Cuarto Informe del Grupo Autónomo de Trabajo de Coahuila

Cuarto Informe del Grupo Autónomo de Trabajo de Coahuila para el seguimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas

Saltillo, Coahuila, 13 de Julio de 2013

Los días 5, 6 y 7 de junio se llevó a cabo en la capital del Estado de Coahuila el Foro Internacional sobre Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas en México, en seguimiento a las recomendaciones formuladas por el GAT-Coahuila, en sus tres informes precedentes: diciembre de 2012, febrero y abril de 2013. El 6 de abril, en audiencia bimestral FUUNDEC y el Gobernador del Estado de Coahuila se comprometieron a ser los convocantes y se sumaron como co-convocantes las organizaciones civiles de DH que acompañan el proceso: CDH Juan Gerardi, el CDH Victoria Diez, y el CDDH Fray Juan de Larios, asimismo se sumó la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y varias dependencias federales, entre ellas SEGOB con la representación de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y DH, la Procuraduría General de la República, las comisiones de DH de las Cámaras de Diputados y Senadores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Este informe pretende ser un documento de trabajo para concretar las propuestas surgidas en el Foro Internacional y darles viabilidad institucional, en aras de definir una estrategia de estado para atender el grave problema de las desapariciones de personas en Coahuila y en todo México.

Metodología.

El Foro Internacional fue planteado en dos partes generales: un espacio abierto, de exposición de ideas con la participación de ponentes con experiencia evidente en los temas relativos a la desaparición de personas; y un espacio restringido de trabajo, dividido en cuatro mesas: Búsqueda, Investigación, Armonización legislativa y Atención integral. 

La primera parte se organizó con la totalidad de asistentes, quienes escucharon el aporte de los ponentes a partir de la experiencia vivida en otros países y en el nuestro propio, abonando así al desarrollo conceptual y diagnóstico sobre la problemática actual de la desaparición de personas; en el segundo momento, se organizaron 4 grupos de trabajo cuyo objetivo fue la elaboración de directrices que propicien políticas públicas y presupuestarias. Participaron autoridades federales y estatales, familias de personas desaparecidas, ponentes y asesores que han acompañado al movimiento organizado de familias con integrantes desaparecidos. Asimismo, se integró una quinta mesa con las familias, quienes desde su experiencia abordaron los 4 ejes de trabajo y complementaron con su aporte lo trabajado por el resto de las mesas.

Conclusiones sobre Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas en México

Las sesiones cerradas de trabajo tuvieron una inercia basada en identificar, primero, las principales obligaciones del Estado en torno a las desapariciones, los problemas identificados más acuciantes, sus causas, los grupos vulnerados, la ciudad o región geográfica involucrada, las acciones públicas propuestas, y las líneas de acción concretas en diversos sub-temas, que formarán parte de la memoria general del Foro, por lo que una vez que los datos sean conjuntados, podrán ser consultados por quien así lo desee.

Con el fin de dar una idea de quienes participaron en la construcción de estas directrices, incluimos el siguiente cuadro de ubicación de actores. El foro en su totalidad se desarrolló en las instalaciones de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila; Las exposiciones de los ponentes tuvieron una cercanía no solo conceptual con las familias, autoridades y representantes de diversas organizaciones civiles que acompañan al movimiento: también la universidad facilitó sus instalaciones para que las mesas de trabajo, tuvieran un desarrollo ininterrumpido.

Mesa de familiares participantes en el Foro.

Las familias se reunieron para deliberar sobre los cuatro temas propuestos. En resumen, las deliberaciones remarcaron la base de la desconfianza que caracteriza el sentir generalizado de las familias, en relación con la estructura del Estado mexicano, marcado por el descrédito ante la falta de resultados, por lo que la acción de los representantes populares y delos servidores públicos del nivel más alto debe caracterizarse por dar resultados en lo inmediato sobre el paradero y la suerte de las personas desaparecidas y además:

a. Que se determine el presupuesto económico destinado, estableciendo el nivel de prioridad que el Estado mexicano le dará a las desapariciones;

b. Que las búsquedas e investigaciones sean también y por principio la de personas vivas, para lo cual deben abocarse a analizar la información de inteligencia, ubicando las casas y campos de concentración y de trabajo forzado de la delincuencia forzada, así como la hipótesis de sicariato forzado.

