¡QUÉ LOS REGRESEN VIVOS!

Este 6 de octubre, en el Congreso de la Unión, se discutirá una iniciativa para tipificar la desaparición forzada en México, que es la que se comete contra personas privadas ilegalmente de su libertad. A nivel internacional se considera como víctima de desaparición forzada a toda aquella personas que ha sido detenida arbitrariamente y de la que después no se dan datos. Organismos civiles y de derechos humanos plantean que en el actual sexenio hay unos 30 mil desaparecidos, aunque pueden ser muchos más, pues la inmensa mayoría de las familias de esas víctimas no levanta la denuncia; un 30% de esas desapariciones forzadas se producen con la intervención de las fuerzas del Estado

Están en algún sitio, nube o tumba: Mario Benedetti

MONTERREY, NL. Rosalía García Avitia camina todos los días varios kilómetros; en la mañana, a mediodía, por la tarde y noche. No es para hacer ejercicio, ni para mantenerse en forma. Lo hace en distintas ciudades, en diferentes estados. Su objetivo no es deportivo: busca a su hijo desaparecido. Se llama Daniel Antonio Rodríguez García y tiene 18 años.

A veces los postes de madera, cemento o de acero, no tienen espacio para pegar más anuncios porque tienen engomados pesquisas de perros extraviados, anuncios de casas en renta o venta de coches usados; propaganda electoral, pero Rosalía busca un espacio y allí donde lo encuentra coloca su foto. “Ya no pegue fotos. Ya no le mueva, mejor cállese”, le dicen sus vecinos, pero ella está decidida a seguirlo buscando siempre, todos los días.

En estos tiempos de guerra la consigna es ver y callar. Las amenazas y represalias por denunciar están a la orden del día. Nadie sabe exactamente cuántos desaparecidos se han registrado durante el sexenio de Felipe Calderón. Las estadísticas oficiales hablan de más de 5 mil, pero algunas organizaciones no gubernamentales sitúan la cifra entre 15 mil y 30 mil desaparecidos.

Los mal llamados “levantones” son en realidad desapariciones forzadas; algunas cometidas por el crimen organizado, otras por las distintas policías, por el Ejército o la Marina. Los miles de casos registrados a lo largo y ancho del país tienen un modus operandi similar: la gente es sacada de sus casas, trabajos o fiestas. Los secuestros ocurren con total impunidad a la luz del día o en la noche; en una autopista de pago, una brecha rural, en cualquier carretera.

El gobierno no tiene un censo nacional de desaparecidos. Hay casi 10 mil cadáveres sin identificar en los anfiteatros, pero tampoco ha creado un censo nacional de identificación, ni un banco federal con pruebas de ADN. Tampoco existe un protocolo a nivel federal para la investigación de casos denunciados en las distintas procuradurías, comandancias de policía o puestos militares.

Los familiares de desaparecidos viven en el olvido, se consumen en la angustia y desesperación; nadie les da razón de sus seres queridos, casi nadie atiende debidamente sus casos, deambulan por los anfiteatros del país dejando pruebas de ADN, por las procuradurías y las policías, sin encontrar respuestas.

Muchas como Rosalía García Avitia han decidido salir a la calle a buscar por cada rincón a sus hijos. Usa camiseta negra con la foto de Daniel Antonio. Llora, ha llorado desde el 25 de octubre del año pasado, día en que desapareció: “Siempre me hago la misma pregunta: ¿quién se lo llevó? Quisiera verlo. Que me lo regresen vivo. Volverlo abrazar y besar. Eso es todo lo que pido”.

Esa noche del 25 de octubre estaban dormidos en su casa de Villa Las Fuentes en Monterrey, cuando Bernardo Esteban Rodríguez Díaz, uno de sus vecinos, entró a la casa buscándolo con prisa: “Vinieron por él en un taxi. Eran como a las 10:30 y dijeron que iban a dar una vuelta”.

