Tragedia humanitaria, desaparición forzada de personas: Foro

El Universal

Durante el Primer Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias piden la búsqueda inmediata, efectiva y con investigación científica para encontrar los desaparecidos

Saltillo, Coah | Domingo 09 de junio de 2013
Hilda Fernández / Corresponsal | El Universal
08:52

En México las desapariciones, que oscilan entre las 24 mil 800 y las 70 mil víctimas, se han convertido en una situación grave al grado de poder afirmar que nos encontramos ante una emergencia humanitaria, fruto de un conflicto armado interno, la cual es multifactorial y exige una respuesta de estado.

Mientras que en el caso de los migrantes, las cifras son aún desconocidas, concluyeron familiares de víctimas y expertos nacionales y extranjeros, del Primer Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, efectuado aquí en Saltillo.

Los participantes demandaron respeto a derechos humanos en las políticas públicas y la legislación, nuevas leyes en la materia y que México se adhiera a la competencia para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) -de la ONU–.

Destacaron que en América Latina, desde hace más de medio siglo miles de personas han sido víctimas de este crimen de lesa humanidad que afecta a de una manera persistente y sistemática a Guatemala, El Salvador, Honduras, Argentina, Chile, Perú, México y otros países.

El Gobierno mexicano, apuntaron, no ha respondido satisfactoriamente respecto de la protección o restitución de los derechos de las víctimas ni ha satisfecho el derecho a la verdad y la justicia en ninguno de los casos.

Rupert Knox, investigador para Amnistía Internacional, declaró que México es un país con todas las posibilidades de solucionar esta tragedia humanitaria, pero para ello es necesario que haya un cambio en la actuación de las autoridades.

Opinó, asimismo, que para que exista una credibilidad de parte de las víctimas, y se vaya construyendo un diálogo basado en la confianza, el Estado tiene que demostrarlo. 

Ante esta emergencia humanitaria y la falta de respuesta eficaz del Estado, las familias establecieron: Hemos reiterado la confianza a la autoridad, y esta tiene que hacer un esfuerzo claro y concreto para restituirla.

Durante el cierre de los trabajos del encuentro que congregó a más de 400 familiares, especialistas nacionales y de varios países y funcionarios del Gobierno Federal y estatal, donde analizaron la problemática desde la perspectiva internacional y de derechos humanos, emitieron la “Declaración de Saltillo sobre Desapariciones Forzadas en México”.

“Es tiempo, ya, de la búsqueda efectiva e inmediata y de la investigación científica de todos los casos de desaparición”, destacaron entre las 43 propuestas y recomendaciones de 4 mesas de trabajo donde, durante tres días, abordaron y debatieron los temas: Búsqueda, Investigación y Acceso a la Justicia; Armonización Legislativa y Atención Integral a Víctimas.

Propusieron que, mediante un convenio con las compañías de teléfonos, se pueda obtener información telefónica local y nacional con prontitud en casos de desaparición, para poder ubicar a la o los secuestrados lo más pronto posible.

Porque actualmente, los perpetradores (delincuentes) actúan impunemente, se llevan lejos a las víctimas y tienen equipos de acción inmediata para desaparecer, frente a lo cual el estado no se mueve y su desempeño se reduce en una atención mínima y deficiente (porque la policía no los detiene y no los mete a la cárcel), señalaron.

Resaltaron las cifras proporcionadas por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Placencia Villanueva, que de 24 mil 800 casos de desaparecidos en 2 mil 443 de ellos están involucrados servidores públicos y ninguno ha ido a dar a prisión.

En el Foro, auspiciado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) y el Gobierno de Coahuila, madres, padres, esposas, esposos, hijos, tíos y abuelos que han sufrido un verdadero calvario durante años para seguirles la huella a sus seres queridos, con la esperanza de encontrarlos vivos, reafirmaron su compromiso de colaborar con las autoridades en la búsqueda.

Advirtieron, empero, que al Gobierno le corresponde aceptar –la propuesta de trabajar juntos-y cumplir con sus deberes ante México, la humanidad entera y ante el concierto de las Naciones.

PIDEN A DIPUTADOS

Urgieron también a los diputados a modificar las leyes a nivel federal y estatal para crear la figura de “Declaración de Ausencia” por Desaparición de Persona, contenida en la Ley de Víctimas, además de crear una Ley General de Desaparición de Personas federal y en cada uno de los estados.

Así como generar el marco normativo para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la desaparición de personas con los más altos estándares internacionales y los mecanismos de coordinación entre entidades y federación.

MÉXICO DESCONOCE A LA CED

Santiago Corcuera, académico de la Universidad Iberoamericana, se mostró indignado porque el Estado mexicano no ha reconocido la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (CED) e instó a “hacerlo a la brevedad posible”.

Corcuera, quien a partir del primero de julio formará parte del CED, advirtió que si los servidores públicos no reconocen la tragedia humanitaria, ésta no se puede enmendar.

Reconoció el trabajo y esfuerzo que las madres de mexicanos desaparecidos hacen para recabar la información sobre el paradero de sus hijos, pues aunque “no tienen instrucción obtienen información valiosísima”, en cambio los servidores públicos, “que se supone tienen la instrucción” no pueden hacerlo.

El Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, con la representación del Gobernador Rubén Moreira Valdez, asistió a la ceremonia de clausura estuvo a cargo del director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), Luis Efrén Ríos Vega.

Asistieron también el Sub-procurador de la PGR, Ricardo García Cervantes; el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Juan Carlos González Contreras, y la legisladora federal Miriam Cárdenas Cantú, coordinadora del ramo en la Cámara de Diputados, entre otros.

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/notas/928560.html

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