c. Que el Gobierno defina plazos para el cumplimiento y la concreción de las herramientas y procedimientos para la búsqueda, tanto en términos de legislación como en el establecimiento de protocolos, la optimización de la infraestructura y la determinación del esquema de coordinación entre las distintas instancias del Estado mexicano.

d. Que se elimine el fuero a los funcionarios que puedan resultar responsables en las anomalías durante el desempeño de sus funciones para la búsqueda efectiva y la investigación científica de las desapariciones.

e. Propuestas específicas:

i. Que la autoridad presente con vida, como mínimo a una persona desaparecida en Coahuila, de FUUNDEC o de cualquier organización o familia no organizada, como condición mínima para restablecer la confianza entre el Gobierno y las familias;

ii. Creación de una Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas, vinculante para todas las autoridades, que permita articular programas nacionales de acción;

iii. Establecer protocolos de búsqueda de personas vivas;

iv. Asegurar las condiciones para garantizar la participación óptima de las familias en los procesos de búsqueda e investigación;

v. Garantizar el adecuado acercamiento a los testigos y el debido tratamiento de los testimonios, para facilitar la información que ubique a la autoridad que busca o investiga;

vi. Promover los alcances de la Ley General de Víctimas, entre los servidores públicos del Gobierno de Coahuila, particularmente en lo que atañe a los derechos de las familias, tales como la coadyuvancia y la calidad jurídica de la persona desaparecida;

vii. Abordar el tema de las desapariciones forzadas o involuntarias con un enfoque regional, sin perder de vista a los migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades;

viii. En un lapso de un mes, las autoridades deben ser sujetas a la investigación de todos los órganos de vigilancia del Estado mexicano, entre ellas la CNDH, para que rindan cuentas sobre su pobre desempeño y se diriman las responsabilidades que puedan resultar;

ix. Suspender los procedimientos sobre declaración de ausencia y presunción de muerte, mientras se valora si el contenido de la Ley General de Víctimas es suficiente para generar una nueva figura sobre la situación jurídica de la persona desaparecida, destinada a la protección de los derechos de la víctima de una desaparición.

Mesa Uno: Búsqueda de personas desaparecidas.

Los participantes reconocieron como base para la discusión y construcción de propuestas, que en el contexto mexicano, las personas desaparecen sin que la autoridad entienda el suceso, o –entendiéndolo- permanece impávido. Una persona desaparecida puede ser trasladada de inmediato, o en pocas horas, a grandes distancias, lo que genera un colapso de competencias y jurisdicciones en todos los niveles de la función pública. Las familias mantienen fundadas sospechas de que la renuencia a la búsqueda efectiva tiene al menos tres explicaciones: a) temor a la delincuencia organizada; b) Incapacidad y c) Colusión con la delincuencia misma.

Así, el contexto predominante es la desconfianza –prácticamente absoluta- de las familias, la cual fue reconfirmada en la mesa de familiares, durante el Foro. La apabullante falta de resultados, el maltrato y el estigma del desaparecido, van de la mano con la imposibilidad de que un funcionario público pueda desentrañar la complejidad de investigación que conllevan las desapariciones. En opinión de los ponentes que participaron en el Foro, las desapariciones recientes en nuestro país tienen un componente que debe ser dimensionado para la adecuada estrategia de búsqueda y es que la mayoría de las desapariciones son recientes, y hay indicios de que para presuponer que una de las hipótesis es el trabajo forzado, por lo cual hay grandes posibilidades de que un número significativo de víctimas estén con vida.

Lo anterior conduce a un diferendo fundamental: las familias exigiendo movilización total del Estado para ubicar el paradero de los desaparecidos, con la urgencia de que el tiempo es el conteo de fondo que marca el reloj de la supervivencia. Por su parte, el Estado mexicano descubierto por su inoperancia y la falta de respuestas con acciones expeditas y coordinadas en la función pública. Quienes participaron en la mesa de búsqueda coincidieron en la necesidad de acciones urgentes, coordinadas y estructurales, y de la voluntad política de las representaciones populares para llevarlas a cabo.

