Aumentan desapariciones


Apro/José Gil Olmos/MÉXICO
NOTA PUBLICADA: 10/17/2010

Durante la guerra sucia de los años 70 y 80 hubo alrededor de 561 desaparecidos políticos, según los archivos del Comité Eureka, encabezado por la senadora Rosario Ibarra de Piedra. Hoy existe un registro extraoficial de 577 desparecidos de manera forzada en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, pero el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios señala que el número real puede ser mayor.

La violencia no sólo ha provocado 28 mil muertes sino también la desaparición, en diversos estados del País, de centenares de civiles que no tenían vínculos con el crimen organizado. Algunas organizaciones civiles se refieren a ellos como “los desaparecidos del Gobierno de Calderón”, y se han incrementado en todo el País sin que ninguna autoridad se preocupe por frenar el fenómeno.

“Es un problema social y político muy serio que pone en entredicho la obligación del Estado de garantizar la seguridad y los derechos humanos”, advierte en entrevista Blanca Martínez, quien está al frente del centro Fray Juan de Larios, con sede en Saltillo.

Entre las entidades con más víctimas de este delito está Coahuila, que junto con Durango integra la región de La Laguna, que ya se conoce como el nuevo “triángulo de las Bermudas” (Proceso 1594, 1677, 1704) porque en los últimos tres años han desaparecido ahí 86 personas sin que ninguna autoridad, incluida la Presidencia de la República, haya atendido y resuelto ni un solo caso, pese a las denuncias de familias de por lo menos siete estados.

Las desapariciones de personas sin antecedentes penales ni vínculos con el crimen organizado se han triplicado en Coahuila durante este año. En enero pasado se habían documentado 22 casos en el centro Fray Juan de Larios (Proceso 1732), pero esa cifra ya aumentó a 86, de acuerdo con la denuncia que en septiembre pasado entregó a los senadores la agrupación ciudadana Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec).

Otras organizaciones detectaron casos en Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas, por lo que la Fuundec ya empezó a contactarlas a fin de sistematizar la información.

Hasta julio pasado se habían registrado 15 desapariciones forzadas en Nuevo León, pero a decir de Blanca Martínez, del citado centro de derechos humanos, el número se elevó en los últimos meses. En Chihuahua se sabe de 26 casos, mientras que en Tamaulipas no se ofrece una cifra porque ahí se tiene mucho miedo de denunciar.

En Baja California se tienen registradas más de 450 personas desaparecidas –ya sean secuestradas o levantadas– por comandos armados, la mayoría entre 2007 y 2008, según datos de la Asociación Ciudadana Contra la Impunidad.

En enero del año pasado, cuando fue capturado Santiago Meza, “El Pozolero” –quien confesó haber disuelto en sosa (hidróxido sódico) y ácido a por lo menos 300 personas–, la Procuraduría Estatal informó que tenía documentados sólo 96 casos de desaparecidos, la mayoría relacionados con el narcotráfico.

Son los casos de estos estados los que al sumarse dan 577. Sin embargo, el centro Fray Juan de Larios advierte que la cifra es mayor porque aún no se cuentan las víctimas de ese delito en Durango, Guerrero, Michoacán y Sinaloa, donde el crimen organizado ha extendido esa práctica. Esto lo admiten incluso en los recintos oficiales.

“Cuando fui a la Presidencia a pedir su ayuda, una persona de Atención Ciudadana me dijo: ‘Uuy, señora, ustedes no son los únicos. Hay miles de desaparecidos en todo el País. Déjenos su denuncia y la llamamos. Pero nunca nos han llamado”, dice la señora Yolanda Morán, que fue a Los Pinos el 8 de septiembre de 2009 a entregar el expediente de su hijo Dan Jeremeel Fernández Morán, desaparecido el 19 de diciembre de 2008 en Torreón, presuntamente por personal de inteligencia militar.

El 19 de diciembre de 2009 se dio a conocer en Saltillo un grupo integrado por familiares de personas desaparecidas, que se coordina con el citado centro diocesano. La representante de éste, Blanca Martínez, dice que no se trata de casos aislados, eventuales o dispersos, sino de una tendencia que va creciendo y que es un producto específico de la guerra que Felipe Calderón declaró al narcotráfico desde el inicio de su gobierno.

“Las desapariciones forzadas –comenta– ponen en entredicho la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la seguridad de la sociedad. En la frontera norte es una situación muy grave porque no se ve cuándo va a parar. Es como un tren que está fuera de control y viene de bajada”.

Lamenta que en muchos estados que padecen este problema no haya organizaciones civiles que recopilen la información.

Culpan a las víctimas

A raíz de los recientes descubrimientos de fosas clandestinas en Nuevo León, Guerrero, Tamaulipas, Baja California y Michoacán, cientos de familias han iniciado un peregrinaje en busca de sus desaparecidos.

El caso más evidente fue quizá el de Taxco, el 29 de mayo, cuando se encontraron 52 cuerpos en el respiradero de una mina. Gente de varias entidades fue al anfiteatro del municipio y al de Chilpancingo para ver si se trataba de sus familiares.

