No pierden la esperanza

Organismos civiles solicitan a las autoridades evitar más simulaciones y emprender la búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas

Por Javier Cruz / A los cuatro vientos / El Vigía

13.02.2012 – 12:00

Ensenada, B.C. – En Baja California y durante la última década, permanecen desaparecidas más de 275 personas, en su mayoría jóvenes de 20 a 35 años, al menos 30 mujeres y una cantidad similar de niños 10 diez a 14 años.

Todas ellas han sido víctimas de secuestros y “levantones” perpetrados por personas aparentemente vinculadas al crimen organizado, sin que las autoridades realicen las investigaciones necesarias para rescatarlas con vida o encontrar sus cuerpos, en caso de que hayan sido asesinadas.

Fernando Ocegueda Flores, ex secretario general de la Asociación Ciudadana Contra la Impunidad, informó que esta organización tiene registrados al menos 275 casos de personas desaparecidas en Tijuana, Rosarito, Ensenada y Mexicali.

“Pedimos que por favor se apiaden de nosotros, ya estamos cansados de que nos reciban con la puerta en la cara”, suplicó.

Precisó que el 80 por ciento de las personas desaparecidas son hombres de 20 a 35 años; el 10 por ciento mujeres de 20 a 30 años, y el otro 10 por ciento son menores que se los llevan cuando levantan a toda la familia completa.

Comentó que al menos el 40 por ciento de las más de 275 personas que permanecen desaparecidas, fueron secuestradas.

Esto lo sabe porque los familiares de las víctimas recibieron llamadas telefónicas y pagaron rescates de cientos de miles de dólares, pero los miembros del crimen organizado no regresaron a los secuestrados a sus hogares.

“Los secuestradores cobraron rescates que iban de los cien mil dólares al millón de dólares”, precisó el activista, que al igual que muchos integrantes de la asociación, no es “bien visto” por las autoridades que en Baja California procuran justicia.

El ex dirigente de la Asociación Ciudadana Contra la Impunidad, Fernando Ocegueda Flores, acusó en el pasado reciente al gobierno de Baja California ocultar la realidad en cuanto a los índices de criminalidad y delincuencia.

Esto, aseguró, por evidentes intereses electorales.

Ante la reiterada declaración del gobernador, José Guadalupe Osuna Millán, de que los delitos de alto impacto disminuyeron en Baja California, Ocegueda dijo que las estadísticas realizadas por la organización civil registran una cantidad cuando menos dos veces superior a la que reconoce la Procuraduría General de Justicia del Estado.

También que ocho de cada diez asesinatos se cometen en Tijuana.

“El delito de alto impacto no baja, lo que sucede es que se encubren los datos”, aseveró.

Explicó que el crimen organizado ha cambiado el modo de realizar las ejecuciones.

“Antes -expresó-, los sicarios llegaban en cuatro o cinco camionetas y escandalosamente ejecutaban o levantaban a la gente, pero ahora son más discretos, llegan dos personas en una sedán, hacen lo que van a hacer y se pierden en la oscuridad”.

Además, observó, los medios de comunicación han dejado de publicar información sobre estos crímenes.

“Antes, cuando había un levantón o una ejecución, la policía le hablaba a los medios para que cubrieran esa nota y ahora no lo hacen, no sé si sea porque estamos en tiempo electoral. No quieren que se filtre esa información para crear un falso clima de tranquilidad”.

Así, ante la creciente impunidad en la región y la pobre voluntad de las autoridades, “reflejada en la deficiente asistencia a los familiares de las víctimas de privaciones ilegales de la libertad y secuestro”, la organización no gubernamental que se constituyó en Tijuana en abril de 2009, afirma que muchas personas se han desalentado en la esperanza de encontrar a sus seres queridos desaparecidos y han dejado de denunciar.

“La falta de denuncias -indica la asociación civil- ha generado que las estadísticas gubernamentales en cuanto a secuestro y otras desapariciones disminuyan, provocando una falsa imagen donde la delincuencia en la región parece disminuir”.

Y agrega: “esta imagen resulta grave cuando estadísticamente se encarga de sostener el argumento de que la inversión en investigaciones para localizar a los desaparecidos, es un gasto innecesario si los índices de denuncias son tan bajos. Como víctimas sin embargo, sabemos que la realidad es otra”.

Al respecto, Ocegueda Flores recordó que el gobernador Osuna Millán ordenó la creación de una fiscalía especial para personas desaparecidas, pero esa oficina consta sólo de un agente investigador, un secretario de acuerdos, un ministerio público y un fiscal.

“Con un solo agente investigador para poner en claro todos los casos de desapariciones forzadas de personas, esta fiscalía es una burla”, consideró el activista.

También que fue una medida “superficial” para evadir el problema.

“Ahora cada vez que nos encontramos al gobernador en algún evento nos dice que ya nos hizo nuestra fiscalía, pero es una burla que ofende y denigra a los familiares, porque no hay investigación verdadera. Por eso pedimos, por favor, que se apiaden de nosotros, ya estamos cansados de que nos den con la puerta en la cara”.

La Asociación Ciudadana Contra la Impunidad ha dicho que después de una lucha insistente y una larga serie de peticiones, el 2 de diciembre de 2008 el gobernador Osuna Millán autorizó la formación de una fiscalía especializada para víctimas de secuestro y privación ilegal de la libertad.