Así, no sólo es que falte coordinación en la estructura pública, sino que una vez sentadas sus bases conceptuales, haya la voluntad política necesaria para echar a andar la maquinaria del Estado, hasta ahora inoperante. Las siguientes directrices, resultan del cruce de las ideas, las experiencias y la reflexión de los contextos de otras naciones, convalidados con la experiencia de la función pública nacional, la de las propias familias y las organizaciones que las han acompañado.

La búsqueda, entendida como la acción inmediata para localizar a una persona, puede ser vista en dos partes: la acción misma de buscar y la suposición del perpetrador(es) de la desaparición. En el primer supuesto el reto y tarea es quién inicia la búsqueda y cómo posibilita una acción inter-institucional de carácter federal, entendiendo el principio básico: una persona desaparecida puede estar en cualquier parte, por lo que se precisa de una acción federada. En el segundo supuesto, la autoridad que busca debe estar documentadamente consciente del contexto en que ocurre la desaparición y de quienes encabezan la delincuencia organizada en el territorio en el que ocurrió el evento, las redes institucionales de apoyo. Sin embargo, esto es aún tema tabú en México. Expuestas estas premisas, las siguientes son las consideraciones planteadas en la mesa uno para la búsqueda efectiva, no simulada, de una persona desaparecida.

1. El Estado mexicano, empezando por el Gobierno de Coahuila quien ha manifestado públicamente su compromiso para impulsar una política de Estado que atienda este grave problema, debe reconocer claramente la calidad de emergencia humanitaria por las desapariciones, y el carácter urgente de la búsqueda de las víctimas, y poner al servicio de la búsqueda inmediata todas las estructuras y capacidades existentes.

a. Es urgente establecer un programa de capacitación integral e intensivo a nuevos funcionarios públicos, sobre aspectos de búsqueda de personas desaparecidas, y en investigación científica y criminal para el esclarecimiento del hecho, el juicio de los responsables y la reparación integral del daño;

b. Los nuevos cuadros deberán ser previamente seleccionados, con base en un perfil que permita garantizar profesionalismo y probidad, con una perspectiva de mejora de la labor y de la obtención de resultados concretos;

c. La capacitación integral deberá ser impartida por quienes tengan probada capacidad y experiencia en su materia y en el tema de las desapariciones, con una perspectiva de derechos humanos, replicable a nuevos cuadros en la región, e incluso a nivel nacional;

d. El nuevo servicio público debe tender a la búsqueda efectiva, a la investigación científica, a la atención integral, a la máxima diligencia, al trato digno a las personas y a la labor coordinada del Estado, en el ejercicio de sus funciones;

e. La búsqueda de personas desaparecidas precisa de una estructura parecida a la de una comisión de prevención de desastres, o de rescate de personas: debe tener un mapa de riesgos, protocolos de actuación rigurosos y una cobertura nacional, correspondiente con la dimensión del problema a tratar.

f. El presupuesto público es un indicador de si el Estado mexicano está dando correspondencia al discurso oficial de reconocer la dimensión del problema (incluso reconociendo que estamos ante una Emergencia Humanitaria) y a la voluntad política de abordarlo de manera seria, sistemática y con medición pública de resultados. Por ello, el Gobierno de Coahuila debe definir cuál será la política presupuestal relativa al esquema de búsqueda de personas desaparecidas.

2. Las autoridades involucradas en los casos de desapariciones, deben considerar la conexión entre búsqueda e investigación: la primera es una reacción inmediata del Estado, pero que forma parte de la segunda; y ambas son responsabilidad del Estado.

3. Definir con claridad y precisión la ruta lógica de la búsqueda, empezando por la pregunta ¿Quién empieza la búsqueda?

a. Definir el papel de las policías: cómo actúan ante una desaparición, y cuáles son las facultades en las que basan su acción, de cara a las nuevas atribuciones del modelo penal acusatorio

b. Necesidad de contar con una estructura debidamente establecida y financiada para la búsqueda de personas desaparecidas, que considere las siguientes etapas de la desaparición:

i. Reacción inmediata ante una desaparición, considerando que las primeras horas implican mayor probabilidad de hallar a la víctima de desaparición.

