Existen personas desaparecidas hasta de las estadísticas

No hay cuenta oficial de quienes no se conoce su paradero y que la autoridad sólo les llama extraviadas, ausentes o robadas.

Andrés Becerril

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de abril.- Para el Código Penal Federal no existen las personas desaparecidas.

El único delito que ahí se tipifica es el de “desaparición forzada”, que sólo ocurre cuando lo perpetra un servidor público.

Todos los otros casos — personas levantadas, que huyen, extraviadas o robadas— no son investigados desde la perspectiva penal.

De hecho, la Procuraduría General de la República sólo indaga cuando los afectados son menores de edad.

No obstante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una lista de cinco mil 397 personas que no aparecen, y otra de gente fallecida sin identificar, que reporta ocho mil 898 casos.

Desaparecen hasta de la ley

En México no hay cifras oficiales de personas desaparecidas, porque, de acuerdo con el Código Penal Federal, para que alguien obtenga esa calidad jurídica la persona debió haber sido detenida y ocultada dolosamente por algún servidor público y por nadie más.

De lo contrario, a las personas con paradero desconocido, de las que no se haya comprobado su muerte, las autoridades les llaman personas extraviadas, ausentes o robadas, pero no desaparecidas.

El gobierno federal lleva, en cambio, la cuenta de las personas muertas a causa de la lucha en contra del crimen organizado, que arrancó el 6 de diciembre de 2000 y que hasta ahora suman 34 mil.

Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, quien desde hace dos años participa en la organización de familias de personas desaparecidas en Coahuila, sostuvo que con o sin la participación de una autoridad, la desaparición de una persona es eso: una desaparición y así se debe tipificar.

“El Estado mexicano y algunos aliados han querido posicionar que solamente se tipifica como desaparición forzada cuando hay la participación directa de agentes estatales, pero en la definición del marco internacional de derechos humanos queda muy claro que no solamente hay una desaparición cuando participan agentes del Estado.”

A falta de cifras gubernamentales sobre personas desaparecidas en México, lo que hay es un recuento de personas ausentes o extraviadas, que asciende a cinco mil 397, y otro de personas fallecidas sin identificar, que es de ocho mil 988, en los últimos cinco años que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), poseedora de ambas bases de datos, no se repiten entre sí, lo que haría un total de 14 mil 385 personas.

Las cifras de la CNDH arrojan que entre los registros de las personas extraviadas o ausentes mil 107 son de Puebla, 913 del Estado de México y 514 de Coahuila. Mientras en la lista de muertos sin identificar, dos mil 624 eran mexiquenses, mil 63 poblanos y mil ocho oaxaqueños.

De acuerdo con los números que manejan las procuradurías estatales, los estados donde más desapariciones de personas ocurren son Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León y Baja California, todos ellos con altos índices de violencia por el narcotráfico.

Sólo como ejemplo está el caso de Santiago Meza López, El Pozolero, quien en enero de 2009, en Tijuana, confesó haber disuelto 300 cadáveres en sosa cáustica, durante ocho años.

Meza y su jefe, Teodoro García Simental, quien ordenó disolver los cadáveres, están tras la rejas, pero hasta ahora se desconoce quiénes eran esas 300 víctimas.

Tan pronto como se conoció este caso, un grupo salió a la calle a reclamar la desaparición de 11 personas, precisamente en Tijuana, todos hombres de entre 20 y 50 años, que desaparecieron entre 2007 y 2008. Entre éstos estaba Carlos Andrés Ortiz Álvarez, de 22 años, quien fue visto por última vez el 8 de febrero de 2007.

En las últimas semanas en San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados 177 cadáveres en 34 fosas clandestinas.

Tomás Serrano Pérez, director del programa de presuntos desaparecidos de la CNDH, informó que todos los registros presentados recientemente fueron obtenidos entre las procuradurías estatales y los forenses locales y explicó la diferencia que la CNDH hace entre extraviados y desaparecidos.

“Primero, hay que ver que el problema es multifactorial. Alguien puede salir de la casa de manera voluntaria y, a lo mejor, ya no quiere regresar; hemos tenido casos así en la práctica. Se acredita que salió y ya no regresó, ajena a la voluntad de la familia. El tema en sí de la desaparición forzada es, como lo dice el término, cuando hay una detención donde participa una autoridad y se oculta a la persona, y desde ese momento

se le conculcan todas sus garantías fundamentales.

“Esa —agregó el funcionario de la CNDH—, es la parte sustantiva que realiza el programa de presuntos desaparecidos, y en la parte complementaria, en el cruce de información de personas extraviadas, son precisamente personas extraviadas o ausentes. ¿Por qué le ponemos extraviadas o ausentes? Porque en los estados muchas veces cuando inician los reportes no manejan a veces el término de extraviadas, sino que les ponen ausentes, pero no son propiamente personas que se encuentren dentro de la premisa de desaparición forzada”.

