Segundo informe del Grupo de Trabajo Autónomo

Segundo informe del Grupo de Trabajo Autónomo

Saltillo, Coahuila, 9 de febrero de 2013

Antecedentes.

El nueve de diciembre de 2012, se llevó a cabo la reunión periódica entre el gobierno del Estado, FUUNDEC, las organizaciones civiles acompañantes y el Grupo de Trabajo Autónomo (GTA). En ella, fueron presentadas las primeras recomendaciones al Gobierno del Estado de Coahuila, para abordar la problemática de las desapariciones en Coahuila, mismas que recordamos líneas más abajo. Estas recomendaciones pueden ser consideradas como generales, y comprometieron al GTA a elaborar una segunda parte, una vez que fueran valoradas por el gobierno local.

Las recomendaciones que ahora cursamos, representan el resultado de dos líneas de acción, para dar seguimiento a las cinco recomendaciones: una labor de documentación y pre-diagnóstico, con base en las distintas consultas realizadas con el propio gobernador, en la reunión de trabajo del 18 de septiembre; o la del 3 de octubre (ambas del 2012) en la que hubo una reunión con el Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria y la titular de la oficina de derechos del Gobierno de Coahuila, Ma. Del Carmen Galván Tello, además de algunos colaboradores cercanos.

En esta ocasión, reportamos el resultado de las entrevistas con el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Armando Luna, con el Secretario de Seguridad Pública, José Gerardo Villarreal Ríos, así como con el Secretario de Gobierno, Heriberto Fuentes Canales. Adicionalmente, presentamos para la consideración del Gobernador Rubén Moreira Valdez, una propuesta técnica para llevar a cabo una serie de encuentros que tendrán por objeto el abrir a debate del tema de las desapariciones, y poner sobre la mesa el planteamiento del problema, y sus posibles vías de solución, con el conocimiento previo y participación permanente de las familias de las víctimas de las personas desaparecidas.

En consecuencia, este documento consta de tres partes: entrevista con servidores públicos, formulación de preguntas, y la propuesta técnica para el desarrollo de los foros previstos en las recomendaciones del primer informe. Las entrevistas con los servidores públicos conforman el pre-diagnóstico comprometido con el Gobernador del Estado de cara a la detección tanto de las acciones públicas exitosas, como de las sinergias que obstaculizan la acción del Estado frente a las desapariciones. La segunda parte incluye una consecución de preguntas reflexivas, derivadas de la consulta de diversos textos relacionados con la problemática de las desapariciones, así como de las entrevistas en las mesas de trabajo con los agentes del Ministerio Público, a los que el GTA ha tenido acceso. Con esas posiciones pretendemos anteceder algunas preguntas a las posibles respuestas, como ejercicio primario para conocer la naturaleza de las desapariciones en Coahuila. La tercera parte, es la propuesta que recomendamos sea adoptada por el Gobernador del Estado. 

Primera parte.
Entrevistas con funcionarios públicos de primer nivel.

El GTA agradece las facilidades para recibir a sus integrantes, y para responder a todas las preguntas sin ninguna restricción. Las entrevistas fueron planteadas de manera abierta, sin más conducción que las preguntas generales, muchas de las cuales se encuentran reproducidas en la segunda parte de este informe.

Armando Luna Canales, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, realizada el seis de febrero de 2013 en la sede de esa institución. El formato de la entrevista fue libre, precedida por la explicación de contexto y agradeciendo su colaboración por acceder a ella. El siguiente es un resumen de dicho encuentro.

En la entrevista con el GTA, el Ombudsman  refirió que nadie estaba preparado para lo que se conoce como desapariciones, incluyendo a la Comisión de Derechos humanos. Pudo constatar que la instancia que ahora representa no dio una atención adecuada a las quejas presentadas con motivo de las desapariciones, y que tampoco había criterio alguno para su estudio, por lo que todos los expedientes fueron puestos en un solo cajón, lo cual también puede ser advertido en el tratamiento inicial de las indagatorias relacionadas con las personas desaparecidas.

