HMV administró impunidad; Rubén, a prueba: FUUNDEC

Doscientas cincuenta y ocho desapariciones forzadas en el estado desde 2009

Emma Rodríguez

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila reconoce la voluntad del gobierno de Rubén Moreira para proteger los derechos humanos, pero advierte que faltan resultados para recuperar la credibilidad que perdió la administración anterior. Queremos acciones, no promesas, señalan activistas.

A pesar de la intención de Rubén Moreira de ubicar la defensa de los derechos humanos entre los pilares de su gobierno, y de su voluntad por agilizar las investigaciones sobre desapariciones forzadas, la impunidad es todavía el patrón, denuncian organizaciones civiles.

Entre 2009 y el 16 de julio de 2012, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) ha documentado doscientos cincuenta y ocho casos de desapariciones forzadas. De ellos, seis personas han aparecido: tres fueron liberadas por sus captores, dos se rescataron en un operativo y una fue localizada muerta.

Los organismos admiten que la actual administración ha atendido la recomendación de Naciones Unidas, de crear un grupo de trabajo para investigar las desapariciones forzadas, e impulsado una incitativa de ley que reconoce la figura de “persona desaparecida”. Sin embargo, advierten que todavía hay mucho por hacer para recuperar la credibilidad que se perdió el gobierno anterior.

En entrevista con Espacio 4, Jorge Verástegui González, miembro de Fuundec, y Alma García Guevara, asesora del organismo por parte del Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, reconocen que hay voluntad por parte del gobierno del estado, pero que no pueden confiar hasta no obtener mayores avances.

“El gobierno pasado administró impunidad”, señala Verástegui, “quizá ahora se estén realizando acciones necesarias, pero todavía no vemos resultados”.

“Hay apertura por parte del gobierno, pero no confiamos totalmente. Vamos a confiar hasta que empiecen a haber investigaciones científicas, personal capacitado y resultados”, agrega García.

Y es que si bien Rubén Moreira se esfuerza por posicionar a Coahuila como modelo en materia de derechos humanos, el estado arrastra la sombra de la administración que encabezó su hermano Humberto, durante la cual se registró el mayor número de violaciones en la materia y altos funcionarios fueron vinculados con el crimen organizado.

“Es preocupante que gente con la que nos sentamos a hablar del tema de las desapariciones esté involucrada. No sabemos hasta dónde pudieron haber dado información, pero sí podemos suponer que detuvieron las investigaciones”, dice García.

“Conocemos las relaciones del actual gobierno con el pasado y se nos hace un poco difícil creer que la presente administración vaya a realizar investigaciones en contra de los servidores públicos. En ese sentido, nuestra principal denuncia al gobierno es que no siga siendo partícipe por comisión u omisión”, precisa Verástegui.

Mientras tanto, señala, Coahuila sigue siendo percibido como un estado en el que los derechos humanos se violan sistemáticamente y “no vamos a poder cambiar su estatus hasta que las víctimas sean resarcidas, hasta que los perpetradores sean castigados, incluidos los servidores públicos que omitieron hacer su trabajo, y se localice a nuestros desaparecidos”.

Ver para creer

El 9 de septiembre, nueve meses después de asumir como gobernador, Rubén Moreira finalmente se reunió con los miembros de Fuundec, con quienes firmó un acuerdo para conformar un grupo de trabajo especial para dar seguimiento a las recomendaciones de Naciones Unidas.

De acuerdo con Jorge Verástegui, integrante del equipo, esto permitirá realizar diagnósticos para facilitar a las autoridades la localización de los desaparecidos. “Además vamos a tener la herramienta de traer expertos nacionales e internacionales para colaborar en la construcción de estas estrategias y realizaremos las recomendaciones necesarias al gobierno del estado, y éste tendrá que acatarlas, ya que, el acuerdo que firmamos las señala como obligatorias”.

“Vemos el grupo de trabajo como un avance importante porque puede orientar y bajar las recomendaciones de NU a un ámbito más estatal”, añade Alma García.

Durante el encuentro, se dio forma a la iniciativa de ley que, de aprobarse, permitirá a los familiares de las personas desaparecidas acceder a beneficios como seguros para la asignación de viviendas, suspensión de las cuotas del IMSS y de hipotecas, sin necesidad de declaraciones de ausencia o presunción de muerte. “Los créditos se reanudarían en el momento en que se encuentre a la persona”, declara Verástegui.

“Cuando se tipificó el delito de la desaparición forzada en el estado, nosotros sugerimos al gobierno no hacer las cosas nada más por cumplir. Queremos que las recomendaciones del grupo de trabajo sirvan para hacer las cosas bien y sacar una buena ley para después no estar reformándola. En ese sentido creo que sí hay apertura por parte del gobierno del estado”, asiente García Guevara. Sin embargo, advierte: “no confiamos totalmente. Vamos a confiar hasta que empiecen a haber investigaciones científicas, personal capacitado y resultados”.

Verástegui insiste: “Lamentablemente, la administración pasada fue de impunidad. Eso fue lo que administró. Quizá ahora se estén realizando acciones necesarias, pero todavía no vemos resultados y no sabemos si van a continuar. Tenemos una desconfianza muy grande en la autoridad, que no se va a subsanar tan fácilmente. Coahuila es un estado en el que las violaciones a los derechos humanos se realizan de manera normal y sistemática y no vamos a poder cambiar su estatus hasta que las víctimas sean resarcidas, hasta que los perpetradores sean castigados conforme a derecho, incluidos aquellos servidores públicos que estuvieron involucrados en las desapariciones forzadas o que omitieron hacer su trabajo. Cuando esto ocurra y se localice a nuestros desaparecidos, quizá se pueda cambiar la calificación de Coahuila de un estado que procura impunidad a uno que garantiza los derechos humanos”.

Autoridades coludidas

“Algo grave está pasando de 2009 a la fecha en Coahuila, específicamente con los grupos del crimen organizado y la permisividad del gobierno. Es imposible entender que los grupos de crimen organizado actúen (…) sin estar la autoridad enterada”, apunta García.

Las dudas tienen fundamento. En febrero de este año, agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) capturaron a varios funcionarios por presuntos nexos con el crimen organizado.

Entre ellos, la subdelegada de la Procuraduría General de la República (PGR) en Saltillo, Claudia González López, quien supuestamente brindaba protección a “Los Zetas”. En el mismo operativo fue detenido el comandante de la desaparecida Fiscalía General, Sergio Tobías Salas, coordinador estatal de la Unidad Especializada de Investigación y Seguridad Inmediata (UEISI). Las indagatorias implicaron a Humberto Torres Charles —hermano del ex fiscal Jesús Torres Charles—, quien se encuentra prófugo.

Según las pesquisas de la SIEDO, Humberto Torres tenía nexos con el general retirado Manuel Císero Salazar, vinculado al crimen organizado y quien fungió como director de la Policía Operativa de Coahuila durante la gestión de Humberto Moreira. Días después de que esta información se diera a conocer, Jesús Torres Charles renunció como consejero jurídico del gobierno, por “motivos personales”.

“Estas detenciones fueron la confirmación de por qué la administración anterior en vez de procurar justicia, procuró impunidad. Simplemente porque ellos mismos son parte del problema. La misma subdelegada estuvo en las mesas de interlocución que teníamos entonces con el gobierno del estado”, dice Verástegui. “En el caso del hermano del ex fiscal, las declaraciones de quien era la asesora para (el) ‘Modelo Coahuila’ refieren que incluso el ex fiscal se encontraba también con la delincuencia organizada”.

La periodista Isabel Arvide, encargada entonces del diseño e implementación del modelo de seguridad pública estatal, afirmó ante medios de comunicación que la conducta de Humberto Torres no solo era conocida por su hermano, sino por el ex titular del SATEC, Javier Villareal (hoy también prófugo de la justicia) e incluso por Humberto Moreira, entonces gobernador del estado.

“Es preocupante que gente con la que nos sentamos a hablar del tema de las desapariciones ahora esté involucrada. No sabemos hasta dónde pudieron ellos haber dado información específica de los casos de desaparición que manejamos, pero lo que sí podemos suponer es que ellos detuvieron de alguna manera las investigaciones. De tal manera que a cinco años de la desaparición más antigua, le siguen negando justicia a la familia y no se tiene una pista clara de por dónde puedan estar las personas desaparecidas, mucho menos de los responsables”, afirma Alma García.

“Conocemos las relaciones del actual gobierno con el pasado y se nos hace un poco difícil creer que la presente administración vaya a realizar investigaciones en contra de los servidores públicos de la anterior administración. En ese sentido, nuestra principal denuncia es primero al gobierno para que no siga siendo partícipe por comisión u omisión”, acusa Verástegui.

“Rubén Moreira tiene otro perfil y una imagen que legitimar, después de todos los problemas que dejó su hermano. Más allá de acciones bonitas o de marketing, lo que necesitamos son acciones para que la ciudadanía vea que el gobierno está garantizando esos derechos.

“Hace falta un gran recorrido, que bueno que Rubén Moreira lo contempla, sólo faltan acciones de fondo. Estamos expectantes, va iniciando su gobierno y vamos a ver qué pasa. No queremos compromisos de palabras y buenas intenciones, como con su hermano, por eso vamos con pies de plomo”, concluye García. E4

El reino del revés

Declaraciones incongruentes con el discurso oficial

Las principales dudas en torno al discurso de Rubén Moreira en materia de derechos humanos provienen de declaraciones de algunos de sus allegados más cercanos y de funcionarios que arrastra de la administración anterior.

El 18 de agosto, mientras el cardenal Norberto Rivera Carrera celebraba el bautizo de la segunda hija del ex gobernador Humberto Moreira en la Catedral de Saltillo (a la pequeña le tocaba recibir el sacramento en la Parroquia de Nuestra Señora de Atocha, en Lomas de Lourdes, donde oficia el polémico padre Goffo, miembro de “Basta! Coahuila”), integrantes de Fuundec se manifestaban dentro y fuera de la iglesia.

La protesta era en exigencia de que el ex mandatario declara ante las autoridades federales y estatales todo lo que sabe a propósito de las desapariciones forzadas en Coahuila, así como reprochar la omisión de su gobierno en estos casos. Cuando el ex gobernador dio la cara, dijo: “Si aceptan que me sume, yo me sumo con ustedes, antes no tenía tiempo”.

A través de un comunicado, Fuundec calificó la declaración como una aceptación de su omisión y rechazó categóricamente que el ex gobernador puediera unirse al grupo. “Humberto Moreira no va a ser parte del Fuundec. Para nosotros eso de que antes no tenía tiempo es una comprobación de la omisión de su gobierno en el tema de las desapariciones”, asegura Alma García.

Las declaraciones de Humberto Moreira no fueron las únicas desatinadas. Armando Luna Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Coahuila y ex secretario de Gobierno, dijo ante diversos medios de comunicación que la iglesia no era el lugar para hacer manifestaciones.

“No podemos esperar más del señor Luna Canales”, asegura Verástegui, “estuvo a favor del proyecto de ley que proponía pena de muerte para secuestradores (2008) y ahora trata de navegar con la bandera de los derechos humanos. Creo que el señor necesita sentarse y ponerse a estudiar qué son los derechos humanos”.

“Sabemos que la CDHEC nunca ha sido tan autónoma como se dice, el que los mismos funcionarios hayan salido de puestos de gobierno, habla de la poca autonomía que tiene. Luna no sabe distinguir entre su puesto como presidente de un organismo autónomo y sus amistades personales con los Moreira ¿Dónde queda su ética?”, sostiene García.

Durante la ceremonia, lideresas del PRI agredieron a los manifestantes.

Las incongruencias no paran ahí. El 8 de septiembre, un día antes de la reunión que Rubén Moreira sostuvo con miembros deFuundec, el procurador Homero Ramos Gloria señaló que la probabilidad de encontrar con vida a personas desaparecidas luego de dos años de búsqueda, es muy baja. “Hay que tomar conciencia clara, si las personas desaparecidas tienen más de dos años, quizás tres o cuatro, muy probablemente no los vayamos a encontrar vivos, la posibilidad es muy reducida”, expuso.

Incluso el subprocurador para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, Juan José Yáñez Arreola, aseguró que algunas personas desaparecidas estaban vinculadas con la delincuencia organizada y que esta información se conocía a través de vídeos subidos a sitios de internet como el Blog del Narco.

“Cuando uno va a poner la denuncia es lo primero que se refiere, que ‘en algo andaban’ y que por eso los desaparecieron. Esto es una forma de evadir la responsabilidad”, asegura Verástegui.

“Mientras ellos no investiguen de una manera científica qué es lo que pasó, no pueden generalizar y decir que están muertos sólo porque se metieron al Blog del Narco. Para nosotros ese no es un modo de investigar y es ahí donde está la falla principal”, asegura Alma García. E4

Emigrantes, vacío en el Estado de derecho: Pedro Pantoja

El padre Pedro Pantoja, cofundador de Belén, Casa del Migrante de Saltillo, asegura que “los emigrantes, más que una debilidad, son un vacío en toda la situación de derechos humanos. En una sociedad con tanta desigualdad, el emigrante está constituido como un ser con derechos inasibles. Desde ahí empezamos con una dificultad estructural muy fuerte donde el respeto a los derechos humanos no tiene cabida”.

La principal violación que sufren en su paso por territorio coahuilense, dice Pantoja, es que se les niega el acceso a la justicia y los elementos de seguridad permiten que se les agreda. “Existe una complicidad por parte de la autoridad. Tenemos casos documentados de emigrantes que han sido secuestrados y son los mismos policías federales los que han intervenido en la entrega de rescate a los delincuentes. Aún cuando la nueva ley de migración habla del acceso a la justicia, esta tiene márgenes y fronteras muy criminalizadoras. Con los emigrantes eso ha quedado demostrado”, insiste.

De acuerdo con Alberto Xicontencatl Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo, en junio se firmó un convenio con la administración de Rubén Moreira que estipulaba la recepción de un apoyo económico mensual de veinte mil pesos a favor del albergue. Sin embargo, señala, el apoyo sólo se les brindó durante el primer mes.

“La diócesis de Saltillo hizo un llamado directo al gobierno del estado para que explorara la posibilidad de un apoyo a la Casa del Migrante. Aceptaron brindarnos un apoyo de veinte mil pesos mensuales durante todo el sexenio, para los gastos corrientes del albergue y se firmó un convenio de colaboración. Se dio un primer cheque y a partir de ese momento a la fecha no se ha reactivado el apoyo”, comenta Xicotencatl.

El activista dice que la suspensión de recursos coincidió con la renuncia de David Aguillón a la Oficina del Gobernador, para tomar posesión como líder estatal del PRI. “La nueva encargada (María Esther Monsiváis), no me da respuesta desde hace más de un mes”, acusa.

“Coahuila ha tenido una yerba mala en la cuestión de comprender qué son los derechos humanos. La situación de los emigrantes ha venido a poner en evidencia la ineficacia e insensibilidad del estado de Coahuila para la comprensión de los derechos humanos”, concluye Pantoja. E4

Fuente: http://www.espacio4.com/num%20441/Soc.html

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