Comunicado de FUUNDEC y el Fray Juan de Larios

JUECES DE CONSIGNA POSIBILITAN LIBERACIÓN DE PERSONA VINCULADA CON LAS DESAPARICIONES EN COAHUILA.

Saltillo, Coahuila, 26 de diciembre del 2012.

  • Mientras millones de familias en el mundo  celebran la vida, miles de familias en México y Centroamérica viven un infierno por la desaparición de sus seres queridos y de la Justicia quien también se encuentra desaparecida.

José Antonio Robledo Fernández es buscado desde enero de 2009 por su madre y su padre, Guadalupe y José Antonio, quienes son miembros de FUUNDEC, ellos  han tenido que suplir la deficiencia del Ministerio Público, la inoperancia de las policías y la de todo el Estado mexicano, que ahora ha dado un nuevo motivo de vergüenza, tras el fallo del magistrado Carlos Nicéforo Adolfo Olea Peñaflores quien retiró el cargo de posesión ilícita de armas de fuego, contra toda evidencia en el sumario a Carlos Enrique Haro Villarreal, quien era encargado de seguridad de ICA en Monclova, Coahuila, de donde desapareció José Antonio Robledo. En el momento de su detención le encontraron armas de uso exclusivo del ejército, un expediente personal de la desaparición de José Antonio Robledo y un monitoreo de lo que sus padres habían realizado para localizarle desde el 25 de enero del 2009. Asimismo, contaba con información de tres casos más de FUUNDEC. Para rematar, en el proceso fue señalado por varios de sus cómplices como responsable de los delitos que les ordenaba ejecutar, entre ellos la desaparición de José Antonio. Ante estos aberrantes e indignantes hechos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C., expresamos lo siguiente: 

  1. Las cifras registradas de impunidad para el caso de las ejecuciones se eleva al 98.5% de las denuncias presentadas. En el caso de las decenas de miles de desapariciones, no tenemos noticia de que se haya esclarecido una de ellas, que se haya encontrado a la víctima y que los culpables no hayan quedado impunes. Es tal la colusión entre la delincuencia organizada y el Estado mexicano, que las agencias del Ministerio Público y las policías, juegan un papel de poderoso filtro para evitar que los casos suban al conocimiento de un juez, para el deslinde de las responsabilidades penales por una desaparición.
  2. Pero cuando por el esfuerzo supremo de la familia de la persona  desaparecida, logran llevar ante la justicia a los perpetradores de una desaparición, nos encontramos con otra barrera ésta también insuperable: el sistema judicial mexicano no conoce casos de esclarecimiento de una desaparición, de dar con el desaparecido, ni de reparar el daño a las víctimas, ni a los familiares. O el Ministerio Público no acusa correctamente, o el Juez no haya suficiencia probatoria, o ambas cosas, pero el Estado mexicano falla sistemáticamente en su obligación de dar justicia, en términos del artículo 17 constitucional.
  3. Ante la Nación, exponemos el caso del Magistrado Olea Peñaflores quien debe explicar a la ciudadanía y ante lo que quede de la estructura institucional, por qué liberó a quien guardaba en su domicilio al menos siete armas de fuego y un expediente con registro de todas las actuaciones de la familia Robledo Fernández sobre la búsqueda de su hijo. Así como información de otros tres casos de FUUNDEC. Estas acciones nos hace pensar que este “Juez” es sospechoso de colusión con la delincuencia organizada y como tal debe ser investigado. Por ello, hacemos un llamado al Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que inicie la investigación correspondiente, a la par pedimos a la Procuraduría General de la República para que actúe en consecuencia y requiera a quien es capaz de liberar a personas como Haro Villarreal, contra toda evidencia.

El Estado mexicano aún no ha evolucionado para asegurarse de la debida probidad de toda su judicatura, como lo demuestra el panorama desolador de impunidad que pone la pregunta al aire ¿También ha dejado de ser vigente la prohibición de justicia por propia mano? FUUNDEC y el CDDH Fray Juan de Larios,  alertan a las familias con personas desaparecidas para oponerse a esta resolución,  pues es la antesala de sus propios casos, en donde la justicia obedece a los intereses más oscuros y mezquinos tanto de quienes detentan los poderes formales como los de facto. Por ello, exigimos a la PGR y al Consejo de la Judicatura que sometan a investigación magistrado Carlos Nicéforo Adolfo Olea Peñaflores y resuelvan lo conducente, con el fin de posibilitar que la Justicia aparezca junto con los miles y miles de personas desaparecidas en nuestro país.

Hacemos responsables de cualquier acto contra la integridad y vida de la familia de José Antonio Robledo Fernández, de las familias que integran FUUNDEC y del personal del CDDH Fray Juan de Larios: al poder Judicial de la Federación y a Carlos Haro Enrique Haro Villarreal.

El buen Juez, por su casa empieza

Con una búsqueda incansable

FUERZAS UNIDAS POR NUESTROS DESPARECIDOS (AS) EN COAHUILA 

 

CENTRO DIOCESANO PARA LOS DERECHOS HUMANOS “FRAY JUAN DE LARIOS”, A.C. 

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