Advierte que una de las principales dificultades, es que los procedimientos de la justicia se topan con una estructura demasiado fuerte y generalizada de la delincuencia organizada. El conjunto de sucesos se ha convertido en una revolvedora en la que no es posible tener precisión, por ejemplo de cuántas personas están desaparecidas, o incluso ejecutadas. Es muy importante que se avance en la conformación y equipamiento de la labor forense, cuya ausencia repercute en la falta de resultados para dar con el paradero de las personas desaparecidas.

El Presidente de la Comisión refirió también que –por cuanto hace a su función- la CEDH tiene un espacio en su página electrónica#, que ha registrado más de mil personas que se encuentran no localizadas. Aunque reconoció que los casos de FUUNDEC no están incluidos en esa lista, y que tampoco es una lista completa ni definitiva, forma parte de la lista que la CNDH tiene para el mismo tema. Refirió que están analizando detenidamente los procedimientos de investigación, pues “podemos afirmar que hay esfuerzos de búsqueda, pero no de investigación, además de que es difícil que hagan hipótesis de trabajo”. Por otra parte, al seno de la Comisión, existe aún duda de cuál es la mejor forma de abordar los expedientes de queja, si en lo individual o en forma colectiva. En su análisis, la CEDH se abstiene de analizar la dilación de las autoridades en relación con las desapariciones, dado que la propia Comisión incurre en esa falla.

Sobre la demanda de atracción o atención federal de todos los casos de desaparición, opinó que era muy oportuna, pues “Hay un ejercicio irresponsable de la facultad de atracción por parte de la PGR; por experiencia, no hubo explicaciones de la política de la PGR para no atraer los expedientes de desapariciones, en los últimos años”. Respecto de la creación de una subprocuraduría especial, opinó que “…podría conllevar demasiado tiempo, aprovechable para trabajar con la estructura que ya se tiene, y en ello la PGR tiene la facultad y la capacidad”.

José Gerardo Villarreal Ríos, Secretario de Seguridad Pública, realizada el seis de febrero de 2013 en la sede de la Secretaría de Seguridad Pública, en Saltillo, Coahuila.

A modo de introducción se le refirió al Secretario el contexto de la solicitud de la entrevista, la creación del GTA, así como el contenido de las recomendaciones entregadas al Gobernador del Estado, entre ellas la entrevista con el titular de la Secretaría referida. En formato de entrevista libre, el secretario atendió todas las preguntas formuladas, y sus respuestas aparecen resumidas a continuación.

Tiene conocimiento del tema de las desapariciones, desde su paso por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por la Procuraduría General de Justicia y ahora tras su nombramiento como titular de la Secretaría. Respecto de las desapariciones, ha hecho esfuerzos para generar esquemas de colaboración, para actuar tras las primeras horas de una desaparición, tiempo vital para facilitar su paradero. Uno de los problemas es que las familias pierden mucho tiempo para contactar con la policía. En ese sentido, debemos transitar hacia una cultura de denuncia, de modo que la población sienta la confianza de acudir a las instancias del Estado.

A pregunta expresa, refirió que no existen protocolos de acción inmediata, ante la denuncia de una desaparición. La policía actúa de forma empírica, y tampoco existen formatos de coordinación con las otras instancias involucradas, aunque existe una buena colaboración, en la práctica. Con las policías municipales, la colaboración no es tan buena; con las policías federales, ahora es mejor, y con las fuerzas castrenses, es muy buena.

Está consciente de que las policías en general carecen de preparación. Desde la policía municipal hasta la de investigación ministerial, contaminan las escenas del crimen y no hay condiciones para decir que hay policías de investigación científica. No recuerda alguna acción policial que haya devenido en la localización de una persona con reporte de desaparición, motivo de un proceso de investigación policial. Considerando la inminencia de la implementación del sistema penal acusatorio, ya se están realizando acciones de preparación (no refiere cuáles) de la policía de seguridad pública.

¿Existe una teoría general de las desapariciones? Es un problema multifactorial. Las desapariciones generalmente implican contactos o actividades de las víctimas con la delincuencia organizada. Aunque no existen datos estadísticos que refuercen su dicho, en el caso de las personas migrantes, Coahuila suele ser una de las entidades de paso, en donde suelen despedirse para afrontar su nuevo destino, en Estados Unidos, a veces con la intención de despedirse. En ese sentido, es necesario coordinarse con las autoridades de esa nación, para facilitar el cruce de datos y aumentar las posibilidades de dar con el paradero de quienes cruzan la frontera, pero que tienen reporte de desaparición y como último contacto, el que se da en el estado de Coahuila.

Heriberto Fuentes Canales, Secretario de Gobierno. Entrevista realizada por dos miembros del GTA, el 7 de febrero de 2013 en el despacho del Secretario, ubicado en el edificio central del Gobierno del Estado.

Igual que con el resto de funcionarios, se llevó a cabo una introducción, y en el caso del Secretario se le entregó previamente un listado de los temas a tratar, relacionados con la conceptualización de las desapariciones, y sobre las acciones estructurales tomadas en consecuencia. Además de dicho temario general, se le refirió la entrevista con el gobernador (18 de septiembre de 2012) con el procurador general (3 de octubre), con el Ombudsman y con el Secretario de Seguridad Pública. Una de las recurrencias (que el propio Secretario repitió) es que nadie estaba preparado para el fenómeno de las desapariciones, pero que a seis años de la más antigua registrada por FUUNDEC, era difícil mantener la misma perspectiva. Con esa introducción, el entrevistado atendió todas las preguntas. A continuación, resumimos sus respuestas, con las preguntas implícitas.

Las desapariciones de personas, no son algo que pueda reducirse a un ámbito local. Su explicación puede ser diversa. En algunos casos, la delincuencia organizada tiene sospechas en las futuras víctimas, o por venganzas que toman a gente inocente, que cuando las capturan y certifican que no son las personas indicadas, ya no les importa mucho el destino de las víctimas. En algunos casos, la persona desaparecida se comunica para que ya no lo busquen, con frases equivalentes a “Estoy bien, pero ya no me busques. Ando mal”. Otra posible razón, es que la delincuencia organizada precisa de recursos humanos y eso podría explicar algunas fugas en reclusorios, o la privación de la libertad de muchos migrantes. Otras razones que permiten explicar las desapariciones, son el chantaje, o un reclutamiento inducido, más que forzado, todo relacionado con la delincuencia organizada.

En la mayoría de los casos, se aprecia que las desapariciones apuntan a claras evidencias de inocencia. Hay mucha gente que está convencida de que su familiar no está ligado a la DO, si no ni siquiera los buscaran. Otro dato interesante es que la mayoría de las personas desaparecidas no son de Coahuila, estaban en tránsito. Por parte del Gobierno del Estado, podemos advertir un cambio de posición: Antes, el tratamiento era discreto, pero ahora ya no se puede más que enfrentar el fenómeno. La Procuraduría ha investigado caso por caso, lamentablemente, muchas desapariciones no refieren el paradero ni el destino de las víctimas. Se trata de un fenómeno que ha sorprendido a todos. Cinco años atrás, el crimen era ordinario. En 2007, Saltillo era tranquilo, a partir de 2008, la descomposición.

¿Qué debemos hacer? El gobernador tiene en mente cómo abordar el tema de las detenciones de los líderes, que puedan aportar una información sobre el tema de las desapariciones, respetando los derechos de los detenidos. También, estamos valorando cómo establecer un procedimiento general ante las desapariciones.

