Observaciones generales al Programa Estatal para Personas Desaparecidas

Observaciones generales al Programa Estatal  para Personas Desaparecidas

Tras una revisión y análisis detallado con las Familias de FUUNDEC-M, de la propuesta para un Programa Estatal para Personas Desaparecidas, consideramos que el documento tiene el mérito de abordar de una manera específica el grave y generalizado problema de las desapariciones en Coahuila, adolece de un tratamiento estructural que desarrollaremos en seguida. Sin dejar de reconocer este importante esfuerzo, estamos en la obligación y en condiciones de hacer las siguientes observaciones, mismas que esperamos sean retomadas por del titular del Poder Ejecutivo del Estado. Advertimos, por principio de cuentas que la propuesta parte de cero, como si apenas empezara el fenómeno, cuando en palabras del propio gobernador las cifras son mucho mayores de las que demandamos acción urgente en FUUNDEC

Sobre la estructura general

En opinión nuestra, el diagnóstico sobre la gravedad del asunto no está a discusión, pero tampoco está debidamente aceptado en toda su dimensión. Tras las detenciones de febrero de 2012, en la cual son involucradas como copartícipes de la delincuencia organizada servidores (as) públicos (as) del orden común y del orden federal se refuerza una de nuestras exigencias: la estructura del Estado está dañada en un muy importante nivel y en un alcance cuyo fondo aún no podemos precisar. Esta realidad no está presente en el documento.

El pasado 14 de marzo el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas formalizó ante el Gobierno de México su informe en el que hace importantes pronunciamientos relacionados con la falta de políticas públicas de prevención, con la corrupción galopante en todas las instancias del Estado, así como la generalizada impunidad y las recurrentes participaciones de agentes del Estado en las desapariciones de personas. Coahuila fue uno de las entidades visitadas por dicho Grupo de Trabajo, y consideramos que tras las detenciones de febrero pasado y la presentación del informe de trabajo, corresponde hacer ajustes estructurales a la propuesta presentada por el Gobernador del Estado.

El Grupo de Trabajo propone para la atención estructural el reconocer la dimensión del problema así como como el grado de involucramiento de servidores públicos de todos los niveles y órdenes de gobierno. Las detenciones de funcionarios el pasado mes de febrero restan autoridad al Estado, pero no necesariamente al gobernador, si éste toma acciones de gobierno valientes y de hondo calado, pasando por reconocer la dimensión del problema e iniciar procesos de investigación contra todos los funcionarios presuntamente vinculados a las delincuencia organizada, asimismo habrá que hacer una evaluación exhaustiva de todos los funcionarios que han conocido de los casos de desapariciones y deslindar responsabilidades en cuanto a posibles actos de obstrucción al derecho a la justicia.

Sobre el marco legal

Recientemente el Congreso del Estado aprobó una propuesta para la tipificación de delito de desaparición forzada e involuntaria, de la que ya hemos dado nuestra opinión como FUUNDEC, en un comunicado del 1 de marzo pasado. En el contexto del informe de la ONU, el cual suscribimos y lo hacemos nuestro, la propuesta hecha por las autoridades del Estado evade el concepto de la aquiescencia, propone penas impropias de la gravedad del delito, y evade lo relacionado con la imprescriptibilidad de la persecución del delito, y por ende con la imposición de la pena.

Aunque reconocemos los esfuerzos del gobernador para la implementación de una Subprocuraduría para personas desaparecidas, consideramos que sin un marco legal correspondiente con el estándar internacional, sin una plataforma conceptual adecuada cuya base sea el reconocimiento de la dimensión del problema y sus causas estructurales, la impunidad será lo que marcará sus estrategias. Al respecto, recordamos que ya el Grupo de Trabajo de la ONU para Detenciones Arbitrarias recomendó en su informe de 2003 para México que:

Abrir un debate en profundidad sobre la necesidad de reformar el sistema penal y procesal penal y las atribuciones para-jurisdiccionales del ministerio público (párrafo 72 b).

En ese sentido, también el Relator sobre la independencia de Jueces y Abogados sobre su visita a México 2001, en su informe presentado en 2002 ante el Gobierno de México recomendó:

En lo que respecta al ministerio público:

i) Acelerar el proceso de destitución del personal incompetente e ineficiente de la Procuraduría para ganarse la confianza de la población.

ii) Continuar con la política de contratación basada en titulaciones de tipo jurídico y otras, en los méritos y en los resultados obtenidos en los exámenes.

iii) Incluir las Directrices sobre la función de los fiscales, así como las normas de responsabilidad profesional adoptadas por la Asociación Internacional de Fiscales y la Declaración de los deberes y derechos fundamentales de los fiscales en abril de 1999, y los tratados internacionales de derechos humanos en los programas de formación, a fin de inculcar a los procuradores los valores propios de su profesión (párrafo 192 e).

