Primer informe del Grupo Autónomo de Trabajo de Coahuila

Primer informe del Grupo Autónomo de Trabajo de Coahuila

Agradecimiento.

El Grupo de Trabajo sobre Personas Desaparecidas en Coahuila agradece todas las facilidades que el Gobierno y las Representantes de FUNDEC han tenido con el mismo.

Objetivo.

El presente informe tiene como objetivo informar de las actividades que viene realizando el GTDFC, presentar los primeros hallazgos en las entrevistas que ha sostenido con autoridades y familiares de víctimas de desaparición y finalmente, una serie de recomendaciones al Gobierno del Estado.

Antecedentes.

El 9 de septiembre de 2012, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, por conducto del gobernador Rubén Moreira Valdez, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y el Centro de Derechos Humanos Juan de Gerardi, y como testigos la oficina en México del Alto Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se firmó el acuerdo de conformación del Grupo de Trabajo de Coahuila de Zaragoza, para el seguimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas (GTNUDFIP).

El 17 de septiembre el Grupo de Trabajo (GT) tuvo su primer encuentro en el que definió como tareas generales el acceso a la información directa, análisis de la información recabada y formulación de recomendaciones, consonantes con el informe del GTNUDFIP. En ese sentido, el GT preparó un encuentro con el Gobernador, con vistas a facilitar una serie de consultas con su equipo de trabajo más próximo, los titulares de las secretarías de Estado, cuyas funciones tuvieran alguna relación con la problemática de las desapariciones en Coahuila.

El 18 de septiembre siguiente, el GT tuvo un encuentro con el gobernador Rubén Moreira en la Ciudad de México. En esta ocasión, se le planteó formalmente la necesidad de tener diversos encuentros con los titulares de su gabinete, así como tener acceso a los expedientes de investigación del aparato de procuración de justicia. El GT y el Gobernador convinieron en que una vez que se tuviera acceso a esta fuente de información, se elaboraría un primer resumen diagnóstico, preparatorio para el siguiente paso: la realización de diversas actividades de consulta con instancias nacionales o internacionales, así como con personalidades con experiencia en los temas relativos a la desaparición de personas. Se convino en tres puntos programáticos de trabajo: Búsqueda desde una perspectiva humanitaria, construcción de políticas públicas y presupuestarias, y atención a la problemática social. El gobernador refirió nuevamente su compromiso político y personal para promover las reformas legislativas necesarias.

El 3 de octubre de 2012, el GT tuvo un primer encuentro en la Ciudad de México con el procurador general de justicia, Homero Ramos Gloria y la titular de la oficina de derechos del Gobierno de Coahuila, Ma. Del Carmen Galván Tello, además de algunos colaboradores cercanos; el Secretario de seguridad pública se excusó por una comparecencia ante el Congreso local. El 4 de octubre, una parte del GT se reunión con representantes de las tres regiones que conforman a Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos en Coahuila.

El 12 de octubre, el GT se reunió con Reinar Hulhe, integrante del Comité de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas y posteriormente con Blanca Martínez, directora del CDDHFJL. El primer encuentro, tuvo por objeto ilustrar al GT sobre los conceptos, las definiciones y los retos del abordaje de las desapariciones forzadas. El segundo, conocer sobre el abordaje documental de la sociedad civil organizada, y tener un contraste con la información aportada por los altos funcionarios de Coahuila.

Así el Grupo de Trabajo ha organizado sus tareas a partir de 3 líneas estratégicas:

Trabajar en las líneas de análisis y propuestas orientadas a la Búsqueda Inmediata de las personas desaparecidas.

Atención Integral a la problemática social que enfrentan víctimas de la Despaparición Forzada.

Diseño de una Política de Estado para la atención del fenómeno de la Desaparición Forzada (Diagnóstico, Marco Jurídica, Diseño institucional

Información previa.

Las organizaciones civiles que han documentado las desapariciones en Coahuila, y que acompañan las actividades de FUUNDEC, contabilizan a Julio de 2012, 258 casos, desde febrero de 2007. No se reporta ningún caso resuelto (refiere un par de casos de hallazgos, que serán abordados más adelante). Por su parte, el Gobierno de Coahuila ha hecho públicos los siguientes datos:

  • 1744 personas no localizadas;
  • 191 localizadas, con atención psicológica;
  • 91 localizadas, mediante denuncia;
  • 61 menores de edad localizados, por alerta Amber;
  • Base de datos de cadáveres no identificados
  • Remisión de 286 dictámenes de perfiles genéticos

En el encuentro con el procurador y su equipo de trabajo, entre quien se encontraba el subprocurador de búsqueda e investigación de personas no localizadas, Juan José Yáñez Arreola. Se informó al GT de los siguientes datos, como resultados de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas.