Al pasar las horas, Rosalía fue a buscar a su hijo a la casa del vecino y le dijeron que todos se habían ido esa misa noche a Matamoros, Tamaulipas: “Mi hijo no es así. Él me hubiera avisado. Lo que creo es que el vecino se lo llevó con engaños. Luego fui a buscarlo a Matamoros y me dijeron que los habían ‘levantado’”.

Daniel Antonio estudiaba para ser Pastor de la Iglesia Bautista Monte Hebron ubicada en la comunidad de El Barrial, en el municipio de Santiago, Nuevo León. Trabajaba como instalador de cámaras de circuito cerrado: “Desde que desapareció no le he dejado de buscar. Ya fui a Matamoros, a Soto la Marina, me hice las pruebas de ADN en varios sitios, ya fui al Hospital Universitario a ver fotos de cuerpos. Y nada”.

Días después de desaparecer, el 2 de noviembre fue a interponer denuncia. La respuesta de la policía fue desoladora: “Me dijeron que algunos aparecen en tres semanas y otros desaparecen para siempre”, dice llorando Rosalía que tiene dos hijos más, uno de 22 años y otro de 16: “No puedo dejar de buscarlo, así voy a seguir, pegando su foto en los postes, hasta que lo encuentre”.

Pegando fotos

Al igual que Rosalía, María de la Luz Montejano sigue buscando a su hijo. Está pegando pequeñas palomas blancas de papel en la pared con el nombre de cada uno de los desaparecidos que se ha ido encontrando por el camino. Son muchas las madres que como ella recorren las calles de Monterrey para pegar carteles. Esta vez colocará, afuera de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, una gran foto de su hijo y un amigo desaparecidos el domingo 23 de mayo del año pasado.

Eran las siete de la tarde y estaban en una fiesta en la Presa de la Boca. De allí se llevaron a cuatro. Estaban con sus familias tomando en una palapa cuando un comando irrumpió violentamente al lugar: “Era un convoy de militares y se los llevaron. Los sacaron a punta de pistola. Traían coches particulares, pero se identificaron como de la Sedena”, dice.

Jesús Omar Salaya Montejano tiene 30 años y se lo llevaron junto a su amigo Luis Alberto Navarro y otros dos amigos más. A las pocas horas, las cuatro familias recibieron llamadas telefónicas de los captores solicitando rescate: “Pagamos el dinero de los cuatro el mismo día. Nos dijeron que en tres horas nos los regresaban, pero nunca más volvimos a saber nada de ellos”.

María Luisa acudió entonces a la policía de Santiago, Nuevo León y su respuesta la desanimó aún más: “Nos dijeron que ellos no iban a hacer nada, que ya no volviéramos porque los propios policías tenían miedo. Que si quería podía ir nada más a hacerme el ADN para cuando lo encontraran muerto”.

La búsqueda continúo y fueron a interponer denuncia ante el Ejército: “Nos dijeron que ellos siempre van en camionetas oficiales, no particulares. Luego tocamos muchas puertas. Fuimos con el gobernador, con la alcaldesa de Guadalupe, nos mandaron al departamento antisecuestros, pero nada”.

Las palabras se le atragantan. Tiene un nudo en la garganta por la emoción. No puede seguir hablando. Llora un rato y se repone: “Cuando un familiar muere, aceptas que está muerto, pero así desaparecido no aceptas, porque no sabes dónde está; si está vivo o muerto”.

En la foto que pega en la calle, su hijo está sonriendo, es una imagen alegre que le da fuerza y esperanza de seguir en el camino de la búsqueda. Jesús Omar trabajaba con ella en un negocio de compostura de ropa y tintorería. Piensa en él todos los días, lo extraña, lo sueña, lo siente; su amor de madre está a prueba de todo: “Lo quiero vivo, quiero que me lo busquen, que me lo entreguen vivo”.

