En Coahuila hay unas 1,600 personas desaparecidas, según el gobierno local

Familias de desaparecidos en Coahuila dicen que las cifras oficiales no reflejan el problema, porque no cuentan solo desapariciones forzadas

(CNNMéxico) — Más de 1,600 personas están reportadas como desaparecidas en el estado norteño de Coahuila, según cifras preliminares presentadas este sábado por el gobierno estatal, luego de un encuentro con la organización ciudadana Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC).

El gobierno no detalló el periodo en que ocurrieron estos casos. Pero FUUNDEC, creado en 2009 por un grupo de familiares de desaparecidos, explicó que este número no representa el problema.

Entre el 2007 y diciembre de 2011, el organismo ha documentado 268 desapariciones forzadas, dijo en entrevista con CNNMéxico Jorge Verástegui, coordinador del organismo.

“Si nuestra cifra no refleja la realidad del problema, la de ellos (el gobierno) tampoco, porque esa cifra (1,600 desaparecidos) se basa en un barrido que hicieron en todo el estado, en todas las agencias del Ministerio Público”, e incluye secuestros, extravíos y ausencias, no solo desapariciones forzadas, según Verástegui.

Una desaparición forzada es la privación de la libertad de una persona y puede ser cometida por las autoridades, individuos o grupos que no dan a conocer el paradero del desaparecido e impiden el ejercicio de garantías, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es diferente a un secuestro porque no tiene como fin la extorsión, sino generar incertidumbre sobre el paradero de la víctima.

El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, presentó el Plan para la Búsqueda de Desaparecidos a la FUUNDEC en su primera reunión desde que asumió el cargo (el 1 de diciembre de 2011), para el cual colaborará la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de acuerdo con el comunicado del gobierno.

La propuesta incluye realizar un censo para determinar el número de personas desaparecidas en el estado y creará una subprocuraduría especializada, además de que se activará una página de internet donde “familiares de desaparecidos, autoridades y sociedad en general puedan hacer consultas o aportar información”.

A mediados de 2011, familiares de desaparecidos pidieron al gobierno federal la atracción de los casos por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), un programa emergente de búsqueda, la creación de una subprocuraduría especializada y una base de datos de desaparecidos.

“Lo que estamos solicitando es que se empiece primero en el estado y luego se haga algo a nivel nacional”, explicó en aquel momento Verástegui.

Semanas después, el coordinador de FUUNDEC afirmó que el gobierno federal había acordado designar un fiscal especial para estudiar los casos para que la PGR los pudiera atraer.

El plan presentado por el gobierno de Moreira también contempla la búsqueda de personas en hospitales, albergues, guarderías, así como recorridos para buscar fosas clandestinas y la colocación de pósters.

Para analizar la propuesta, FUUNDEC solicitó al gobernador una copia completa del plan. “En 15 días vamos a poder emitir nuestra opinión”, dijo Verástegui a CNNMéxico.

Según Verástegui, este programa incluye algunas de las propuestas hechas por FUUNDEC, como “un protocolo de búsqueda —que todavía no crean— y cambiarle la denominación a la Fiscalía por Subprocuraduría Especializada”, explicó.

La Fundación ve con buenos ojos que el gobierno desaparezca la Fiscalía y cree una Procuraduría y una Secretaría de Seguridad, dijo Verástegui. Sin embargo, lamentan que el personal vaya a ser el mismo: “Si la fiscalía falló (en el gobierno anterior) lo más lógico es que falló por las personas que la están operando”, dijo.

Al menos 5,397 personas han sido reportadas como desaparecidas en México desde el 2006 hasta abril del 2011, según datos de la CNDH.

Coahuila es uno de los estados más violentos del país. Esta entidad, así como Chihuahua, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz concentran el 70% de las muertes vinculadas con el crimen organizado, según las últimas cifras dadas a conocer por la Procuraduría General de la República.

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