ii. Registro integral de las características del hecho, de los perpetradores y de la víctima. Este registro debe contar con la información genética, o fisiológica que facilite las probabilidades de ubicación del paradero de una persona desaparecida: mapa dental, fotografías recientes, señas particulares, etc. Las cuales deben se recolectadas por personal especializado en materias de medicina y antropología forense, sobre todo.

iii. Capacidad coordinada de todos los niveles del Estado mexicano para una búsqueda efectiva en centros de reclusión, retención, hospitalarios, forenses, anfiteatros, etc., con base en el reporte integral inicial de una desaparición, superando las limitaciones burocráticas que prevalecen, así como la multiplicación de solicitudes hasta ahora inoperantes que hacen todas las dependencias, dado que hay el concepto de que mandar oficios a estas instituciones, es el mecanismo idóneo de búsqueda.

c. La autoridad debe entender el contexto criminológico en el que acontece una desaparición, como premisa para elaborar líneas de investigación que faciliten la búsqueda, pero que también abonen sobre el esclarecimiento penal del hecho, correspondiente a la investigación.

d. Ante una desaparición, la autoridad que conozca en primer lugar debe estar preparada para documentar el suceso, mediante bases de datos que deben tener la posibilidad de vincular y cruzar datos:

i. Reporte integral de una persona desaparecida

ii. Muestras genéticas del familiar indicado y de la persona desparecida en caso que pueda ser factible la recuperación de esta información.

iii. Registro integral de las personas detenidas

iv. Registro integral de víctimas de muertes accidentales o violentas

v. Registro integral de personas en hospitales, centros de atención psiquiátrica, de desintoxicación, etc.

4. Crear, socializar e implementar un Plan o Programa Nacional de Búsqueda y garantizar la participación de las víctimas en el mismo. Establecer garantías para el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.

5. La Unidad Especializada de Búsqueda debe contar con una base jurídica, mandato y competencias claras, que le asegure la coordinación con otras dependencias y le dé capacidad para gestionar información; El Estado mexicano la debe dotar de presupuesto, infraestructura, personal capacitado y equipo y que esté basada en los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas.

a. Debe aclararse la naturaleza y el alcance jurídico de las labores de investigación de la nueva Unidad de Búsqueda, en tanto que las autoridades responsables de esa unidad, han manifestado que no atraerán expedientes de personas desaparecidas.

b. La Búsqueda de personas no puede descansar en una Unidad, por más grande que esta sea, corresponde a toda la Procuraduría y a todas las procuradurías locales, al Estado en su conjunto.

6. La Procuraduría General de la República y las Procuradurías estatales deben suscribir una serie de Convenios de colaboración de acceso rápido con las contrapartes que pudieran coadyuvar en la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas: Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sus concesionarios, Servicios Médicos Forenses, Comisión Nacional Bancaria, Instituto Nacional de Migración, compañías telefónicas y de servicios, entre otras.

7. La Procuraduría General de la República y las Procuradurías estatales deben suscribir una serie de Convenios de colaboración sobre acceso a información, directo o indirecto, con otras instancias de gobierno que realizan las detenciones: Policías municipal, preventiva, Federal, Secretaría de Marina y Secretaría de Defensa Nacional, específicamente en torno al tema de las desapariciones.

8. El Estado mexicano debe crear e implementar un mecanismo ágil de coordinación al interior de las Procuradurías Estatales y Procuraduría General de la República, y entre ellas mismas.

9. El Estado mexicano precisa urgentemente de unificar capacidades, estándares y protocolos con las que cuentan las procuradurías, servicios médicos forenses y servicios periciales.

a. En la mesa se planteó el riesgo de establecer un sistema unificado de búsqueda, ya que puede parecer buena idea, pero resultar inoperante.

b. La discusión se enfocó a que entre menor cohesión muestre la función pública, mayores serán los inconvenientes para unificar la búsqueda.

c. Conviene advertir sobre el inconveniente de generar protocolos diversos, relativos a la desaparición de personas. Un solo protocolo que evite la confusión tanto en la propia autoridad, como en las familias.

