Impunidad, patrón crónico en México ante desapariciones forzadas: ONU

Proceso

MÉXICO, D.F. (apro).- Familiares de desaparecidos se plantaron hoy frente a la sede de la ONU en la colonia Polanco, para exigir al gobierno del presidente Felipe Calderón la presentación de las víctimas.

Luego de que en Ginebra, Suiza se presentó el informe final de la visita a México del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI), los familiares de desaparecidos celebraron la posición crítica del grupo de especialistas de la ONU, quienes advirtieron una aparente  incapacidad o “falta de voluntad para atender este problema” en el país.

Aún con el temor de presentarse ante autoridades como Facundo Rosas, subsecretario de Prevención y Vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP), y Víctor Hugo González Sánchez, coordinador de Investigaciones Especiales en Delitos de la Procuraduría General de la República (PGR), los familiares de Antonio Robledo Fernández, Gersain Cardona Juárez y Víctor Hugo Martínez  denunciaron abiertamente su desaparición.

Los familiares de los tres jóvenes extendieron varias mantas cuando Blanca Martínez, directora  del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), enunció una larga lista de 39  personas desaparecidas en Coahuila de marzo de 2007 a la fecha.

Más adelante, Martínez aportó un dato aterrador: existen 40 mil 483 denuncias por desaparición forzada de 2007 a la fecha en 16 estados, de acuerdo con 50 solicitudes de información que hicieron organizaciones de todo el país.

La defensora agregó que  en 2011, cuando el GTDFI visitó Saltillo, había 118 denuncias por desaparición forzada en ese estado y ahora hay 230; en Guanajuato se reportaron 28 desaparecidos en 2011 y ahora hay 160, mientras que en Chihuahua y Nuevo León el promedio de mil desapariciones se mantiene.

“Sólo en Nuevo León, en los últimos meses se reportaron 56 desaparecidos. La semana pasada, policías municipales detuvieron a 50 jóvenes de los que hasta ahora se desconoce su paradero”, detalló Blanca Martínez.

Tras la participación de la activista, Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua (CDHCh), denunció que mientras el Ejército estuvo a cargo de la seguridad (de 2008 a 2009), 21 personas desaparecieron.

Cuando la Policía Federal asumió la responsabilidad de la seguridad de la ciudad, añadió, se sumaron seis casos de desaparición forzada atribuidas a efectivos de Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y desde 2011 a la fecha –cuando la Policía municipal asumió el control– hay por lo menos 10 desaparecidos.

De la Rosa Hickerson confió a Apro que a la Policía Municipal, a cargo del teniente coronel Julián Leyzaola, se le atribuyen 50 casos de desaparición forzada, así como 100 mil detenciones, 200 de las cuales han sido motivo de queja.

El argentino Ariel Dulitzky, quien hizo la presentación del informe, dio cuenta de la tragedia de las desapariciones “de ahora y de siempre”, las ocurridas durante la llamada “guerra sucia” de los años sesenta, setenta y ochenta, de las cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó 352 casos, pero organizaciones no gubernamentales cifran en más de mil, 600 de ellas en el estado de Guerrero, y de éstas, 350 sólo en Atoyac.

“No existe una política pública integral y marco legal que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. Pareciera no existir una coordinación vertical y horizontal entre las autoridades federales, locales y municipales. Tampoco existe un adecuado sistema nacional para realizar la búsqueda de personas desaparecidas forzosamente”, sostiene el diagnóstico elaborado por el GTDFI.

Después de recibir información de instituciones de gobierno, organizaciones de derechos humanos y de víctimas, el grupo de expertos de la ONU concluyó que en México “la impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas, y no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y la reparación. Parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”.

En teleconferencia, Dulitzky repasó los principales obstáculos que hay en México para que el tema de las desapariciones forzadas dé satisfacción a los familiares de las víctimas, entre ellas falta de armonización en las legislaciones estatales con respecto a la ley federal sobre desapariciones forzadas, amén de que en 20 estados no existe ese delito.

Además, la tipificación del delito sólo contempla la participación de agentes del Estado y no “a particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o aquiescencia”, y la inoperancia del amparo para que familiares reclamen a los desaparecidos.

Asimismo, la prominencia del fuero militar sobre el civil en casos de violaciones a derechos humanos; la ausencia de protocolos de uso de la fuerza, tanto para efectivos de las Fuerzas Armadas como corporaciones policiales, y la estigmatización de personas desaparecidas, entre otras.

Entre las recomendaciones que el GTDFI estableció destaca el regreso de los militares a los cuarteles, la creación de un Programa de Búsqueda de Desaparecidos, la aplicación de protocolos de uso de la fuerza para todas las fuerzas armadas y policiales, modificaciones legislativas acordes a los parámetros internacionales, reforma al fuero militar, revelación de los nombres de las personas responsables de las desapariciones forzadas durante la “guerra sucia”, envío de archivos de la Sedena y de la Dirección General de Seguridad (DGS)  al Archivo General de la Nación, y reparación del daño a los familiares de víctimas.

Dulitzky reconoció que no hay una fecha para que el Estado responda a los señalamientos que hizo el GTDFI, y que por parte de los especialistas de la ONU sólo tienen atribuciones para dar a conocer las respuestas que reciba del gobierno de Felipe Calderón hasta que publiquen el informe anual.

El especialista resaltó que las recomendaciones no fueron dirigidas “a un gobierno de un partido político en particular, se enviaron a un Estado”, por lo que el presidente que surja de las elecciones que se realizarán el próximo 1 de julio “debe acatar las indicaciones como representante de Estado, en apego a los acuerdos internacionales firmados por México”.

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: