Analizan crear una fiscalía contra desapariciones

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de julio.- La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que el gobierno federal no minimiza ninguno de los casos de desaparecidos en el país y reconoció que hay al menos 184 casos que están siendo analizados por la Procuraduría General de la República (PGR), más los que sean denunciados por familiares.

Lo anterior después de concluir la reunión de poco más de tres horas de familiares de desaparecidos con autoridades federales en las instalaciones de Bucareli.

“La gran mayoría de las desapariciones que tenemos son derivadas de la actuación de la delincuencia organizada, esto de ninguna manera que pretendamos encubrir a ninguna autoridad, en los casos en que han sucedido abusos se tienen que investigar y se tienen que castigar”, aseguró el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro.

El encuentro fue encabezado por el titular de la dependencia, Francisco Blake Mora, y la subprocuradora de Delincuencia Organizada de la PGR, Patricia Bugarín, con alrededor de 150 familiares de desaparecidos.

A la reunión asistió también el secretario de Gobernación, Francisco Blake.

El encuentro no generó avances en dos de las principales peticiones de los afectados: la creación de una subprocuraduría especializada y la atracción de todos los casos por parte de la PGR.

“En esta mesa tenemos, hasta el día de hoy, 184 casos que ya hemos ido analizando, más los que se fueron sumando en las presentaciones que nos hicieron el día de hoy (ayer), que estamos en espera de que junto con ellos vayamos construyendo las tablas con los casos concretos”, detalló Zamora Castro.

El subsecretario indicó que se analiza la creación de un mecanismo que pudiera ser una fiscalía o una subprocuraduría especializada en la atención de casos de desaparecidos.

“El gobierno federal acepta y reconoce la necesidad de darle un seguimiento especial a estos casos. La única discrepancia es sobre qué tipo de órgano o qué nombre se le va a poner al mismo. Pero está claro que se integrará personal especial de la PGR para darle seguimiento a los casos”, expuso.

Sobre si se atraerán todos los casos a la procuraduría, indicó que “no necesariamente conviene que todos se atraigan a ésta”.

Señaló que “junto con el equipo de abogados que vamos a construir con ellos vamos a determinar qué casos conviene que atraiga esa dependencia y cuáles sean llevados por las fiscalías de los estados”.

Jorge Berástegui y Yolanda Morán, de Unidos por los Desaparecidos en Coahuila, señalaron que no les queda clara la respuesta del secretario de Gobernación y de la subprocuradora sobre por qué no se atraen todos los casos a la Procuraduría General de la República (PGR).

“Están argumentando que no pueden ejercer la facultad así nada más porque sí, que los tienen que analizar, que tienen que ponerse en coordinación con las procuradurías locales”, expresó Morán.

En ese sentido, Zamora Castro aclaró que no existe una negativa de las autoridades federales para crear un organismo que atienda de manera específica y con personal especializado los casos de las desapariciones, así como un análisis que permita ver cuáles de los casos deben ser atraídos por la PGR y cuáles tienen avances en las procuradurías locales.

Los representantes de la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec) reconocieron la voluntad de las autoridades aunque lamentaron no salir con una respuesta favorable a todas sus peticiones.

“Conforme hemos ido por el camino nos hemos encontrado con los desaparecidos a nivel nacional, ya está el estado de Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, todos ya se acercaron a nosotros y ahorita hemos hecho las peticiones por los desaparecidos a nivel nacional, ya no nada más es por el Fundec”, aseguró Yolanda Morán, de esa organización.

Lamentaron la ausencia de la procuradora general de la República, Marisela Morales, debido a que la mayoría de los asuntos tenían que ver con la dependencia a su cargo.

Los puntos que se trataron durante la sesión fueron la atención integral de cada caso con un programa emergente de búsqueda, la creación de un centro de reporte de investigación con cédula de identificación de cada caso, la atracción federal inmediata, así como la creación de una subprocuraduría especializada, una de las peticiones principales de los familiares de las víctimas.

Además, la aplicación de un protocolo de investigación en toda la República, un programa federal de atención a víctimas de desaparición forzada y la aceptación de las recomendaciones preliminares del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas involuntarias de Naciones Unidas.

Los siete puntos presentados son factibles, señaló Yolanda Morán, al considerar que todo es cuestión de voluntad política porque “ellos tienen el poder.

