar la petición del Comité de visitar el país durante el 2014 y finalmente demoró y limitó su contestación escrita a las preguntas previas formuladas por el Comité, omitiendo abordar las cuestiones más críticas el número real de personas desaparecidas así como la actuación y respuesta frente a casos emblemáticos como el de Ayotzinapa.

La falta de transparencia e información adecuada constituye una de las limitantes para un verdadero escrutinio internacional que permita exigir procesos de rendición de cuentas sobre una problemática que ya ha tenido diversos pronunciamientos de órganos internacionales, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Asimismo, hasta la fecha el Estado se ha negado a reconocer la competencia del Comité para recibir tanto quejas individuales como interestatales de casos de desaparición forzada lo cual, en el contexto mexicano, limita seriamente los derechos humanos de las víctimas de acceder a instancias que puedan garantizar sus derechos de acuerdo al artículo 31 de la Convención. Además, un grupo de organizaciones de la sociedad civil solicitó una reunión con la Cancillería para plantear este tema desde el 8 de septiembre de 2014, pero nunca recibieron respuesta a su solicitud.

Tanto familiares de personas desaparecidas -mexicanas o migrantes- como las organizaciones abajo firmantes participaremos activamente en las sesiones del Comité CED para exigir que en México ninguna persona vuelva a desaparecer y se esclarezca la historia de decenas de miles de personas cuyo paradero se desconoce y por las cuales las familias y organizaciones no nos cansaremos de exigir verdad, justicia y reparación.

 

Organizaciones firmantes:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)

Fundación Diego Lucero
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación

H.I.J.O.S. México

Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

México ante la ONU contra desapariciones forzadas

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Nota informativa
México ante la ONU contra desapariciones forzadas
Ene 29, 2015 | Ana Langner / El Economista

Por primera vez México será revisado por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus sigla en inglés) el 2 y 3 de febrero. A decir de Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el cruce entre la coyuntura surgida a partir del caso Ayotzinapa y el ciclo de revisión del Comité es inédito y tal vez permita que se facilite llegar a una hoja de ruta precisa para implementar las recomendaciones en la materia.

El Comité —compuesto por 10 expertos independientes en derechos humanos de distintas nacionalidades— se reunirá 2 al 13 de febrero en Ginebra, Suiza, para monitorear la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en cada uno de los 44 Estados nación que han ratificado la Convención -como México- y por tanto están obligados a presentar un informe para la revisión.

El Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Hernández Valencia expuso a El Economista que “por primera vez tendremos un examen pautado que se cruza de manera tan evidente con la coyuntura”.

Explicó que si bien la ocasión del examen está preestablecida, “no quiere decir que la coyuntura no vaya a teñir o influenciar de manera muy marcada el examen del Comité y las ejecuciones que tendrán los expertos”.

Es así que el caso Ayotzinapa, por los hechos, un triste incidente “es también una ocasión inédita para poder llegar a un debate de mayor profundidad y ojalá de mayor posibilidad de incidencia en el sentido de proponer soluciones y vías específicas para desentrampar, no sólo a la coyuntura —en particular al caso de la desaparición de los 43 normalistas— sino a un tiempo largo”.

Para trazar una hoja ruta contra las desapariciones forzadas, en primer lugar es necesario comprender que, aunque las reformas legislativas son necesarias y —en algunos casos— bienvenidas; mucho de la agenda está definido desde hace tiempo no por la acción exclusiva del campo legislativo, sino por el área de definición de políticas públicas y su implementación.

Es decir, si bien es cierto que el poder legislativo tiene tareas y específicamente, leyes qué aprobar; hay áreas de progreso y avance que están exentas y en realidad no necesitan leyes.

El funcionario de las Naciones Unidas puso como ejemplo el tema de la búsqueda urgente y los protocolos de actuación. Aún cuando hoy en el paquete legislativo presentado el año pasado, el punto de reformular la coordinación entre los distintos órdenes municipal, estatal y federal para efectos, incluso de las competencias; la práctica concreta, el uso de recurso, la financiación, la capacitación e inclusive tecnología puesta a disposición de las coordinaciones de los Centros de Información; todo está ya en diversos grados en existencia, y en algunos casos, funcionando.

Caso semejante con las especialidades —como peritos especializados— que no requieren leyes para que se comience a invertir en ese personal y en las líneas de protocolos de actuación que los protejan y con ello evitar que trabajen a marchas forzadas, cuando se requiera, en zonas aisladas donde continúan operando grupos del crimen organizado que implica un riesgo de vida.

“La necesidad de avanzar una agenda legislativa, no debe retardar la urgencia de tener implementadas unas políticas públicas, unos fondos y una reconvención de nuestras capacidades para hacer frente a ciertos temas urgentes: primero, la búsqueda inmediata; segundo, la atención y acompañamiento digno y adecuado a las familias de las víctimas —incluido el acompañamiento psicosocial—; tercero los métodos o fórmulas de diálogos con las familias en las cuales la transparencia y la adecuada transmisión y comprensión de la información que se pone a disposición vaya contextualizada”, expuso Javier Hernández Valencia.

