La falta de investigación es un mensaje de impunidad: Rupert Knox

El enviado de Amnistía Internacional pide proteger al obispo de Saltillo, Raúl Vera

Lucía Sánchez

La nueva Fiscalía Especial para investigar la desaparición de personas en Coahuila es buen paso, pero insuficiente mientras las autoridades no evalúen los avances y oculten datos relevantes, dice. Demanda mecanismos eficaces de protección a los defensores de los derechos humanos.

Hasta hace poco tiempo, los pedidos de protección para defensores de derechos humanos por parte de Amnistía Internacional (AI) a las autoridades mexicanas se concentraban en el sur del país, pero el aumento de agresiones en los estados del norte, como las sufridas por Belén Casa del Migrante, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan Larios y el obispo Raúl Vera, en Saltillo, han captado la atención de la organización no gubernamental.

Para conocer las acciones tendentes a prevenir los atentados y el avance de las investigaciones por desapariciones forzadas y delitos contra emigrantes, Rupert Knox, representante de AI, visitó Coahuila el 18 de julio. En Saltillo se reunió con el secretario de Gobierno, David Aguillón.

En el Centro Fray Juan Larios declaró que Amnistía Internacional no aprecia resultados concretos en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado sobre más de ciento sesenta desaparecidos documentados en Coahuila.

Sin embargo, aclara que lo mismo sucede a escala nacional y que a cinco años de la administración de Felipe Calderón, no se ha avanzado en la protección de los defensores, aun cuando fue un compromiso adquirido en el ámbito internacional, el cual esperan se concrete de forma definitiva en próximas fechas.

“Hay mucho qué hacer, se debe establecer un mecanismo eficaz de protección, un mecanismo contra la intimidación de los migrantes y sus defensores, y es evidente que tiene que involucrarse también la sociedad civil en este diseño de medidas”, indica.

Knox constató la inseguridad que rodea a Belén Casa del Migrante. Denunció que las medidas acordadas con las autoridades no se han cumplido en su totalidad, situación que reportó al secretario de Gobierno.

Con respecto a la Fiscalía Especial para la Investigación de Asuntos de Personas Desaparecidas, creada en la entidad a fines de abril, admite que es positiva, pero que hasta ahora sólo existe el compromiso de retomar las investigaciones, no de evaluar sus resultados. “¿Cómo se pueden retomar sin primero evaluar qué pasó con las investigaciones originales? Por lo tanto, no podré señalar ningún proceso disciplinario o penal contra funcionario alguno con las investigaciones originales de ciento sesenta expedientes, solamente muestro una preocupación porque no se ve cómo se va a mejorar la investigación sin primero evaluar la calidad de las investigaciones anteriores”.

El representante de AI precisa que “muchas de estas investigaciones, cuando se dan, no tienen resultados ni intenciones de llevar a los responsables ante la justicia. Entonces se manda un mensaje de impunidad ante estos hechos”.

¿Qué respuesta obtuvieron por parte del gobierno de Coahuila?

La evaluación preliminar indica que es positiva la creación de la Fiscalía Especial, pero no se ven al momento resultados concretos. Tampoco se ve voluntad de revisar las primeras investigaciones, que no dieron resultados. Sólo hay el compromiso de retomar las investigaciones. Es interesante, porque ¿cómo se pueden retomar sin primero evaluar qué pasó con las investigaciones originales?

Quiero resaltar que estuve aquí hace cinco años, uno de los grandes cambios es la actual violencia en el contexto social, pero otro de los cambios ha sido el fortalecimiento del comité y la comunidad de defensores de derechos humanos. Estos defensores, liderados por Raúl Vera, han sido un paso fundamental para fortalecer los derechos humanos aquí, en proporcionar una vía para que familiares de personas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos y quizá de la falta de acción por parte del estado, tengan un recurso de acudir y reclamar.

El trabajo de Amnistía, desde lejos, pues es una organización internacional, consiste en apoyar estos esfuerzos de la sociedad civil que realmente muestran un nivel de compromiso ante la situación de riesgo que va a proteger los derechos humanos de los más vulnerables, como los familiares de las personas desaparecidas. Los medios tienen un papel importante en destacar la actuación fundamental de los defensores de derechos humanos, como la dignidad de los migrantes en su tránsito por México.

¿Qué abusos reportan los migrantes y sus defensores en Coahuila?

El último hecho es que un voluntario y varios migrantes iban en camino cerca de la Casa del Migrante y sufrieron una agresión por varias personas armadas. Cuando planteamos este hecho a las autoridades y les preguntamos qué acciones habían tomado, cómo iba la investigación, nos dijeron que no tenían ni avance ni conocimiento de ese incidente. Me parece que ese tipo de cosas son importantes, proporcionar medidas de protección, pero también procesos de investigación.

Muchas de estas investigaciones, cuando se dan, no tienen resultados ni intenciones de llevar a los responsables ante la justicia, entonces se manda un mensaje de impunidad ante estos hechos. La propia Casa del Migrante puede señalar los hechos que les han acontecido, de las agresiones que han sufrido.

Del lado de los migrantes es un asunto interesante porque no pudimos detectar una política del estado en cuanto a la experiencia de ellos. Sólo puedo señalar que tienen dos casos de migrantes secuestrados en el estado. Desde su perspectiva sólo hay dos casos, cuando es reconocido que el patrón de secuestros es una cosa que se ha dado mucho en estas regiones. La cifra exacta de migrantes secuestrados es difícil de obtener, pero es lógico que dos casos no sean posibles.