Algo que se puede hacer, previo, es la declaración de ausencia de la persona desaparecida, para proteger sus derechos y sus intereses. El sistema forense debe ser puesto en línea con el sistema penal acusatorio, que obliga a tener agentes del Ministerio Público muy bien capacitados, defensores públicos competentes, y una policía muy bien preparada, desde la policía municipal. El Estado mexicano apenas está fincando las bases para la atención del problema. En Coahuila, al menos ya tenemos el reconocimiento de la dimensión del problema de las desapariciones. Es importante insistir cada desaparición, tiene sus propias características.

Valoración de las tres entrevistas.

La voluntad para aceptar todas las preguntas planteadas a los entrevistados, para no rehuir ninguna de ellas, no coincide con el mínimo grado de información con el que fueron respondidas. Las coincidencias en cuanto a que nadie estaba preparado para la emergencia humanitaria de las desapariciones, contrastan con la impresión de que los principales responsables del Gobierno del Estado no tienen aún la información documentada y sistematizada, para arribar a la teoría que permita asumir y abordar la práctica sistemática y recurrente de las desapariciones. A los tres entrevistados, además del Procurador y el subprocurador, les fueron planteadas las preguntas del siguiente capítulo, pero pocas fueron las respuestas conducentes (ninguna documentada), aunque éstas sean expuestas de buena fe, y con base en una percepción personal, valiosa pero insuficiente.

Segunda parte.
Preguntas de exploración

 

Las desapariciones en México no están debidamente conceptualizadas: No existen respuestas, porque las preguntas no están debidamente planteadas. Una vez que esté entendido el proceso de las desapariciones, es posible iniciar el proceso social de abordaje para su tratamiento. Este proceso precisa de la voluntad política del poder político, además de los cambios a la estructura jurídica local y nacional.

Como parte del contexto previo para la formulación de esta segunda fase de recomendaciones, Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) propuso a la Secretaría de Gobernación, desde el 23 de junio de 2011, siete demandas básicas que representan el consenso de las familias que se acompañan a sí mismas, ante el desconcierto de las recurrencias en las desapariciones:

  1. Búsqueda inmediata

  2. Registro nacional

  3. Atención o atracción de la PGR

  4. Subprocuraduría especial

  5. Protocolos de investigación

  6. Programa emergente de apoyo a familias

  7. Recomendaciones del GTNUDFIP

Estas demandas fueron asumidas como aceptables por el gobierno mexicano, a través del Secretario de Gobernación, según los términos de la minuta de la reunión del 25 de octubre de 2012, en las que estuvieron presentes los entonces titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República. Uno de los objetivos de esa reunión fue el dar a conocer los resultados de un ofrecimiento hecho por el Secretario de Gobernación: la creación de una Fuerza de Tarea, abocada a la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas, el cual finalmente no fue cumplido. En ese encuentro el responsable de la política interior y la encargada de la procuración federal de justicia, aceptaron que no estaban en condiciones de mostrar resultados en torno al paradero de las personas desaparecidas.

En Coahuila, las organizaciones que acompañan a FUUNDEC y el gobierno del Estado, acordaron la creación de un grupo de trabajo autónomo, con el objeto de proponer una metodología de abordaje. El pasado nueve de diciembre, el GTA presentó las siguientes recomendaciones al Gobierno del Estado, cuyo titular Rubén Moreira Valdez, las aceptó de inicio, como viables y atendibles, por lo que se acordó que en la siguiente reunión, del 9 de febrero de 2013, se hiciera una propuesta concreta para las actividades que se esperan realizar para 2013.

  1. Con base en el artículo 4 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder y como medidas de aplicación inmediata, instruir para que las acciones que conlleven sobre el paradero, la investigación, la identidad de restos mortales o su entroncamiento con familias que hayan denunciado una desaparición, sea tratada conforme a los principios enunciados en esa Declaración, a través de un modelo de comunicación que será consensuado con las propias familias y el GT.