Esta fiscalía se ubicó en las oficinas del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), y contó con la elaboración en proceso de una base de datos con información genética de los familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

El surgimiento de este nuevo equipo de trabajo prometió mantenerse en contacto frecuente con el departamento de antisecuestros para localizar a las personas ausentes. Sin embargo, los resultados esperados con el empleo de esta estrategia no se concretaron.

Hasta marzo de 2011, esta fiscalía únicamente tenía registrados tres casos resueltos: uno por las autoridades y los otros dos por la investigación de los propios familiares.

En la fosa común

De hecho, por sus propias investigaciones, los familiares de las víctimas de secuestros encontraron los cuerpos de varios de los jóvenes desaparecidos. Al menos tres de ellos habían sido arrojados a la fosa común, a pesar de que traían credenciales de identificación en sus ropas.

“Tan fácil que hubiera sido haberle mandado un citatorio a sus familias y decirles: ‘aquí está su hijo, encontramos su cuerpo’; pero no lo hicieron, echaron a los muchachos en la fosa común. Nosotros nos dimos cuenta que estaban en la fosa común y fuimos a desenterrarlos y se los entregamos a sus familias”, dijo Ocegueda Flores.

Esto al recordar que José Israel Páez González, de 26 años, y Édgar Alejandro González, de 17, permanecieron ocho meses en la fosa común del panteón municipal de Tijuana.

Marta González Gil, madre de Israel Páez, en su momento declaró que para recuperar los cadáveres, las autoridades les pedían casi 30 mil pesos, pero después de una protesta frente al Centro de Gobierno del Estado en Tijuana, les condonaron ese cobro.

Tenoch Saúl Vásquez, quien desapareció en Mexicali el año 2000, también fue encontrado en la fosa común del Panteón El Centinela.

“Pasaron diez años, pero lo encontramos y entregamos su cuerpo a su familia”, expuso Ocegueda.

Enfático, reveló que lo mismo sucedió con los cuerpos de dos migrantes que fueron asesinados y sepultados “en el monte”, en Tecate, por “polleros” que las víctimas habían contratado para que los ayudaran a cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

El ex representante de las familias de personas desaparecidas comentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es la única institución del gobierno federal que atiende su demanda de justicia.

“Desgraciadamente, las recomendaciones de la CNDH no son escuchadas por las autoridades responsables de procurar justicia”.

No obstante, informó que a través de gestiones realizadas por la CNDH se ha logrado que la Procuraduría General de Justicia de Baja California envíe especialistas a realizar exámenes de ADN a familiares de las personas desaparecidas.

Esto para investigar si genéticamente coinciden en algunos casos con diversas osamentas que han sido encontradas en sepulcros clandestinos, como el del ejido Ojo de Agua, del municipio de Tijuana, en el año 2010.

“Esa ha sido toda la respuesta que hemos recibido, en largos años de lucha”, destacó el activista.

Unidos por los desaparecidos

Por otro lado, para fortalecer las actividades que realiza a favor de sus afiliados, la Asociación Ciudadana Contra la Impunidad decidió unir esfuerzos con el movimiento nacional “Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México”, organización civil que el pasado 8 de diciembre publicó una carta abierta a los integrantes de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago).

En la misiva, el grupo expresó que las primeras autoridades responsables de procurar justicia son las procuradurías o fiscalías estatales, y por ende los gobernadores.

“No sabemos de un solo caso en el que (las fiscalías) hayan hecho su trabajo, de manera que conduzca a esclarecer los hechos, dar con el paradero de la persona desaparecida y llevar a los responsables ante la justicia”.

Así, el grado de desconfianza que manifiestan millones de ciudadanos por la no acción de las autoridades encargadas de procurar la justicia y garantizar la vigencia de los Derechos Humanos, “no es con base en dichos, sino en actos concretos de los que las familias organizadas podemos dar testimonio”.

Por ello solicita a los gobernadores evitar más simulaciones y que emprendan la búsqueda inmediata de sus familiares desaparecidos, así como una acción pública integral para abordar seriamente el fenómeno, “que pasa por desarticular una parte del crimen organizado: aquel en el que participan instancias del Estado”.

También piden a los integrantes de la Conago que asuman las siete demandas de su movimiento nacional, a saber:

1.- Creación de un Programa Nacional de búsqueda. 2.- Elaboración de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas. 3.- Atracción y atención federal de todos los casos de desaparición. 4.- Creación de una Fiscalía Federal para Personas Desaparecidas. 5.- Implementación de un Programa Nacional Emergente de apoyo a familiares de personas desaparecidas.6.- Elaboración e implementación de protocolos de investigación homologados a nivel nacional. 7.- Aceptar las recomendaciones del informe preliminar del Grupo de Trabajo de la ONU para desapariciones forzadas e involuntarias.

“Hasta el día de hoy -indica Fuerzas Unidas-, el gobierno federal no ha aceptado ninguna de estas demandas sociales, a pesar del diálogo directo con el presidente de la república, el secretario de Gobernación y la procuradora general de la república”.

Por ello, estima que la Conago tiene la oportunidad histórica de asumir las demandas de su movimiento y dar respuesta a la ciudadanía ante “la emergencia nacional”.

Hasta el pasado viernes 10 de febrero, ningún socio de la Conago -entre ellos el gobierno de Baja California- ha dado respuesta a la carta de la organización nacional.

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