Los Desaparecidos del Sexenio; una crisis ignorada

Traducción de “Disappeared in Mexico; a crisis ignored

Aunque nadie sabe con certeza exactamente cuantas personas han desaparecido durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón, datos dados a conocer esta semana ofrecen algunas pistas.

Según el periódico Excelsior, por lo menos 14,000 casos fueron documentados entre enero de 2008 y diciembre de 2011. Sin embargo seguramente la cifra es mayor porque no todas las regiones del país aportaron datos completos. Además, estas cifras no cuentan casos de el año de 2007 ni del 2012. Una cifra no oficial frecuentamente citada indica que el número de desaparecidos del sexenio es de 30 mil.

Es por eso que muchos familiares de los desaparecidos se encuentran poco más que frustrados por la falta de acción gubernamental.

(Edith Perez interrumpe el discurso de Calderón)

Durante un discurso presidencial con motivo de la inauguraración de un libramiento, Calderón fue interumpido por Edith Pérez, quien tiene a sus dos hijos, a su hermano y dos sobrinos desaparecidos. A todos los privaron de la libertad en el municipio de Ciudad Mante, Tamaulipas. Pérez dijo que ha visitado todas las autoridades sin tener resultados concretos.

Su hermana, Graciela Pérez tiene a su única hija entre los desaparecidos. Como parte de la búsqueda de su hija de 13 años, esta madre documenta las balaceras y los homicidios en su región, ya que las autoridades de Tamaulipas aún no ofrecen detalles o fotografías que pudieran eliminar la duda de que su familiar se encuentre entre los asesinados. 

Graciela Pérez: “La idea de la familia es que siguen vivos pero sin certeza. Entonces, la esperanza muere al último y pedí todo eso y espero y deseo de todo corazón que hagan por lo menos eso ya que no buscan, que por lo menos busquen en lo que sí tienen.”

El gobierno del estado de Tamaulipas tiene fama por su falta de transparencia. La infiltración del crimen organizado en las instituciones gubernamentales y policiacas es un secreto a voces. Pero los familiares que buscan a sus desaparecidos en otras partes del país también han denunciado un trato igualmente ineficiente.

El primo y hermano del estudiante universitario Jorge Verástegui fueron secuestrados en el año 2009 en el estado de Coahuila. El es miembro de FUUNDEC, una asociación de familiares de desaparecidos que se han reunido en múltiples ocasiones con autoridades federales para presionar la implementación de protocolos legales y mecanismos de búsqueda más efectivos.

Jorge Verástegui“La primera reacción de las autoridades es una reacción de criminalizar a las víctimas y de intimidar a quien pretende denunciar. Es lamentable la primera reacción que hace el gobierno y después al ver la insistencia decide atender a la ciudadnia pero simplemente es una atención en la que trata de todas formas no reconocer la problematica.”

Varias ambiguedades jurisdiccionales también han provocado que las autoridades estatales y federales se culpen mutuamente por la responsabilidad en la clasificación de un crimen. Por ejemplo, la privación de la libertad a mano armada que no resulta en una demanda de rescate no necesariamente será categorizada como un secuestro, el cual es un crimen federal.

Marisela Reyes Salazar relata que cuando hombres armados se llevaron a tres miembros de su familia a las afueras de Ciudad Juarez en febrero de 2011, autoridades federales no quisieron registrar el crimen como tal.

Marisela Reyes: “Cuando mi hermano y mi mamá van a poner la denuncia a la PGR, ahí les dicen que la denuncia se tiene que poner por personas ausente o extraviada. No quieren tomar la denuncia como desaparición forzada, que son dos cosas muy muy diferentes.”

Esta tendencia provocó que asociaciones de familiares como FUUNDEC presionaran para que las autoridades estatales reconocieran la existencia del crimen de desaparición forzada. Pero hasta esta semana fue que la legislatura de Nuevo León aprobó una medida para reconocer la desaparición forzada como un crimen. Es apenas el tercero de 32 estados en reconocerlo.

Los familiares también consideran que las autoridades federales y estatales necesitan mostrar más voluntad política para buscar a los desaparecidos, estén muertos o con vida. Cuando son descubiertas fosas masivas las investigaciones son regularmente manejadas por autoridades estatales. No existe una base de datos centralizada para guardar muestras de ADN de personas desaparecidas, a pesar de las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas.

Las víctimas de asesinatos cuyos cuerpos no pueden ser identificados por los médicos legistas, van directamente a fosas comunes. Una investigación reciente realizada por el diarioMilenio documentó más de 24 mil cuerpos no identificados que habían sido enviados a las fosas comunes durante la presente administración.

Marisela Reyes y su familia permanecieron en huelga de hambre y en plantón hasta que los cuerpos de tres de sus familiares aparecieron. Sólo bajo presión el gobierno de Chihuahua ofreció recompesas por la información sobre su paradero. Posteriormente los cuerpos fueron encontrados cerca de un camino. Pero Marisela dice que la agonía de no saber donde están los seres queridos es mucho más intensa que el mismo dolor que tener que enterrarlos.

Marisela Reyes: “Nosotros, nos lo tuvieron que desenterrar y entregarlos a lo mejor para callarnos la boca…pero, lo logramos. Entonces, quiero que la gente sepa que luchando, se puede. Que nosotros, gracias a Dios, los encontramos y sabemos ya donde están. Y si un día podemos regresar al Valle de Juárez, sabemos que ahí están y que podemos llevarles minimamente una flor.”

Otros familiares de personas desaparecidas recientemente permanecieron durante una semana en huelga de hambre en frente de la Secretaría de Gobernación. Allí advirtieron que estaban preparados para regresar si el gobierno no cumplía sus promesas de concretar acciones en estos casos.

La huelga de hambre fue parte de un esfuerzo más grande para mantener el tema de los desaparecidos en la agenda gubernamental previo al cambio presidencial del 1 de Diciembre.

Mientras tanto, otros familiares y gente solidaria llevan meses bordando historias de las víctimas en pañuelos blancos. Entre ellos, está Jorge Verástegui, quien ha participado en el grupo de “Bordados por la Paz” en la ciudad de Monterrey.

Jorge Verástegui: “Sabemos que es solamente un acto simbólico pero hay algo que el bordar esas histórias nos provoca una cierta tranquilidad. Son como vías de escape, pequeñas válvulas, para todo este dolor que hemos sido recogiendo en estos últimos años.”

Los grupos de Bordados por la Paz contemplan unir todos sus pañuelos en una sola manta en el zócalo de la Ciudad de México el día que el presidente electo Enrique Peña Nieto asuma la presidencia, en una acción que pretende ser un recordatorio visual de la deuda de justicia que se tiene con miles de familias mexicanas, una gran crisis que ha venido creciendo en los últimos seis años.

Texto original en ingles

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