Asimismo la rápida incorporación de apoyos y capacidades que miren de frente las realidades dramáticas que las familias deben vivir por la falta de sus seres queridos —que va de lo social a lo laboral y lo económico— deberían poder funcionar sin que se espere a que las leyes lo habiliten.

“Visto todo en conjunto es probablemente una ocasión en la que podremos, poner fin, alinear las velocidades diferentes que en todos estos casos hemos venido constatando sin poder hacer confluir todos en una velocidad mucho más rápida y en un objetivo único y unívoco: la atención y la prevención de hechos como la desaparición forzada”, señaló Hernández Valencia.

El Comité sostendrá un diálogo con una delegación del Gobierno mexicano el 2 de febrero de las 4:30 a las 11:00 horas de la Ciudad de México y el 3 de febrero de las 03:00 a las 06:00 horas. El CED publicará sus observaciones finales sobre México y los otros dos Estados que serán revisados durante la sesión de febrero -Armenia y Serbia- el viernes 13 de febrero.

Comunicado FUNDEM: Ante la respuesta del Estado, no cesaremos la búsqueda

Ante la respuesta del Estado, no cesaremos la búsqueda

28 de enero de 2015

Desde Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México fortalecemos la demanda de justicia y verdad de los padres de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa Porfesor Raúl Isidro Burgos, quienes fueron desaparecidos de manera forzada el 26 de septiembre de 2014.

Condenamos y rechazamos tajantemente el informe presentado a los medios de comunicación la tarde del 27 de enero de 2015 por el procurador general de justicia José Murillo Karam, pues además de no contar con los elementos científicos y legales suficientes para anunciar dicha información, el Estado continúa cometiendo graves violaciones a los derechos humanos al no informar previamente a las familias sobre lo declarado en conferencia de prensa y no entregar copias de los expedientes que garanticen el derecho a la verdad.

Hemos sido testigos del nulo trabajo de las autoridades en la búsqueda de nuestros seres queridos que han sido desaparecidos y por ello nos unimos al reclamo del esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ayotzinapa.

La investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes es un claro ejemplo de los recursos, métodos y acciones con los que cuenta el Estado mexicano para la búsqueda de personas desaparecidas, mismos que se han reducido a declaraciones de presuntos responsables e hipótesis científicas no corroboradas, lo que se traduce en una línea de investigación de papel.

Por ello exigimos que se les otorgue todas las facilidades al grupo de expertos que implementará las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues es evidente la guerra política por ocultar las cifras de desaparición forzada y el absurdo cierre de casos ha trastocado a las familias mexicanas y no podemos permitir que el Estado pisotee la dignidad humana.

Mientras no exista certeza legal de la muerte de los estudiantes y de nuestros desaparecidos, y no se investigue al Ejército así como al Estado delincuencial no cesaremos nuestra búsqueda incansable.

Vivos se los llevaron y vivos los queremos

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México

Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios – Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi – Centro de Derechos Humanos Victoria Diez – Fundación para la Justica y el Estado Democrático de Derecho – Casa del Migrante Saltillo

Comunicados por el sexto aniversario de la desaparición forzada de José Antonio Robledo Fernández

PRESENCIA PERMANENTE: LA AUSENCIA DE UN DESAPARECIDO

 

25 de Enero de 2015                                

                

Cuando alguien desaparece, perdemos todos. La desaparición forzada de una persona es el acto más atroz y destructivo a la humanidad y a la especie. La desaparición forzada de un hijo sencillamente no puede ser admitida como realidad para la conciencia. La imagen de los hijos en el cerebro y en los registros sensibles del cuerpo, está impresa y contenida en la propia mismidad. La desaparición forzada es el mayor acto de humillación, deshonor y desprecio contra la vida. Cuando un hijo o hija desaparece, la vida se torna miserable y sin sentido. Sin aquella energía para compartir y servir a la vida, la fisiología corporal colapsa y la imaginación deja de producir significados para el presente.

José Antonio Robledo Fernández fue desaparecido a manos del crimen organizado, el 25 de enero de 2009, en el estado de Coahuila. En estos seis años de dolor e incertidumbre lo hemos buscado a través de cada pista o dato que encontramos. Hemos acudido a todas las instancias nacionales e internacionales que tienen a su cargo indagaciones sobre este tremendo problema. En nuestra búsqueda personal hemos localizado implicados y responsables de la desaparición, los hemos denunciado y nos hemos topado con la ineficiencia e indiferencia del sistema de justicia del país. Nuestra indagación es sustancialmente precaria porque el Estado Mexicano nos ha abandonado como Nación, y hoy todos podemos sentirnos vulnerables y desolados. Los desaparecidos van despoblando la Patria y el mundo.

