Los ausentes ¿A dónde fueron?

Zocalo Saltillo

[Revista Visión Saltillo]

Por Paola A. Praga

26/01/2012 – 01:41 PM

Saltillo.- Cuando desapareció tenía 32 años. Isaías Uribe es veterinario, egresó de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, del campus de La Laguna.

Una tarde fue la última vez que le vio su esposa Claudia, nunca regresó. Coincide su desaparición con la visita del Ejército a una vivienda cercana a su domicilio.

Al día siguiente, con siete disparos, vidrios quebrados y rastros de muerte fue encontrado su vehículo, mientras que los testigos aseguraban que fueron detenidos por el Ejército en Torreón, pero la Sedena lo niega.

Isaías es un hombre de casa que se apasionó por los animales; después de dejar a sus hijos en el kínder se ponía el overol, las botas y la gorra, parte de su equipo de trabajo, y visitaba los establos, donde inseminaba el ganado y aplicaba medicamentos.

Ahora nadie sabe dónde está, su esposa y sus hijos lo esperan, siempre, no hay día en que no deseen que toquen la puerta y sea él.

Las desapariciones forzadas fueron interpretadas como venganzas entre miembros del crimen organizado para la Fiscalía General del Estado, cada evento de este tipo se acompañó de la insinuación de que las víctimas podrían estar implicadas en actividades delictivas, pero sus familiares no lo creen así.

Para las familias que esperan, las historias son diferentes. Hace dos años, los desaparecidos en fotografías tomaron las calles de manos de sus familias, que piden su regreso, y ante la sospecha de que pudieran estar forzados a colaborar con el crimen organizado, la iglesia se ofreció como mediador para pactar su regreso, sin resultados.

Hasta diciembre de 2009, un grupo de familias de 25 personas que habían desaparecido en Coahuila denunciaron que éstas ocurrían en la misma ruta en el norte del estado, entre Piedras Negras y Nava, y en todos los casos nunca se solicitó dinero por su rescate. Y así nació Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Fuundec.

DOLOR COMPARTIDO

Blanca lleva lentes, un suéter morado y un pantalón azul de mezclilla. Tiene una voz suave, pero firme. Ella, junto con Jorge Verástegui, encabeza esta organización sin fines de lucro que pretende apoyar y orientar a las familias de quienes han sufrido la desaparición de una persona.

En incontables ocasiones las víctimas de las desapariciones forzosas han mostrado su inconformidad a través de comunicados y declaraciones hacia los medios de comunicación. “La indolencia con la que actúan las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, además de generarnos un acto de tortura, obstaculiza las investigaciones para la localización con vida de nuestros seres queridos. El dolor que sentimos se incrementa al ver a las autoridades que hoy se engalanan simulando que no pasa nada y recordamos que es la misma simulación con la que actúan en nuestros casos de las y los desaparecidos, y que es ya una práctica sistemática”.

Decenas de familias han acudido ante la organización en busca de apoyo, explica Blanca. “Los orientamos, pero sobre todo propiciamos que hablen entre ellas, entre las madres que han sufrido, nadie sabe en carne propia el dolor que siente hasta que no vive algo similar, ellas se acompañan, las familias ya no se sienten solas”.

En entrevista en la sala de espera del Obispado, ubicado en la calle Hidalgo, en el centro de Saltillo, la representante de Fuundec cuestiona la falta de una estadística oficial por parte del Gobierno estatal, pero confía en que la administración de Rubén Moreira Valdez defina un nuevo rumbo.

Pero no sólo la falta de políticas y la negación del delito de desaparición, que hasta hace días comienza a figurar en la legislación estatal como una propuesta legal para tipificarlo dentro del Código Penal, es uno de los factores que influyen para que los casos sigan sin resolverse.

El temor de las familias de ser atacadas también confluye como una de las determinantes, porque nadie sabe cómo abordar la desaparición de una persona. “La desaparición de alguien trastoca la parte esencial de la vida, es la incertidumbre la que no permite estar listo para comenzar un duelo, no sabes si está vivo o muerto, lo único que se sabe es que esa persona no está”, asegura Blanca.