“Nuestro primer punto es la búsqueda inmediata de nuestros familiares”, concluyó la integrante de la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec).

La subprocuradora Patricia Bugarín mencionó que de los siete puntos que se le presentaron, sólo los casos de construir el nuevo mecanismo y la atracción de éstos siguen sin solución.

Celebró que hubo avances importantes en el resto, entre los cuales está la intención de atender en conjunto todos los asuntos, lo que implica que cada quien desde sus facultades, pero con la vigilancia de la autoridad federal, vaya revisando cada uno de los casos.

El encuentro entre familiares de desaparecidos y la representación de la autoridad federal había sido acordado desde hace un mes.

Beltrones apuesta por la paz social

El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, lanzó un mensaje en favor de la paz social.

“Sólo garantizando la paz de nuestro país, podremos alcanzar el perdón que todos necesitamos”, indicó el político priista a través de un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

Y añadió: “Lo único que garantiza la paz social es la justicia, entendida en todas sus dimensiones”.

El legislador enmarcó sus comentarios en el contexto del Díalogo por la Paz, cuyo tema o hashtag es #DialogoMX.

El senador Manlio Fabio Beltrones pidió que las reformas políticas no sean aplazadas en el Congreso de la Unión.

“Ante cifras que reflejan un incremento en la pobreza en México, sería mezquino aplazar reformas que impulsen la economía y el empleo”, indicó.

Las juntas de Coordinación Política del Senado y de la Cámara de Diputados se reunirán la próxima semana con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para definir los temas sobre los que se debe legislar.

Álvarez Icaza demanda ver trabajo hecho

A pesar de que calificó como “exitosa y positiva” la reunión que integrantes del Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad sostuvieron ayer en el Castillo de Chapultepec con miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Emilio Álvarez Icaza, integrante de este movimiento ciudadano, dijo que el reto ahora “será llevar las palabras a los hechos”.

Destacó que el acto puso en evidencia “que los legisladores no han estado a la altura de la realidad que vive el país”.

El ex ombudsman capitalino enfatizó que salió a flote la insensibilidad de los legisladores ante las dolencias de las miles de familias de las afectados “que no sólo son víctimas de la delincuencia organizada, sino que son injustamente tratadas por las instituciones públicas, que no las defienden en materia de seguridad y que no las protegen en materia de justicia, y que no son solidarias con aquellos que se ven obligados a desplazarse por amenazas del narco”.

Entrevistado por Martín Espinosa, para Grupo Imagen Multimedia, Álvarez Icaza remarcó que después de escuchar muchos sí por parte de los legisladores, sobre todo el compromiso de los legisladores de aprobar la reforma política y avanzar conjuntamente en iniciativas, como la legislación de protección a víctimas del delito, el siguiente paso será poner en práctica estos compromisos porque a “las palabras se las lleva el viento”.

“El hecho de apostarle a la palabra es creer que va a pasar algo, porque entonces el que cumplieran con lo prometido sí sería algo de carácter histórico. No queremos que nos digan que sí en público y que por la vía de los hechos, o en pasillos o en los trabajos de comisiones nos digan que no”.

El ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF recalcó que a pesar de la buena disposición de los legisladores de asumir su responsabilidad por la situación que vive el país, por acción o por omisión “hubo muchos silencios respecto a la no aprobación de la Ley de Seguridad Nacional que envió el Ejecutivo Federal”.

“Nosotros insistimos en el tema de que no se apruebe en los términos en que se envió, porque nos parece muy peligrosa”, dijo Álvarez Icaza, al afirmar que en caso de ser así se legitima de forma indebida este contexto de guerra que ya lleva más de 40 mil víctimas.

Lo que propone el movimiento es que la iniciativa del presidente Felipe Calderón se deseche y se conforme otra en términos de construcción colectiva con especialistas.

Aseguró que el PRI, con mayoría en el Congreso, sólo dio respuestas tibias respecto a la no aprobación de la Ley de Seguridad: “El PRI fue claro, pero no fue contundente en decirnos qué va a pasar, tampoco nos respondieron sobre la creación de la Comisión de la Verdad”, dijo.

Mencionó que la próxima semana se realizarán reuniones con las juntas de Coordinación Política de senadores y diputados para establecer un mapa de rutas y de iniciativas.

Además, se buscará alcanzar una reunión con el Poder Judicial y los gobernadores.

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