Los desaparecidos tomaron Bucareli

Parecían gente normal, gente llana, gente como cualquier otra, algunas amas de casa de edad madura, acompañadas de otras tantas mujeres jóvenes, además de un reducido grupo de muchachos y de señores que, todos juntos, no sumaban más de 80 personas.

Parecían inofensivos.

Arribaron al antiguo Palacio de Cobián andando lentamente, marchando hasta la colonia Juárez provenientes de la aledaña San Rafael, aunque en realidad han llegado aquí, a la sede de la Secretaría de Gobernación, tras un camino aún más largo, que algunos emprendieron en Coahuila, Durango y Nuevo León, mientras que otros lo hicieron desde Zacatecas, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.

Sus nombres fueron inscritos en una rigurosa lista, que es como una llave con la que se abren (solo para ellos) las puertas del antiguo edificio desde el cual es dirigida la política interior del país.

Ingresan aún con el rostro desencajado y dentro aguardan, pacientemente, a que la manecilla del reloj se detenga en el número 13.

Es entonces que fuera inicia la lluvia… y, dentro, ellos comienzan a transformarse: los viejos parecen rejuvenecer y los jóvenes adquieren rasgos de adulto. Las madres se convierten en sus hijos e hijas y las esposas en sus maridos. Incluso, el grupo se multiplica, deja de ser un puñado menor a la centena y, de un segundo para otro, se tornan en los 185 hombres y mujeres que, paradójicamente, han sido buscando sin descanso desde meses y años atrás por sus familiares.

Se trata de los desaparecidos de la guerra contra el crimen organizado. Aquellos de los que no quedó rastro luego de topar con un retén de sujetos armados, o que fueron secuestrados por policías ante la vista de testigos y que nunca más volvieron a casa, son los padres, madres, cónyuges, hijos e hijas, hermanos y hermanas que, en voz de sus familiares, han llegado a Bucareli y que encaran a Francisco Blake, luego de que hace su aparición en el salón Jesús Reyes Heroles.

Familiares de desaparecidos encaran a Blake, enarbolando los rostratos de sus padres, hijos, maridos y hermanos.

Lo que es…

Blake los mira de frente, reunidos como están en la butaquería ubicada medio metro debajo de él. Es una mirada fría la que tiene para el grupo de ciudadanos, todos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

“Recibimos con los brazos abiertos a quienes vienen aquí”, les lanza el secretario de Gobernación, a cuya diestra se apostan Carlos Reynoso (de la Unidad de Gobierno, de Segob) y Felipe de Jesús Zamora (subsecretario de Asuntos Jurídicos), mientras que a siniestra quedan Patricia Bugarín (subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) y José Cuitláhuac Salinas (coordinador de asesores de la procuradora General de la República, Maricela Morales).

Las orillas del podium son para Juan López y Yolanda Morán (de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Fundec), el obispo de Saltillo y defensor de los derechos humanos, Raúl Vera, así como para Jorge Verástegui, Lourdes Valdivia y Ángeles López, familiares de víctimas de “desaparición forzada”.

–Pero no en todos los casos debemos ceñirlos a la desaparición forzada –argumenta Blake–, porque ésta es la perpetrada por autoridades, y no es el caso de todas las víctimas.

Es Verástegui quien responde a este planteamiento.

–Para definirla así –aclara el joven activista–, nosotros nos basamos en el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, donde si bien se habla de que ésta tiene que ser perpetrada por gente del Estado, también puede ser perpetrada por grupos que operan con aquiescencia, convivencia o complacencia del Estado, y nosotros podemos decir que, al menos en el norte del país, la autoridad local está permitiendo las desapariciones.

Blake, interpelado por familiares de víctimas.

Los que son…

Unos dicen que son 10 mil, otros que 20 mil… otros afirman que son menos los ciudadanos que han desaparecido, desde que el presidente Felipe Calderón emprendió hace cuatro años lo que él mismo calificó como “guerra” contra el crimen organizado.

Pero, si bien no existe una estadística confiable, Verástegui afirma que sí es posible trazar la silueta de las víctimas.

“Su edad promedio es de 30 años, mayoritariamente hombres, trabajadores con familias dependientes, profesionistas y comerciantes; algunos han sido desaparecidos en grupo; muchos, víctimas en tránsito carretero. En su búsqueda ha resultado nula la actuación de las autoridades, habitualmente las procuradurías se deslindan de la persecución de este delito, sea el estado de la República que sea; no se inician las averiguaciones previas cuando los familiares denuncian la desaparición, sino que sólo levantan actas, y para no investigar, las autoridades afirman que se trata de levantones (relacionados con el crimen organizado).”

