México queda con mayor impunidad

El año que acaba deja una mancha que empaña la procuración de justicia en el país

MÉXICO, D.F.— Una activista asesinada cuando pedía a las autoridades una condena para la expareja y asesino confeso de su hija; 10,000 padres, esposas e hijos que buscan a familiares desaparecidos; 45 indígenas muertos a machetazos hace 14 años sin justicia; un legislador prófugo por acusaciones de narcotráfico y un gobernador que endeudó su estado con 24 millones de dólares.

La perenne impunidad en México alertó este año a la Organización de las Naciones Unidas, a grupos de defensa de derechos humanos, al gobierno de Estados Unidos, a empresarios mexicanos, a la Suprema Corte de Justicia y al mismo presidente Felipe Calderón.

En múltiples declaraciones subrayaron los peligros de la débil procuración de justicia sin independencia, pues sus líderes dependen de un nombramiento del Ejecutivo: presidente y gobernadores y de la falta de voluntad política para resolver los delitos en el país.

Un estudio del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, avalado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) —publicado en mayo pasado— reveló que en este país por cada 100 delitos denunciados, solo el 6% de los presuntos delincuentes son presentados ante los órganos judiciales.

Del mismo total de delitos denunciados, los inculpados hallados responsables son una minoría del 1.3%.

“De acuerdo con esos datos podría decirse que en nuestro país existe impunidad casi absoluta”, según el análisis.

Durante tres años, la organización de Familiares Unidos por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec) ha documentado 200 casos de desapariciones forzadas: han entregado pruebas, testimonios y listas de posibles involucrados, pero no se ha esclarecido ningún caso.

“Por el contrario, han extraviado varios expedientes”, denunció Yolanda Morán, madre de un contador de 34 años, secuestrado en 2008.

Las estadísticas de otros observatorios que han dado seguimiento al tema de la inseguridad durante lustros precisan que la batalla contra el crimen organizado ha influido en el incremento de la impunidad: las oficinas de justicia están saturadas.

El Consejo Ciudadano para la Inseguridad Pública y la Justicia Penal, a través de su presidente, José Antonio Ortega, detalla, según su estudio, que en 2007 hubo 11,826 homicidios con características de narcotráfico y 4,646 sentencias; es decir solo un 39.29% de casos resueltos.

Para 2008 el número de asesinatos se disparó hasta 14,632, mientras las condenas decayeron a 4,783, por lo que el índice de impunidad osciló en el 67%.

En 2009, las ejecuciones sumaron 20,948 con solo 4,816 sentencias y una tasa de condenas del 23% que empeoró en 2010: 28,517 homicidios y 4,286 sentencias; es decir, el 85% de impunidad.

“Cuando hay un asesinato de alto impacto las procuradurías de justicia le echan la pelota al gobierno federal y el resultado es que no le da seguimiento ni una ni otro: todos están ‘nadando de a muertito’”, expresó Ortega.

El pasado 16 de diciembre, académicos y activistas en Ciudad Juárez y el Distrito Federal realizaron un simbólico juicio contra los gobiernos estatal y federal: a un año de la muerte de la activista Marisela Morales —asesinada a tiros cuando pedía justicia para su hija frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua— no han detenido a ninguna persona.

La Fiscalía de Chihuahua informó que la pistola que usó el asesino fue empleada en la matanza de otras 12 personas en el estado y pidió ayuda a la Procuraduría General de la República (PGR), pero el caso sigue igual.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) sostiene la hipótesis de que las averiguaciones previas que no rinden frutos antes de un año de haber sido iniciadas, difícilmente serán concluidasde manera satisfactoria.

Movimientos de empresarios mexicanos intentan llamar la atención sobre la importancia de relacionar la impunidad judicial con la política. Recientemente la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicitó una mayor transparencia en los estados y la clase política como una forma de hacer crecer al país.

“Desde hace décadas, vemos escándalos de corrupción que nunca se han esclarecido y que son una vergüenza para el país.Hoy, vemos a gobiernos que endeudan a sus estados, comprometiendo su futuro a través de prácticas opacas y que inclusive lindan en el terreno de la ilegalidad, con total impunidad”, subrayó Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Coparmex. “Por ahí debemos empezar”.

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