Tras el rastro de desaparecidos

El Universal

Son familiares de víctimas en Coahuila, que tras los hechos han tenido que prepararse para no claudicar en su lucha por encontrarlos, vivos o muertos; se enfrentan a la burocracia e inacción del gobierno

Lunes 06 de agosto de 2012 | Cynthia Rodríguez | El Universal

politica@eluniversal.com.mx

MONTERREY, NL.— Ni Diana ni Jorge imaginaron jamás que algún día la ausencia de sus seres queridos los pondría frente a grupos de personas que, como ellos, en el último sexenio han visto pasar su vida deambulando de una dependencia a otra en busca de información que les dé pistas para encontrarlos.

Diana es madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido el 21 de febrero de 2007, en Ramos Arizpe, Coahuila. Jorge es el hermano menor de Antonio Verástegui González y tío de Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos en Parras, Coahuila, el 24 de enero de 2009.

Hoy, su fatal experiencia los ha llevado a ser defensores de derechos humanos y capacitadores de más familiares de desaparecidos. Aunque toda su tragedia comenzó en Coahuila, hace unos días Diana y Jorge decidieron dar el primer Taller de “Desaparición Forzada: Mecanismos de Búsqueda” en Nuevo León, donde el fenómeno de desaparecidos está creciendo.

“¿Dónde están? Tú puedes ser el próximo desaparecido”, señalaba un cartel en uno de los salones que la Universidad Regiomontana donde fue el taller del 13 y 14 de julio. Ahí, luego de buscar a sus familiares más de 3 años por todo el país, Jorge Verástegui, de 22 años y estudiante de Derecho, comienza su exposición. Y es que a fuerza de buscar, ellos han tenido que estudiar leyes, casos de otros países, y hasta derecho internacional para entender su propia tragedia y lograr alguna ayuda. Esta misma búsqueda les ha enseñado que las leyes mexicanas tienen serias limitantes para poder encontrarlos. La prueba es que ningún caso de desaparición forzada está tipificado.

Jorge explica que Fuundec (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila), del cual forman parte, surgió en octubre de 2009 cuando se dieron cuenta que el número de desaparecidos estaba creciendo en la entidad.

Para inaugurar el taller, proyecta el documental Por una búsqueda incansable sobre los casos de desaparecidos, ahí varios de los familiares explican lo que es su vida en la completa incertidumbre desde que se llevaron a sus seres queridos. Por este video, cambió el lema: “Por una búsqueda incansable, vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Entender para exigir

Jorge explica la definición de desaparición forzada, puesto que a todos les debe quedar claro que los desaparecidos no son personas secuestradas, ni tampoco se trata de privaciones ilegales de la libertad.

Basado en lo que dice la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para la Protección de todas las personas contra Desapariciones Forzadas (que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010 y de la cual México forma parte), explica en el lenguaje más simple, que la desaparición es un delito autónomo donde es ejecutada por agentes del Estado y/o grupos de personas que actúan con la autorización del Estado sin ninguna solicitud de rescate.

“El secuestro en cambio, lo comete cualquier persona, pero para que sea considerado como tal debe haber una solicitud de dinero”, dice, “tampoco es una privación ilegal de la libertad porque ésta es cometida por particulares sin ninguna solicitud de dinero”.

Otra de las características de la desaparición forzada —explica— es que prevalece una falta de información por parte de las autoridades o una negativa a reconocer el hecho, y como consecuencia, se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

“La diferencia entre un delito y otro es quién lo comete y cómo la desaparición forzada la comete el Estado, que en teoría debe encargarse de darnos toda la protección, pues es considerado un delito de lesa humanidad”.

Actualmente, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, reconoce al menos mil 800 casos desde el año 2000, donde se incluyen desapariciones forzadas, secuestros, privación ilegal de la libertad o como se dice levantones.

Fuundec tiene registrados 258 casos documentados de desaparición forzada desde 2009 hasta al día de hoy, sólo en Coahuila. En estos días están tratando de documentar los casos en Nuevo León pues las madres de los desaparecidos quieren su Fuundenl.

La CNDH estima que desde que estalló la “guerra contra el narcotráfico” habría unos 5 mil reportes de desaparecidos en todo el país, además de los 9 mil cuerpos que quedarían sin identificar en este sexenio por la violencia. Además las más de 350 fosas clandestinas donde se cree que se encuentren otros mil 200 cuerpos… y la cifra crece.

Búsqueda de vida

A quienes les han desaparecido un hijo, un padre o un hermano (más de 95% de los casos de desaparecidos son hombres) saben que la búsqueda se vuelve infinita. Por lo regular la realizan mujeres. Madres que de la noche a la mañana cambian sus actividades para buscar. Van de las agencias de los ministerios públicos, a las diferentes procuradurías, a los palacios municipales, a las colonias donde creen que pueda estar, a parajes apartados de las ciudades y hasta a la Presidencia.