  1. Se disponga la fecha precisa, así como las condiciones idóneas para que al menos dos integrantes del GT, más el personal de auxilio que el propio GT proponga, tengan acceso a los expedientes de investigación de los casos de desaparición de personas que esté integrando la subprocuraduría de justicia, o la instancia competente, en seguimiento a los acuerdos referidos con el Gobernador y confirmados con el Procurador General de Justicia, en el entendido de que los expedientes a consultar incluyan todos los expedientes de desaparición que estén siendo procesados;

El objeto de esta consulta es identificar las dinámicas de las desapariciones en el estado, los obstáculos en los procesos de investigación que desarrolla la Procuraduría, así como el resalte de las buenas prácticas.

  1. Instruya al Secretario de Seguridad Pública para que se lleve a cabo un encuentro con el Grupo de Trabajo, con el objeto de facilitar toda la información, que permita tener un contexto de las funciones de esa instancia, así como el conocimiento de sus protocolos de actuación para la prevención de las desapariciones, la acción inmediata en caso de denuncias de un evento de desaparición, y los convenios de colaboración con otras instancias públicas de todos los niveles de gobierno del Estado mexicano, así como su visión sobre esta problemática y sus propuestas de abordaje.

  1. Que a petición del GT, y con base en la propuesta que el mismo GT elabore, el Gobernador del Estado de Coahuila haga suya la convocatoria de los foros de discusión, según la propuesta diagnóstica que para tal efecto el GT completará una vez que tenga acceso a los expedientes de investigación. Para tal objeto, El GT elaborará un plan de trabajo para integrar los comités de expertos a partir de este pre diagnóstico, cuyo proceso completo lo realizarán los expertos en diversas materias.

  1. En ese sentido, recomendamos que el Gobernador realice sus buenos oficios, con el acompañamiento del GTDFC, para que convoque a los poderes soberanos del Estado de Coahuila, para apoyar las actividades que se propone el GT, básicamente en los siguientes temas, enunciativos y no limitativos. Para ello, las actividades de diagnóstico y de elaboración de una propuesta general de acción integral que pretende el GT empezarán a la brevedad posible, y tienen por objeto generar una movilización social proactiva para ventilar con toda la comunidad el tema de las desapariciones, de manera que concierna a todos y a todas, el planteamiento de la emergencia humanitaria y sus vías de solución;

  • Primer tema, deliberación sobre los mecanismos y procedimientos de búsqueda de personas desaparecidas;

  • Segundo tema, el relacionado con la protección de los derechos de las personas desaparecidas, que abarque la modificación del marco legal (civil, penal, laboral, fiscal y administrativo), particularmente en el interés de preparar que el sistema penal acusatorio sea estructurado con base en el contexto que viven las víctimas directas e indirectas de desaparición de personas, incluyendo una legislación apropiada para las víctimas de delito, particularmente de las víctimas de desaparición;

  • Tercer tema, investigación criminalística, incluida la antropología forense, de los casos de personas desaparecidas, que abarque a todas las policías y encaminado a un sistema penal acusatorio predominantemente investigador;

  • Cuarto tema, la atención social a las familias de las víctimas de desaparición, desde el encuadre de los derechos de las víctimas de delito y de abuso de poder, según el sistema internacional de derechos humanos.

El objetivo general de convocar a una serie de foros, es entender la realidad que acontece en nuestro país, con la ayuda de personas que tienen determinadas experiencias que consideramos pueden ser de especial importancia. El GTA percibe que el fenómeno de las desapariciones en México, implican procesos no solo específicamente criminales, sino que el cuerpo social tiene características que las fomentan en su ejecución, o que dificultan su esclarecimiento; No obstante lo anterior, los extremos y el cuerpo mismo de dicho proceso son desconocidos para la generalidad de las personas, las familias de las víctimas y hasta para la propia autoridad.