  • 108 operativos de investigación y búsqueda:
    • 78 en brechas, caminos rurales, ejidos, etc.
    • 06 para localizar fosas clandestinas
    • 16 en bares y tables dances
    • 02 en zona urbana (Saltillo)

El Procurador y el Subprocurador, refirieron lo siguiente:

• La mayoría de los casos no son considerados como desapariciones forzadas, sino secuestro, o de acciones de grupos armados sin relación con agentes del Estado;

• Existe un solo evento de los casos planteados por FUUNDEC, que se aprecia como penalmente típico de desaparición forzada;

• Obstáculos para buscar a personas desaparecidas e investigar a los responsables:

o Desconfianza de los usuarios de la Procuraduría para denunciar y compartir información;

o Se requieren laboratorios para investigaciones criminalísticas;

o No hay una policía científico-criminalista;

o Para los casos de desaparición se necesitarían 750, especializados;

o Agentes del MP sin preparación para investigar casos de desaparición;

o Dificultad de coordinación y colaboración intergubernamental para entrevistar a los detenidos, involucrados en delincuencia organizada;

o Investigaciones desestructuradas de la PGR, que tampoco comparte información;

o La autoridad no estaba preparado para esto, es necesario restructurarla y aumentar su capacidad de respuesta.

En el encuentro con el Gobernador se llegó al consenso de tres grandes líneas programáticas de labor inicial para el GT:

  1. Búsqueda desde una perspectiva humanitaria[1],
  1. Construcción de políticas públicas y presupuestarias coincidentes con las recomendaciones del informe del GTNUDFIP, y
  1. Atención a la problemática social.

Estas tres líneas, se entendían trazadas por dos tareas transversales:

  1. Realizar una armonización legislativa y reglamentaria, acorde con el sistema constitucional e internacional de derechos humanos, así como con las necesidades de las familias de las personas desaparecidas y el contexto regional en torno a las desapariciones.
  1. Preparar las condiciones mínimas para la investigación criminalística para responder a las siguientes preguntas:
    1. ¿Por qué se dan las desapariciones?
    2. ¿Qué pasa con las personas desaparecidas?
    3. ¿Quiénes son responsables de esas desapariciones?

En ese sentido, durante la primera parte del encuentro con los responsables de la procuración de justicia de Coahuila, se logró el consenso sobre las siguientes necesidades para facilitar las condiciones de búsqueda e investigación científica de los casos de desaparición de personas:

• Criminología (entendimiento de la realidad). Es necesario que las instancias policiales, periciales y de procuración de justicia se profesionalicen en la investigación criminalística y se conforme un cuerpo pericial especializado, consecuentes con la reforma penal acusatoria. En un segundo tiempo, los jueces también deberán tener una formación adecuada para resolver sobre las responsabilidades penales de quienes sean vinculados a juicio, ya para resolver sobre la reparación del daño a las víctimas del delito.

• Estructura (vehículo adecuado para un camino determinado). Las instancias del Estado precisan de una profunda reformulación, tales como las policías, el Ministerio Público, la estructura judicial, pero también aquellas relacionadas con la vigencia de los derechos humanos de la población afectada deberá realizar una planeación específica, orientada a ejecutar políticas públicas que restablezcan en la medida de lo posible la vigencia de al menos cuatro derechos humanos: salud, trabajo, vivienda y educación.

i. Será valorada la denominación de la subprocuraduría, para que se atienda la tercera demanda de FUNDEM.

ii. A partir del 9 de octubre se dará a conocer la primera etapa de acciones concretas a las necesidades planteadas por FUNDEC al gobernador en el encuentro del 9 de septiembre de 2012.

• Recursos humanos (especializado). Es necesario generar cuadros nuevos, con la debida preparación para satisfacer las necesidades de búsqueda e investigación, así como en lo que se refiere a la atención de las necesidades sociales de las familias de las personas desaparecidas. Para ello es importante establecer diagnósticos base, que permitan elaborar una planeación de arranque multimodal, en la que todas las instancias del Estado tengan previstas funciones específicas para atender el problema de las familias de las personas desaparecidas.

• Tratamiento a familiares (política pública).

i. Incluye las reuniones mensuales entre las instancias locales del Gobierno del Estado, FUNDEC y sus representantes.

ii. Espaciar las reuniones de manera bimestral (será planteado a FUNDEC).

iii. Establecer información intermedia: en las actuales circunstancias, antes de dar una información trascendental sobre el destino o paradero de una persona desaparecida, consultar a las instancias civiles que acompañan a las familias.

iv. Pedir a Carlos Berinstain su colaboración para los aspectos de la atención psicosocial, así como la manera de dar información delicada a las familias con integrantes desaparecidos.

