Encaran familiares desdén por sus desaparecidos

Reforma.com

Daniela Rea

Ciudad de México.- Los familiares de desaparecidos se enfrentan a un laberinto burocrático en la búsqueda de los suyos.

El principal obstáculo para dar con su paradero resultan ser las mismas autoridades encargadas de la investigación, tanto federales como locales.

A Nepomuceno Moreno, padre de Jorge Mario, desaparecido en Sonora en 2010, el Procurador estatal Abel Murrieta Gutiérrez le dijo que pidiera el traslado del caso a la PGR porque la institución local no tenía personal, presupuesto ni capacidad para investigar.

Brenda Rangel Ortiz busca a su hermano Héctor desde el 10 de noviembre de 2009. Durante una reunión con familiares de víctimas de desapariciones, la Procuradora Marisela Morales pidió al director de secuestros de la SIEDO, Rodrigo Archundia, que le mostrara el expediente del caso. El funcionario sólo presentó la hoja de la denuncia.

En el marco del Día Internacional del Desaparecido, que se celebra este día, Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia que ha acompañado casos de desaparecidos, advierte que en el País persisten deficiencias estructurales para investigar las desapariciones, como la falta de coordinación y unificación de mecanismos de búsqueda a nivel nacional.

Para empezar, asegura, no existe un registro nacional sobre desaparecidos, ni siquiera una cifra oficial. La Procuraduría General de la República (PGR) registró 4 mil 277 en el “Programa de Apoyo a Familiares de Personas Extraviadas, Sustraídas o Ausentes”; la Secretaría de Seguridad Pública en el “Registro Nacional de Personas Extraviadas” tiene 2 mil 48 casos; y la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta 5 mil 397 casos.

Otra falla estructural, agrega Delgadillo, es la falta de una instancia a nivel nacional que atienda casos. Cada entidad responde a la denuncia según considere. En algunos levantan una acta circunstanciada de hechos y no advierten a la familia que eso no es una averiguación previa para iniciar la investigación; en unos inician la búsqueda de manera inmediata, en otros piden esperar las 72 horas que marca la ley.

La coordinación entre las procuradurías y la PGR también es deficiente, menciona.

Las entidades envías oficios a los estados para colaborar con la búsqueda, indica Delgadillo, pero éstas no responden la solicitud con eficacia y en los expedientes se acumulan oficios de diligencias inútiles.

“Las familias cargan con la desorganización nacional en el tema. No hay apoyo institucional (económico, legal o psicológico). Y las autoridades que inician una investigación, si en determinado tiempo no tienen resultados, envían los expedientes al archivo por falta de evidencia, siendo que el Estado es responsable de darle un resultado a las familias hasta que aparezca la persona, viva o muerta”, refiere Delgadillo.

Atienden contacto con Zetas, 2 años después

En el lobby de un hotel en Monclova, una pareja de esposos de más de 60 años se encontraron de madrugada con dos jóvenes vestidos de manera formal, quienes le extendieron la mano y se presentaron.

– Somos representantes de los Zetas. No tenemos a su hijo, pero le ofrecemos ayuda para encontrarlo. Vamos a agarrar a la gente impostora porque la plaza es nuestra-, les dijeron, recuerda la señora Guadalupe Fernández.

Su hijo José Antonio Robledo, ingeniero de ICA, desapareció en esa ciudad el 25 de enero del 2009. Un hombre llamado Joaquín Benito del Ángel, quien era jefe de seguridad de la constructora, les comentó que lo contactaron para pedir rescate y días después fue quien les presentó a los supuestos “zetas”.

Los padres sospecharon del intermediario y lo denunciaron ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila, pero el titular Jesús Torres Charles, les recomendó guardar silencio y no incluirlo en la averiguación previa 002/2009 de la desaparición.

Paralelamente, la familia inició ante la PGR la averiguación PGR/SIEDOUEIS/025/2009, donde hablaron de Benito del Ángel y el encuentro con los “zetas”. A pesar de eso, tuvieron que pasar casi dos años para que la autoridad hiciera caso a los padres e investigara al intermediario.

Del Ángel señaló a cuatro personas, una de ellas Carlos Enrique Haro Villarreal, en cuyo domicilio se encontraron armas exclusivas del Ejército y un folder con la frase “Caso Robledo”, que en su interior tenía una especie de “expediente” de todas las acciones que habían hecho los padres: denuncias, conferencias, protestas, recompensas.