La reforma del marco legal pasa también por la regeneración de quienes integran los cuerpos de Procuración y Administración de justicia, incluyendo sus auxiliares, así como por la rendición de cuentas, pues el caso más antiguo de desaparición cumplió cinco años en febrero pasado, sin que ninguna autoridad reporte avance alguno sobre el paradero del desaparecido, ni de la responsabilidad de los perpetradores. Esta circunstancia no está contemplada en la propuesta de programa para personas desaparecidas, y lo consideramos también como parte del derecho a la verdad, recomendación incluida en el informe presentado el 14 de marzo (capítulo E).

Búsqueda de vida.

La principal preocupación y la primer demanda de FUUNDEC-M es un programa nacional de búsqueda inmediata, dividida en dos grandes segmentos: casos de suceso inmediato o muy reciente y casos que han acontecido desde diciembre de 2006. Al respecto, consideramos imprescindible que una propuesta de gobierno sobre personas desaparecidas debe considerar, políticas públicas y presupuestarias en tres fases: prevención, reacción inmediata y búsqueda sostenida.

En el primer concepto, el Estado mexicano debe considerar toda su estrategia de acción social, en una transición cada vez menos punitiva, y reconsiderando el modelo de seguridad pública, por el de seguridad humana y ciudadana, atendiendo las necesidades sociales desde la perspectiva de derechos.

Igualmente una acción de estado decidida precisa socavar las bases financieras, lavado de dinero, acciones bancarias bursátiles, tráfico de armas, limpieza del servicio público y aplicación de la ley para el deslindamiento de las responsabilidades penales en los casos de desapariciones y las acciones u omisiones de quienes integran el servicio público en todos los niveles.

En el segundo aspecto, relacionado con el contexto actual y reciente el Estado debe desarrollar la infraestructura que ahora no tiene para actuar en forma simultánea a la denuncia sobre una desaparición. Dicho programa debe tener referentes de experiencias en otros países, pero su confección final y aplicación práctica deberá estar considerada para la realidad local y regional.

Aquí debe también aceptarse que la conformación actual de organigrama público es no solo inoperante, sino que está bajo sospecha de colusión activa u omisa frente al drama de las desapariciones, al grado tal de que las denuncias presentadas por FUUNDEC ninguna ha derivado en el paradero de la víctima, en el esclarecimiento de los hechos, ni en el fincamiento de responsabilidades penales tanto de los perpetradores, como de ninguna autoridad.

Consecuentemente, una propuesta como la que se requiere no puede dejar de lado un marco operativo preciso basado en protocolos de investigación generales, que deberán ser adaptados conforme cada caso presentado. Los casos antiguos precisan un tratamiento distinto, con calendarios de atención muy exigentes hacia los familiares de la víctima y con un proceso de atención victimal muy detallado basado en derechos humanos tales como asegurar la vivienda, la educación, la salud y el trabajo para los dependientes de la persona desaparecida, mientras opera el mecanismo de búsqueda y localización de la víctima.

En suma, por cuanto hace a la búsqueda, el Programa tendrá que ser modificado en atención a las recomendaciones del párrafo 107 del informe del Grupo de Trabajo de la ONU, garantizando la operatividad y la asignación presupuestaria suficiente para esos objetivos. Además, pedimos que el Gobierno del Estado solicite la asesoría de la Cruz Roja Internacional y otros organismos de expertos internacionales para monitorear y aportar en la definición de un programa general de búsqueda de personas vivas, para casos inmediatos, recientes y antiguos.

Urgencia de medidas inmediatas

Finalmente, mientras las cifras de desapariciones se incrementan conforme pasan los días, el Gobierno local debe tomar una iniciativa que no hemos visto en otras instancias de gobierno del Estado mexicano, de saneamiento inmediato, de fincamiento de responsabilidades por la función pública de procuración de justicia (incluyendo a los auxiliares del Ministerio Público) de los últimos cinco años, con la conformación de una estructura de investigación basada en las contenidas en el informe 2012 del Grupo de Trabajo de la ONU para Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas y que incluya colaboración internacional en su formulación y seguimiento.

No obstante lo anterior, y que reconocemos muestras de voluntad política por parte del Gobierno del Estado, consideramos que la urgencia de medidas inmediatas no debe dar pie a la improvisación de medidas, ni de estructuras, sino que deben ser consultadas con las familias de las personas desaparecidas, con los organismos internacionales que han referido diversas recomendaciones para reformular la estructura del sistema jurídico mexicano y que conforman lo que denominamos estándar internacional, en este caso aplicable al tema de la desaparición de personas, y con aquellas instancias no gubernamentales que han acumulado experiencia en otras latitudes, como referente para considerar las mejores técnicas de investigación.

Todo ello parte de reconocer la realidad que estamos viviendo: que las desapariciones de personas ha rebasado la capacidad de acción del Estado, desde el inicio de la guerra a la delincuencia organizada, y que estamos ante desapariciones orquestadas de manera recurrente y sistemática, muchas veces con la connivencia y la aquiescencia de servidores públicos de todos los órdenes y de todos los niveles. Esa realidad, en esa magnitud, debe ser aceptada por el Gobierno de México, pero también por el Gobierno de Coahuila.