La Fiscalía del Estado no tenía una política especial en cuanto a atención a migrantes, no tiene una política de coordinación con el gobierno federal, con el Instituto Nacional de Migración, con la PGR. No podría señalar que tiene una política de prevención o de investigación eficaz contra los derechos de los migrantes, como el secuestro. Fue una pregunta de nosotros porque el año pasado el gobierno federal, luego de encontrar los cuerpos en San Fernando, Tamaulipas, instaló una política a nivel nacional de cooperación para combatir el secuestro de migrantes. Uno de los puntos era el fortalecimiento de la coordinación con las fuerzas estatales y municipales, lo que no se ha visto.

¿Qué responde ante las amenazas contra el obispo de Saltillo?

Es importante que se tomen las medidas necesarias para que pueda seguir con su labor. En esto, el Estado tiene la función de salir y reconocer el derecho de cualquier defensor de derechos humanos, sea obispo o lo que sea. La obligación del Estado es garantizar la integridad de su persona. Don Raúl debe ver por sí solo qué tipo de acciones va a solicitar o no, respetamos su decisión de no presentar denuncia. El papel de Raúl Vera es fundamental, hay que evaluar la situación actual para que siga con su trabajo y que el Estado lo apoye en la medida de garantizar ese espacio para la protección y defensa de los derechos humanos. Cuando nosotros solicitamos medidas de protección urgentes es siempre en base de lo que quiere la persona afectada. Si don Raúl no lo desea, no vamos a solicitarlo. Lo que nosotros hacemos es invitar a las autoridades a que se pongan de acuerdo con la persona afectada para que implementen las medidas adecuadas, pero en base a lo que determine la persona afectada. Él sabe el entorno en que trabaja, tiene nuestro reconocimiento, pero el apoyo oficial siempre es importante.

¿Habrá nuevas reuniones con las autoridades del estado?

Sí, lo que tenemos ahora son impresiones preliminares. Algunos asuntos que surgieron en la reunión tendrán seguimiento, vamos a intentar hablar más de casos en concreto. La reunión en sí fue una apertura de diálogo con las autoridades, esperamos continuarlo para tener más información y ver las acciones que en los próximos meses tomará la Fiscalía respecto a los casos de las personas desaparecidas y los secuestrados, así como de las medidas proporcionadas para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos.

¿Cuál es el patrón de agresiones contra ellos?

Nosotros publicamos un informe el año pasado, a principios de 2010, justo para destacar las agresiones y hasta los asesinatos contra defensores de derechos humanos en diferentes lugares de la República. Lo mismo hizo el alto comisionado de las Naciones Unidas. Es evidente que ha habido un aumento en las agresiones. Las medidas federales y estatales para garantizar la protección o la investigación no son suficientes. A nivel nacional hay una directiva de protección de derechos humanos firmada por el presidente y publicada en el Diario Oficial, luego de la visita del alto comisionado de Derechos Humanos, que vemos como paso interesante y positivo. Pero al final, lo que cuenta es que en los casos concretos ya empiecen a poner medidas de protección eficaces.

¿Qué opina del cierre de casas de emigrantes, como aconteció en San Luis Potosí?

Es lo que pasa cuando no hay las condiciones de seguridad para que puedan seguir realizando su trabajo en defensa de los derechos humanos, es una consecuencia también de la falta de investigación. La intimidación y las amenazas contra el albergue de San Luis Potosí han conducido a esta terrible situación, porque implica la falta de defensa de los migrantes. El cierre los expone a más secuestros y abusos. E4

Fiscalía Especial:

20 localizados

El 21 de abril pasado, mediante un acuerdo del fiscal general Jesús Torres Charles, se creó la Fiscalía Especial para la Investigación de Asuntos de Personas Desaparecidas encargada de atender las denuncias relacionadas con desapariciones forzadas en la entidad.

En julio, José Juan Morales, uno de los tres agentes del Ministerio Público a cargo de la dependencia, declaró a Milenio Laguna que han logrado ubicar y localizar a más de veinte personas.

Uno de los casos fue el que reportó en mayo la organización denominada Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC), de tres estudiantes de la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila. En ocho días fueron localizados y rescatados con vida, señala el rotativo.

En los considerandos del decreto para la creación de la nueva fiscalía especializada, Torres Charles apunta “actualmente en el país se ha incrementado el número de denuncias relacionadas con la desaparición de personas, situación que ha impactado a la sociedad y a la opinión pública nacional y local, siendo el Estado de Coahuila una entidad en la que sus pobladores también han resentido una situación de esta índole”.

Si bien asegura que en el caso de los desaparecidos en Coahuila, “el gobierno estatal ha mostrado su voluntad”, dice que “aún así, estamos conscientes de que persiste la demanda sentida y reiterada de la sociedad para que el gobierno mejore y fortalezca las acciones que garanticen la integridad y la libertad de sus ciudadanos”.

La nueva oficina depende del Fiscal Ministerial de Investigación y Operación Policial, Domingo González Favela. Tiene competencia para investigar y perseguir por sí misma los delitos que se actualicen con motivo de la desaparición de personas. También para coordinar y supervisar la investigación y persecución de estos delitos, que realicen otras dependencias de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, “para implementar las acciones de prevención y disuasión de los ilícitos relacionados con la desaparición de personas en coordinación con las instancias federal, estatal o municipal”. E4

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