En resumen, no sabemos específicamente cómo es el proceso por el cual desaparecen las personas. Por ello, para sugerir el contexto de los espacios de reflexión, consideramos que es pertinente establecer las siguientes preguntas básicas, para ser planteadas a quienes participen en los mencionados foros:

  1. ¿Por qué acontecen las desapariciones?

  1. ¿Existe un patrón o patrones en las desapariciones?

  1. ¿Existe alguna relación entre la estructura económica -o financiera- de la delincuencia organizada y las desapariciones?

  1. ¿Cuáles son los factores que impiden la acción del Estado en la prevención de una desaparición, en la búsqueda de la víctima y en la administración de justicia?

A. ¿Existe la política pública y presupuestaria, así como la estructura para que el Estado mexicano asuma las desapariciones

B. ¿Las desapariciones son vistas en toda su dimensión? El proceso de una desaparición podría comprender el siguiente trazo:

I. Selección y captura

II. Traslado y cautiverio

III. Usufructo de la víctima

i. Incorporación forzada a la delincuencia organizada.

ii. Incorporación inducida

IV. Posible recuperación de la víctima

V. Procuración y administración de justicia

  1. ¿Cómo opera la delincuencia organizada, tras una desaparición?

a. ¿Cuáles son sus criterios para definir el destino de la víctima?

b. ¿Cómo opera la colusión oficial en las desapariciones?

c. ¿Cómo operan las instituciones públicas no coludidas ante una desaparición?

  1. ¿Cómo respondemos a las preguntas anteriores ante las desapariciones típicamente forzadas (DF)?

a. ¿Existen las disposiciones legales apropiadas para los procesos de búsqueda o investigación en las DF?

b. ¿Cómo asumen las procuradurías de justicia la colusión gubernamental en torno a las DF?

c. ¿Cuál es la infraestructura de investigación criminalística suficiente para el esclarecimiento integral de una desaparición (cadena de responsabilidades, colusiones, paradero de la víctima, y enjuiciamiento de los perpetradores)?

  1. ¿Conviene generar una instancia pública que centralice las indagatorias sobre desaparición, o repartir esta responsabilidad en las procuradurías locales?

a. Para el caso de la segunda hipótesis ¿Es factible generar directrices generales para la investigación criminalística de la desaparición de personas?
b. ¿Qué debieran contener los convenios de colaboración, entre los diversos niveles del Estado de Coahuila, entre las entidades de la región, entre aquel y la federación, y entre el Estado mexicano y los de la región continental, específicos para personas desaparecidas?

  1. ¿Cómo deben ser nombrados los hallazgos relacionados con las desapariciones en México?

a. ¿Casas de seguridad?
b. ¿Cocinas?
c. ¿Extraviados, ausentes?

  1. Ante la inminente entrada del sistema penal acusatorio ¿De qué manera deben asumirse temas como la desaparición de personas, y la preparación de todos los actores institucionales del sistema penal mexicano para procurar y administrar justicia?

a. ¿Puede considerarse una fórmula jurídica para que las desapariciones sean abordadas en el sistema penal acusatorio?

b. ¿Existen condiciones para que las policías mexicanas y los cuerpos periciales merezcan la categoría de policías o auxiliares en la  investigación de las desapariciones en Coahuila?

c. En el nuevo sistema penal acusatorio, las víctimas de delito tienen mayor participación y reconocida su personalidad jurídica ¿Esa nueva circunstancia es suficiente para garantizar que la información obtenida sea presentada como elementos de prueba en los juicios orales?

  1. ¿Existe una adecuada documentación del fenómeno de las desapariciones en Coahuila, y en la región?

a. ¿Quién –o qué instancias- y cómo debe sistematizar la casuística y la generación de la estadística y de los insumos que permitan entender la lógica de los perpetradores de las desapariciones, su modus operandi y la información de inteligencia necesaria para dar con el paradero de las víctimas?

b. ¿Quién y cómo puede sistematizar la labor de búsqueda y de investigación hecha por las familias con integrantes desaparecidos?

c. ¿De qué manera puede ser aprovechada la labor de investigación familiar, para establecer acciones públicas estructurales para prevenir y resolver las desapariciones en Coahuila?