También la Marina

No sólo el crimen organizado desaparece, también la Policía Federal, las policías municipales o estatales, el Ejército y la Marina. Las desapariciones de mujeres y hombres atribuidos a la Marina van en aumento. Si el año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 198 quejas contra miembros de la Secretaría de la Marina Armada de México por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, torturas y asesinatos, en el último año el número asciende a más de 500 denuncias, según dijo recientemente el ombudsman Raúl Plascencia.

Los efectivos de la Marina que patrullan las calles de los estados del norte de la República también se incrementan al ritmo del aumento de violaciones de las garantías individuales. La familia de la señora Yolanda Iglesias Argueta, de 54 años, aún no comprende porque elementos de la Marina entraron a las tres de la mañana a su casa, ubicada en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, y se la llevaron hace aproximadamente dos meses.

Los patrullajes de la Marina en este pueblo ubicado a 100 kilómetros de Monterrey han provocado miedo entre sus habitantes. Los marinos llegan en la madrugada y realizan cateos casa por casa, sin órdenes judiciales. Luego se llevan hombres y mujeres sin órdenes de aprehensión. La Armada de México tiene ubicados destacamentos en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila de manera irregular; a veces son moteles de paso, otras más unidades deportivas o un lienzo charro. En estos lugares es donde se practica la tortura y las ejecuciones sumarias, según los testimonios.

Entre los desaparecidos atribuidos a la Marina en Nuevo León están Jehú Abraham Sepúlveda Garza, entregado por los ministeriales a los marinos el 12 de noviembre, luego de estacionarse en un lugar prohibido y ser detenido por policías de San Pedro Garza García; René Azael Jasso Maldonado de 27 años, vecino de Sabinas Hidalgo, fue secuestrado por marinos en su domicilio el pasado 28 de junio y su amigo, Jesús Víctor Llano Muñoz, fue “levantado” por la Marina en su domicilio en el mismo municipio el 23 de junio. Ambos son taxistas.

En mayo, los marinos se llevaron a cuatro hermanos en Piedras Negras, Coahuila: José Manuel, José Martín, Francisco Javier y Miguel Ángel Díaz, según denunció su madre Sara Guardado, residentes todos en Eagle Pass. También fue denunciada la detención-desaparición de Bianca Alejandra Zertuche Hernández, sacada de su casa por los marinos sin orden de cateo en mayo pasado y detenida durante tres días en un cuartel naval en el kilómetro 10 en Piedras Negras. Luego fue liberada, pero Bianca decidió irse a vivir a Estados Unidos.

En Nuevo Laredo, los marinos fueron fotografiados y grabados cuando se llevaron a 15 personas en junio pasado. La respuesta de la institución encabezada por Francisco Saynez es siempre negar los hechos; incluso se niega a aceptar las recomendaciones de la CNDH. La mezcla de poder e impunidad es absoluta. Las víctimas y sus familiares tienen miedo de denunciar los casos por amenazas y represalias.

Para Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, más del 30 por ciento de las desapariciones son atribuidas a fuerzas del Estado: policias municipales, estatales, federales, ministeriales, militares o marinos: “Algunas ONG’s mencionan que hay más de 15 mil desaparecidos en el país, pero yo creo que es una cifra muy pequeña, porque sólo en Nuevo León nos atrevemos a decir que tenemos un conocimiento de alrededor de mil casos, imagina en 30 estados del país cuántos puede haber”.

Añade: “Si hablamos de la Marina en Nuevo Laredo se llevaron a 15, en Sabinas Hidalgo como a 12 ó 16, de los que tenemos registrados; seguramente hay más. Si nos hablan de la zona cítricola donde los policías presuntamente están muy en contacto con la delincuencia organizada o son parte de ella nos hablan de cientos de desaparecidos. En el caso de las muchachas que están secuestrando en Apodaca, Nuevo León, tenemos cuatro casos, pero sabemos que son como 80; la inmensa mayoría no denuncia, no sabe que hacer”.