• Coordinación horizontal/vertical.

i. Es imprescindible modificar las pautas de coordinación en los tres niveles del Estado.

ii. Alejarse del criterio “No vamos a hacer la chamba de…”, asumiendo la máxima del trabajo complementario, coordinado y transparente. Es urgente una labor de Estado ante las desapariciones.

iii. Proponer que la federación elabore una estrategia nacional, estructurada y estructural, específica para la localización de las personas desaparecidas, así como para la investigación de las responsabilidades penales.
En coincidencia con las expresiones del gobernador, el consenso previo se entiende como una tarea a dos tiempos:
Adicionalmente, se acordó con el Procurador general de Justicia:

• El Procurador requerirá la colaboración de la CNDH para establecer criterios de entrevistas con personas vinculadas a la delincuencia organizada, o de quienes se presuma que tienen información que conlleve al paradero de personas desaparecidas, o que permitan entender el mecanismo de las desapariciones: ¿Cómo entrevistar a una persona vinculada a una desaparición, sin violar sus derechos procesales?

• Abocarse a la consulta de expedientes por parte de los miembros del GT, o del personal que éste refiera. La Procuraduría podrá referir un expediente que considere como muestra de buena práctica.

• Un tercer tiempo es el diseño político y el financiamiento público para echar a andar las reformulaciones necesarias. Al respecto, una vez hechas las primeras aproximaciones, el GT elaborará un primer documento, proponiendo las primeras medidas tanto para lo inmediato, como para las restructuraciones a mediano y largo pazo.

Por su parte, la titular de la oficina de derechos del Gobierno de Coahuila, Ma. Del Carmen Galván Tello. El GT inquirió sobre el diagnóstico previo en el que se basan las acciones de apoyo a las familias con integrantes desaparecidos, así como los criterios de aproximación a las necesidades de las familias para asegurar la vigencia de al menos cuatro derechos: salud, trabajo, vivienda y educación. Refirió al GT lo siguiente:

• Hay un estudio que busca la integración de todas las dependencias, para que desde una base común cada apoyo que se brinde a las familias, haya sido avalado por dicho comité.

• Una idea es realizar un estudio socio económico, que retire el concepto asistencialista. Hay necesidad de replantear muchas cosas, sin dejar de dar los actuales apoyos. Se esperaría una transición, tendiente a tratamientos especiales a este tipo de familias.

• Se está haciendo un diagnóstico sobre las acciones hasta el día de hoy. Hay una preocupación hacia los proveedores de la familia.

• Se está valorando una reforma al código civil para una modalidad de declaración de ausencia.

• Hay detección de problemas recurrentes en las sinergias familiares, y se está realizando un estudio al respecto. Puede activarse el tema de la justicia restaurativa, para enfrentar y resolver las distensiones familiares. Se invitó al INJUVE e INMUJERES y adultos mayores. Al instituto del empleo se le ha pedido que analice casos de personas que no han sido favorecidas aún por los programas de apoyo.

• De las 48 solicitudes, ya están sistematizadas por los 4 derechos. Se reunió a todas las instituciones. Desde una perspectiva de derechos, cada instancia resolvió cómo podía aportar ideas y recursos. El 9 de octubre, se dará la primera respuesta de las instancias, y serán analizados por la secretaría encabezada.

En la fecha acordada, la titular de la oficina de derechos del Gobierno de Coahuila transmitió al GT los resultados de las gestiones, para atender las solicitudes de apoyo de parte de algunas familias agrupadas en FUNDEC. En resumen, el documento de ocho cuartillas reporta acciones de las siguientes instancias públicas:

Secretaría de Salud:

• Afiliar al seguro popular a los miembros de las 48 familias que solicitaron apoyo al C. Gobernador, cumpliendo con los requisitos que se adjuntan a este correo.

• En el caso de enfermedades que no cubre el seguro popular y que se especifican en las solicitudes, se buscará por parte de la Secretaría dar la antención requerida.

• Para las donaciones de aparatos ortopédicos, prótesis, etc. Es necesario contar con mayor información sobre las medidas de quienes requieres estos objetos.

Secretaría del Trabajo:

• Requiere la presencia de los solicitantes. Que cumplan con los requisitos para incluirlos en los cursos de capacitación, con beca; o bien colocarlos en un empleo.

Secretaría de Educación:

• La Subprocuraduría está precisando datos porque algunas solicitudes no especifican grado, edad, escuela, así como el municipio donde necesitan estudiar. Por el momento no se cuentan con becas de carácter económico.

