Libran batalla por secuestro en México

Libran batalla por secuestro en México

“Mommy, can I see?”. La pequeña jala la pancarta que Adriana E. tiene en las manos, pero ésta le impide verla: la foto de su “papi” está ahí porque desapareció hace dos años cuando dejó por primera vez en una década su hogar en Los Ángeles para visitar a la madre enferma en México.

La niña de unos seis años ni se imagina que Adriana sostiene una lucha casi en solitario como esposa de un mexicano nacionalizado americano que no encuentra eco en las autoridades de ninguno de los dos países.

Imprimió esa y otras mantas que hoy penden en varios rincones de Saltillo, Coahuila, y sus alrededores en el norte mexicano donde podrían darle pistas

¿Lo has visto?, se lee al pie.

-No es nada, ¡vete para allá a jugar!, responde con una sonrisa forzada mientras enrolla nerviosa su esperanza, pero cuando la niña se aleja mirando a la madre de reojo, la mujer explica en voz baja.

“Todavía cree que su papá sigue cuidando a la abuela”

A Gerardo Acosta, de 35 años, “se lo tragó la tierra” el 29 de agosto de 2009, junto con su hermano Walberto, de 33, y su sobrino Brandon, de ocho, cuando un grupo de encapuchados atajó con una camioneta el camino que los conducía al aeropuerto de Monterrey, Nuevo León.

Fue justo en el trayecto carretero de la región norteña que va de Torreón, Tamaulipas, a la frontera con Coahuila y que pasa por Monterrey: un territorio controlado por grupos criminales – presuntamente Zetas- que matan, decapitan o secuestran sin freno alguno.

En los últimos dos años desaparecieron ahí 256 personas, 196 locales y 60 del céntrico estado de Guanajuato, según cifras de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), una organización creada en 2009 para hacer frente al rapto y la búsqueda.

Entre estas fichas, se encuentra el caso de los Acosta y cinco estadounidenses más raptados en el periodo de 2009 a la fecha. Ninguno de ellos, como tampoco los mexicanos, han sido localizados. No existen si quiera indicios de asesinato: ni cadáveres sospechosos, ni rastros en fosas clandestinas.

“Si no hay malas noticias, entonces son buenas noticias”, comenta optimista Rocío, de 33 años. “Todos los días cuando llego a casa del trabajo imagino que él va a estar ahí y cuando llego a la realidad y no está, entonces me pongo a ver las noticias con la ilusión de que un día en la televisión van a mostrar a mi esposo rescatado, como en un milagro”.

Esta familia padece un tormento. Adriana perdió la casa al no poder pagar sin la ayuda de Gerardo, maquinista en una bodega, la hipoteca por la que pagaron mensualmente 2,000 dólares en los últimos cuatro años.

Sin más opciones, se mudó con sus dos niños a la casa que renta su madre en el norte angelino: un espacio de dos recámaras, una sala y un comedor donde se amontonan muebles, imágenes de San Judas Tadeo, juguetes, comida, siete nietos y dos mujeres.

“Es muy triste ver a mi hija llorar hasta la madrugada y no poderle decir que ya se olvide del tema, que tal vez nunca aparezca”, revela la anciana mientras cocina una tinga de pollo (carne deshebrada con jitomate).

“Mi corazón me dice que está vivo” ataja la víctima. “Voy a hacer hasta lo último para encontrarlo”.

Adriana, de 34 años, y su concuña Rocío, esposa de Walberto, de 33, en tres visitas a México han dejado muestras de ADN en las procuradurías de justicia de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas por si acaso algún cuerpo sin identificar coincide con el de sus maridos, pero nada.

En los consulados estadounidenses, donde también hicieron los reportes, tampoco. “Lo único que hacen los americanos es preguntar a las autoridades mexicanas, o sea lo mismo que nosotros”, observa Rocío, quien también tiene a dos muchachitos sin padre.

En México se unieron a Fundec porque tienen al menos información más fresca. Cada mes, los familiares de las víctimas registradas en la organización se reúnen con el gobernador de Coahuila y desde julio pasado una comitiva viaja a la Ciudad de México para hablar con el secretario de Gobernación, Francisco Blake.

Yolanda Morán, directora de la organización con un hijo contador desaparecido, espera con ansias buenos resultados: “No nos pueden fallar, somos muchos, estamos unidos y queremos resultados”, señala en entrevista telefónica.

Las autoridades federales tienen sobre su escritorio siete exigencias concretas.

La búsqueda inmediata de los familiares, que la investigación de los 256 casos los haga la Procuraduría General de la República (PGR), que se haga un censo y una fiscalía especial para desaparecidos, que los protocolos de investigación sean los mismos en todos los estados y se implemente un programa de atención especial para los familiares de estos casos.

“No nos vemos reflejados en la Procuraduría de Atención a Víctimas que anunció el presidente Felipe Calderón el día de su quinto informe de gobierno porque, según nos dijeron en Gobernación, la Fiscalía es temporal y lo más probable es que desaparezca cuando termine el sexenio en 2012”, observa Morán.

Fundec calcula que la búsqueda va más allá de ese tiempo, aunque los familiares muchas veces pierden la paciencia, desamparados sus hijos en salud, educación y vivienda. Solitarios.

“No puedo creer que haya perdido mi casa en Estados Unidos por una situación en México”, concluye Adriana. “

“El crimen vino hasta mi puerta en Los Ángeles y estoy sola porque aquí no encuentro solidaridad, no lo entienden”, expresó.

Esta mujer recurrió concretamente a pedir ayuda a la Hermandad Mexicana y a la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de LA.

“Me dijeron que sí, pero no han apoyado: las organizaciones aquí tienen otras cosas que para ellas son más importantes que atender que un simple perdido en el país que dejaron atrás”, lamenta.

Pero sigue con fuerzas y en momentos tiene chispas de alegría en sus ojos como cuando llama a sus hijos a cenar, lejos de la información que contienen las mantas.

‘Mi corazón me dice que está vivo. Voy a hacer hasta lo último para encontrarlo’,

Adriana E.,

esposa de Gerardo, secuestrado en 2009

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