En Coahuila piden subprocuraduría especializada en desapariciones

MONTERREY, Nuevo León (CNNMéxico) — Familiares de personas desaparecidas en el norteño estado de Coahuila exigieron al gobierno federal la creación de una subprocuraduría especializada para investigar los casos de desapariciones, como parte de un programa integral de atención a víctimas de la violencia.

Los familiares acordaron con el gobierno la atracción de los casos por la Procuraduría General de la República (PGR) y pidieron la creación de un programa emergente de búsqueda y de una base de datos de desaparecidos.

“Lo que estamos solicitando es que se empiece primero en el estado y luego se haga algo a nivel nacional”, explica Jorge Verástegui, coordinador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila (FUUNDEC).

“El acuerdo es que todos los casos sean atraídos de forma inmediata, pero lo que nos comentan es que va a ser de forma gradual, por cuestiones administrativas”, continúa el joven activista, “con el acuerdo al que llegamos creemos que al menos hay una esperanza de que puede haber resultados”.

El acuerdo y las exigencias se discutieron el pasado 23 de junio entre representantes del gobierno federal con un comité de FUUNDEC, después del diálogo que entabló el presidente Felipe Calderón con integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia.

Al término del evento, el comité se reunió con la procuradora general, Marisela Morales, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, el subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe Zamora, y el titular antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Rodrigo Archundia.

Verástegui espera que de crearse la dependencia, suplirá la carencia de resultados en las investigaciones que en este momento tiene la Fiscalía del Estado de Coahuila.

La procuradora general y el secretario de Gobernación tendrá tentativamente su próxima reunión con FUUNDEC el próximo 23 de julio en la ciudad de México, para revisar la cantidad de casos atraídos por la PGR, y repasar las exigencias de la subprocuraduría, el programa de búsqueda y la base de datos.

FUUNDEC se creó en 2009 con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, ubicado en la capital de Coahuila, Saltillo, y se encarga de documentar los casos de desapariciones forzadas en el estado, que para el pasado 24 de junio ascendían a 186.

Coahuila es uno de los estados donde los organismos civiles tienen registradas más desapariciones que las autoridades. De las entidades fronterizas del norte de México, es la que tiene menos homicidios relacionados con la delincuencia organizada desde que empezó la administración de Felipe Calderón, pero desde marzo de 2011 la violencia empezó a crecer con balaceras y ejecuciones en la vía pública.

El ex gobernador y actual presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, prometió a los familiares de las víctimas la creación de una comisión especial para investigar las desapariciones, pero nunca se concretó. Hasta inicio de 2011, la PGR se integró a los trabajos de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía estatal.

Una desaparición forzada es la privación ilegal de la libertad de una o más personas cometida por las autoridades, individuos o grupos que no dan a conocer el paradero del desaparecido e impiden el ejercicio de garantías, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde 2001 está tipificada en el código penal federal y ocho entidades la contemplan en sus marcos jurídicos.

La necesidad de una base de datos

La creación de una base de datos con información biométrica surge en un contexto en el que más de 5,000 personas han desaparecido en el país desde 2006, de acuerdo con el último informe en la materia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió en marzo pasado que el gobierno mexicano creara una base de datos a nivel nacional alimentada por las procuradurías y fiscalías estatales, además de elaborar un protocolo de búsqueda de personas.

“Hay que esperar que las autoridades muestren signos claros de buena voluntad, porque no les estamos pidiendo una acción de generosidad, estamos pidiendo que hagan su trabajo”, recalca la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Blanca Martínez.

La activista cuenta que la presión social que generó el “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad” generó las condiciones para entablar un diálogo con las autoridades federales, pero que FUUNDEC lo había solicitado desde hace casi dos años y medio.

En la base de datos se incluiría información biométrica de las víctimas, como el Ácido Desoxirribonucleico (ADN), muestras de sangre y tejido. La PGR intensificó el cotejo de esta información cuando se descubrieron a lo largo del año fosas cladestinas en Tamaulipas y Durango.

“En Cohuila no pasa nada”

Durante el diálogo que Calderón sostuvo con Sicilia, el presidente señaló que “hay un grave problema de desaparecidos, aunque para algunos en Coahuila no pasa nada”.

Martínez asegura que el reconocimiento de Calderón, a pesar de la franqueza, es muy grave, porque al mismo tiempo reconoce una omisión del Estado.

Verástegui espera que estas muestras del gobierno federal ayuden a visibilizar la problemática de Coahuila a nivel nacional y que deriven en investigaciones verdaderas.

Por otro lado, el gobernador Jorge Torres desconoció al día siguiente la declaración de Calderón y aseguró que él había entablado en tres ocasiones juntas con los familiares de desaparecidos, según recogieron medios locales.

“Tenemos reunión con cada una de las familias para que se vaya revisando el caso, para que se vaya revisando los avances y que estén informadas las familias sobre lo que se está haciendo”, dijo el mandatario al periódico Vanguardia.

A esta postura se sumó el diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Ramírez, pero FUUNDEC refutó públicamente las declaraciones del legislador y gobernador.

 

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