10. Implementar el Mecanismo de Búsqueda Inmediata que obligue principalmente a los agentes del Ministerio Público, y las demás autoridades, a realizar búsquedas de personas o grupos de personas desaparecidas, rastreos efectivos en lugares donde se materializó la desaparición vía promociones por escrito sin derecho a réplica, entre otras.

a. El mecanismo de Búsqueda debe contar con un mecanismo de seguimiento, conformado por diversas instancias, entre ellas, representantes de familias afectadas y de organismos civiles, públicos de derechos humanos. Su función será verificar los resultados y definir sobre las grandes estrategias de trabajo del Programa.

b. Las comisiones de derechos humanos deben definir cómo podrían hacer labores de búsqueda de personas desaparecidas, y de cómo vigilar la acción de las instancias públicas facultadas para ello. Para ello debieran considerar la premisa de que una persona desaparecida puede estar en cualquier sitio, por lo que no ayuda a dar con su paradero, aducir incompetencias territoriales.

c. Ante la falta de resultados de los últimos años, es necesario establecer un diagnóstico que permita interpretar si de los datos existentes, pueden deducirse responsabilidades administrativas o de otra índole hacia los responsables de la búsqueda e investigación en los casos de desaparición de personas.

d. El mecanismo de búsqueda debe basar su acción en la coordinación precisa de todas las instancias del Estado mexicano, pero debe centralizarse en su parte medular para la exigencia de resultados precisos, además de la identificación de la autoridad renuente o abiertamente rebelde a asumir la búsqueda en los términos referidos.

e. Todas las instancias del Estado mexicano deben responder de modo directo, documentado y proactivo ante los requerimientos de la autoridad que realice la búsqueda, o de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos. Las dilaciones u omisiones serán reportadas al superior jerárquico de la instancia requerida, de manera invariable.

Mesa 2: Investigación y acceso a la justicia

Si consideramos que la búsqueda de una persona desaparecida gira en torno a la ubicación inmediata de su paradero, y que esa serie de acciones debiera ser realizada por diversas instancias del Estado, la investigación gira en torno a las nuevas exigencias constitucionales sobre los objetos del proceso penal acusatorio: esclarecimiento del hecho, protección del inocente, que el culpable no quede impune y reparación integral del daño.

La búsqueda responde prioritariamente a la inmediatez del suceso y se expande todo el tiempo que dura la desaparición. Jamás debe ser suspendida, pero los primeros momentos ofrecen la mayor probabilidad de ubicar el paradero de la víctima y –quizás- de llevar a los responsables a la justicia, lo que supone un adecuado marco jurídico que contemple la realidad que se ha desencadenado en México. El concepto de la búsqueda descansa sobre preguntas simples ¿En dónde puede estar la persona desaparecida? ¿Qué acciones deben desarrollarse para restituir sus derechos, en su caso, a la mayor normalidad posible?

Por su parte, la investigación gira en torno a esclarecer al menos las siguientes cuestiones:

 ¿Quiénes son los responsables de las desapariciones?

 ¿Cómo operan los perpetradores, cuál es su estructura?

 ¿Cuál es la razón por la cual perpetran las desapariciones?

 ¿Cuáles son los usos o los destinos de las personas desaparecidas?

 ¿Qué líneas de investigación deben ser formuladas, tras una desaparición?

 Según la lógica de la delincuencia organizada (en un periodo determinado dominan o disputan grupos específicos de la delincuencia organizada), la información del contexto delincuencial puede ser clave para resolver una desaparición, o un conjunto de desapariciones.

 ¿Cómo asegurar un trabajo pericial, o una investigación científica que conlleven el esclarecimiento del hecho?

La investigación precisa también una estructura apropiada, con recursos específicos y que correspondan a la dimensión del problema, mismos que al momento son inexistentes: México carece de una cultura de la investigación criminalística, que descansa en la conducción del Ministerio Público, cuya pericia no es la criminalística, sino el derecho. Sus auxiliares, tienen entonces la encomienda de desarrollar la institución nacional de la investigación científica de las desapariciones.

Sin embargo la fragmentación del Estado mexicano se vuelve contra las inercias de coordinar los esfuerzos: cada instancia tiene su centro de información e inteligencia, en el mejor de los casos, pero desconfía de todos sus pares, imposible pensar en que la Secretaría de la Defensa Nacional comparta su información de inteligencia, con instancias federales, más aun con instancias locales de prevención policial, por ejemplo. Igualmente, la estructura legal mexicana ideó que el Ministerio Público, sea una especie de superior jerárquico de las instancias periciales y policiales, pilares de la investigación científica.

