Con huecos legales la Ley general de víctima

Vanguardia

Señala experto que se trata de un acto de buena voluntad, pero está hecha al vapor

Lejislación. Dice abogado del Fuundec que la ley de víctimas tiene más dudas que certidumbres jurídicas tanto para las víctimas como su familia.

Saltillo.- Publicada el miércoles 9 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Víctimas ha sido recibida entre controversia. Mientras el Presidente de México dijo que se hizo así porque “era urgente contar con un marco legal que protegiera a las víctimas”, activistas señalan que no resuelve los problemas estructurales necesarios y evidentes.

Entrevistado vía telefónica, el asesor legal de Fuerzas Unidad por Nuestros Desparecidos en Coahuila, Juan López, señala que el mensaje enviado es que hay voluntad política para trabajar, a diferencia de la que hubo con el ex presidente Felipe Calderón, el cual llega en medio de un pulso de dolor y tragedia.

“Es una legislación en la que el Presidente pretende cumplir la palabra, y lo hace”, apunta. No obstante, dice que no hay que olvidar que le proceso muy cuestionado, pues hay vacíos y ausencias legales, no está basado en un contexto mexicano, ni convalida la opinión de las víctimas (salvo algunas consultas con movimiento por la paz), en el caso particular de Fuundec, de los familiares de personas desaparecidas.

“Es una organización echa al vapor, pero de buena fe”, expresa el abogado. “La reacción del Estado mexicano fue de tratar de resolver una exigencia muy concreta (…), pero el riesgo ahora es que la confección legal tiene huecos”. 

López señaló que en el documento está ausente una perspectiva de derechos humanos para el caso de desapasiones forzadas, en dónde no se observa un solo mecanismo legal de cómo una persona desaparecida o su familia serán protegidas. Es decir que no se resulte los trámites en juicios hipotecarios, de alojamiento, del derecho a la vivienda, obligaciones fiscales, entre otras.

Otro de los impedimentos para la aplicación de la ley, es que el sistema jurídico mexicano, explica, es anacrónico y por tanto obsoleto; no tiene la infraestructura para asumir la tragedia humanitaria de las desapariciones: “Nada en la ley apoya o protege a las personas desaparecidas ni sus familias. La ley tiene más dudas que certidumbres jurídicas”.

¿De qué sirve la Ley General de Víctimas?

Mientras el Presidente de la República reconoció que se trata de una ley

“perfectible”, Juan López explica que lo que se tiene que hacer es lo que ni hizo en los últimos años: hablar con las víctimas. Y es que no es lo mismo Oaxaca que Nuevo León, o Cuernavaca que Torreón, pues las realidades distan de manera enorme.

¿Para qué sirve esta ley entonces? Él responde que, por lo menos, ahora las víctimas tienen la capacidad de catalogarse como tales, con lo que el Estado mexicano debe reconocerlo. En este contexto, una ventaja jurídica es que podrán tener acceso a una reparación del daño, que si bien puede ayudar, dista mucho de ser integral.

Lo anterior implica que el Ministerio Público reconozca dicha condición, incluso, dijo, cuando hay sospechas de que esté coludido con el crimen organizado, lo cual se ha probado en algunas ocasiones.

“Quizá las víctimas estén confundiendo que esta ley significa justicia. Esta ley no significa justicia. Es un punto pendiente del Estado mexicano”, expuso López. Ejemplificó al decir que hay un 98.5 por ciento de impunidad en casos de personas ejecutadas, mientras que la ONU sólo reconoce 2 casos de sentencias por desaparición, cuando la PGR tiene una lista por 25 mil denuncias.

El abogado de Fuundec consideró que se está frente a una situación de metástasis, y lo que hace la ley es proponer un poderoso analgésico, que no atiende las bases del problema, sino las consecuencias.

Lo que queda por hacer es incluir a la Suprema Corte de Justicia, que no estuvo presente en la firma de la ley; el Presidente debe reconocer que lo causado por Felipe Calderón fue una tragedia humana y se deben fincar responsabilidades, como la cárcel a él y los demás responsables; el Ministerio Público debe investigar; dar la voz a las víctimas y generar una nueva cultura política.

Sin relación con Colombia

Sobra la postura de algunos de que México se está “colombianizando”, niega que esto sea así. Y es que en dicho país el proceso de legislación abarcó 3 años de consulta, en la que los legisladores se bajaron de sus curules y se movilizaron con las comunidades, incluso en las zonas selváticas.

El asesor legal de Fuundec recordó que, además, en Colombia se llevó a la cárcel a la mitad del congreso y una tercera parte de sus jueces, así como al hermano del presidente, mientras en México el mismo presidente y parte de su gabinete está cuestionado.

Fuente: http://www.vanguardia.com.mx/conhuecoslegaleslaleygeneraldevictimas-1464913.html#.UPrRu2xstig.facebook

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