Comisión de la Vivienda:

• La Comisión Estatal de la Vivienda está en la mejor disposición de apoyar para el otorgamiento de casas por lo que es necesario acudir a la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, con la Lic. Emma Laura Treviño para que les sea entregada la información correspondiente solicitada por la Comisión Estatal.

Entrevistas diversas.

El grupo de trabajo se entrevistó con diversas personas, con el objeto de documentar su estudio diagnóstico. El 4 de octubre de 2012, se llevó a cabo un encuentro entre el GT y representantes de las regiones que conforman a la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa en torno a FUNDEC a familias con integrantes desaparecidos, de todas las regiones del país. En ese encuentro, las representantes hicieron –resumidamente- los siguientes comentarios.

• A julio de 2012, existen 258 casos de desaparición de personas: Casos de trata, pocos de tráfico, alguno relacionado con ausencias voluntarias, algunos casos de gente desaparecida y vinculada con DO. Hay alrededor de 90 familias organizadas, que abarcan a unos cincuenta eventos;

• Sabemos que la PGR no tiene vinculación con su propia estructura. Las investigaciones de la PGR no están apuntando a la búsqueda, sino a la persecución de la DO y la manera en que su involucramiento afecta a otras instancias sociales; De las investigaciones federales no se sabe nada. Hay desconfianza también entre las instancias de gobierno: la SIEDO no brinda prácticamente ninguna información. La desconfianza es la constante, la simulación también. Es importante resolver este grave problema.

• Es lamentable que el Estado ofrezca recompensas para dar información fidedigna sobre el paradero de las 132 personas liberadas de Piedras Negras y no por las personas desaparecidas;

• La secretaría técnica no debiera estar a cargo del subprocurador, porque podría distraer las funciones de búsqueda e investigación. Actualmente, se están tramitando 53 AP en las mesas con PGJ. El modelo está agotado, por el número de casos, por la falta de avances y por la falta de protocolización de los acuerdos.

• Entre los propios agentes del Ministerio Público, no hay una labor de coordinación. Además, los agentes de reciente incorporación suelen hacerse responsables solo de las gestiones posteriores a su ingreso.

• Actualmente, se están tramitando 53 averiguaciones previas en las mesas con la PGJ. El modelo está agotado, por el número de casos, por la falta de avances y por la falta de protocolización de los acuerdos. El GT debiera proponer el estudio de casos, abordándolos con la lógica de detectar las recurrencias.

• La conformación de los foros que proponga el GT son de primera importancia, aunque deben ser vistos desde la perspectiva de los DH, y debe avanzarse sobre el diseño general de la propuesta. Esos foros podrían hacerse tanto en Coahuila como en la capital del país, considerando las visitas internacionales y agendar reuniones de trabajo posterio a estos de los expertos temáticos.

El 12 de octubre, el GT se reunió con Rainer Hule, quien aclaró que su participación no era como miembro del Comité de Naciones unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas, pero ofreció poner su experiencia a disposición del GT y encomió la voluntad política del Gobierno de Coahuila para facilitar la creación de una instancia autónoma y de mantener la comunicación permanente. Sugirió que el GT esté atento a la presentación del informe oficial que deberá ser presentado ante el Comité, a finales de 2012. El Comité estará sesionando en una fecha cercana a finales de marzo o principios de abril, cuando podría ser analizado el informe que presente el Estado mexicano. Finalmente, calificó de muy buena la idea de organizar foros, en los que personajes o representantes de organizaciones expertas en temas relacionados con la desaparición de personas aportaran su experiencia para delinear propuestas operativas de políticas públicas, presupuestales y de armonización legislativa para prevenir, erradicar y sancionar las desapariciones de personas, así como para dar con el paradero de las víctimas.

El mismo día, el GT tuvo una entrevista de trabajo con Blanca Martínez Bustos, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, una de las organizaciones civiles que asesora a FUUNDEC y que ha documentado diversas incidencias en torno a las desapariciones. A continuación, resumimos su exposición.

