Aquí las desapariciones son en grupo, escucha la caravana por la paz a su paso por Coahuila

La Jornada.com

Entre la muerte y las amenazas no hay garantías para ejercer el periodismo en la región

“Calderón tiene quien le proteja a sus hijos, pero nosotros, los jodidos, sólo tenemos a Dios”

Saltillo, Coah., 7 de junio. La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad comenzó su incursión en el norte, y la violencia se asoma con mayor crudeza conforme se adentra en este teatro de guerra en que se ha transformado la región. Aquí domina el crimen organizado, pese a la guerra oficial emprendida en su contra con su saldo sangriento. Se percibe rabia, pero también temor, dolor y, sobre todo, desesperanza.

Mil y una historias se cuentan, propias de la más imaginativa mente de un escritor de literatura negra. Pero no, es una realidad más perversa que la ficción que avasalla al norte de la República. Es la historia de terror que se va escribiendo día a día, cuyos protagonistas no encuentran ya dónde gritar. Narcofosas, desapariciones, ejecuciones, secuestros, violaciones o la simple equivocación oficial que acribilla inocentes, todo ello con tal saña que el llanto o los dramáticos testimonios que se hacen públicos apenas permiten imaginar.

La llegada de la caravana a Saltillo, la tierra de los Moreira, es recibida con una denuncia del obispo Raúl Vera: 11 jóvenes ejecutados en un centro de recuperación de las drogas. Es el más reciente reporte de la entidad. El jerarca católico deplora la impunidad y la violencia, “mientras el señor secretario de Hacienda nos habla de otro país, de uno que no existe”.

En Saltillo, las desapariciones forzadas son el tema que más golpea a la sociedad. Son 180, según la denuncia de Diana García, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, cuyo tono sereno va quebrándose conforme describe la realidad y raya en la ira cuando describe la indiferencia de la autoridad.

“Aquí en Coahuila las desapariciones son en grupo”, dice, y reniega del paso del tiempo “cuando cada minuto que pasa es una esperanza menos de encontrarlos vivos”.

En esta región la desaparición de un familiar parece ser más dolorosa quizá que el asesinato, por la interminable incertidumbre de saber si está vivo o muerto, si sufre una muerte lenta.

En nombre de los grafiteros de Saltillo, Alberto Ortiz denuncia el levantamiento de jóvenes y mujeres o su inserción forzada en el crimen organizado con el espejismo de “tener dinero, armas, poder fácilmente, antes de terminar a pedazos en las calles”.

El drama de la prensa local lo expone Leticia Espinoza, quien da cuenta de los tres periodistas asesinados de 2009 a la fecha, y las amenazas al gremio para obligar a los medios a que se difunda determinada información, mediante llamadas anónimas. Entre la muerte y las amenazas no hay garantías, dice, para ejercer el periodismo, que es otra víctima de esta guerra.

Posteriormente la caravana se dirige a Nuevo León, y la concentración en Monterrey tiene el mismo tono de un drama colectivo en una ciudad que, a decir por las denuncias, vive cercada entre el crimen organizado, las corporaciones policiacas y el Ejército. Todas las partes desaparecen y matan, se desprende de los numerosos testimonios, uno de los cuales ironiza con las declaraciones presidenciales de los “shots de tequila” y el drama de las familias neolonesas.

Las denuncias se reproducen. Gloria Aguilar dice hablar a nombre de su esposo y sus dos hijos, que no están en el mítin porque fueron desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2008. Las autoridades no le dicen nada claro, pero “yo sigo buscándolos, porque sé que lo peor que se puede hacer es no hacer nada”.

Otilio Cantú da cuenta de la ejecución de un joven por el Ejército, presuntamente en fuego cruzado, pero el padre de familia sabe que su hijo fue deliberadamente asesinado por los militares y cuestiona que “el uniforme no les da derecho a matar”. Luego se refiere al secretario técnico del gabinete de seguridad nacional, Alejandro Poiré, y sus 10 mitos sobre el crimen organizado: “le propongo otro: cómo sacar el Ejército a las calles sin saber realmente cómo está el enemigo, sin conocer la realidad”.

Una mujer rompe en llanto tras describir otra desaparición en Nuevo León le implora a la multitud: “por piedad, si alguien sabe de mi hijo dígame, ayúdeme a buscarlo”. Poco a poco el mitin se va convirtiendo en un lamento interminable de madres, esposas o hijos que suplican que les devuelvan a sus parientes.

Historias encontradas se narran en esta coexistencia del dolor. Quienes denuncian a los policías por desaparecer, torturar y hasta matar a sus hijos, y otros, esposas o madres de policías que cuentan la otra parte de esta violencia en Nuevo León: los levantones de agentes.

Una mujer da cuenta del levantón de su esposo José René, policía de Santa Catarina, en aquel aciago 2007 para la corporación del municipio, cuando se llevaron al menos seis integrantres y desde entonces nadie ha sabido más de ellos, ni las corporaciones para las que trabajaron, que ahora se deslindan totalmente.

En Durango, la noche del domingo, la caravana se encuentra con una primera expresión de quienes residen en el norte; percibe mayor desesperación, hartazgo e impotencia porque la violencia no cede, se incrementa, por más policías y soldados que mande el gobierno federal.

“¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está Dios?”, clama una mujer desesperada por la muerte de su hijo, sin respuesta en esta entidad, donde las narcofosas han sembrado miedo y zozobra de terminar así, enterrados sin que nadie sepa su destino hasta que la casualidad permita descubrirlos con terror y se inicie un largo y tortuoso laberinto legal para identificar el cadáver.

También aquí aparecen los familiares de otras víctimas, esposos o hijos que eran policías y fueron levantados, desaparecidos o asesinados. Tampoco ellos tienen justicia, como denuncia Flor Susana Gómez, esposa de un agente asesinado, que ha tocado puertas para esclarecer el caso, sin respuesta.

“Hoy sobrevivo con 6 mil pesos de pensión para sostener a tres hijos y no me alcanza”, lamenta luego de buscar infructuosamente respaldo en el gobierno estatal. Maldice a los gobernantes para quienes trabajaba su marido, que ahora no le dan apoyo a ella como a otras 80 viudas: “no, ya no hay que pedirle dinero al gobernador ni a nadie, porque no hay respuesta. Ahora hay que ir con los Guzmán o los Zambada para ver si ellos son más sensibles y nos dan el dinero para sobrevivir”.

Aunque la violencia ha golpeado sin tregua a Durango, la gente tiene claro que la militarización no es la ruta y cuestionan una y otra vez al presidente Felipe Calderón. Una mujer a la que una confusión oficial le mató a sus tres hijos reprocha con furia la actuación presidencial: “él tiene quien le proteja a sus hijos, pero nosotros, los jodidos, sólo tenemos a Dios. A mí una confusión me arrancó a mis hijos, me arrancó mi vida. Me dicen que ya deje de buscarlos, porque me van a matar; quizá sea mejor, porque me voy con ellos”.

A nombre de los organizadores de la caravana habla Julián Lebarón, quien cuestiona: ¿dónde está la justicia? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a actuar, hasta que en esas mantas, en esas fotos aparezcan nuestros familiares o quizá nosotros mismos?” Es una convocatoria a sumarse al movimiento en su camino a Ciudad Juárez.

Es la medianoche y el poeta Javier Sicilia evoca a otro poeta, Miguel Hernández: “Andamos entre rastrojos de difuntos. Su muerte nos duele más que nuestra propia vida”.

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