Desaparecidos; casos sin resolver

Vanguardia

Esposas, madres, hijos y demás parientes y amigos de 182 personas esperan desde hace meses cualquier noticia, la que sea, sobre el paradero de sus seres queridos, desaparecidos en territorio coahuilense.

La información no es nueva. Desde el año pasado VANGUARDIA ha consignado la lucha de los familiares de estos desaparecidos para que las autoridades responsables actúen con eficiencia en la ubicación de estas personas.

El caso de Coahuila es tan grave que mereció la atención de la Organización de las Naciones Unidas, pues la semana pasada un grupo integrado por expertos de distintos países estuvo en Saltillo para documentar los casos, igual que lo hizo en Ciudad Juárez, por ejemplo.

¿Tan grave es la situación en el Estado, que especialistas de la ONU en desapariciones forzadas nos ponen al nivel de entidades que se han convertido en paradigmas de la violación a los derechos humanos en México, como Chihuahua y Tamaulipas? Parece que la respuesta es sí.

Antes la Diócesis de Saltillo que encabeza el obispo Raúl Vera empezó a respaldar a los familiares cuyas desapariciones no se han esclarecido, aunque de acuerdo a los informes, algunas tienen relación con fuerzas de seguridad pública.

Ayer, entrevistado en un noticiero radiofónico nacional, el senador coahuilense Ernesto Saro, volvió a señalar que las desapariciones en Coahuila deben ser resueltas, especialmente a la vista de casos tan dramáticos como el descubrimiento de al menos 145 cadáveres en fosas de Tamaulipas.

“Hasta ahorita se tienen registrados 182 desaparecidos en Coahuila, no todos coahuilenses, algunas personas que iban en tránsito, el último registro, la última llamada fue de ellos y muchos detenidos por policías locales”, denunció.

Es lamentable que al paso del tiempo la desaparición de tantas personas no merezca información detallada de las autoridades encargadas de investigar tales casos.

Los familiares de los desaparecidos en Coahuila repetidamente han señalado que desconocen en qué estado se encuentran las investigaciones, lo que no hace sino acrecentar la incertidumbre al dolor por la pérdida.

La justicia tiene una deuda con esas 182 familias, ¿quién va a responder en su nombre?

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