1. En la revisión de expedientes a la que ha consentido el gobernador, el GT debería abordar algunos casos documentados por FUNDEC en los que hay fuertes indicios de intervención de agentes del Estado. Seguramente son más de un caso, a contrario de lo que refirió la autoridad al GT;

2. Uno de esos casos es el de la detención de nueve agentes de la Policía Municipal de francisco I Madero, involucrados en dos eventos de desaparición en el mismo sitio (una gasolinera) en fechas distintas;

3. En la mayoría de los casos (162 de 258) apuntan a la DO. 29 de 258, apuntan a intervención de agentes del Estado.

4. Los pocos casos en los que hay avances, apuntan a colusiones entre delincuencia organizada y autoridades.

5. Sí hay información de los contextos, pero esto no trasciende en las averiguaciones previas;

6. Cuando llegan los casos, hay un proceso de documentación, que permite identificar perfiles patrones, recurrencias, delinear hipótesis. En este año empiezan a aparecer nuevas características: en 2007-2010, la tendencia eran desapriciones en colectivos que trabajaban en conjunto. Tras la segunda mitad de 2010, se empieza a manifestar la variable coelctiva familia. Asimismo, aparecen también desapariciones de mujeres, así como el sector jóvenes-adolescentes, y se van confirmando las hipótesis con datos que apuntan al trabajo forzado, a campos de adiestramiento.

7. Han llegado casos de 2004, pero el grueso de desapariciones se dan a partir de 2007. Una característica es que hasta 2011, eran colectivas y de personas foráneas. La interpretación inicial del gobierno es que eran confusiones al relacionar a las víctimas como miembros de cárteles antagónicos. Aún no hay elementos para afirmar esto. La región Laguna es considerada la más caliente, presumiblemente disputada entre zetas y la banda de lo que antes agrupaban los Beltrán Leyva, según unformación dada por los mismos funcionarios de la FGE, ahora PGJE. Sin embargo, la documentación que tienen el Centro, se reportan más casos en la región sureste.

8. Un dato a dar seguimiento e interpretar es el de la tendencia del 2007 al 2011 la cual mantenía su tendencia, sin embargo contrastan los datos del primer semestre de 2012 bajó a 15 personas desaprecidas en 8 eventos, contra las tendencias de los primeros semestres de los años precedentes, caracterizados por una alta incidencia en las desapariciones.

Los criterios que FUUNDEC ha decidido para aceptar a familias como parte de la organización son:

a. No suponga que la desaparición implica el involucramiento de la víctima con la delincuencia organizada;

b. Que las familias participen. Había un tercero: que no se configurara trata de personas, pero está en desuso.

Si bien estos son criterios de FUUNDEC, el CDDHFJL asesora básicamente a todas las personas que acuden a solicitar su apoyo, sin asumir mayores compromisos que orientarles en cuanto a sus derechos.

Consideraciones generales.

El informe presentado por el GTNUDFIP en marzo de 2012 es una aproximación documentada y con un valor específico, derivado de la experiencia y pericia de los integrantes de dicha instancia internacional. En sus consideraciones preliminares, conviene resaltar lo siguiente:

El Grupo de Trabajo es consciente de los diferentes contextos en los que estos dos patrones de desapariciones forzadas se desarrollaron y desarrollan en México, los cuales fueron debidamente tomados en cuenta. Sin embargo, observa con gran preocupación que, a pesar de estas diferencias, hay identidad de algunos patrones como la impunidad generalizada y la falta de la plena verdad y reparación para las víctimas.

Las preocupaciones planteadas constantemente por el GT al Gobernador del estado, así como al Procurador y a la titular de la oficina de derechos de derechos humanos del gobierno local ha sido que la instancia pública esté documentadamente consiente del contexto en que están ocurriendo las desapariciones en Coahuila, las acciones para prevenirlas, las de búsqueda, de investigación y de atención a las necesidades de las familias de las víctimas directas, relacionadas con las tres líneas programáticas y las dos líneas transversales ya referidas. En ese sentido, apreciamos el énfasis que el gobernador mostró para la conformación del GT, reproducida en el encuentro del 18 de septiembre, supra aludido.

Sin embargo, por la información aportada en las demás oportunidades con los servidores públicos del gobierno de Coahuila, podemos apreciar que la acción del Estado en estas cinco premisas, además de que no permite presumir resultados, deslizan la posibilidad de concluir que no existen las condiciones para afirmar la existencia de una política pública estructurada y estructural para atender el fenómeno de las desapariciones. No obstante lo anterior, el GT está en condiciones de constatar que el Gobernador de Coahuila ha cumplido la primera recomendación del GTNUDFIP: reconocer la verdadera dimensión de las desapariciones, al menos las que han acontecido en la entidad que ahora gobierna.

Al respecto, consideramos de primera importancia tener en cuenta el siguiente grupo de recomendaciones presentadas por el GTNUDFIP al Gobierno mexicano, mismas que podemos considerar como aceptadas, por lo que el Estado mexicano está comprometido a implementarlas, de cara al concierto de naciones (los resaltes son del GT):

74. No existe una política pública integral y marco legal que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. Pareciera no existir una coordinación vertical y horizontal entre las autoridades federales, locales y municipales. Tampoco existe un adecuado sistema nacional para realizar búsquedas de personas desaparecidas forzosamente.

