Piden “búsqueda de vida”

Diocesis de Saltillo

En la presentación del Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias

FUUNDEC demanda “acciones inmediatas y urgentes” para localizar personas desaparecidas; demuestra grupo internacional colusión de autoridades con criminales

En el marco del Informe del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en el que se destaca la falta de acción de las autoridades de todos los niveles para esclarecer estos delitos en el país, además de su comprobada colusión con los grupos delictivos que los perpetran; la organización civil Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) exigió resultados al Gobierno del Estado y le pidió realizar acciones “urgentes e inmediatas” para localizar a 230 desaparecidos en la Entidad

En la presentación que hiciera el Grupo de Trabajo el pasado 28 de marzo en Saltillo, FUUNDEC solicitó la creación de un programa de “búsqueda de vida”, dividido en dos grandes líneas: los casos de suceso inmediato o muy reciente y casos que han acontecido desde diciembre del 2006. “El Gobierno del Estado de Coahuila, necesita tomar y reforzar su estructura política, tener el valor para realizar acciones urgentes e inmediatas; ya no queremos mentiras ni falsas promesas, demandamos acciones y trabajo de investigación reales, no discursos políticos. Las palabras se las lleva el viento, si no pueden hacer su trabajo hay personas capaces que lo podrán hacer”.

Colusión con autoridades

Destacaron la falta de avance en los casos, ninguno de los cuales ha sido resuelto en cinco años, así como el hecho de que servidores públicos de la ex Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría General de la República (PGR) fueron detenidos por sus nexos con grupos del crimen organizado. “Estos servidores participaron en las mesas de seguimiento de nuestros casos. Ahora entendemos las razones por las que nunca han sido localizados nuestros familiares… el derecho a la verdad se nos ha negado, así como respuestas a las preguntas ¿qué pasó?, ¿dónde están?, ¿quién lo hizo?”.

Son ellos mismos, los familiares, quienes han logrado obtener información sobre sus familiares, ante la nula investigación de quienes debieran procurar la justicia. “La búsqueda de nuestros desaparecidos ha sido meramente de oficio. Los funcionarios involucrados en las investigaciones han llegado a decirnos que ya no los busquemos, que probablemente ya estén muertos, que no nos organicemos, y su omisión y no acción ha sido patente en todos los casos”.

Tal situación, agregan, ha sumido en la indefensión a las familias de los desaparecidos, que ahora temen por su propia seguridad dado el trato que podría darse a los datos compartidos con quienes en su momento ejercían de autoridad. “La información que se encuentra en los expedientes es la que nosotras hemos proporcionado, y ahora, sabiendo la colusión de las autoridades, tenemos temor de la información proporcionada y también angustia de saber que ellos mismos hayan sido los causantes de las desapariciones”.

Los temores se fortalecen luego de que han presentado “pruebas fehacientes de quienes participaron, tanto autoridades como particulares, y aún así no se ha hecho nada para detenerlos o investigarlos; se han dado datos de casas de seguridad donde pueden estar usándolos para trabajos forzados y aún así no se investiga”.

Por ello exigieron además una depuración de los funcionarios que han tomado los casos pues si bien destacaron la creación del Programa Estatal de Personas Desaparecidas, también el hecho de que aparte de aceptar sin más la renuncia del Fiscal del Estado, la actual administración estatal ha permitido la permanencia del grupo de trabajo del ex funcionario.

No hay confianza en las autoridades

“Hoy no podemos confiar en las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia, mucho menos en las personas que se encuentran al mando de ellas, quienes nos han demostrado en diversas ocasiones su incompetencia, graves omisiones y nexos con la delincuencia organizada”. A ellas sumaron las comisiones Federal y Estatal de Derechos Humanos, esta última que lejos de atender a las familias se ha negado a aceptar las quejas y por el contrario les aseguró que nada puede hacer, pero sí les pidió los datos para incluirlos en sus estadísticas.

El Grupo visitó en el 2011 para emitir recomendaciones

Cabe mencionar que el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, visitó varias entidades del país del 18 al 31 de marzo de 2011, entre ellos Saltillo, donde se reunió con autoridades y víctimas de este delito. Según su reporte, se comprobó que no existe información disponible para los familiares de las víctimas y los delitos de desaparición forzada son reportados e investigados bajo una figura diferente o ni siquiera son considerados como delitos.

Aseguró que recibió información “concreta, detallada y verosímil, sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos”, por lo que recomendó, entre otras cosas, que se fortalezca el registro de las detenciones por parte de las autoridades de todos los niveles, indicando “el motivo de la detención; la hora exacta de la llegada de la persona detenida al lugar de custodia; la duración de la privación de la libertad; la identidad de la autoridad que ordenó la detención; así como de los oficiales encargados de llevarla a cabo; la cadena de custodia de las personas detenidas; información precisa sobre el lugar de custodia; y el momento en que es presentada ante una autoridad judicial u otra competente”.

Por su parte, FUUNDEC demandó ante todo el derecho a la libertad y la justicia. “El dolor causado por la desaparición de nuestros seres queridos es transformado en fuerza e indignación; ante tanta indiferencia y poca acción… pero igual no dejaremos de demandar su búsqueda”, finalizaron.

Petra Rocha

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