En esta condición de indefensión vivimos y padecemos la más irracional y catastrófica de las experiencias sufridas por la familia. El crimen destruyó la confianza y armonía por la que trabajamos y tuvimos hijos a los que enseñamos el amor a la Patria. Ignoramos dónde se encuentra este joven ingeniero educado en los valores de respeto, amor, libertad y responsabilidad social. Nosotros también perdimos el futuro. No ha pasado un solo instante sin preocupación ni dolor; sin buscar o pedir ayuda; sin suposiciones, insomnio, esperanzas truncas o soledades aterradoras. El hijo ausente nos fue robado y se violó con ello leyes naturales y derechos fundamentales. La ausencia de José Antonio es presencia permanente. El hijo ausente vuelve siempre a la memoria cuando ésta no está perdida. Sus pertenencias habitan con nosotros para mantener la esperanza de que volverá a entrar a su casa y a nuestras vidas.

Sin cadáver no hay muerte y no hay forma posible de duelo-dolor ante la ausencia. La ausencia jamás será igual a una pérdida, es tremenda derrota y es equivocación. La ausencia no tiene equivalencias con nada que hayamos aprendido. La ausencia se parece a la desconocida eternidad, es eternidad. El duelo, dolor y combate, se torna en desafío cotidiano por existir a pesar de todo, contra todo; todo en contra. La ausencia interrumpe, necesariamente, el tránsito y longitud del tiempo. Con el rostro de la ausencia se abren y cierran nuestros ojos día a día.

La ausencia se presenta como evocación constante, más aún, sin el espejo que fuimos con el hijo. Perdimos el eco de la voz, nos borraron el lugar de los encuentros y las sonrisas; degradaron la condición sagrada de la parentalidad. Hoy somos dos padres y una hermana que buscan al hijo y al hermano, nos hemos multiplicado y desdobaldo muchas veces; somos más que antes y a la vez somos muchos menos. Se regresa al pasado para configurar el futuro, pero en nuestro caso, regresamos al pasado porque nos perdimos hace tiempo y, en él, todavía hay un refugio para la tristeza, sólo nos queda la resiliencia, seguir fortaleciéndonos de la experiencia y continuar hasta el cansancio con la exigencia de Verdad y Justicia para la víctima y su familia. Nos arrollaron, mas no nos robaron la dignidad ni la voluntad. POR UNA INCANSABLE BUSQUEDA.

Toño, a seis años de tu desaparición, te hacemos presente el amor eterno.

José Antonio Robledo Chavarría y

María Guadalupe Fernández Martínez

25 de Enero de 2015.

A seis años de distancia de la desaparición de José Antonio Robledo Fernández.

Nuestro hijo originario del D. F., José Antonio Robledo Fernández fue desaparecido en Monclova, Coahuila, el 25 de Enero de 2009, laboraba como ingeniero civil en la Constructora ICA FLUOR, para Altos Hornos de México, S. A., en el proyecto “El Fénix”.

La desaparición forzada de un hijo sencillamente no puede ser admitida como realidad para la conciencia, es el mayor acto de humillación, deshonor y desprecio contra la vida, cuando un hijo desaparece la vida se torna “sin sentido”.

José Antonio fue contratado como ingeniero “foráneo” asignado a un proyecto lejos de su casa, por lo cual era más vulnerable a la desaparición, Ica Flúor debió saber el alto índice de riesgo que existía y existe en todo el Estado de Coahuila, la participación del crimen organizado en las obras de construcción de relevancia como la antes mencionada es sabido por todos; Joaquín Benito del Ángel Martínez en ese momento Jefe de Seguridad de Ica Flúor negoció con los criminales que desaparecieron a nuestro hijo, nunca tuvimos como familia comunicación con los perpetradores, de voz del Gerente del Proyecto Ing. Raúl Alberto Medina Peralta supimos que la empresa se deslindaba del hecho, las pocas veces que han comparecido ante autoridades Estatales y Federales, los empleados y funcionarios de Ica Flúor nunca han aportado información conocida por ellos y útil en la investigación, lo que evidencia que ICA FLUOR subsidiaria de Ingenieros Civiles y Asociados goza de un “Coto de Poder”.

Con fecha 28-01-2009 se inició la Averiguación Previa No. 002 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, aportamos importante información confidencial, le dimos y exigimos el seguimiento que requería y ni así hubo resultados, nunca cumplieron con su trabajo, en 2011 se deslindaron por incompetencia, se nulifica la investigación al no poder llegar a funcionarios de niveles medios y altos coludidos con la delincuencia organizada, amparados por los gobiernos estatales.

El 31-01-2009 se abrió otra Averiguación en la Unidad de Secuestros de PGR Seído la 025/2009, en 2011 se detuvo a 5 personas, una de ellas ya sentenciada obtuvo su libertad de forma poco clara, 4 continúan en prisión con procesos penales entre ellas 2 ex trabajadores de Ica Flúor. La suerte de las víctimas desaparecidas expone a los familiares a un peligro latente por no esforzarse la autoridad competente a investigar y saber el destino de los desaparecidos; a pesar del tiempo y el trabajo efectuado en el ámbito federal no hay resultados tangibles, José Antonio no ha sido encontrado ni vivo ni muerto.