76. Las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, en los ministerios públicos, la policía y las fuerzas armadas. La impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas y no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y la reparación. Parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas.

80. El Grupo de Trabajo recomienda que se reconozca la dimensión del problema de la desaparición forzada como el primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación.

81. El Grupo de Trabajo recomienda la generación de datos estadísticos, desagregados por sexo, edad, lugar y autoridades presuntamente involucradas, sobre las desapariciones forzadas para desarrollar políticas de prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación. Se debería incluir información, en caso de estar disponible, sobre la fecha y lugar de la exhumación y la información sobre los miembros de la familia.

92. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el objetivo de prevenir e investigar la desaparición forzada de personas.

94. El Grupo de Trabajo recomienda que se fortalezca el registro de detención para garantizar que sea permanentemente actualizado y armonizado con otras bases de datos para monitorear la localización física de las personas detenidas, incluyendo controles estrictos sobre las autoridades responsables del registro de las detenciones y la imposición de sanciones adecuadas para aquellos que no lo hagan. El registro de detención debe indicar los motivos de la detención; la hora exacta de la llegada de la persona detenida al lugar de custodia; la duración de la privación de la libertad; la identidad de la autoridad que ordenó la detención de la persona, así como de los oficiales a cargo de llevarla a cabo; la cadena de custodia de las personas detenidas; información precisa sobre el lugar de custodia; y el momento en que la persona detenida es presentada por primera vez ante una autoridad judicial o alguna otra autoridad competente.

97. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice la pronta entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal a efectos de garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada. Se deben fortalecer y aplicar completamente estos cambios constitucionales, destinando recursos adicionales a la mejor preparación de funcionarios en la investigación y enjuiciamiento de los delitos, incluyendo casos de desapariciones forzadas. Esto incluye la capacitación y los recursos para la búsqueda de la persona desaparecida, para investigar estos casos con una visión sistémica para comprender el patrón de las desapariciones forzadas, incluyendo la cadena de mando.

También, pudimos constatar que la acción social de apoyo a las familias con integrantes desaparecidos es insuficiente, por incipiente y porque no parte de un diagnóstico que le permita asociar la realidad de una desaparición, las necesidades que ésta provoca en el seno familiar y las experiencias exitosas en otras latitudes, que ya han pasado por esta circunstancia y que pueden ahorrar tiempo valioso para la implementación de medidas urgentes, de mediano o largo plazo, y con una perspectiva de atención a derechos, alejadas de la perspectiva de asistencia.

En este sentido, por la información aportada y por el conocimiento de contexto, pudimos advertir que no existe una perspectiva de derechos humanos en las necesidades que las familias han planteado. El Estado está obligado a tomar todas las providencias, según el estándar internacional para el cumplimiento de los tratados internacionales, en relación con los principios del libre consentimiento y la norma pacta sunt servanda, por la cual se genera una vinculación entre el instrumento internacional y el Estado parte comprometido. Así, el artículo 26 de la Convención sobre el Derecho de los Tratados, refiere que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Igualmente, los Estados parte de un tratado, no podrán aducir disposiciones legales internas para justificar el incumplimiento de un tratado. Estas disposiciones internacionales cobran mejor sentido en la legislación nacional, tras las reformas constitucionales en derechos humanos, de junio de 2011.

Consecuentemente, el estado mexicano debe cumplir en sus términos el contenido del artículo 3° y 4° de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; así como con el contenido del artículo 1° de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Ambos artículos refieren estándares de compromiso para los estados contratantes y representan la base sobre la cual el GT plantea este primer informe, intentando reflejar la naturaleza y el alcance del informe del GTNUDFIP.

En coincidencia con el informe del GTNUDFIP (párrafos 17 y 18), el GT parte de dos premisas, entre varias: Existe un elevado número de secuestros con similitudes a las desapariciones forzadas, cometidas por grupos del crimen organizado. Hasta aquí hay una coincidencia general con las autoridades consultadas por el GT. Sin embargo, como lo refiere el mismo informe: no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado, actuando de forma independiente. El GTNUDFIP refirió haber recibido evidencias sobre casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos.

