Celebra su vida y su libertad; Elda Nevares estaba desaparecida

Zócalo

[Foro Desaparecidos]
Por Ernesto Acosta
07/06/2013 – 04:00 AM

Saltillo.- Elda Nevares Flores sufrió en carne propia el secuestro a manos del Ejército Mexicano entre abril y junio de 1979 y estuvo encerrada en el Campo Militar Número 1.

La denuncia de familiares y la intervención de Rosario Ibarra de Piedra, luchadora social por los desaparecidos y exiliados políticos, fueron los instrumentos para que el Gobierno le devolviera la libertad, lo que no ocurrió con cientos de desaparecidos.

“Estoy viva, en libertad y todavía en vigencia porque en su momento hubo personas que se arriesgaron, que tuvieron el valor suficiente para enfrentarse a un estado represor y enfrentar las amenazas a su propia seguridad por buscar a sus familiares”, dijo.

De 1970 a 1979 perteneció al Movimiento de Acción Revolucionaria, que los medios llamaban Movimiento Armado Revolucionario, que reivindicaba en su momento la lucha armada y social, por lo que sus miembros sufrieron una cruenta persecución con saldo de muertos, secuestrados y exiliados.

“¿Qué me orilló a ello? El sistema de injusticia que imperaba en México, la vivencia del 68, el hecho de no poder tener libertad ni siquiera para reunirse 4 ó 5 jóvenes porque nos acusaban de ser comunista, a todo mundo se le acusaba de ser comunista, así como ahora el estigma es ser miembro del crimen organizado”.

“Fueron los años de la llamada guerra sucia donde el Estado secuestró, torturó, encarceló y exilió a muchísimos mexicanos… Eureka maneja una lista de aproximadamente 470 desaparecidos, lista bien documentada, obvio que son muchos más”. 

“Había restricción total hacia la libertad de los jóvenes. Después del 68, muchos consideramos que ya estaba suficientemente comprobado que no nos iban a dejar organizarnos de otra manera y eso nos llevó a muchos jóvenes a formar parte de movimientos armados”.

Así, a los 27 años fue secuestrada en Torreón el 9 de abril de 1979, por militares que dijeron formar parte de la Brigada Jaguar, quienes la trasladaron al Campo Militar de La Joya, Coahuila, junto con varios compañeros y después la llevaron al Campo Militar Número 1.

“En esos años toda detención llevaba dos cosas: secuestro por 3, 5 días, una semana, no sabíamos cuánto tiempo se prolongara, y tortura, eso era por sistema.

“La tortura tiene dos objetivos: primero, hacerse de información, y, segundo, quebrar la voluntad individual y dejar a la persona desecha como individuo, deshacer toda defensa y dejarte sin dignidad”, dijo.

En el momento en que la secuestraron el MAR ya no tenía armas, pero sus miembros continuaban la lucha social desde la clandestinidad, por la persecución de que eran objeto.

La ahora integrante del Comité Eureka, que dirige Rosario Ibarra, recordó que ante los ojos del mundo, en las décadas de los sesenta y setenta, México aparecía como un país democrático que recibía a las víctimas de dictaduras militares en naciones de América Latina, pero en casa con mano de hierro reprimía cualquier protesta social.

“México practica la desaparición forzada desde 1969. Con el primer secuestro en Guerrero del profesor Avilés, México se le adelantó a los regímenes militares de América Latina en la práctica del secuestro y desde entonces es práctica que el Estado ha seguido implementando”.

En su caso, mientras permanecía secuestrada en el Campo Militar, solo deseaba hacerles saber a sus padres, a su familia que estaba con vida y que no se angustiaran, pero le dolía la incertidumbre que vivían sus familiares.

Nevares Flores envió un mensaje a las víctimas de desaparecidos: si aceptan una reparación del daño de tipo económico, nunca jamás tendrán la oportunidad de ver a su familiar con vida.

“Hasta ahorita lo único que diferentes gobiernos ofrecen como reparación del daño, es en lo económico, pero la vida no tiene precio. En el momento en que un familiar con un desaparecido acepte que puede recibir la reparación solamente económica, en ese momento está condenando a su familiar a la cárcel y muerte de por vida, a que no aparezca jamás, está condenando a su familiar, pero también está condenando a muchos otros”.

