País herido

Reforma.com

Denise Dresser (@DeniseDresserG)

¿Y si su hijo o su esposo o su hermano desaparecieran un día cualquiera? ¿Y si pasaran semanas y meses sin saber de él? ¿Y si colocara fotos y descripciones y peticiones de ayuda -”Delgado, moreno, de pelo corto”- en lugares públicos? ¿Y si después de años no supiera nada sobre su paradero? ¿Y si después se enterara que las fuerzas de seguridad -el Ejército o la Marina o la policía- estuvieron involucradas en su desaparición? ¿Y si después su cuerpo fuera encontrado en una fosa común? ¿Y si le entregaran los restos de su ropa en una bolsa de plástico? ¿Y si las autoridades responsables no le prestaran atención? ¿Y si el gobierno le dijera que no puede intervenir porque “es un asunto del Ejército”? ¿Y si, aunque usted contara su caso cientos de veces, prevaleciera el silencio? Estas preguntas son las que el país entero debería hacer. Estas son la preguntas que Human Rights Watch intenta responder en su informe Los Desaparecidos de México: Los Costos de una Crisis Ignorada.

En México quienes buscan a hombres y mujeres desaparecidos encuentran el silencio o, a veces, los huesos en el desierto. Desde 2006 miles de personas salen de casa y no regresan a ella; terminan de trabajar y nadie los vuelve a ver; toman un camión y acaban con su faz plasmada en una pancarta. Son estudiantes y amas de casa y campesinos y plomeros y albañiles. Son levantados sin órdenes de arresto o causa probable. Son detenidos en sus lugares de trabajo o en bares. Son aprehendidos por personas que portan uniformes y manejan vehículos oficiales. Cuando sus familiares preguntan por ellos en los cuarteles del Ejército o en los Ministerios Públicos les dicen que las detenciones nunca ocurrieron. De pronto se vuelven desechables, anónimos. 

Pero no es así. Sus madres y sus hijos y sus esposas y sus hermanas los conocen. Saben que se llamaban Brandon Esteban Acosta Herrera y Gualberto Acosta Rodríguez y Valentín Alamilla Camacho y Antonio Jaime Aldaco Juárez y Juanita Alemán Hernández, entre tantos más. Saben que fueron víctimas de las fuerzas de seguridad. Saben que forman parte de los 250 casos de desapariciones documentadas por Human Rights Watch y de los 25,000 casos que forman parte de una lista compilada recientemente por la Secretaría de Gobernación.

Y más que perseguir, las autoridades se dedican a encubrir; más que investigar, las autoridades se abocan a tapar. Durante su sexenio, Felipe Calderón cerró los ojos y se lavó las manos y habló de “daños colaterales”. En México no ha habido muchos criminales condenados, pero sí muchas autoridades condenables. Procuradores que atribuyen las desapariciones a la “doble vida” que los levantados llevaban o al crimen organizado con el cual colaboraban. Los peritos que, por descuido, ignoran huesos, pelo y ropa en el sitio donde son encontrados numerosos cuerpos. Los policías que obligan a las familias a hacer sus propias investigaciones, con el riesgo que ello entraña. La ausencia de herramientas críticas como una base nacional de desaparecidos. El patrón de inacción e incompetencia que prevalece en torno a este tema.

Porque muchos piensan que los desaparecidos son pobres y marginales y poco importantes. Porque muchos creen que seguramente participaban en actividades ilícitas y encontraron su merecido. Y por eso allí están los fantasmas. En busca de voz, en busca de justicia, en busca de descanso. Para los que se quedan atrás la tarea es sencilla: seguir hablando y seguir exigiendo. Como afirma la madre de una de las víctimas: “Nunca dejaré de hablar de Olga. No puedo parar hasta que termine la violencia”. Sólo así será posible cambiar a una sociedad ciega, sorda y apática. Sólo así será posible lograr que no haya un muerto más, ni un hombre faltante, ni una mujer desaparecida.

Sólo así se cobrará conciencia de que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene que responder ante lo ocurrido. Que los crímenes cometidos y ocultados tienen que ser resueltos y resarcidos. Cambiando leyes e instaurando protocolos de acción. Investigando a fondo y reformando todo aquello que permite la impunidad del Ejército. La impunidad de la Marina. La impunidad de la policía. Para que los hombre y las mujeres en Torreón y Saltillo y Monterrey y Nuevo Laredo y el Estado de México y el resto del país vivan sin miedo. Para que los familiares de los desaparecidos no tengan que marchar vestidos de luto, vestidos de negro.

Fuente: http://www.reforma.com/editoriales/nacional/692/1383008/default.shtm

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