PGR investiga sólo si son menores

La Procuraduría General de la República, por su parte, solamente investiga los casos de extravío, ausencia o sustracción (robo) de alguna persona, siempre y cuando sea menor de edad.

Actualmente la dependencia tiene un registro de mil 157 personas dentro del Programa de Apoyo a Familiares de Personas Extraviadas, Sustraídas o Ausentes. La ficha más antigua es la de Adolfo Colín Nolazco, de 16 años, extraviado el 23

de enero de 1996 en la colonia Las Palomas, de Tlalnepantla, Estado de México.

A su vez, la Secretaría de Seguridad Pública federal tiene un Sistema de Personas Extraviadas, que ofrece ayuda. “A las familias que tienen alguna persona desaparecida (sic) o ausente, si es su caso, no espere más y llene la información solicitada para poder brindarte ayuda inmediata (sic)”, dice la página web de la dependencia.

Distintos defensores de derechos humanos señalan que una de las dificultades enfrentadas por los familiares de desaparecidos es que en los estados el delito de desaparición forzada no está tipificado.

Además, en la mayoría de los casos, a las personas desaparecidas las autoridades las intentan criminalizar, insinuando, o a veces asegurando, que si desapareció es porque pertenecía a algún grupo de la delincuencia organizada.

El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios es uno de los grupos más activos en la búsqueda de desaparecidos y apoyo a familiares.

De acuerdo con sus estadísticas, de las 142 personas que ese centro tiene registradas como desaparecidas, 65 son de Coahuila; 12 del Estado de México; nueve de Michoacán; ocho de Sinaloa; seis de Jalisco; Baja California y Querétaro, tres cada uno; Nuevo León, dos; Distrito Federal y San Luis Potosí, uno cada uno; tres de Estados Unidos y 29 no se sabe su origen.

De esas 142 personas documentadas por el Fray Juan de Larios, 120 desaparecieron en hechos masivos.

El mayor fue de 24 personas; luego otro de 12; uno de ocho; uno más de siete; dos de cinco; cuatro hechos de cuatro personas; cinco desapariciones con tres personas cada una; 14 hechos con dos personas cada uno, y 22 individuales.

Además, sus estadísticas indican que 11 son menores de 18 años; 19 tiene entre 41 y 62 años; 16 entre 26 y 30 años; 20 entre 31 y 35; 22 entre 20 y 25 años; siete entre 36 y 40 años y de 47 no se sabe su edad.

…y dos veces los ignoran

La organización Fuerzas Unidas por Nuestros De-saparecidos (as) en Coahuila (Fuundec) exigió a los Poderes de la Unión asumir su responsabilidad para detener la matanza de personas, como la recientemente descubierta en San Fernando, Tamaulipas, donde se encontraron 177 cadáveres en 34 fosas clandestinas.

El argumento de esta organización es que la situación no sólo se vive en Tamaulipas, “sino en Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Guanajuato y en tantos otros estados donde nuestros desaparecidos y desaparecidas, por segunda ocasión, los desaparecen las mismas autoridades al no investigar y no hacer nada al respecto”.

Fuundec señaló que los cuerpos encontrados hasta ahora en San Fernando “nos desgarran el corazón y nuestra herida se profundiza más porque sentimos que son también nuestros desaparecidos y desaparecidas”.

La organización, fundada en diciembre de 2009 por familiares de las 142 personas reportadas como desaparecidas en Coahuila, se solidarizó con quienes se presentaron en el Semefo de Tamaulipas a buscar a familiares y amigos.

En un documento, la Fuundec señaló que seguirá con sus marchas, protestas y búsqueda para que los escuchen, como la realizada el pasado 12 de abril, durante la visita del presidente Felipe Calderón a Torreón, Coahuila.

Explican que en esa ocasión “queríamos un diálogo para solicitarle (al Presidente) que girara instrucciones necesarias para que la PGR ejerciera su facultad de atracción en los casos de nuestras y nuestros desaparecidos. Nos preguntamos: ¿es mucho exigir que las autoridades estatales y federales hagan lo que están obligados a realizar?”

“Hace dos años me quedé sin esposo”

Hace dos años, Reyna Estrada se quedó sin esposo en cuestión de minutos. El 21 de marzo de 2009, Jaime Ramírez Leyva y once compañeros suyos, desaparecieron en Piedras Negras, Coahuila, sin dejar rastro.