En esta parte de las afirmaciones del GTNUDFIP, no pudimos apreciar continuidad en la coincidencia de posiciones entre las autoridades locales y la instancia internacional. El propio procurador y el subprocurador afirmaron que tenían conocimiento de un solo caso de los planteados por FUUNDEC como característicos de la desaparición forzada. Esto refleja al menos que la autoridad local, tiene divergencia de criterios entre las familias agrupadas en FUUNDEC, que aducen en el sentido referido por el GTNUDFIP; además de que también podría significar la razón por la cual no se ha resuelto la gran mayoría de casos de desapariciones en el Estado: no existe una teoría que explique lo que sucede en torno a las desapariciones, ni tampoco una estructura que facilite ese entendimiento, ni la prevención, la búsqueda, la investigación, el deslindamiento de las responsabilidades o el apoyo inmediato, oportuno y permanente según las necesidades planteadas por las familias, mientras dure la desaparición.

Adicionalmente, el GT pudo constatar que la armonización legislativa (como infraestructura necesaria para facilitar la creación de una estructura apropiada que asuma las desapariciones) debe ser planteada de manera integral y de transformación desde la base misma de la legislación local. Al hilo de esta necesidad, el GT es consiente que la compleja problemática que deriva de la desaparición de una persona, adquiere tintes de emergencia humanitaria cuando las réplicas de desapariciones se multiplican exponencialmente.

Por ello, derivado de las insuficiencias advertidas en la información planteada por las autoridades consultadas, consideramos que las modificaciones a la legislación estatal deben abarcar la totalidad de la legislación, debido a que –como ha quedado evidenciado en las entrevistas con las familias con integrantes desaparecidos, agrupadas en FUUNDEC- tras un evento de desaparición todas las esferas jurídicas son puestas a prueba y generalmente el marco legal no tiene respuesta jurídica básica, ya no mínima u óptima, para resolver las necesidades sociales de las familias afectadas.

La entrevista con la Directora del CDDHFJL, dio una importante contextualización con base en casos específicos. Una de las preguntas planteada tanto al Gobernador, como a su gabinete de procuración de justicia es ¿La autoridad tiene información clara y precisa que permita explicar el fenómeno de las desapariciones, al menos en Coahuila? En esta entrevista, aparecen algunas expresiones que apuntan a describir partes del mecanismo de las desapariciones, así como las fases de esta recurrencia a lo largo de los periodos anuales referidos, así como los perfiles de las víctimas, tanto por la edad, como por el género, la ocupación, o el núcleo familiar.

Por otra parte, recientemente (noviembre de 2012) el GT ha tenido conocimiento por los medios locales de comunicación masiva, de que la Procuraduría General de Justicia ha realizado acciones específicas para lograr registros de ADN de los familiares de personas desaparecidas, con el objeto de generar una base de datos que pueda ser cruzada con los cuerpos que han sido o puedan ser encontrados en fosas mortuorias, oficiales o clandestinas. Asimismo, trascendió en las mismas fechas que a los familiares les serían mostradas evidencias fotográficas, y aun evidencias directas, de cuerpos no identificados, que podrían corresponder a registros de personas desaparecidas. Durante la conformación del GT, el 9 de septiembre de 2012, una de las expresiones más difíciles de superar, se dio por parte del procurador general de justicia al deslizar en los medios de comunicación el día previo a la conformación del GT, que era presumible la muerte de la mayoría de las personas con reporte de desaparición, sin que aclarara la fuente de su dicho.

Respecto de estas expresiones, el GT reitera lo que de inicio se manifestó en la reunión inicial, y que fue motivo de recurrencia en los encuentros posteriores con las instancias de gobierno, que se comprometieron a cambiar la forma de expresar a los medios de comunicación este tipo de expresiones: las acciones del Estado, referentes al paradero de las personas desaparecidas, a su suerte, y en general a aquellas relacionadas con la identidad, la privacidad, y de identificación de restos mortales deben ser previamente consensuadas con las familias. Sería deseable, además, que fueran consultadas con el GT para conformar un antecedente de buena práctica de consulta y evitar tensiones innecesarias con las familias de personas desaparecidas, así como con las organizaciones que las acompañan.

Recomendaciones iniciales para el Gobierno de Coahuila de Zaragoza.

Como resultado de la información presentada por las autoridades locales consultadas, y en consonancia con la entrevista entre el gobernador del estado de Coahuila, Rubén Moreira Valdez y el GT, proponemos las siguientes recomendaciones, como parte de una primera etapa pre-diagnóstica. Su objetivo es perfeccionar un documento inicial que detecte el andamiaje que sustenta la lógica de las desapariciones y con ello los obstáculos para resolver esta emergencia humanitaria. Su objeto, por tanto, es generar las condiciones que permitan trabajar tres grandes líneas programáticas: búsqueda humanitaria inmediata, la construcción de políticas públicas y presupuestarias conducentes, y la construcción de una política de Estado para la atención a la problemática social.