Pese a la evidencia, el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales con sede en Toluca, retiró los cargos de delincuencia organizada y secuestro, dejando sólo portación de armas. La familia espera la apelación de la PGR.

“Durante todo ese tiempo, casi dos años, no nos creyeron. Perdimos tiempo valioso para dar con el paradero de mi hijo. Ahora ya los investigan, pero nos costó mucho dolor, muchas lágrimas. Lo que importa es encontrarlo”, señala Guadalupe.

‘Pida a la PGR atraer el caso’

Jorge Mario Moreno fue detenido el 1 de julio del 2010 junto con cuatro amigos en Ciudad Obregón, Sonora, a donde habían acudido de paseo. Según relata su padre, Nepomuceno Moreno, los jóvenes fueron detenidos por oficiales a bordo de patrullas municipales y llevados a una casa de seguridad.

Mario pudo escapar y llegó a una tienda de conveniencia desde donde se comunicó a su casa.

“Me dijo que tuvo problemas, que lo perseguía la Policía, que había logrado escapar y que acababan de llegar al Oxxo por él para llevárselo”, recuerda el hombre oriundo de Hermosillo.

Nepomuceno marcó varias veces al celular de su hijo hasta que un día le contestaron. Cuenta que un hombre le dijo por teléfono que eran de la Policía, que su hijo andaba en malos pasos y ellos iban a proceder.

“Hay muchas irregularidades. Me pidieron 30 mil pesos para darme a mi hijo, pero después cancelaron el rescate. Luego, al tercer día de presentar la denuncia donde se señalaban los números de las patrullas, dos Ministerios Públicos fueron removidos del cargo, que por rotación normal”.

A la fecha, Nepomuceno no ha tenido acceso a los videos de la tienda donde se vería a su hijo y a los hombres que regresaron por él.

“Hablé con el director de Averiguaciones Previas y dice que no tiene nada, que los videos salieron borrosos y no sirven de nada. Tampoco me quisieron proporcionar acceso a la investigación”, refiere.

Nepomuceno logró entrevistarse con el Procurador estatal Abel Murrieta Gutiérrez. Tenía la esperanza de que tomara el expediente en sus manos y le diera seguimiento para acelerar la investigación.

“Me recomendó que le pidiera a la PGR atraer el caso, porque la Procuraduría de Sonora no tenía personal ni presupuesto ni capacidad para investigar”.

‘El expediente era mi declaración’

El 10 de noviembre del 2009, Héctor Rangel Ortiz desapareció en Monclova junto con sus compañeros de trabajo Irene Lugo Hernández y Milton Aguilar Torres, veinteañeros todos.

Se encontraban de paso en la ciudad por cuestiones laborales cuando fueron detenidos por una patrulla municipal. Héctor alcanzó a llamar a su familia para avisarles, recuerda Brenda Rangel, su hermana.

Desde entonces, ni una llamada para pedir rescate ni registro en centros de detención, en la morgue, hospitales u hoteles. La familia interpuso denuncias en las Procuradurías de Coahuila y Querétaro, de las que sólo obtuvo obstáculos a sus propias investigaciones.

Brenda le hizo de detective. En Monclova buscó negocios que pudieran haber registrado la detención y les pagó una “mordida” para acceder a los videos de vigilancia. Ubicó el número de patrulla municipal y los datos de los oficiales que los interceptaron.

Luego, entregó esos datos a la Fiscalía General de Coahuila y esperó que los citaran a declarar. No ocurrió. En lugar de eso, relata, fue acosada por las autoridades.

“El fiscal me preguntaba cuando viajaría, si iba por aire, en qué hotel me hospedaba. Cuando fui a buscar a mi hermano me seguían patrullas. Alguna vez me vi obligada a abandonar el hotel con todo y maleta por el acoso”, dice.

En enero del 2010, viajó a México para interponer una denuncia ante la PGR. A raíz de la movilización de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, a la que pertenece, logró una entrevista con la Procuradora Marisela Morales.

En la reunión, le dijo que el caso estaba en la dependencia y la funcionaria exigió al director de secuestros de la SIEDO, Rodrigo Archundia, que le mostrara el expediente del caso. Cuando el funcionario lo entregó, sólo tenía la hoja de la denuncia.

“En año y medio no hubo nada. El expediente era mi declaración”.

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