“No somos daños colaterales; tenemos nombre y familia”, reclaman deudos de las víctimas

Esperanza y obstinación en Chapultepec

La Jornada

“Mi nombre es Yolanda Morán, vengo de Torreón. Mi hijo desapareció hace dos años, seis meses y cuatro días, tiene 34 años y es padre de cuatro hijos. No se le puede llamar baja colateral. Es mi hijo, uno más de los 185 desaparecidos en Coahuila, ninguno rescatado y cada día desaparecen más. No se apellidan Martí, ni Wallace, ni Fernández de Cevallos, pero los amamos igual… No los den por muertos, no los busquen en fosas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.”

Su testimonio fue parte del apretado recuento hecho por deudos de víctimas que ante el presidente Felipe Calderón reclamaron fin a la impunidad, detener la guerra contra el narcotráfico y la verdad acerca del destino de sus parientes asesinados, levantados o desaparecidos. Sólo fueron cinco, dado el formato del diálogo con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pero elegidas para dar el mosaico de víctimas en el país.

Hablaron madres de desaparecidos, representantes de Ciudad Juárez reclamando los feminicidios, indígenas de Cherán reprochando la complicidad gubernamental en la depredación de sus tierras, parientes de policías y militares cuestionando a Calderón la impunidad en los asesinatos o desapariciones para quienes trabajaron en su gobierno.

Madre de una joven asesinada en Chihuahua, Norma Ledezma, integrante de Justicia para nuestras hijas en Ciudad Juárez, trajo a colación uno de los casos extremos de esa entidad: “en diez años he ayudado a entregar decenas de los restos de sus hijas a sus madres, pero nunca imagine que entregaría una madre a sus hijos, Marisela Escobedo, cuyos hijos huyeron al extranjero ante la incapacidad del Estado de garantizar su seguridad. Marisela vino a México y le pidió una audiencia y usted no la recibió. Ella ubicó al asesino de su hija en Zacatecas y la Policía Federal lo encubrió y lo sigue encubriendo para favorecer a las corporaciones del crimen organizado, los jueces de Chihuahua lo dejaron libre”.

Sin aludir a la audiencia no concedida, el Presidente dijo: “con mucho gusto yo me aplico para ver el caso y revisar si hay elementos de protección indebida de autoridades, entrar por otra parte para que se haga justicia en el caso de Marisela”.

En su intervención, Ledezma denunció también la trata de mujeres que ha sido denunciada ante la Procuraduría General de la República. “Por ejemplo, están los casos de Perla Aguirre, Yanira Zayre y Adriana Sarmiento, sólo por mencionar algunas. No son cifras, son mujeres desaparecidas que tenían una vida por delante, pero la impunidad ampara y protege a los delincuentes”. Cuestionó el incumplimiento del fallo sobre el Campo Algodonero –donde se halló a 8 mujeres asesinadas– que refleja la falta de compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos de las mujeres.

Araceli Rodríguez Nava denunció la desaparición de su hijo, un policía federal, en Michoacán hace dos años, cuestionó la secuela de injusticia e impunidad que siguió a su reclamo de que se esclareciera la desaparición, al punto de ser echada del cuartel de las fuerzas federales, por su insistencia. Hay cientos de casos de policías federales, estatales, municipales, militares en la misma situación y en los que no se ve voluntad política de esclarecerlos.

“No pretendemos como familiares de policías o militares cuestionar la lucha contra la delincuencia, pero señor Presidente, los muertos, el luto, la desaparición la sufrimos día con día. ¿Por qué empeñarse en una estrategia cuyos saldos son totalmente negativos?” Denunció la colusión de empresarios y políticos con el crimen organizado y terminó su intervención con un reclamo: “hace unas semanas vimos una telenovela donde se exaltaba a la Policía Federal, vimos computadoras, tecnología de punta que existe en el centro de mando, ¿por qué usarlo en una seria de Televisa y no para encontrar a nuestros familiares?”

María Elena Herrera, de Michoacán, denunció la desaparición de 4 de sus hijos y habló en nombre de miles de madres “desgarradas por el dolor de la desaparición de sus hijos” y que están sufriendo los estragos de esta guerra. Dijo que organizaciones no gubernamentales han denunciado hasta 3 mil desaparecidos. “Yo siento que son más, en mi pueblo son 19”; aludió a migrantes, jóvenes en diversas entidades del país que, en el mejor de los casos, se les pide rescate, en otros, se les encuentra en fosas clandestinas, con una constante: “grupos criminales y cuerpos de seguridad de gobiernos federal, estatales y municipales coludidos”.

Superar el miedo, dijo, es el primer paso, después superar la humillación de las autoridades. “En muchas ocasiones nos animamos a denunciar a criminales y políticos, pero sólo conseguimos humillaciones y maltrato”, en tanto que policías que denuncian a sus jefes son misteriosamente desaparecidos.

En este contexto cuestionó que las únicas opciones que tienen los jóvenes “son aquellas que los condenan a morir ante falta de oportunidades, los orillan a sumarse al crimen organizado”.

Al término del encuentro Calderón se entrevistó en privado con María Elena Herrera.

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