De manera simultánea, las recomendaciones iniciales considerarán dos tareas transversales: realizar una armonización legislativa integral y preparar las condiciones mínimas para la investigación criminalística que facilite responder a las siguientes preguntas: ¿Por qué se dan las desapariciones? ¿Qué pasa con las personas desaparecidas? ¿Quiénes son responsables de esas desapariciones?

Así, considerando las disposiciones del Acuerdo de Creación del Grupo de Trabajo de Coahuila de Zaragoza, para el seguimiento de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, particularmente en lo dispuesto en el segundo capítulo, cláusula quinta del acuerdo base, así como en su cláusula sexta, capítulo tercero, y con el acuerdo de los integrantes del GT, ponemos a consideración del Gobernador Constitucional de Coahuila de Zaragoza las siguientes recomendaciones.

a) Con base en el artículo 4 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder y como medidas de aplicación inmediata, instruir para que las acciones que conlleven sobre el paradero, la investigación, la identidad de restos mortales o su entroncamiento con familias que hayan denunciado una desaparición, sea tratada conforme a los principios enunciados en esa Declaración, a través de un modelo de comunicación que será consensuado con las propias familias y el GT.

b) Se disponga la fecha precisa, así como las condiciones idóneas para que al menos dos integrantes del GT, más el personal de auxilio que el propio GT proponga, tengan acceso a los expedientes de investigación de los casos de desaparición de personas que esté integrando la subprocuraduría de justicia, o la instancia competente, en seguimiento a los acuerdos referidos con el Gobernador y confirmados con el Procurador General de Justicia, en el entendido de que los expedientes a consultar incluyan todos los expedientes de desaparición que estén siendo procesados;

El objeto de esta consulta es identificar las dinámicas de las desapariciones en el estado, así como los obstáculos en los procesos de investigación que desarrolla la Procuraduría, así como el resalte de las buenas prácticas.

c) Instruya al Secretario de Seguridad Pública para que se lleve a cabo un encuentro con el Grupo de Trabajo, con el objeto de facilitar toda la información, que permita tener un contexto de las funciones de esa instancia, así como el conocimiento de sus protocolos de actuación para la prevención de las desapariciones, la acción inmediata en caso de denuncias de un evento de desaparición, y los convenios de colaboración con otras instancias públicas de todos los niveles de gobierno del Estado mexicano, así como su visión sobre esta problemática y sus propuestas de abordaje.

d) Que a petición del GT, y con base en la propuesta que el mismo GT elabore, el Gobernador del Estado de Coahuila haga suya la convocatoria de los foros de discusión, según la propuesta diagnóstica que para tal efecto el GT completará una vez que tenga acceso a los expedientes de investigación. Para tal objeto, El GT elaborará un plan de trabajo para integrar los comités de expertos a partir de este pre diagnóstico, cuyo proceso completo lo realizarán los expertos en diversas materias.

e) En ese sentido, recomendamos que el Gobernador realice sus buenos oficios, con el acompañamiento del GTDFC, para que convoque a los poderes soberanos del Estado de Coahuila, para apoyar las actividades que se propone el GT, básicamente en los siguientes temas, enunciativos y no limitativos. Para ello, las actividades de diagnóstico y de elaboración de una propuesta general de acción integral que pretende el GT empezarán a la brevedad posible, y tienen por objeto generar una movilización social proactiva para ventilar con toda la sociedad el tema de las desapariciones, de manera que concierna a todos y a todas, el planteamiento de esta emergencia humanitaria y sus vías de solución;

• Como primer tema para deliberar proponemos los mecanismos y procedimientos de búsqueda de personas desaparecidas;

• Segundo tema, el relacionado con la protección de los derechos de las personas desaparecidas, que abarque la modificación del marco legal (civil, penal, laboral, fiscal y administrativo), particularmente en el interés de preparar que el sistema penal acusatorio sea estructurado con base en el contexto que viven las víctimas directas e indirectas de desaparición de personas, incluyendo una legislación apropiada para las víctimas de delito, particularmente de las víctimas de desaparición;

• Como tercer tema, es el de la investigación criminalística, incluida la antropología forense, de los casos de desaparición de personas desaparecidas, que abarque a todas las policías, encaminado a un sistema penal acusatorio predominantemente investigador;

• Como cuarto tema, la atención social a las familias de las víctimas de desaparición, desde el encuadre de los derechos de las víctimas de delito y de abuso de poder, según el sistema internacional de derechos humanos.

Por el Grupo de Trabajo de Coahuila de Zaragoza.

Dolores González Sarabia

Representante del Centro de Derechos Humanos Fray Juan Gerardi

Luis Efrén Ríos Vega

Representante del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

Omar Gómez Trejo

Asesor jurídico del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Juan López Villanueva

Representante del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: