Viacrucis de familias de los desaparecidos

Nada supera el dolor por la ausencia de sus seres queridos, mientras vecinos y amigos se alejan y su salud se deteriora

Gardenia Mendoza / Enviada especial | 2011-12-07 | La Opinión

Tercera y última parte

TORREÓN, México.— Una familia desintegrada, una pareja a punto de perder su casa, madres controladas con antidepresivos y pastillas para dormir, hijos que viven el rechazo social de ser parientes de desaparecidos y secuestrados que dejan con su ausencia irreversibles consecuencias.

“Jamás hemos vuelto a ser los mismos”, describe Diana Iris, madre de Daniel Cantú Iris, un ingeniero industrial de 23 años, desaparecido el 21 de febrero de 2007 junto con el empresario minero y político Francisco León García, y un primo de este, con quien trabajaba como secretario particular para la compañía minera Paredón, en Durango, estado vecino a Coahuila, al norte del país.

Diana se divorció por una crisis matrimonial que se agudizó con el rapto de su muchacho, uno de los primeros casos en Coahuila donde en este año sumaron ya 324, según la Fiscalía Especial para Desaparecidos en el estado.

Ella decidió que la prioridad era su hijo y se alejó poco a poco de su esposo por la presión de la búsqueda: no había pistas, ninguna huella, fosa, ni solicitud de rescate, nada.

“Se los comió la tierra”, describió Diana, quien después de cuatro años aún indaga por rastros de Daniel, pero también por los de otros casos documentados por las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), una organización que recopiló testimonios y presionó al gobierno para la creación de la fiscalía especial en febrero pasado que no ha encontrado a una sola persona, pero al menos escucha.

“Somos la primera institución de este tipo en todo el país”, destacó Laurent Rodríguez, titular de la unidad en entrevista con La Opinión. “Hemos buscado en cárceles públicas, en centros de readaptación, procuradurías estatales, hospitales, fosas, brechas y ríos, pero no están”.

Blanca Martínez, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, señala que el error de las autoridades es que la mayoría de las veces los buscan muertos.

“Dan por hecho que las víctimas tenían previamente una relación con el crimen organizado”, señaló.

María Elena Salazar, quien busca a su hijo desde el 20 de julio de 2009, sabe de este tipo de acusaciones. Cuenta que cuando levantó la denuncia ante el ministerio público de Torreón escuchó una conversación entre un comandante de policía y una agente de investigación.

—Mira —dijo la mujer señalando a la madre—, otro que se llevan…

—Esas mamás se hacen pendejas, ya saben quién se los lleva.

María Elena colapsa cada vez que recuerda este diálogo. Llora. Se atraganta.

“¿Y si fueran los familiares de ellos, de las autoridades? Para ellos no habría dudas ni faltarían leyes. Para la otra gente no hay justicia. No importa que no tengamos ilusión de vivir, que te levantes y veas todos los días insignificantes. Somos como una olla de presión que no explota porque hay otros hijos, pero vas al baño y tomas una toalla y gritas, pones la música a todo volumen y gritas: ¡Hugo, ¿dónde estás?! Y cuando te calmas dices, ¿qué es esto?”.

Desvincular las desapariciones de presuntas malas conductas de las víctimas ha sido un dolor de cabeza para las familias. Aun cuando se encuentren en una posición social alta son, en su entorno inmediato, una especie de enfermo incurable del que hay que huir para no contagiarse.

Los vecinos de Ixchel Pérez, esposa de Héctor Armando Tapia, un ingeniero civil de 46 años secuestrado en su casa el año pasado, cruzan la banqueta para no saludarle. Su mejor amiga en el barrio le dijo una mañana: “Estamos contigo, pero es mejor que te alejes”.

Al rechazo social se suman los conflictos económicos. “Pasé de tener una vida maravillosa, de llevar a mi hija a sus clases de baile, desayunar con amigas y visitar a mis padres, a buscar por todas las calles de Torreón a mi marido y con una hipoteca de la casa por pagar”, señala Ixchel que hoy trabaja como bibliotecaria y la mitad de su sueldo va al crédito bancario.

Los Flores pasan por una situación similar o peor. El crédito por pagar para su casa es demasiado alto y hoy no pueden pagarlo vendiendo hamburguesas en un puesto callejero. Óscar, el padre, tenía dos trabajos como chef en Atlanta, Georgia, pero volvió a Torreón para buscar a su hijo Luis Daniel, secuestrado el 1 de a mayo de 2010. “Tenemos un problema doble”, resumió.

Con todos los conflictos encima, los familiares de desaparecidos mitigan el dolor con terapias psicológicas o siquiátricas que derivan en recetarios médicos de antidepresivos y pastillas contra el insomnio.

Luz Elena Montalvo, con hijo desaparecido desde 2009, describe la situación como una comedia trágica: en una reunión de la organización Fundec en Saltillo, la capital del estado, las mujeres se quedaron en un albergue donde compartieron habitaciones y poco antes de ir a la cama hubo un momento muy peculiar.

Como si se hubieran puesto de acuerdo, unas sacaron píldoras, otras tabletas, cápsulas, pócimas: por aquí un lexapro (antidepresivo), por allá un alprazolam (ansiedad). “Ahora somos las consumidoras”, comentó con sorna, aunque sabe que el problema es serio.

Anabel Pagaza, presidenta del Consejo Mexicano de Psiquiatría, describe el dolor de las desapariciones como un “eterno sobresalto” y un perenne sentimiento de culpa: los familiares no pueden parar la búsqueda ni seguir sus vidas porque sienten que traicionan al ser querido.

Además se involucra la fantasía de manera negativa: ¿dónde estará?, ¿con quién estará?, ¿qué le estarán haciendo?

“Es un dolor interminable, uno de los más difíciles de superar”, describe. “Trae enfermedades psicosomáticas, de la piel, cardiacas, paranoia y cualquiera otra porque el dolor busca salir de alguna forma y cada cuerpo lo manifiesta diferente”.

Con todos los conflictos psicológicos, sociales y económicos encima, los deudos de desaparecidos en Coahuila han encontrado en Fundec un impulso para su lucha que llamó la atención del presidente Felipe Calderón, cuando Yolanda Morán arrebató el micrófono para exigir justicia durante uno de los diálogos del mandatario con víctimas de la lucha contra el crimen organizado.

“Tiene que apoyarnos”, dijo.

Los miembros de Fundec pidieron que sea la Procuraduría General de la República (PGR) y no la Fiscalía Especial de Coahuila porque ninguno de los casos ha sido resuelto, pero no han tenido eco.

Marisela Morales, titular de la PGR, dijo en el último encuentro con las familias de víctimas que no hay pruebas suficientes para que intervengan los investigadores nacionales y por tanto se quedan en el estado de Coahuila, como desde hace cuatro años, cuando comenzó todo.

‘¿Y si fueran los familiares de ellos, de las autoridades? Para ellos no habría dudas ni faltarían leyes. Para la otra gente no hay justicia. No importa que no tengamos ilusión de vivir, que te levantes y veas todos los días insignificantes. Somos como una olla de presión que no explota porque hay otros hijos, pero vas al baño y tomas una toalla y gritas, pones la música a todo volumen y gritas: ¡Hugo, ¿dónde estás?! Y cuando te calmas dices, ¿qué es esto?’

María Elena Salazar

Madre de hijo desaparecido en Coahuila

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