Tipifican a medias la “desaparición forzada” en Coahuila

Tipifican a medias la “desaparición forzada” en Coahuila

Gobierno de Coahuila no cumple con estándares internacionales de Derechos Humanos

Saltillo, Coahuila a 1 de Marzo de 2012

El pasado 14 enero el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, informó a Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Coahuila (FUUNDEC), en una reunión de trabajo, que había enviado una iniciativa al Congreso del estado para tipificar la desaparición forzada como delito. En dicha reunión estuvieron presentes Diputados locales, quienes aseguraron su apertura para escuchar las propuestas de la ciudadanía en este tema.

El 21 de febrero, mientras recordábamos la desaparición de Daniel Cantú Iris ocurrida en esa misma fecha pero cinco años atrás, nos enteramos, a través de los medios de comunicación, que la iniciativa entregada por el Gobernador Rubén Moreira al Congreso del estado para tipificar la desaparición forzada, había sido aprobada en los mismos términos en que fue presentada. No hubo un proceso de consulta con la sociedad a pesar de que los Diputados locales aseguraron tener apertura para escuchar las propuestas de la ciudadanía.

FUUNDEC estuvo enterada de las sugerencias que la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas hizo al Congreso de Coahuila y al propio Gobernador, para posibilitar una buena práctica legislativa en materia de Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas. Nosotras confiamos en que los Legisladores y el Ejecutivo retomarían las importantes sugerencias que les propusieron, sin embargo, no fue su prioridad responder al grave problema de seguridad y Derechos Humanos que vivimos en nuestro estado, lo cual les implica también responsabilidad ante la comunidad internacional.

El tipo penal de Desaparición Forzada, aprobado en Coahuila, no cumple con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos y muestra la falta de compromiso del ejecutivo y del legislativo con las familias de personas desaparecidas y con la vigencia de los derechos humanos en el estado.

La tipificación pasa por alto el elemento de la aquiescencia, establecida en la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas y en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, con lo que se impide una investigación y sanción penal de los servidores públicos cuando toleran o permiten que ocurran las desapariciones. El tipo penal aprobado establece una penalidad más baja que la del secuestro. La Desaparición forzada e involuntaria de personas por parte de funcionarios del Estado debe ser castigada con mayor severidad que cuando la comete un particular, ya que el Estado tiene, además de la obligación de no violar los derechos humanos, proteger a la ciudadanía de que otros los violen y garantizar que estos sean vigentes.

La redacción confusa del tipo penal propuesto por el Ejecutivo y aprobado por los Legisladores, legaliza la apertura a la puerta de la impunidad. Integra elementos como que la conducta se debe cometer “en abuso” de sus funciones y no especificar claramente las conductas delictivas que pueden configurar el tipo penal, además de que omite que la negativa de la información por parte del servidor público impediría el ejercicio de los derechos de los familiares.

A casi un año de la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas y la próxima presentación ante la Asamblea General de la ONU de su informe sobre dicha visita, es necesario que Coahuila cuente con un tipo penal que de forma REAL contribuya a erradicar este problema. Consideramos firmemente que esta nueva figura, en lugar de favorecer, entorpecerá aún más el acceso a la justicia generando más impunidad.

Un tipo penal no resolverá el problema de la desaparición forzada si no va acompañado de medidas integrales y estructurales. La corrupción, complicidad y participación de servidores públicos con el crimen organizado, y que están a cargo de las investigaciones, son una clara muestra de la participación del estado en los casos de desaparición y una muestra que no hay intención de investigar y, además de ello, se pone en riesgo a las familias que aportan la información.

En esta semana nos enteramos de una fosa clandestina localizada en diciembre pasado en el estado de Durango cuyo uno de los cuerpos es de una de las familias de FUUNDEM. Él fue reconocido por un tatuaje, eso quiere decir que no hacía mucho tiempo de su muerte, lo cual nos confirma la posibilidad de que varios estén con vida; él tenía más de un año desaparecido. Nos entristece el dolor de esta familia nuestra; los abrazamos desde cada lugar del país donde estamos cientos de familias viviendo esta terrible tragedia.

Por lo anterior:

Exigimos al Presidente de la República C. Felipe Calderón Hinojosa, a los Gobernadores de todos los estados, que se APLIQUEN YA a la implementación de una Política de Estado que nos permita localizar con vida a nuestros seres queridos.

Exigimos al Congreso del Estado de Coahuila legisle sobre el delito de Desaparición Forzada con base a los estándares internacionales de DHs.

Solicitamos a la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, esté al pendiente de este proceso de tipificación del Delito de Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas, acerque información al gobierno de Coahuila, y se pronuncie sobre los avances y congruencia con el enfoque de Derechos Humanos.

Atentamente

“Con una incansable búsqueda”

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Coahuila y en México

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