Es claro que estas preguntas no deben ser respondidas por quienes participen, pues su experiencia no supone el conocimiento de lo que pasa en el territorio mexicano. Estas preguntas deben ser respondidas por el Estado mexicano, pero deben ser claramente planteadas como el objetivo base para tener una adecuada conceptualización de lo que acontece, como presupuesto para  A su vez, para el desarrollo de los foros, quienes participen pueden considerar tres ideas fundamentales que engloban las siete demandas sociales de FUUNDEC.

La búsqueda de las personas desaparecidas, la investigación criminalística de lo sucedido tras la desaparición y la atención emergente de las familias con integrantes desaparecidos, es parte de un consenso de FUUNDEC para darle seguimiento a sus seste demandas. La acción de búsqueda puede ser entendida como la reacción urgente del Estado mexicano, propia de los primeros instantes del evento, y en ella podrían participar varios actores: centralizados, descentralizados e incluso autónomos, y no presupone evaluar qué sucedió, ni la responsabilidad de los perpetradores.

La investigación tiene ese sentido, y corre por vías paralelas a las acciones de búsqueda: mientras se activan las acciones urgentes de localización inmediata de la víctima, el inicio ágil y coordinado de las instancias policiales, de inteligencia y de procuración de justicia, deben moverse en función de la nueva exigencia constitucional (artículo 20, reformado):

  1. Esclarecimiento de los hechos

  1. Protección del inocente

  1. Procurar que el culpable no quede impune

  1. Reparación integral del daño

Finalmente, la atención emergente es un concepto que debe partir de las propias necesidades de las familias con integrantes desaparecidos y debe ser considerada desde una perspectiva de derechos, de modo que partiendo de una consulta detallada se lleguen a los supuestos de la legislación legitimada por la sociedad participante, y su consecución a través de políticas públicas y presupuestales, debidamente planeadas.

Necesidades inmediatas.

1. Búsqueda.

A. Quiénes y cuántos son.

  1. Registro nacional de personas desaparecidas
  2. Los datos deben ser suficientes para el momento de juntar los extremos

B. Qué sucedió

  1. En lo individual
  2. En lo colectivo
  3. Por regiones

C. En dónde están

  1. Estructura integral de búsqueda
  2. ¿Quiénes buscan?
  3. Protocolos y criterios estandarizados de búsqueda
    1. Creación de un mecanismo nacional de búsqueda
    2. Búsqueda de personas vivas
    3. Búsqueda de cuerpos

D. Cómo resarcir una desaparición

i. Hallazgos de personas vivas

a. Vincula con el proceso de investigación

i. Hallazgos de restos

a. Iniciar un proceso de verificación de identidad

2. Investigación.

a. Estructuración jurídica
b. Estructura pública de investigación criminalística
c. Cuerpo policial especializado
d. Respuesta inmediata
f. Plan de acción mediato
g. Cuerpo pericial especializado
h. Investigación integral, basado en la concatenación de pruebas científicas

i. Protocolos de actuación
ii. Investigación imparcial de posibles implicaciones de servidores públicos en una desaparición
iii. Investigación de anomalías en la prestación del servicio público en la integración de una investigación ante la desaparición de una persona.

3. Atención emergente para las familias con integrantes desaparecidos

La atención integral podría ser la medida de aplicación inmediata, que en principio no precisaría una modificación de la legislación vigente, o su creación. Se trata de modificar la estructura jurídica del Estado, para tratar los derechos no solo de las familias, sino los de la propia víctima de desaparición, que generalmente permanece invisibilizada en su personalidad y capacidad jurídica.

a. Perspectiva de derechos
b. Trabajo
c. Salud
d. Educación
e. Vivienda
f. Reformulación legal para las definiciones de las esferas jurídicas de las personas desaparecidas:

i. No aplicar declaración de ausencia, o adecuarla para los casos de desaparición
ii. No aplicar la presunción de muerte
iii. Crear el estatus jurídico de persona desaparecida
iv. Suspensión de términos judiciales, prescriptivos, preclusivos, etc.
v. Suspensión de cobros fiscales, bancarios, fiduciarios, etc., hasta en tanto se determine el paradero de la persona desaparecida.

