Miles de cuerpos sin nombre y más de 5,000 desaparecidos en México

(CNNMéxico) — El hallazgo de al menos 116 cuerpos en fosas clandestinas en San Fernando, municipio del norteño estado de Tamaulipas, despertó la necesidad de construir un sistema nacional para documentar presuntas desapariciones, debido a que no existen registros confiables de información biométrica de las víctimas, como muestras de sangre, tejidos y huellas dactilares.

A raíz del descubrimiento, al menos cinco estados han solicitado información de personas que presuntamente desaparecieron en Tamaulipas, la mayoría cuando iban en tránsito por la entidad en autobuses rumbo a Estados Unidos.

Entre estos estados está Guanajuato, que denunció la desaparición de 36 pasajeros; Querétaro, por 33 personas; en Oaxaca cotejan los cuerpos de 10 posibles víctimas; Michoacán busca a cinco de sus habitantes entre los cuerpos; y en Coahuila, diversos familias ya solicitaron información sobre el hallazgo.

Los casos documentados de desapariciones forzadas en México por organismos civiles y las autoridades no se pueden resolver si no existe voluntad política, bases de datos compartidas o una legislación de la materia, aseguran especialistas a CNNMéxico.

De 2006 a lo que va de 2011 han desaparecido en el país 5,397 personas, la gran mayoría hombres (79%), de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Antes de sistematizar este tipo de información, es necesario que las autoridades tenga la voluntad de perseguir los delitos, sostiene la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Blanca Martínez, institución ubicada en el norteño estado de Coahuila.

“Un problema técnico (como las bases de datos) no resuelve un problema de política pública y de responsabilidad del estado”, asegura Martínez.

El periodista y poeta Javier Sicilia convocó este martes a colocar placas en todos los estados de México con los nombres de personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas, y recalcó la necesidad de crear una base de datos nacional de desapariciones forzadas.

“Lo más adecuado es que el estado tenga que asumir una responsabilidad y no invisibilizar este problema”, agregó Martínez. “Las organizaciones sociales en determinado caso tendríamos que facilitar simplemente el cruce de informaciones”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió al gobierno mexicano la conformación de una base de datos a nivel nacional alimentada por las procuradurías de los estados, además de elaborar un protocolo con el fin de realizar búsquedas inmediatas de personas desaparecidas forzosamente.

Martínez indica que las familias de los desaparecidos en Coahuila se pusieron en contacto con la Fiscalía del estado desde el momento en que se dio a conocer en los medios de comunicación el descubirimiento de las fosas clandestinas en el fronterizo estado de Tamaulipas.

“Las familias lo que han estado pidiendo desde el inicio, desde que empezaron con esta tragedia, es que las instancias federales y estatales crucen la información con sus recursos logísticos, humanos y económicos, para localizar a los desaparecidos”, dice.

El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios en coordinación con las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de Coahuila (FUUNDEC) ha documentado 118 desapariciones forzadas en el estado desde 2007 a enero de 2011.

Hasta este martes, el número de cuerpos localizados en fosas clandestinas en San Fernando y trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) sumaba 116. Ese mismo día, el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, se reunió con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, quien anunció un “amplio despliegue militar” en el municipio y el noreste de México.

La procuradora general de la República, Marisela Morales, aseguró que para el martes se habían realizado 72 autopsias y que los crímenes se atribuían al grupo delictivo de Los Zetas, anterior brazo armado del cártel del Golfo fundado por ex militares y que disputa las rutas de trasiego de droga.

Una desaparición forzada es la privación de la libertad de una o más personas cometida por las autoridades, individuos o grupos que no dan a conocer el paradero del desaparecido e impiden el ejercicio de garantías, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Una legislación federal necesaria

En México no existe una sistematización nacional de personas desaparecidas, ni se comparte de manera adecuada esta información, aunque las procuradurías y fiscalías de los estados registran los delitos, explica el director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), José Luis Prado.

El académico insiste en que para solucionar este problema es necesaria una legislación federal que obligue a los estados a conformar bases de datos de desapariciones forzadas similares al sistema de inteligencia nacional Plataforma México, donde se registran las altas y bajas de las policías en el país.

“Eso tendría que hacerse para darle una consistencia por vía de ley”, explica el doctor en Ciencia Política, “ahorraría mucho tiempo y sería más conveniente y eficaz en estos casos”.

En Nuevo León la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) ha documentado 27 desapariciones forzadas de jóvenes desde 2009 a enero de 2011.

Desde junio de 2001, la desaparición forzada está tipificada en el código penal federal, pero en los marcos jurídicos de 24 de las 32 entidades de la república no está definida como un delito, según un informe de 2011 de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada.

El gobierno de México pidió al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, que revisara las cifras que documentó sobre este fenómeno durante su visita el pasado mes de marzo, pues consideró que los 3,000 casos registrados desde 2006 no reflejan la realidad.

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