Las autoridades de seguridad han presentado a colectivos de familiares de desaparecidos mecanismos que se implementaran para buscar a los desaparecidos, el 30 de Septiembre de 2014 PGR firmó un convenio para base de datos Ante Mortem y Post Mortem con la Cruz Roja Internacional apoyados en el software proporcionado por dicha institución internacional para organizar el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) que deberá ser alimentado por las procuradurías de todas las entidades federativas, en caso de post mortem habría cruces de información entre los Códigos Genéticos de los No Nombre y los ADNs de las familias que buscamos seres queridos, al haber coincidencia se empezarían a resolver los miles de casos de desaparecidos en México, desafortunadamente todo ha quedado en papel o power point, podrán existir voluntades pero lo que faltan son obligaciones.

De acuerdo con la Subprocuraduría de Derechos Humanos de PGR la cifra de personas desaparecidas, no localizadas y extraviadas es de 23,271 hasta el 20 de Enero de 2015, faltando la “cifra negra”. Lo que se tiene el día de hoy es la consecuencia por no atender a tiempo las negligencias del Estado.

Desde el sexenio pasado se urgió a implementar dichos mecanismos para bases de datos de desaparecidos y registros de perfiles genéticos sistematizadas. La simulación propicio y ha propiciado la repetición.

Es importante que el Congreso revise los informes que México manda a todas las Organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional con las que ha firmado convenios, respecto a corrupción e impunidad en el caso de los desaparecidos, que haya transparencia total y se den a conocer los contenidos a la sociedad civil, para evitar la simulación.

Mientras haya vida y esperanza nuestra lucha no cesará hasta obtener Verdad y Justicia, por nuestro hijo y por las miles de víctimas de desaparición forzada.

 

José Antonio Robledo Chavarría y

María Guadalupe Fernández Martínez.

 

 

COMUNICADO: MUJERES QUE SE IDENTIFICAN COMO PRIISTAS AGREDEN A COMPAÑERAS DE FUERZAS UNIDAS POR NUESTROS DESAPARECIDOS EN COAHUILA Y EN MÉXICO.

MUJERES QUE SE IDENTIFICAN COMO PRIISTAS AGREDEN A COMPAÑERAS DE FUERZAS UNIDAS POR NUESTROS DESAPARECIDOS EN COAHUILA Y EN MÉXICO.

2 de diciembre del 2014

El 1 de diciembre FUUNDEC-M y las organizaciones que les acompañamos nos sumamos nuevamente a las manifestaciones por la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como por las más de 22 mil personas desaparecidas -reconocidas oficialmente en todo el territorio nacional- y también para manifestar nuestro repudio por la incursión militar que el Ejército Mexicano realizó la semana pasada al Campus Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Al encontrarnos en la manifestación aproximadamente a las 10:00 a.m., arribó un grupo de entre 10 y 15 personas, la mayoría mujeres, de las cuales algunas se identificaron como miembros del PRI, dicho grupo  llegó agrediendo de forma verbal a quienes nos manifestábamos, pero al no responder a sus provocaciones una de las mujeres le dio un golpe con el puño cerrado a una de nuestras compañeras, aun así decidimos no caer en provocaciones y mantener nuestra digna manifestación de forma pacífica.

Desde el momento en que nuestros seres queridos fueron desaparecidos el dolor que vivimos es indescriptible, y hemos utilizado las manifestaciones pacíficas no solo para denunciar públicamente la tragedia humanitaria que se vive en el país sino para canalizar es dolor, no preocupa que personas que simpatizan con el gobierno en turno no tengan la capacidad de dimensionar la tragedia en que vivimos y más aún que su respuesta sea la agresión sin sentido.  Leer más de esta entrada

Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios interpone amparo contra el Senado de la República contra el proceso de elección del titular de la CNDH.Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios interpone amparo contra el Senado de la República por el proceso de elección del titular de la CNDH.

Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios interpone amparo contra el Senado de la República contra el proceso de elección del titular de la CNDH.

Saltillo, Coahuila a 06 de noviembre de 2014

El 5 de noviembre, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C., interpuso un amparo contra el proceso de elección de la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que es implementado por el Senado de la República.

Consideramos que dicho proceso carece de una amplia consulta pública y transparente como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 102, apartado B, párrafo octavo, y que, la consulta pública transparente, representa uno de los principios fundamentales para la integración de un organismo de derechos humanos.