“Yo que trabajaba cuando me desaparecieron a mi Roy me tuve que jubilar, pues debo dedicar casi todas las horas del día a eso porque debo estar al frente a un ministerio público, al procurador, o del subprocurador, del delegado de la PGR, o escribiéndole al Presidente de la República, y yendo a México para ver si allá me pueden resolver algo”, asegura Irma Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, estudiante de Filosofía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desaparecido de su propio domicilio el 11 de enero de 2011.

Irma Leticia tiene otro hijo menor, pero dice que su vida está empeñada en buscar a Roy y que no descansará hasta encontrarlo. Esa es la convicción de los familiares de desaparecidos. Jorge señala que la búsqueda no necesariamente significa encontrarlos con vida, y que aunque cada persona procesa de diversa manera el dolor, al final todos entienden que al menos se deben encontrar los restos del ser querido.

Objetivos claros

Han pasado 5 años y 5 meses desde que Daniel Cantú Iris, hijo de Diana García Iris desapareció en Ramos Arizpe. Alprincipio ella no podía dar la cara; tenía terror de hablar, de aparecer en público, temía que a sus otros dos hijos pudiera pasarles lo mismo. Se volvió paranoica.

Sobre todo porque el de Daniel fue el primer caso registrado de Desaparición Forzada en Coahuila y sufrió una estigmatización. Le decían: “En algo andaría metido”. Enfrentó como todos la indiferencia de las autoridades, la impunidad de los jueces y la crueldad de la sociedad. Luego los casos fueron creciendo y al ver que no era el único Diana tomó fuerzas para salir a hablar a los demás familiares de desaparecidos, sobre cómo no desesperarse. “Nuestra lucha es de amor y resistencia. Sabemos que si esta lucha no la hacemos nosotros, no la van a hacer las autoridades, pero solos tampoco vamos a lograr nada”.

“Por eso es muy importante hacer redes y archivos de la gente que se va uniendo en esta búsqueda”. Ella ha estudiado a detalle casos internacionales, en especial el colombiano, de donde ha aprendido lo que hay que hacer cuando una persona desaparece. Lo primero, subraya, es iniciar la búsqueda en las primeras horas desde que se detecta una desaparición forzada. “Nosotros sabemos que las primeras horas son de vital importancia, así que denunciar es lo principal y aunque nos digan que hay que esperar 72 horas para presentar la denuncia, no debemos aceptarlo, porque en ninguno de los códigos dice eso y la búsqueda debe ser inmediata”, detalla.

Lo que hay que recordar, asegura Diana, es el físico de los desaparecidos, su fisonomía, tipo de huesos, músculos, si tenía tatuajes o marcas. “A veces es inútil insistir en la ropa que llevaba el día que lo desaparecieron porque, por ejemplo, hay localidades donde todos utilizan pantalones de mezclilla y botas”.

Y agrega: “Tenemos que considerar qué hacía, dónde estaba, con quién se juntaba, a quién frecuentaba, cuáles eran sus amistades, sus diversiones. Todo para tener el universo de actividades de nuestro desaparecido”. Para Diana lo más efectivo es llevar la propia denuncia por escrito y hacer que en el Ministerio Público la sellen o la firmen.

“Al principio confiaba en la Procuraduría de Justicia, pero pronto me di cuenta de la impunidad que existe. La verdad, las autoridades no merecen nuestra confianza por todo lo que nos han hecho”.

Recomienda hacer una bitácora de lo que cada uno va haciendo para encontrar a sus seres queridos, para llevar el registro de todos los funcionarios que ven y lo que les dicen. “Es típico que siempre en las oficinas nos ven como las ‘viejas locas’ por nuestra insistencia, pero no importa, uno debe seguir y creánme que se van juntando los papelitos y esto puede ser después una prueba de que el Estado mexicano no resuelve nada”.

La tipificación

Verástegui destaca la importancia de que el delito de Desaparición Forzada esté tipificado. De las 32 entidades en México, sólo en ocho existe como tal, en los demás se carece de un marco normativo adecuado para proteger a las personas de las desapariciones forzadas.

Al tipificar este delito, explica Jorge, habría un sistema coordinado de información, un registro nacional de personas, un banco de datos de ADN único de desaparecidos. “Sin embargo, a lo que ahora nos enfrentamos es sólo a la burocracia, pues si nosotros denunciamos la desaparición forzada de una persona en Coahuila, pero nos enteramos de que en Durango o Tamaulipas descubrieron una fosa y avisamos a las autoridades para que vayan a buscar allá, pues la respuesta es o que no se puede, que no les toca o que hay que esperar mucho tiempo, contando que ya hayan iniciado las investigaciones y hayan podido determinar que se trate efectivamente de una desaparición forzada, de lo contrario nada se mueve”.

A pesar de que ellos, como Fuundec han logrado sentarse con el gobernador del estado para ver todos los casos, la gran deuda que tiene Coahuila ha obstaculizado las investigaciones. “En la procuraduría y en los ministerios públicos no tienen ni para tonner, imagínense para lo demás”, dice Diana.

“El gobierno nos ha tratado de desactivar porque sucede que nos ofrece atender por separado nuestro caso, pero a nosotros nos queda claro que los desaparecidos son de todos, esta es también nuestra tragedia nacional”.

 Tras el rastro de desaparecidos

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