Desde entonces, ninguna autoridad, ningún civil, ninguna persona da razón de Ramírez Leyva ni de sus compañeros que, desde Ecatepec, Estado de México, viajaron en dos camionetas, la “roja” y la “azul”, rumbo al norte.

“Él salió de aquí, de su pobre casa, el 16 de marzo de 2009. Se dedicaba a la venta de pintura casa por casa”, cuenta la señora Estrada.

Se queja de que sean las mismas autoridades las que retrasan la investigación para encontrar a su marido. “Nos brindan su ayuda, vamos, tenemos una mesa de diálogo con las autoridades de Coahuila; aquí, lo único que pasa es que nos van atrasando la investigación porque después de dos años quieren venir a investigar a los

desaparecidos.

“Después de dos años quieren seguir pistas que, si las hubo, ya se perdieron; otra de las cosas es que, por ejemplo, hoy llegamos y está equis persona de representante; al siguiente mes vamos y ya cambiaron a esa persona, y al siguiente mes es lo mismo.”

La esposa de Ramírez Leyva —nacido en noviembre de 1960— tiene que platicar todo lo que pasó a cada representante. “Es como volver a empezar siempre. No hay avances, no hay nada, ni una pista que nos lleve a decir ‘vamos a buscar por este lado’; no hay señal alguna”, dice.

Reyna Estrada cuenta que en estos dos años de búsqueda no ha encontrado a alguien que le diga que vio a su esposo por última vez.

“Él se encontraba en Piedras Negras, porque él me habló en esos días, diciéndome que estaba en Sabinas, luego en Monclova y que se dirigía a Piedras Negras. Fue el 20 de marzo. Me habló en la tarde y me dijo ‘me voy a Piedras Negras, de allá te marco, porque en el camino se interrumpe la señal’.

“El 21 de marzo me habló entre una y una y media de la tarde, para decirme que ya estaba en Piedras Negras. Como ellos no eran asalariados, nos depositaban como les iba yendo; mi esposo me depositaba en una cuenta de Coppel”, dice Estrada.

La mujer, que por razones de seguridad prefiere no decir cuántos hijos tiene, recuerda que Jaime le dijo: ‘Yo ya estoy en Piedras Negras, pero donde estoy no hay Coppel, estoy en las orillas, ya nos vamos a jalar para el centro de Piedras Negras y ahí te deposito’.

“Quiero creer que fue en ese trayecto que a ellos los desaparecieron. Yo le hablé como a las cuatro y media o cinco, no se por qué, creo que un presentimiento me hizo marcarle, y su teléfono me mandó al buzón.”

La esposa de Ramírez Leyva asegura que en ese momento no se espantó. No pensó nada malo.

“Estuve marcando hasta el domingo, a cada rato y siempre (me mandó) a buzón a buzón, y eso es todo.

“Hasta el domingo 22 de marzo me logré comunicar con Daniel Rentería, el patrón de ellos. Este señor era el dueño de los tres vehículos en los que se fueron.

“El señor Rentería me comentó que él se encontraba en la Ministerial de Piedras Negras, porque desde un día antes la camioneta roja, donde iba mi esposo, había dejado de tener comunicación desde las cuatro de la tarde; les llamó a los de la camioneta azul, pero le dijeron ‘no sabemos, no los hemos visto’.

Según le contó Rentería a Reyna, los de la camioneta azul buscaron a sus compañeros de la camioneta roja en cantinas, delegaciones y no los encontraron por ninguna parte. Luego de eso, el patrón de los vendedores de pintura también perdió contacto con los de la camioneta azul.

Reyna asegura que no conocía a ninguna de las personas que desaparecieron junto con su esposo, aunque sabe que son de colonias de Ecatepec.

Comenta la esposa de Ramírez Leyva que originalmente Rentería fue quien denunció como robo la desaparición de sus dos camionetas, y que fue hasta cuando las 12 familias se reunieron que fueron juntas a denunciar.

“Cuando ya nos reunimos las 12 familias en el DF acudimos a la SIEDO, porque en realidad estábamos perdidos, no sabíamos qué hacer, cómo actuar, qué teníamos que hacer.

“En la PGR nos dijeron que no correspondía ahí, porque los hechos habían sucedido en Coahuila y que no era cuestión de la PGR”.

Estrada dice que ella nunca ha ido a Piedras Negras para conocer el paradero de su esposo.

Estrada termina diciendo que ella tiene fe y esperanza de que su esposo esté vivo. “Yo le pido a Dios que regrese, aunque, le soy sincera, en dos años esa fe y esa esperanza se han ido perdiendo poco a poco, pero quiero creer, quiero seguir pensado que él está vivo y que no sé cuándo, pero quiero creer que él va a regresar”.

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