Los Principios de París que son reconocidos ampliamente por la comunidad internacional marcan las directrices que se deben de implementar para cualquier Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dichos principios sugieren que: La composición de la institución nacional y el nombramiento de sus miembros, por vía de elección o de otro modo, deberán ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales (de la sociedad civil) interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante facultades que permitan lograr la cooperación eficaz o la participación de los representantes de: Las organizaciones no gubernamentales competentes en la esfera de los derechos humanos…  Leer más de esta entrada

Carta pública de FUNDEM para las familias de Ayotzinapan

“Porque nos faltan a todas, los buscamos”

México, D.F. a 5 de octubre de 2014

A los y las jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapan

A las madres y familias de nuestros jóvenes asesinados y desaparecidos

Con gran tristeza e indignación en nuestro corazón les escribimos este mensaje para manifestarles nuestra solidaridad, sabemos en carne propia el dolor profundo de no saber dónde están nuestros seres queridos desaparecidos. Compañeras madres, padres de familia y jóvenes valientes de la comunidad educativa, les decimos que no están solos, que sus hijos son nuestros hijos, que su dolor es nuestro dolor, que su esperanza de encontrarlos es nuestra esperanza, que su exigencia de verdad y justicia es nuestra exigencia.

Condenamos la precaria respuesta del Gobierno Federal y Estatal en esta emergencia, la Unidad de Búsqueda de la PGR, al parecer volvió hacer lo que ha hecho con nuestros desaparecidos (as), es decir nada. Es indignante ver que la actuación de las instituciones que deben investigar y procurar justicia sigue sin cambiar y su actuar se cimienta en la impunidad. Vivimos en un momento en el que el respeto a los Derechos Humanos es un discurso bien aprendido por las autoridades para expresarlo ante la comunidad internacional pero que en la realidad el gobierno mexicano no instrumenta dicho discurso y es quien violenta de manera generalizada los derechos humanos de la población, seguimos esperando que cumplan con su responsabilidad y sobre todo la Compañeras y compañeros, esperamos que pronto una comisión de las familias de FUNDEM pueda visitarles para sumarnos a su búsqueda. Desde nuestros Estados estamos sumándonos a ustedes en nuestra acciones y oraciones.

Fraternalmente

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.

Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C.

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.

Carta a EPN para solicitar la aceptación del Comité de Desaparición Forzada de Personas de la ONU

8 de septiembre de 2014

Sr. Enrique Peña Nieto
Presidente de la República
Estados Unidos Mexicanos

P R E S E N T E

Ref.: Aceptación de competencia del Comité de Desaparición Forzada de Personas,
Confirme a los artículos 31 y 32 de la Convención

Señor Presidente:

Las familias de personas desaparecidas y las organizaciones de derechos humanos que les acompañamos nos dirigimos a Usted en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas y de la presentación del segundo informe de gobierno para pedirle una acción de su parte que abonará en una mayor protección, respeto y garantía de los derechos de las personas desaparecidas.

El Estado mexicano ha señalado que “La atención a la problemática de personas desaparecidas es un compromiso que ha asumido el Gobierno de México”1. En tal sentido, una muestra de ese compromiso asumido públicamente con esta grave problemática sería la aceptación de la competencia para las facultades previstas al Comité contra la Desaparición Forzada que están previstas en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.  Leer más de esta entrada

Infonavit apoyará a desaparecidos de Coahuila

Vanguardia

El Infonavit acatará la Ley de Ausencia por Desaparición y recibió ya los primeros cuatro casos de acreditados desaparecidos, para suspender la cobranza de créditos

POR: REBECA RAMÍREZ miércoles, 03 de septiembre del 2014

Saltillo, Coahuila.- El Infonavit acatará la Ley de Ausencia por Desaparición y recibió ya los primeros cuatro casos de acreditados desaparecidos, para suspender la cobranza de créditos, dijo el gerente jurídico de la Delegación en Coahuila, Genaro Alonso Escobar.

Asimismo, el funcionario federal, adelantó que se analizará a nivel central el tema de los matrimonios igualitarios aprobados en Coahuila, ante los cuales no se prevé que exista algún problema para que sean reconocidos por la dependencia.

“De los mil 300 (desaparecidos) estos son los primeros cuatro que nos caen, son acreditados nuestros y nos señalan que están desaparecidos y lo que nosotros vamos a hacer es observar la ley”, declaró.

Indicó que cuando existen cambios en las leyes estatales que pueden impactar al Infonavit, se hace del conocimiento de la Gerencia de Cumplimiento Legal, encargada de analizar esos cambios y de dictar a las delegaciones la observancia de las disposiciones locales.

En el caso de la Ley de Ausencia por Desaparición, luego de que fue aprobada por el Congreso del Estado, tras dos meses de análisis, hace 15 días confirmaron que ley estatal será observada. 
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Comunicado: Día Internacional de las Víctimas de Desaparición: un día para seguir buscando

Día Internacional de las Víctimas de Desaparición: un día para seguir buscando

Saltillo, Coahuila a 30 de agosto de 2014

El día de hoy miles de familias de México y Centroamérica reivindicamos nuestros derechos a la búsqueda de nuestros seres queridos, preservar la memoria  y a no permitir que sus rostros sean olvidados. El 30 de agosto se designó por Naciones Unidas como el día Internacional de las Víctimas de Desapariciones, como un signo de lo que no se puede permitir nunca más en ningún lugar del mundo. La manifestación que realizamos hoy es otro acto de denuncia y exigencia para la inmediata búsqueda de todas y todos los desaparecidos.