La información en conjunto puede resumirse de la siguiente manera. En su experiencia, FUUNDEC ha ido decantando y precisando el entendimiento de lo que les sucede. Existen muchas cuestiones sin respuesta, pero es posible resumir que persisten las siete demandas sociales del colectivo, y que éstas pueden ser resumidas –por la gravedad de los sucesos- en tres líneas transversales: búsqueda, investigación y atención emergente, ideas íntimamente relacionadas con las demandas ante dichas.

Antes de dar paso a la propuesta de foros sobre las desapariciones, consideramos oportuno analizar una de las recomendaciones sugeridas al Gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza. La primera recomendación del primer informe de labores presentado el pasado 9 de diciembre versó sobre la política de comunicación e información de los hechos relativos a las desapariciones, a la integración de las averiguaciones previas. El contexto en que se hizo esta primera observación, fue por expresiones relacionadas con la suerte de las personas desaparecidas, así como el manejo impreciso y re-victimizador de la información derivada de las indagatorias.

El GTA ha sido informado de que en el trascurso de estos dos meses, lamentablemente persisten estas circunstancias, en la forma de eventos de indebida información entre el personal de la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, que incluyen la exhibición indebida de material fotográfico perturbador a las familias denunciantes, por lo que insistimos que la política pública de información a los familiares de integrantes víctimas de desaparición sean previamente consensuadas con las organizaciones acompañantes, con el fin de iniciar la construcción de una política pública orientada hacia los criterios del sistema internacional de los derechos humanos, y más en particular por la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder.

Tercera parte.

Propuesta de convocatoria para el Foro Integral sobre la Desaparición de Personas en Coahuila.

La siguiente propuesta está pensada en dos partes, con duración de una semana cada una. La primera contará con la participación de actores internacionales, o nacionales, repartida en cuatro foros, con el objetivo de discernir sobre el tema de las desapariciones, y obtener propuestas de acción estructuradas y estructurales, en cuya derivación participarán funcionarios públicos de primer nivel del Estado de Coahuila, de la federación, o de otras instancias que se considere pertinentes.

Como marco histórico, los expositores podrán basarse en tres documentos base: el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, y los dos informes rendidos por el GTA, el 9 de diciembre de 2012 y el 9 de febrero de 2013. Estos textos pueden ser usados como propuesta temática o de referencia, para las presentaciones y las propuestas de armonización legislativa, políticas públicas y presupuestarias, destinadas a prevenir, erradicar y resolver las desapariciones en los general en México, y en lo particular en Coahuila.

El quinto foro, es el espacio destinado al discernimiento del tema desde la perspectiva y experiencia de actores nacionales o internacionales, organizaciones nacionales o regionales de familiares de víctimas, o de organizaciones acompañantes de aquellas y también tendrá la duración de una semana, como puede verse en el detalle. En este foro, la palabra la tendrán quienes han hecho labores de búsqueda, investigación e interlocución con actores nacionales, en todas las regiones del país, además de las interrelaciones con las organizaciones de Centroamérica.

Una vez que la oferta sea analizada y aceptada, procedería establecer una propuesta técnica sobre los recursos financieros y logísticos necesarios para su realización, misma que podría ser elaborada por el GTA,  con el apoyo de las instancias correspondientes, tanto del Gobierno del Estado, como de las organizaciones que acompañan a FUUNDEC.

2° Informe del Grupo de Trabajo Autónomo

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