Un punto de discusión radica en cómo abordar la investigación de una desaparición, desde la competencia de las fiscalías locales, cuando la experiencia de las familias apunta a que las víctimas son generalmente trasladadas a otras entidades o incluso a otros países. La tercera demanda social de FUUNDEC/FUNDEM es que la federación atraiga o atienda todos los casos de desaparición no solo porque tras de cada una de ellas generalmente opera la delincuencia organizada, y porque cada una de ellas es de una innegable trascendencia social, sino porque solamente la federación tiene la competencia y los recursos para obviar las fronteras y competencias locales.

Al respecto, recientemente se ha formalizado la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ¿Esta es la respuesta del Estado mexicano ante emergencia humanitaria? Una docena de agentes del Ministerio Público para al menos 25mil desapariciones, lo que representaría que cada uno de ellos tendría súbito alrededor de 2mil nuevos expedientes ¿O algunas desapariciones sí y la inmensa mayoría no serán atendidas por la nueva unidad? El criterio de selección seguramente tendrá cuestionamientos insalvables, por lo que la respuesta del Estado al menos parece pendiente para la inmensa mayoría de familias, sobre cómo va abordar la investigación de sus expedientes.

En ese sentido, durante los trabajos de la mesa de investigación persistieron las siguientes dudas:

 ¿La investigación de las desapariciones pueden ser asumidas por las fiscalías locales?

 ¿Existe la infraestructura criminalística local para la investigación de las desapariciones?

 ¿La Federación está en condiciones de asumir, conducir o auxiliar en las investigaciones de las desapariciones?

 ¿Cómo asumir una investigación criminalística de las desapariciones, cuando no se cuenta con un marco legal que las tipifique de una manera correcta, equidistante a la realidad criminogénica nacional?

En suma, las decenas de miles de desapariciones recientes han puesto en evidencia que el Estado mexicano no busca ni investiga y en esta realidad han transcurrido más de seis años. La búsqueda y la investigación la debe hacer toda la Procuraduría General de la República, y todas las procuradurías locales. Durante las exposiciones, diversos ponentes coincidieron en que una desaparición está pensada en garantizar de un modo absoluto la impunidad tras perpetrarla.

Por otra parte, la autoridad ha quedado descubierta, al menos, como inoperante (o peor, coludida), en tanto que la delincuencia organizada muestra una capacidad de acción y cobertura territorial infinitas, con un Estado impávido, trabado en las competencias, pero también en la evidente incapacidad para desarrollar una investigación tanto caso por caso, como de manera integral para desarticular el entramado organizativo de la delincuencia. En este contexto, a continuación reproducimos las principales directrices y puntos de discusión propuestos, derivados en el grupo de trabajo relativo a la investigación.

La Convención de Palermo fue suscrita por México, por lo que es Ley Suprema de toda la Unión.

Es un documento de carácter normativo penal que instituye la coordinación internacional para combatir la delincuencia organizada trasnacional

La Asamblea General de la ONU determinó su implementación mediante la resolución 55/25, el 15 de noviembre de 2000.

La Convención de Palermo está destinada a combatir delitos como blanqueo de dinero, la corrupción, tráfico ilícito de especies en peligro de extinción, contra el patrimonio cultural y terrorismo

La Convención contiene dos protocolos: 1.Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas; 2. Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra

El artículo 9 de la Convención de Palermo, por ejemplo, dispone que cada Estado parte: “…Adoptará medidas eficaces de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos.”

Los Protocolos, se refieren a dos características relacionadas con las desapariciones recientes en México: la explotación humana con características de trata de personas y el tráfico de personas migrantes; ambas presentes en México.

Principios:

  • Que el Estado mexicano reconozca la gravedad del problema, reaccione como una unidad, y dé una respuesta integral.
  • La búsqueda y la investigación deben ser paralelas y distintas, pero complementarias.

Propuestas:

1. Búsqueda inmediata de las personas reportadas como desaparecidas, desde una perspectiva integral, considerando que en muchos de los casos puede inferirse una delincuencia organizada trasnacional, lo que obliga a un abordaje federalizado, con miras a involucrar a autoridades de otros países de la región, o incluso de otros continentes.