Nuestras voces se han alzado desde el momento de la desaparición de nuestros familiares y seguirán gritando las graves omisiones, responsabilidades y deficiencias del Estado mexicano. Nuestros pies seguirán caminando todos los senderos en búsqueda de nuestros desaparecidos y desaparecidas, y buscando la justicia y la verdad; hasta que nuestro corazón -aunque incompleto- deje de latir o logremos encontrar la otra parte de nuestro corazón que fue arrebatado de manera violenta y que convirtió nuestras vidas en un calvario.

La desaparición de personas ha sido utilizada como un método para generar terror en la sociedad pero el amor que les tenemos a nuestros familiares es más grande que ese terror, más grande que la indiferencia, la simulación, la corrupción e ineficiencia del Estado mexicano.

Ese amor nos ha permitido asumir un compromiso mayor que se transformó en una demanda colectiva de buscar a todas y todos como si fueran los nuestros porque nos hacen falta a todos y todas, con una o uno desaparecido en nuestros Pueblos no podemos estar completos y menos ser una sociedad con Paz.

Hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto, a una reflexión para comprender que una sociedad que tolera el dolor de sus miembros y más aún que tolera que los desaparezcan, no puede ser una sociedad humana y democrática, les invitamos a romper el miedo, el silencio y se sumen a la búsqueda de todas las personas desaparecidas, y nos ayuden a encontrarlos.

Nuestra demanda seguirá siendo buscar y continuar luchando por construir un México en paz, un México en que no exista ninguna familia sufriendo por la desaparición de uno de sus miembros, un México completo con la presentación de todas y todos los desaparecidos. Hoy traemos la luz que pueda iluminar el camino de regreso a casa de todos ellos y ellas, les esperamos siempre, cada instante.

Con una Búsqueda Incansable

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México

Dictamen de la Preaudiencia del TPP capítulo México en el eje de Migración.

TRIBUNAL PERMANENTE  DE LOS PUEBLOS (TPP)       

CAPÍTULO MÉXICO, EJE MIGRACIÓN     

PRE-AUDIENCIA  “HOLOCAUSTO Y EXTERMINIO”

SALTILLO, COAHUILA. 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2014

FACULTAD DE LEYES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

PRIMER BORRADOR

Después de escuchar el día de ayer 22 de agosto a las voces y acompañantes de las víctimas, exposición de casos y temas sobre el tema migración en la Pre-audiencia “Holocausto y exterminio”, que organizó el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, en Saltillo, Coahuila, los dictaminadores  Doctor Rodolfo García Zamora, Director de la División de Doctorado en Migración y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas; el Doctor Mario Santiago Juárez, Investigador Museo de las Constituciones de la Universidad Autónoma de México y el Doctor Luis Efrén Ríos Vega, Director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, presentaron hoy 23 de agosto su PRE-DICTAMEN, el cual es el siguiente: 


 

A partir de los hechos presentados y las acusaciones formuladas, este CUERPO COLEGIADO DICTAMINA QUE EL ESTADO MEXICANO ES RESPONSABLE DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS. VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS QUE ENSEGUIDA SISTEMATIZAMOS. 

1.- EL DERECHO A LA VIDA

La pérdida de la vida es uno de los principales riesgos a los que están expuestos los migrantes en México. Este derecho implica la responsabilidad del Estado Mexicano de velar por que se les respeten en todo el territorio nacional. Queda claro que este derecho ha sido reiteradamente violado en México con o sin responsabilidad directa del Estado

El derecho a la integridad personal encierra la prohibición  de la tortura. La obligación de respetar el derecho a no ser torturado está dirigido tanto al Estado como a los particulares. En este sentido el Estado Mexicano ha incumplido esta prohibición al no adoptar las medidas apropiadas para evitar que las personas migrantes sean torturadas por miembros de la delincuencia organizada. 

El ESTADO MEXICANO es culpable por no haber impedido el secuestro de miles de personas migrantes. Es culpable de no evitar  los actos de  violencia física, psicológica y sexual, la trata de personas y las  desapariciones forzadas.

SE HACE UNA ESPECIAL MENCIÓN A LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LOS MIGRANTES, ya que el Estado Mexicano enfrenta una situación grave de violencia que en los últimos años ha generado la perpetración de la desaparición forzada de personas, en especial de migrantes, sin que a la fecha el Estado Mexicano haya dado respuesta clara a los derechos de verdad, de justicia, búsqueda inmediata y reparación integral a las víctimas de este delito de lesa humanidad.

2.- DETENCIÓN  DE MIGRANTES Y DEBIDO PROCESO

El Estado Mexicano ha violado el derecho de las personas migrantes a no ser detenidas de forma arbitraria. Las detenciones prolongadas violan el derecho a la libertad y al debido proceso de las personas migrantes.