Por el aumento de las desapariciones, los congresos del Estado de México (2002), Jalisco y Tamaulipas (2004), Tabasco (2006), Tlaxcala (2007), Guerrero y Coahuila (2009) decidieron reducir de dos años a uno solo el plazo necesario para la declaración de ausencia, y de seis a sólo dos y tres años para la de muerte. El objetivo es que los familiares o dependientes puedan cobrar seguros, pensiones y cualquier otro derecho del ausente.

En cuanto a los estados norteños, el pasado 30 de julio se formó en las oficinas del obispado de Saltillo una red de familias de desaparecidos específicamente por la guerra del narco.

En la constitución de la red –la primera de su tipo en el país– participaron representantes de Chihuahua como el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, el Centro de Derechos de las Mujeres, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Justicia para Nuestra Hijas y Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C (Cosyddhac).

Por Nuevo León firmaron mujeres que sufren la desaparición de sus hijos o esposos, y por Coahuila integrantes de la Fuundec.

Es en esta entidad donde más se ha recrudecido este mal. El centro Fray Juan de Larios estima que ocurre un caso cada 48 horas, en promedio. El último informe de la Fuundec, fechado el 14 de septiembre y entregado al Senado de la República y al Congreso de Coahuila, señala que de 2007 hasta agosto pasado se documentaron en Coahuila 81 desapariciones forzadas de personas que provenían al menos de siete estados. Pero durante el Día de la Independencia se reportaron otras cinco.

La mayoría de los 81 desaparecidos que la Fuundec alcanzó a incluir en su informe son varones de entre 17 y 40 años, hay un niño de ocho y tres mujeres de 25, 29 y 39 años. Los lugares con más desapariciones son Saltillo, Piedras Negras, Torreón, Ramos Arizpe, Monclova, Nava, Parras y Zaragoza. La mayoría de las víctimas son originarias de Coahuila, y las siguen las provenientes del Estado de México, Jalisco, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí y Michoacán. Se ignora el origen de muchas otras.

Los números hablan por sí mismos: mientras que en 2007 se registraron tres desapariciones y el doble al año siguiente, en 2009 su número se disparó a 52, y en lo que va de 2010 se han reportado 20 casos.

Se esfuman migrantes en Tamaulipas

En febrero de este año se esfumaron, al pasar por Tamaulipas, dos autobuses con 25 campesinos que iban desde la Sierra Gorda a trabajar en Florida, Estados Unidos.

El 26 abril, el diputado por el XV distrito, correspondiente a los municipios serranos de Querétaro, Juan Fernando Rocha Mier, informó:

“Estamos muy preocupados ahorita en la Sierra Gorda porque salieron hace como mes, mes y medio, dos camiones llenos de migrantes que iban a trabajar hacia los Estados Unidos y traemos a mucha gente desaparecida allá en Landa, principalmente en los lugares de Aguazarca. No sabemos su paradero, solamente que entre Ciudad Mante y Cuidad del Maíz, Ciudad Victoria, hacia la frontera, desaparecieron esos camiones”.

En Coahuila ocurrió otro caso extraordinario. El 21 de marzo de 2009 desaparecieron en Piedras Negras dos camionetas con 12 personas provenientes del Estado de México. Iban a vender pintura y, de acuerdo con sus familiares, de un momento a otro dejaron de tener contacto con ellos (Proceso 1732).

Los padres de Vicente Rojo Martínez, uno de los 12 desaparecidos mexiquenses, dicen que el grupo original constaba de 18 personas que viajaban en tres camionetas, pero al llegar a Piedras Negras , Coahuila dos vehículos fueron interceptados por policías y no se supo más de ellos ni de sus ocupantes.

Los padres de Pedro Cortez Guzmán, otra de las víctimas, dicen que un mes y medio después recibieron llamadas de la Policía Ministerial de Piedras Negras para pedirles dinero.

Otro grupo es el de los queretanos Héctor Rangel Ortiz, Milton Hugo Aguilar Torres e Irene Lugo Hernández, quienes el 10 de noviembre de 2009 desaparecieron en Monclova tres ser detenidos por policías municipales. Según familiares de Rangel, éste viajó a Coahuila a cobrar una deuda, pero en dicha ciudad los interceptaron policías que, posteriormente, bajo el mando del comandante Juan Miguel Rodríguez Torres, pidieron 23 mil pesos en tres depósitos para darles información y luego pidieron 50 mil dólares por la liberación de Irene.

Un caso más es el del jalisciense Agustín Alberto Núñez Magaña, comerciante de joyas que el 22 de abril de 2009 fue retenido junto con Sergio Cárdenas y José Flores, al parecer por un comando policiaco, en el municipio coahuilense de Nava, afuera del hotel Don Alberto.

Este año se han reportado otras desapariciones grupales. De acuerdo con la averiguación previa 20/2010, radicada en Saltillo, el 25 de julio desaparecieron cinco personas, entre ellas una mujer.

Sus nombres se mantuvieron bajo reserva, evidentemente por miedo.

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