Busca a su esposo y le dan 100 mg de polvo de hueso

Por: Leticia Espinoza

La sonrisa se ha borrado del rostro de Yeny Romero Manrique, en él sólo hay lágrimas tras recordar, hoy cumpliría tres años de casada por la Iglesia con su esposo Ernesto Cordero, pero las autoridades sólo le dieron 100 miligramos de polvo de hueso de un fémur que según ellos pertenece a su amado, quien desapssreció en Zacatecas junto con ocho personas cuando regresaba de cacería.

“Ellos venían de regreso de la cacería, los interceptó una patrulla de la Policía Municipal de Joaquín Amaro, les pidieron que se identificaran y de ahí los llevaron la Presidencia Municipal, los tuvieron hasta las 2 de la mañana, un testigo se escapó, y cuando los llevaron, el director del la Policía recibió una llamada para que los llevaran a la ciudad de Zacatecas, en la primera gasolinera fueron entregados a un grupo delictivo que se identificó como Policía Federal pero no eran policías federales”, relata.

En septiembre del año pasado recibieron una llamada del procurador de Zacatecas, para decirle que habían encontrado un fémur, y necesitaban hacer pruebas de ADN para identificar de quien eran los restos. Desde Guanajuato donde vive, se trasladaron a Zacatecas, ella y su hijo, así como su cuñada y su hija, porque en el grupo de los ocho estaba su esposo Ernesto y su hermano José, tras 15 días de zozobra la Procuraduría de Zacatecas dictaminó que los restos eran de su esposo.

“Las pruebas dieron positivo para mi esposo, pero nosotros estamos inconformes con esa prueba, porque no nos mostraron cómo se hizo, cómo encontraron el fémur, donde la encontraron, lo que me dieron a mi fueron 100 miligramos de polvo molido que por si no estaba conforme con esta prueba yo podía mandar hacer otra, no es posible que el Procurador haya hecho esto sabe si sabe de mi situación económica, y me de eso para que yo esté conforme” señala.

El dolor la invade y reclama porque considera que no es posible que su esposo un hombre lleno de vida de 1.72 metros lo hayan reducido a un pedacito de hueso, y que de los demás desaparecidos junto con él tampoco haya resultados.

Desde los pasillos de Jurisprudencia donde se lleva acabo el “Foro internacional de desapariciones forzadas e involuntarias”, la mujer de origen guanajuatense (al igual que sus desaparecidos), revela que ha sido amenazada por la Procuraduría del Estado de Zacatecas y a pesar del miedo encontró en su camino el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez.

“Las familias de personas desparecidas debemos alzar la voz porque al quedarse callados y ver lo que pasa frente a nosotros es darle reconocimiento a la delincuencia, alcen la voz, en Coahuila y todo el país, porque Guanajuato cuando hemos tenido marchas en León nos ven como si fuéramos bichos raros, hemos pedido apoyo para que el Gobierno nos haga caso peor ya el mismo Gobernador nos ha dicho que no les compete”, dijo.

En su caso, como en otros que documenta el Centro de Derechos Humanos Vitoria Diez, los estados de Guanajuato y Zacatecas se echan la culpa el uno al otro para no resolver la problemática y no han llegado a acuerdos.

“Sonrío, sonrío a veces como ahorita, estoy cumpliendo tres años que me casé por la Iglesia y mi esposo no está, pero están mis hijos en ellos me refugio y por ellos he salido adelante”, finaliza mientras se seca las lágrimas.

Consignarán los casos denunciados

Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, garantizó que las 30 denuncias de hechos que realizó la CNDH sobre desapariciones forzadas, donde se involucra a un funcionario público llegarán ante un juez, sentenció que en todos los casos ya se ha abierto una averiguación previa.

“De todas y cada una de las denuncias de hechos que ha presentado la CNDH, en todas se ha abierto una averiguación previa, a todas se les ha dado la coadyuvancia de la CNDH y ellos están permanentemente dándoles seguimiento desde la ratificación de la denuncia hasta las que se encuentran a punto de determinarse para hacer las consignaciones necesarias”, externó.

Sostuvo que por las nuevas facultades qué la constitución le da a la Comisión, el valor que tienen sus indagatorias se ministerializan y se van a consignar, es decir, el Ministerio Público tomará como base las investigaciones de la Comisión para consignar los casos.

Aceptó que algunos casos ya son añejos y es grave que no se hayan hecho consignaciones y por ende la sentencia de un juez que castigue los responsables.

“El paso del tiempo ha dificultado ubicar a militares que ya no están en activo, aunque haya alguna diligencia por desahogar yo puedo garantizar que las que están sustentadas en la CNDH”, dijo.

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