3.- DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Ante el incumplimiento del Estado de suministrar derechos económicos sociales y culturales, son los albergues o casas del migrante los que proveen las condiciones para garantizar estos derechos a las personas migrantes en tránsito por México. Es por ello que el Estado viola los derechos económicos, sociales y culturales. Esto incluye principalmente el derecho a la alimentación, al alojamiento digno, y a la salud durante su viaje.

Actuaciones directas:

Política migratoria de detención y expulsión de migrantes.

Congreso

Ley de Migración que permite los operativos de detención en las estaciones de migración.

Ejecutivo

Política migratoria de deportación. Realiza detenciones arbitrarias y prolongadas de personas migrantes.

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

La CNDH es responsable por

  • La omisión de investigar correctamente las violaciones de derechos humanos de las personas migrantes.
  • No utilizar todas las facultades constitucionales y legales para proteger los derechos humanos de las personas migrantes.

Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED)

El Consejo es responsable por

  • La omisión en los trabajos efectivos de prevenir y eliminar la discriminación en contra de las personas migrantes en México.
  • Las actuaciones con la aquiescencia del Estado:
  • Por la vinculación en casos concretos entre agentes estatales y miembros de la delincuencia organizada

Omisiones del Estado:

Garantías de no repetición, reparación integral de los derechos de las víctimas

Los gobiernos locales que han violado sistemáticamente los derechos humanos son:

Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Según los testimonios de las organizaciones escuchadas los funcionarios públicos, que son señalados directamente como responsables por acción o por omisión de violar derechos humanos en nombre del Estado a las personas migrantes son: Francisco Javier Ramírez Acuña, Cecilia Romero Castillo, Fernando Gómez Mont, Arturo Chávez, Rafael Fernández de Castro, Ardelio Vargas, Felipe Calderón.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

DESPUÉS DE ESCUCHAR LOS TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS, Y DE HABER ESTUDIADO ÉSTOS, LOS DICTAMINADORES CONCLUIMOS QUE, SI BIEN ES CIERTO QUE EL ESTADO MEXICANO ES EL PRINCIPAL RESPONSABLE DE LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS COMETIDAS EN CONTRA DE LOS MIGRANTES A SU PASO POR MÉXICO, LA RESPONSABILIDAD DE DICHAS VIOLACIONES ES REGIONAL, LO QUE INCLUYE A LOS GOBIERNOS DE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS  (GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA Y BELICE) Y AL DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

LOS DICTAMINADORES PRESENTARON TAMBIÉN, ANTES DE EMITIR EL PRE-DICTAMEN, ALGUNAS CAUSAS Y CIFRAS DE LA MIGRACIÓN.

Causas del surgimiento del Circuito Migratorio Centroamérica y México a Estados Unidos 1970-2014:

Desigualdad económica y social.

Crisis sociales y políticas.

Guerras Civiles.

Desastres naturales.

Economías de enclave de exportación.

Oligarquías y gobiernos atrasados.

Modelo neoliberal, TLCs y ruina del campo.

Violencias económicas estructurales, pobreza, marginación y violencias emergentes de la industria del crimen.

Destrucción del tejido económico y social.

Destrucción de comunidades y familias.

El circuito migratorio CAMEX y surgimiento de millones de familias transnacionales divididas. El Norte como única alternativa.

De las economías de enclave a la exportación de familias:

América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayor crecimiento de la migración internacional entre 1990 y 2010 del 95%.

En 2013 había 50 millones de migrantes de origen latino en EU(16% de la población)

En 2013 había 4 millones de migrantes de Centroamérica que enviaron 14 mil millones de dólares a la región. México tenía 11.7 millones de migrantes, la mitad indocumentada y enviaron 23 mil millones de dólares al país.

Desmantelamiento de las economías regionales, destrucción del tejido económico y social, CAMEX dedicada a la exportación de personas, de familias.

El Sistema Migratorio en América Central.

La migración extra regional en Guatemala, El Salvador y Honduras representa el 83%.

La migración intra regional sucede entre Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

Fenómenos distintos, pero, interrelacionados. 15% de centroamericanos ha emigrado; 3 de 4 lo han hecho a Estados Unidos; 1 de cada 4 son migrantes transfronterizos. 50% de los habitantes de la región son dependientes de las remesas.

La migración internacional se ha integrado estructuralmente en la dinámica de reproducción económica y social ante la ausencia de policías de desarrollo integral y seguridad humana.

Crisis económica, social, violencias y migraciones en Centroamérica 2013:

Desestructuración económica territorial, destrucción de las bases económicas y sociales de arraigo de la población.

Ausencia del Estado, del bienestar y seguridad humana.

Ausencia de políticas incluyentes y de equidad social.

Corrupción sistémica.

Sincronía entre violencias económicas estructurales y violencias físicas emergente.

Ausencia de políticas de desarrollo integral, de empleo y bienestar provocan la estampida migratoria, las redes sociales y las redes criminales que encuentran en los migrantes un  nuevo sector de alta rentabilidad económica.

