Opinión del IMDHD Procuraduría Social Víctimas del Delito‏

La Procuraduría Social para la Atención a Víctimas y Ofendidos,

¿Alternativa verdadera o simulación?

El pasado 6 de septiembre el Ejecutivo Federal publicó el decreto para la creación de la Procuraduría Social para la Atención a Víctimas y Ofendidos (en adelante Procuraduría Social).

Como se ha mencionado ya por diversas organizaciones de derechos humanos, incluido el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), existen grandes carencias y/o deficiencias con las que nace esta institución:

1) Será sólo para atender a las víctimas de delitos, y no para víctimas de violaciones a los derechos humanos;

2) No existió ninguna consulta a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos;

3) Se crea por un decreto presidencial, el cual puede ser fácilmente derogado por el próximo presidente que asumirá funciones a finales de2012 (tal como sucedió con la Fiscalía para los Delitos del Pasado, que fue desaparecida por la administración del presidente Felipe Calderón); y

En el presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso no se prevé una partida para dicha institución. El decreto de creación de la Procuraduría Social reconoce que ya existen programas que prestan una serie de servicios a las víctimas muy similares a los que se propone que esta nueva instancia asuma, por lo que implícitamente reconoce que dichos servicios que ya se ofrecen no son eficientes y producen una re-victimización. Es bueno que lo anterior se reconozca, sin embargo, queda la duda si la creación de esta nueva institución descentralizada servirá efectivamente para mejorar dicha atención o si no será una instancia más que las víctimas del delito tendrán que sortear.

El decreto de creación de la Procuraduría Social menciona en sus considerandos que la demanda de la ciudadanía es “una institución identificada inequívocamente por la sociedad que reciba a toda persona, de manera oportuna y sin distinguir su particular situación o tipo de requerimiento, proporcionándole la atención personalizada e inmediata que merece, inclusive apoyándola en la defensa legal de sus derechos, sin perjuicio de canalizarla a las dependencias especializadas según las necesidades particulares de cada persona o, en su caso, a los órdenes de gobierno que resulten competentes”, sin embargo, dicho decreto no garantiza el cumplimiento de lo anterior. ¿No estaremos ante una simulación más?

El mismo decreto establece que “El organismo tendrá su domicilio en la Ciudad de México y podrá establecer las instalaciones y mecanismos de enlace que estime necesarios en las entidades federativas, de conformidad con las disposiciones aplicables y las disponibilidades autorizadas anualmente en su presupuesto”. No se puede entender cómo una institución de esta naturaleza podrá ser una instancia identificada inequívocamente por la sociedad y recibir a toda persona proporcionándole la atención personalizada e inmediata que merece, y sin que se proponga una institución novedosa ya que las víctimas del delito enfrentaran una ventanilla más.

Lo anterior deja una serie de cuestionamientos sobre su posible eficacia.

¿Será una institución que tendrá personal en todas las oficinas del Ministerio Público del país? ¿Será posible que, de ser así, sea identificada claramente por la sociedad distinguiéndola del Ministerio Público?

Dado que será una instancia a la que en su mayor parte se podrá acceder por correo electrónico o página web. ¿Qué hará la población que no sabe utilizar o no tiene acceso a esos servicios?

¿Será un organismo que coordinará lo que ya existe o una oficina burocrática más?

Surgen otra gran cantidad de interrogantes del mismo decreto:

¿Por qué en lugar de crear una nueva instancia burocrática no se hace verdaderamente eficiente lo que ya está funcionando?

¿Cómo se atenderá a las víctimas de delitos del fuero común? ¿Sólo se les canalizará para ver si las instancias Estatales las atienden? ¿Cómo se les atenderá mientras se decida la competencia?

Si es una instancia para atención a víctimas del delito ¿Por qué se encuentran en la Junta de Gobierno las Secretarías de la Defensa y Marina? ¿Se han convertido estas instancias en Ministerios Públicos? ¿Pueden apoyar en cuestiones de salud física y mental? ¿Pueden dar apoyos económicos? ¿Pueden proporcionar ayuda legal?

Al ser el Ejecutivo el que invita a las personas de la sociedad civil a formar parte de la Junta de Gobierno ¿Cómo pueden éstas “representar” a la sociedad civil? ¿Por qué sólo se invitará a personas que se hayan distinguido en la “atención de víctimas y ofendidos de delitos” y no quienes hayan defendido sus derechos?

¿Cómo podrá asegurarse el acceso a servicios multidisciplinarios y especializados a las víctimas u ofendidos de delitos, si no se tiene presupuesto y si las instituciones como el Seguro Social están en crisis?

Si como se ha dicho, la Procuraduría Social se financiará con los recursos decomisados al narcotráfico ¿Cómo se garantizará la transparencia de dichos recursos?

¿Cómo se asegurará la transparencia de los subsidios previstos en el decreto?

¿Cómo se garantizará la protección a las víctimas?

¿Cómo dará un verdadero acceso a la justicia de las víctimas del delito? ¿Cómo se logrará la reparación del daño? En el decreto se habla de derechos de las víctimas en general, pero no se menciona en específico estos dos derechos fundamentales.

El decreto menciona que se brindará apoyo para la búsqueda de desaparecidos. ¿Cómo se hará lo anterior, si no se ha logrado apoyar la búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas cuando el Estado ha sido el responsable?

¿Qué pasará con todas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, detenciones ilegales, cateos y allanamientos ilegales cometidas por agentes del Estado?

¿Con cuántos abogados contará la Procuraduría para poder ofrecerá acompañamiento y asesoría jurídica adecuada para todas las víctimas del delito?

¿Se creará un registro nacional de víctimas o sólo se recopilará y sistematizará información sobre las víctimas de delitos del fuero federal?

Como puede observarse, la creación de la Procuraduría Social, aunque tenga objetivos muy encomiables, deja demasiadas preguntas en el aire como para poder señalar si se está ante una institución que garantizará los derechos humanos de las víctimas o de una nueva instancia burocrática que podrá incluso re-victimizar a quienes acudan a ella. El tiempo lo dirá.

México, D.F., a 29 de septiembre de 2011

Opinión Procuraduria Social PDF

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