‘Minimizan autoridades caso de desaparecidos’ en Coahuila

Vanguardia

Presenta informe grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas

Saltillo.- El “Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias”, presentado aquí, plantea un escenario aterrador para las familias de las víctimas y exhibe a las autoridades de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel federal y estatal por su falta de capacidad en la solución del problema.

El informe se presentó a manera de foro de discusión con la presencia de Santiago Corcuera, ex comisionado de la ONU; fray Raúl Vera López, obispo de la Diócesis de Saltillo; María del Carmen Galván Tello, directora de Derechos Humanos en el Gobierno de Coahuila; Diana Iris García, representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y Alán García Campos, representante de la ONU.

En entrevista, Santiago Corcuera sostuvo que las autoridades tienden a disminuir y minimizar la situación de los desaparecidos a nivel nacional. La prueba es que hace un año que se dieron a conocer cifras, “salieron algunos funcionarios del Gobierno Federal a decir: nombre, pues por favor revisen los números porque no es para tanto”.

Además en las desapariciones forzadas en México, los familiares de las víctimas “viven un intenso temor y en la gran mayoría de las veces no se atreven a denunciar los casos”.

Tanto Javier Hernández, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como el gobernador Rubén Moreira, tenían planeado asistir al evento, sin embargo, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, los citó en la capital del País para atender asuntos relacionados con seguridad.

Solidarios con Coahuila

El informe es el resultado de la visita del grupo de trabajo de la ONU en México durante marzo de 2011 y en el texto, Javier Hernández hace un reconocimiento y manifiesta su solidaridad con familiares de víctimas de desaparición forzada de Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, Michoacán, Chihuahua y Guerrero.

La primera recomendación a las autoridades mexicanas es que se reconozca la “dimensión del problema de la desaparición forzada como el primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación”.

Santiago Corcuera explicó que, efectivamente, las cifras del informe no corresponden a la realidad porque se quedan cortas y pidió “un marco jurídico para hacer frente a esta asquerosa práctica de la desaparición forzada”.

Piden eliminar arraigo

El informe pide la tipificación en los códigos penales del delito de desaparición forzada, un plan de búsqueda de los desaparecidos y un programa de reparaciones, así como la eliminación de la figura jurídica del arraigo como método de investigación porque representa la puerta a las desapariciones.

Santiago Corcuera hizo un llamado al Poder Legislativo, a los jueces y a los procuradores de justicia en las entidades para que no se utilice la figura del arraigo por ser un método deshonesto.

Corcuera, en relación al informe pidió también que las fuerzas armadas, en un plazo breve regresen a los cuarteles.

Diana Iris García, en representación de Fuundec, criticó que el Gobierno Estatal revictimice a los desaparecidos y reveló que tienen temor y angustia por haber proporcionado información a elementos de la Fiscalía General de Coahuila.

Pedir justicia no es pedir limosna: Vera

Fray Raúl Vera, por su parte, dijo que “pedir justicia no es pedir limosna”, y explicó que en el caso de Coahuila la tipificación del delito de desaparición forzada se quedó corta; de igual manera criticó a la justicia federal porque en materia de amparo hasta se pide la firma y datos, inciertos para los familiares, de la persona desaparecida.

María del Carmen Galván, titular de Derechos Humanos del Gobierno de Coahuila, en un breve mensaje, planteó un plan de trabajo entre autoridades y familiares de las víctimas para erradicar y solucionar el problema.

“Desde el Gobierno del Estado estamos conscientes que una respuesta clara a este problema requiere de la colaboración de organismos internacionales que monitoreen el trabajo que las autoridades locales realicen para cumplimentar la recomendación de este informe, invitamos a la ONU o cualquier otro organismo de derechos humanos que estimen conveniente”, dijo.

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