Las remesas representan el 200% de la inversión extranjera en la región, generando adicción, vulnerabilidad y extractivismo de los gobiernos que sin promover el desarrollo económico y social sólo aprovechan las remesas.

Tendencia del despoblamiento, feminización y envejecimiento de las comunidades de origen de los migrantes.

Convergencia de vulnerabilidades y violencias en Centroamérica.

Desestabilización económica, social, política e inseguridad.

Creciente llegada de mega corporaciones y desastres ambientales

CAFTA y destrucción estructura económica y social.

Alta dependencia alimentaria y energética.

Alto rezago en desarrollo humano.

Fuerte impacto de la crisis económica de EU, mayores deportaciones y caída de remesas.

Déficit crónico y políticas asistenciales.

Violencia social y migración amenazan el futuro de la región.

Indicadores de rezago, inequidad y limitaciones institucionales en Centroamérica.

Crece la brecha en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita entre 1960 y 2010 de 2 a 1, a 6 a 1.

El poder infraestructural (carga tributaria, gasto en educación y salud) salvo en Costa Rica, se encuentra debajo del promedio de América Latina.

Porcentaje de hogares en exclusión social, Costa Rica 10%; El Salvador 40%, Honduras 49%

Población pobre en la región 2011. Honduras 60%; Guatemala 50%; El Salvador 45%; Nicaragua 42%; Belice 40%; Panamá 20% y Costa Rica 19%.

Homicidios en la región 2000-2011 mayores que en tiempos de guerra.

En 2009 había 4 millones de centroamericanos en Estados Unidos.

Porcentaje de las remesas en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

En México 2.2; Nicaragua 8%; Guatemala 10%; El Salvador 17% y Honduras 19%, la exportación de personas principal actividad económica en la región y  enorme dependencia y  vulnerabilidad macroeconómica por parte de las remesas. 

Eventos por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada la red que integra Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México realizaremos una serie de eventos para conmemorar el día y mantener nuestra voz de exigencia al Estado mexicano para la búsqueda de nuestros seres querido.

 

Fecha Lugar Evento Descripción
25 de agosto

11:00 horas

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Serapio Rendón 57-B, 06470 Cuauhtémoc

México, D.F.

Foro: Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición   Participaran

– Yolanda Moran, de FUNDEM
– Michael Chamberlin del Fray Juan de Larios
– Alan García de Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México
– Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
– Ximena Antillon de Fundar México
– Dr. Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
– Santiago Corcuera, miembro del Comité contra la Desaparición Forzada


Facebook: https://www.facebook.com/events/1487674994813359/

27 de agosto

16:00 horas

Parroquia San Judas Tadeo

Torre de Cristo 333, Las Torres Sector II, Torreón, Coahuila

Misa por el pronto regreso de los desaparecidos Celebración religiosa por las personas desaparecidas.

Facebook: https://www.facebook.com/events/1629653857261132/?ref=5

27 de agosto Parroquia San Judas Tadeo Caminata por los desaparecidos Caminata por las personas desaparecidas. Iniciará en la Parroquia San Judas Tadeo con dirección a la plaza mayor de Torreón.

Facebook: https://www.facebook.com/events/1629653857261132/?ref=5

29 de agosto  

Facultad de Jurisprudencia, Universidad Autónoma del estado de Coahuila

Saltillo, Coahuila

Foro de discusión: Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición Foro para discutir la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del estado de Coahuila

15:30 horas, Registro de los participantes.

16:00, Inauguración: Palabras del Rector de la Universidad de Coahuila, Palabras del representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Palabras de inauguración del Gobernador del Estado de Coahuila.

16:20 horas, PANEL I:

1. Testimonios de familiares de desaparecidos de FUUNDEC
2. Testimonios de familiares de desaparecidos de Grupo Vida
3. Representante de la iniciativa privada
4. FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación A.C.
5.- Unidad Jurídica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Modera: Mro. Michael Chamberlin Ruiz, miembro de Grupo Autónomo de Trabajo.

18:00 horas, PANEL II:

1. Testimonios Familias Unidas de Piedras Negras.
2. Representante del Congreso del Estado
3. Representante del Poder Judicial
4. Representante de la iniciativa privada
5. Miembro de el Grupo Autónomo de Trabajo.
Modera. Mtra. Dolores González, miembro del Grupo de Trabajo Autónomo

20:00 horas, Clausura: Palabra de clausura FUUNDEC-M y Grupo Autónomo de Trabajo

Facebook: https://www.facebook.com/events/771589849592934/

30 de agosto Tecnológico de Saltillo

Av. Universidad y Av. Venustiano Carranza

Saltillo, Coahuila

Marcha en busca de la Paz Marcha en busca de la paz se congregará en la explanada del Tecnológico de Saltillo para concluir en la plaza San Francisco.  

* Acudir de blanco y con una veladora.

Facebook: https://www.facebook.com/events/274908529369754/

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