Y Juan López agrega: “No importa si es soldado, policía, delincuente o ciudadano inocente, a un desaparecido igual lo busca su familia.”

Uno de los familiares que participa en el acto, sin embargo, se apresta a aclarar que “este movimiento fue muy cuidadoso y sólo traemos casos de personas sin antecedentes criminales, que fueron víctimas de desaparición forzada.”

Pancarta desplegada en el encuentro entre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el Poder Legislativo, el pasado jueves.

Lo que será…

Formalmente, el encuentro arranca con la protesta de Yolanda Morán, quien con tono suave pero conciso reclama “la ausencia de la procuradora General de la República, Maricela Morales, titular de la dependencia que debe dar respuesta a 90% de las exigencias que traemos”.

Y es que, aunque ya estaba pactada su asistencia, la encargada de la PGR canceló “un minutito antes de que entráramos –según explica Patricia Bugarín, titular de la SIEDO–, porque tuvo que salir a una comisión fuera del país.”

–Seguramente tuvo otros asuntos fundamentales –remata Blake.

Aún así, las siete demandas de las víctimas son planteadas: 1) el establecimiento de un programa emergente de búsqueda de desaparecidos; 2) realizar un censo de todos los reportes de desaparición presentados en el país; 3) la creación de un área de la PGR que se encargue exclusivamente de investigar cada reporte, y cuyos fiscales sean avalados por el Movimiento por la Paz; 4) crear un protocolo único para la investigación de estos casos, que aplique en todo México; 5) la conformación de un sistema de atención a familiares de desaparecidos, que cubra sus necesidades de salud, educación, vivienda y trabajo; 6) aceptar las recomendaciones formuladas por el grupo especial de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas y 7) que la PGR atraiga las pesquisas de todas las denuncias presentadas en este rubro a nivel estatal.

Los primeros cinco puntos fueron aceptados por la autoridad, pero los dos últimos fueron descartados… incluso aduciendo demencia.

“Estoy de acuerdo en lo urgente –espeta el secretario de Gobernación– y en que tenemos que trabajar a fondo, pero me están pidiendo atraer todos los casos, ¿cuáles casos? Yo no sé si son todos los homicidios, todos los secuestros o todas las desapariciones”.

Es a gritos que los familiares de víctimas de desaparición forzada devuelven al funcionario a la realidad.

Entonces, Blake intenta con otro argumento: “Hay que seguir concretando pronunciamientos específicos sobre cada caso, para definir si son atraídos por la PGR o si la investigación permanece en manos de las procuradurías estatales, en las cuales también se impulsan avances. Me he reunido con gobernadores, he ido a la conferencia de procuradores, les hemos dado recursos para que tengan posibilidad de certificar y crear un centro de control de confianza para evaluar la labor de los ministerios públicos locales”. De ahí, ni los testimonios más dolidos logran moverlo.

–Nos ofende que digan que van a trabajar con las fiscalías estatales, que nos han ignorado por años –le explica un hombre de edad avanzada, y después narra la más reciente amenaza sufrida–. A mi hijo lo desaparecieron policías municipales, cómo confiar en la investigación que se haga a nivel local. De hecho, acabo de recibir una llamada anónima, en la que un sujeto me dijo tener información sobre mi hijo y luego puso al teléfono a otra persona, que emitía gemidos, como si no pudiera hablar, como si lo estuvieran torturando, ¿se imagina el riesgo que corremos las familias?”

El que se fue…

Con el tiempo encima, el obispo Raúl Vera pide el micrófono, para disculparse, ya que debe partir, aunque el encuentro entre la Secretaría de Gobernación y el Movimiento por la Paz aún no termina.

Pero no desea irse sin hacer un último comentario al encargado de Bucareli.

“Señor secretario –dice lentamente–, el Estado mexicano aquí tiene una oportunidad para desligarse de todas estas complicidades que son comprobadas por las víctimas, una oportunidad para demostrar que quienes dirigen el país tienen capacidad para responder a las demandas ciudadanas… esto es una oportunidad de oro…”

Luego, Vera se va, en medio de un aplauso nutrido de las víctimas. Y, poco después, éstas, con cinco demandas aceptadas, de las siete que plantearon, vuelven a ser padres y madres, hijas, hijos, hermanos y hermanas afligidas por la ausencia de un ser amado.

Y con sus cinco acuerdos en la bolsa, aunque sin fechas claras de concreción, antes de las 17:00 horas se ven de nuevo con los pies plantados sobre las húmedas calles de la capital mexicana.

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