Considerando el estándar internacional, pedimos formalmente al Gobierno de Coahuila que asuma una estatura de estadista y que en el contexto de la nueva configuración constitucional de los derechos humanos y de la colaboración internacional, entre lo que se incluye la aceptación de los instrumentos internacionales y sus mecanismos de seguimiento, y por ello de sus informes y recomendaciones que deberán ser retomados. Anexamos algunos informes que pueden ayudar a ubicar los estándares internacionales a cuidar.

Adjunto al presente documento, entregamos la propuesta de Programa Estatal para Personas Desaparecidas entregado por el Gobernador Lic. Rubén Moreira el pasado mes de enero, con una serie de observaciones directas al texto, las cuales son parte también de nuestras reflexiones, valoraciones y propuestas.

FUUNDEC-M demanda una pronta reunión con el Ejecutivo Estatal, y por supuesto esperamos respuesta no solo a estos documentos, sino fundamentalmente mínimo a las siguientes preguntas:

  1. ¿Cuántas desapariciones transcurrieron durante el periodo en el que la PGR tuvo noticia de la corrupción y las detenciones anunciadas?
  2. ¿De qué manera estas personas procesadas repercutieron en la investigación sobre las desapariciones de nuestros familiares?
  3. ¿Es por esa razón que nunca se ha podido prever, evitar o dar con el paradero de ninguna de las personas desaparecidas?
  4. ¿Las desapariciones eran con el conocimiento o la aquiescencia de las personas corrompidas?
  5. ¿Qué confianza podemos tener con los funcionarios que aun siguen en la Fiscalía?
  6. ¿Por qué no se tomaron medidas inmediatas contra el ex Fiscal Jesús Torres Charles y le aceptó su renuncia sin más?

Y a nivel federal también exigimos respuestas:

  1. ¿Desde cuándo sabía la PGR del involucramiento de la ex-subdelegada de la PGR y otros funcionarios federales y estatales?
  2. ¿No pensó en que se comprometía la seguridad de las familias de desaparecidos, que daban a ella detalle de la investigación realizada por las propias familias?
  3. ¿Tiene la PGR información sobre las desapariciones que pudieran ser atribuidas a la organización delictiva que retribuía a los servidores públicos detenidos o información donde las autoridades estatales y federales ordenaron las desapariciones?
  4. ¿Por qué razón, si la PGR estaba llevando una investigación tan grave y profunda, no aceptó nuestra demanda social de que fuera la propia PGR la que atrajera y condujera las investigaciones?
  5. ¿Qué garantías nos ofrece el Estado para atender esta grave realidad de involucramiento de funcionarios de alto nivel con delincuencia organizada? ¿Cómo va garantizar la seguridad de las familias denunciantes?

 

Saltillo, Coahuila a 20 de Marzo de 2012

 

CON UNA BUSQUEDA INCANSABLE

FUERZAS UNIDAS POR NUESTROS DESAPARECIDOS EN COAHUILA Y EN MEXICO

CENTRO DIOCESANO PARA LOS DERECHOS HUMANOS “FRAY JUAN DE LARIOS”

 

 Estándar internacional para la atención de desaparición de personas

  1. Informe de la Relatora Especial sobre Independencia de Jueces y Abogados sobre su visita a México en 2010.
  2. Observaciones y Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño en su revisión del cumplimiento de México con el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía en abril 2011
  3. Informe del Relator sobre Migrantes sobre su Visita a México en 2008.
  4. Informe del Relator sobre Venta, prostitución y pornografía infantil sobre su visita a México en 2007.
  5. Informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura del Comité contra la Tortura sobre su visita a México en 2008.
  6. Recomendaciones a México durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2009.
  7. Observaciones y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la revisión del examen periódico, 2010.
  8. Informe del Comité contra al Tortura sobre su visita a México bajo el artículo 20 de la Convención, 2002.
  9. Observaciones y recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en la revisión del examen periódico, 2006.
  10. Informe del Relator sobre la independencia de Jueces y Abogados. Visita a México, 2001.
  11. Observaciones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en la revisión del examen periódico, 2006
  12. Informe del Relator sobre indígenas de las Naciones Unidas en su visita a México, 2003.
  13. Informe del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer en su visita a Cd. Juárez, México, 2005
  14. Observaciones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la Mujer en la revisión del examen periódico, 2002
  15. Informe de la Relatora sobre violencia contra la mujer en su visita a México, 2005.
  16. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, visita a México en 1996.
  17. Informe del Relator sobre Tortura sobre su visita a México en 1997.
  18. Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México, OACNUDH, 2003.
  19. Informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, visita a México en 2002.
  20. Informe de la Relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales sobre su visita a México en 1999.
  21. Observaciones y Recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la revisión del examen periódico en 1994.

NOTA: En las observaciones particulares al texto, incluimos otra serie de instrumentos de DHs a considerar.

Observaciones al Programa Estatal de Personas Desaparecidas

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