La problemática ha rebasado a Coahuila y al país. En la entidad no se cuenta con especialistas que apoyen a las familias para enfrentar la desaparición forzada de una persona, muchos saben dar palabras de aliento, pero no conocen el proceso de recuperación que hay que seguir para que las víctimas puedan recuperar la salud mental.

“Nos estamos enfrentando a una problemática que es nueva para nosotros, donde está involucrado un alto nivel de violencia, que nadie toma las responsabilidades que debieran tener, por un lado están las estadísticas, las actualización de datos, pero también está la cuestión psicológica, emocional, que es la más importante”.

Pero la esperanza no muere. Las familias siguen esperando a pesar del temor y del dolor.

¿CUÁNTOS Y QUIÉNES SON?

De 2000 a 2011, el Gobierno de Coahuila tiene contabilizados 4 mil 900 casos. Hace días el gobernador Rubén Moreira Valdez confirmó mil 678 personas desaparecidas en Coahuila, es decir que 3 mil 222 han sido localizadas hasta la fecha.

Pero a Fuundec la cifra aún no le convence, por eso urgen la realización del censo que permita identificar bajo qué modalidades han desaparecidos esas 4 mil 900 personas en la entidad. Pero las cifras son sólo una parte de la situación alarmante, por lo que la Organización de las Naciones Unidas proporcionará asesoría en la estrategia de recuperación de los ausentes y la conformación del censo que permitirá contar con una base de datos que facilitará su localización.

Y es que, basados en la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, se definieron las desapariciones forzadas en la entidad como “la privación de la libertad de personas de parte de funcionarios públicos o sujetos a quienes el Gobierno les permite o facilita estos actos”.

La definición original agrega además de una permisividad por parte del Estado, “la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Pero las cosas pueden cambiar. En el marco de la reunión de trabajo de enero con integrantes de Fuundec, Moreira Valdez presentó el Plan para la Búsqueda de Desaparecidos, que desarrollará la administración estatal a su cargo.

En esa reunión, participaron legisladores locales; el encargado del despacho de la Fiscalía, Domingo González: la fiscal Griselda Elizalde; los delegados de la PGR y el Cisen en Coahuila; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Homero Ramos, y personal de la CNDH, así como la directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ejecutivo, María del Carmen Galván Tello.

El proyecto presentado contempla diversas acciones para las que se cuenta con la colaboración de los diferentes órdenes de gobierno, de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los propios familiares de personas cuyo destino se desconoce.

El plan considera la creación de una Subprocuraduría Especializada, que se concretará una vez que se aprueben las iniciativas de reformas enviadas por el Ejecutivo del Estado al Congreso coahuilense, en materia de seguridad y procuración de justicia.

Dentro de la metodología planteada para este programa, se encuentra la realización de un censo que refleje el número de personas desparecidas en el estado y que, según cálculos preliminares, podría superar las mil 600.

Se dará inicio a la búsqueda con acciones como la puesta en línea de una página de Internet en la que familiares de desaparecidos, autoridades y sociedad en general puedan hacer consultas o aportar información, además, la colaboración con corporaciones de otros órdenes de gobierno para compartir información que ayude a conocer el paradero de los desaparecidos.

Sergio Sisbeles, vocero de Seguridad del Gobierno estatal, explicó que parte de este plan proyecta la coordinación con autoridades de otros estados de la República e incluso de países vecinos, en la búsqueda de indicios que ayuden a la localización de personas.

Otra de las líneas de acción es la búsqueda de personas en centros médicos, albergues, guarderías, así como recorridos en la búsqueda de fosas clandestinas.

También, la colocación de pósters en sitios con gran afluencia de gente, con las fotografías de quienes hoy son buscados.

¿QUIÉNES SON LOS AUSENTES?

Jorge, Ezequiel, Eusebio, Óscar, Adrián, Víctor, Agustín. Tienen nombre y son profundamente esperados por sus padres, hermanos, esposas, hijas, hijos, amigos. Están desaparecidos, rodeados de misterio e incertidumbre.

Estos casos cada día que pasa se pierden en un escritorio, porque las pistas son casi nulas, dada la poca información que se tiene y al tiempo transcurrido desde que se les vio por última vez. El número de personas desaparecidas en Coahuila ha ido incrementándose de manera considerable en los últimos cuatro años.