Sin tipificar

Mientras suceden miles de desapariciones en todo el país, los familiares de las víctimas se encuentran con varios problemas para interponer denuncias por ese delito. La primera barrera es que no existe el delito de desaparición forzada en la mayoría de los estados de la República, sólo Tlaxcala y Oaxaca lo incluyen en sus legislaciones.

“Hay estadísticas de privación de la libertad en carácter de secuestro”, dice en entrevista el procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, al explicar que el delito que persiguen en cada desaparecido es depende la forma en que se presente la denuncia: “Hay datos que nos precisan si son extraviados, desaparecidos o secuestrados”.

La falta de tipificación de “desaparición forzada” genera problemas, aunque el delito existe a nivel federal: “Estamos conscientes que puede haber “cifra negra” de desapariciones, pero aunque no tengamos la denuncia vamos e indagamos para ver si podemos confirmar”, dice el procurador al asegurar que existen avance en las investigaciones de los casos de desaparecidos tratados con Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), dirigida por Consuelo Morales

Añade: “Los familiares de los desaparecidos cuentan con todo el apoyo de la Procuraduría y que no quede ninguna duda que vamos a hacer todo lo que tengamos en nuestras manos para dar con la localización de sus familiares”.

Sin embargo, Morales menciona que existe otro problema: “La ley marca que el Ministerio Público investigue el hecho y consigne. Puede dejar en reserva un pequeño espacio por si encuentran un cuerpo para un cruce de datos; pero ya no van a investigar, para ellos el caso está prácticamente cerrado, pero para los familiares no, porque siguen esperando encontrar a sus desaparecidos”.

Cadhac presentó una iniciativa de ley para tipificar la desaparición forzada que será abordada el 6 de octubre: “No existe. No tenemos legalmente caminos abiertos. Hay una urgencia que se tipifique la desaparición forzada en todos los Estados por la grave situación que estamos viviendo. “Son más de mil casos, pero nos quedamos cortos, decimos que son miles de personas las que están siendo desaparecidas en Nuevo León y otros estados del norte de la República”.

El otro problema es la falta de protocolos para atender a las víctimas de desaparecidos a nivel institucional. Los familiares inician un verdadero viacrucis procesal tocando puertas sin ser atendidos debidamente a nivel institucional: “Van y tocan puertas, no ponen denuncia y no se contabilizan. Van con el Ejército y la Marina a reportar desaparecidos y creen que eso es una denuncia, pero no es así”.

Buscar y esperar

La vida de Socorro Gorena Ontiveros quedó suspendida hace dos años, concretamente el 9 de octubre de 2009, día en que desapareció su hijo Raymundo Cepeda. Un grupo de hombres a cara descubierta llegó a bordo de dos taxis, entraron a su casa en la colonia Valle Verde de Monterrey y se lo llevaron: “No he tenido avance. Ni una pista de su paradero. Nada. Cuando voy a preguntar a las autoridades me dicen que siguen investigando pero no hay resultados”.

Socorro de 67 años fue haciendo una red de solidaridad con otras madres de desaparecidos. Todas van recorriendo la ciudad pegando carteles, buscando a sus hijos. Han organizado decenas de manifestaciones, citas con los ministerios públicos, con la procuraduría, con las policías, las organizaciones no gubernamentales, los servicios forenses… Son incansables. Su fortaleza y entereza admirables.

“Lo único que estoy pidiendo es que encuentren a mi hijo, así como encuentran a otras personas luego luego, no sé por qué al mío no. No se porque se mueven con más rapidez en unos casos y en otros nos olvidan. Él tiene que estar en algún lado”.

Y añade: “Me siento más sola desde que no lo tengo. Hace unos meses estuve en coma. Duré un mes en el hospital y todo por la angustia de no saber nada de él. Pero me recuperé. Dios quiere que lo siga buscando. Siempre lo traigo aquí en mi corazón. Siento una opresión desde que desapareció. No hay día que no piense en él. No hay día que no lo sienta. Se que está vivo”.

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