En este tiempo, las autoridades han tratado de tener comunicación tanto con la sociedad como con grupos que representan a personas que han sido víctimas de este fenómeno, logrando localizar sólo una mínima parte de las personas desparecidas; pocas han logrado regresar a casa.

Ante la problemática, en la mitad del 2011 se creó la Fiscalía Especial para la Investigación de Personas Desaparecidas, en donde hasta esa fecha se cuenta con cerca de 180 archivos pendientes, de acuerdo con las denuncias hasta la fecha.

Lauren Rosaura Rodríguez, fiscal especializada en Desaparecidos, de la Fiscalía General del Estado, explicó a Zócalo que desde 2007 a la fecha ha habido un incremento de personas de las que se desconoce su paradero.

“En abril de 2011 se crea la Fiscalía Especial para la Investigación de Asuntos de Personas Desaparecidas; obviamente esta Fiscalía es un área del Ministerio Público, en donde nos encargamos de investigar los casos de estas personas y creo que hemos avanzado en la investigación de estos casos, pero además nos ha permitido tener una base de personas desaparecidas.

“No necesitamos autorización para trasladarnos a Piedras Negras, Monclova, es decir, a todo lo que es la entidad de Coahuila, y a través de los convenios de colaboración que están firmados a nivel estatal y federal, y obviamente municipal, nos hemos podido ampliar en las investigaciones en alguna otra entidad para conocer el paradero de estas personas”, detalla.

No se tiene un patrón establecido en las desapariciones forzadas. “En algunas partes de la entidad tenemos personas que se dedican a la venta de autos, gente que se traslada a comprar autos o que viene a comprar autos, ese es otro factor que ha sido un poco más repetitivo”, explica Rodríguez.

Pero la revisión de los casos arroja el perfil de los desaparecidos: la mayoría, hombres entre 18 y 40 años de edad, de estatura promedio superior a los 1.70 y de complexión robusta. De extracto socioeconómico bajo, aunque también hay ingenieros y especialistas en telecomunicaciones. En ningún caso se pidió rescate.

Este perfil fortalece la tesis de muchos familiares, que suponen que se los llevó gente del narcotráfico para esclavizarlos.

En Coahuila, coincide con ellos el Obispo de la Diócesis de Saltillo, quien señala que estas personas seguramente se encuentran en campos de concentración para ser entrenados y utilizados por las organizaciones criminales.

Dicha situación ha sido confirmada con creces tras cateos y operativos donde se encuentran desde migrantes secuestrados para pedir rescate, hasta verdaderos campos de entrenamiento.

Basta recordar cómo la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena rescató a 61 personas en Piedras Negras, que eran obligadas a trabajar con la delincuencia organizada.

Según los reportes de las Fuundec presumiblemente para la construcción de túneles por donde se transporta droga en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero “se requiere del censo para poder diseñar una estrategia adecuada y factible, que sea confiable, que se sepa quiénes son las personas a quienes se está buscando”.

Son 228 personas desaparecidas las que componen su base de datos, de ellas, 15 son menores de edad y el resto se compone en su mayoría de hombres, aunque no es tan baja la cantidad de mujeres.

A la fecha, la organización civil lleva a cabo la actualización de datos para cerrar las estadísticas de 2011. “Hay familias que nos piden que los datos se publiquen, hay otras que sólo quieren que nosotros conozcamos su información, piden que no se notifique ni a la PGR ni a la Fiscalía del Estado”.

En el proceso de búsqueda de los miles de desaparecidos, sólo 15 personas han sido detenidas. “Son expedientes que no pueden perder vigencia, siempre vamos a buscar a las personas hasta localizarlas y en este caso hay personas detenidas, aunque no hayamos localizado a las personas”, señala la fiscal Lauren Rosaura Rodríguez.

Y en tanto el número de desaparecidos va en aumento y promete recrudecerse cuando empiece la búsqueda, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila documentó sólo tres quejas relacionadas con la lentitud en las investigaciones.

A la llegada de Homero Ramos Gloria como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, adelantó que se solicitaría información a la Fiscalía General del Estado para ampliar datos sobre estos casos.

A la par de ello, las detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos públicos de seguridad es la irregularidad que más quejas ha generado, principalmente contra policías municipales y estatales.

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