    • Aprovechar la naturaleza y los alcances de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos, conocida como la Convención de Palermo.

2. Creación de un convenio para obtener la información telefónica local y nacional de manera inmediata en casos de desaparición.

3. Garantizar el acceso de los familiares de la persona desaparecida al expediente, así como la información que recaban con sus diligencias.

4. Modelo tripartito entre víctimas, agentes del Ministerio Público y organizaciones civiles, que garantice la participación de las familias afectadas en la elaboración de la estrategia general y de las líneas de investigación, reconociendo el papel de las familias que coadyuvan con datos relevantes para la investigación, generalmente son desaprovechados por la autoridad, que no muestra capacidad de análisis.

5. Visibilizar a las personas migrantes víctimas de desaparición y garantizar los derechos de sus familiares, como víctimas, en el proceso penal y en la búsqueda.

6. Visibilizar a las autoridades, principalmente policías, que por motivo de sus funciones son víctimas de desaparición. En ambos casos, la visibilización implica reconocer la magnitud del problema, y considerar las acciones necesarias para facilitar a las familias lo necesario para acceder al marco de sus derechos humanos.

7. Renovar la plantilla de los agentes del Ministerio Público, garantizando que cuenten con las diferentes capacidades idóneas para la investigación de la desaparición.

    • Establecer criterios o indicadores medibles para determinar la efectividad de los agentes investigadores, incluyendo su imparcialidad, prontitud y exhaustividad. Generar incentivos para que la autoridad actúe en favor de la ciudadanía, lo que implica reformular y fortalecer los modos de operación y de trabajo.

8. Fortalecer las capacidades materiales y humanas de las policías de prevención y de los agentes ministeriales, a través de un conocimiento profundo, con respeto de los derechos humanos y sobre los diferentes aspectos del crimen de desaparición. Así como la aplicación de las sanciones judiciales y administrativas a quienes incurran en responsabilidad.

9. Creación de una fiscalía especial vinculada a la sociedad, con protocolos de atención y trato digno hacia las víctimas, que obligue a todas las autoridades involucradas en la investigación. Creación de Unidades Especializadas en Desaparición Forzada, que integren a agentes del Ministerio Público, policías y peritos que realicen investigaciones diligentes y efectivas.

    • Para esto, se identificará a las autoridades e instituciones con capacidad de análisis, con una amplia capacidad de coordinación inter, inter y trans-institucional que puedan realmente hacer un análisis integral de la información con que cuenta el Estado, las demás entidades federativas y la federación.
    • Dando claridad a las víctimas sobre la competencia de las autoridades. Sobre esta propuesta existen 3 posibles vías de implementación (tema a debate y en el que no se agotó la discusión):

i. Federalización del delito de desaparición forzada,

ii. Generación de un marco general de desaparición forzada con elementos sustantivos y de coordinación, y

iii. Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de procuración y administración existentes, principalmente las instituciones locales.

10. Creación de bases nacionales de datos de personas, bajo supuestos de desaparición forzada, otros supuestos de desaparición o de personas no localizadas, privadas legalmente de la libertad y de restos no identificados, que permita hacer cruces de información mediante la creación de un registro nacional de personas desaparecidas.

11. Creación de programas de prevención del delito de desaparición bajo los diferentes supuestos.

    • Incorporación y utilización de los medios de investigación contenidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, delincuencia organizada trasnacional y la utilización de las jurisdicciones internacionales.
    • Considerar los alcances de la Convención de Palermo, particularmente por los indicios del carácter trasnacional de la delincuencia organizada involucrada en las desapariciones.

Con base en las anteriores recomendaciones generales, el GAT-Coahuila considera que para la búsqueda e investigación de casos de desaparición de personas, el Gobierno de Coahuila debe actuar en tres líneas simultáneas: a) Medidas intra-gubernamentales; b) De coordinación con el Gobierno Federal y c) De coordinación con las entidades federativas, tanto de la región, como de la totalidad del territorio federal.

El Centro Diocesano para los DH Fray Juan de Larios ha documentado en lo que va del año (2013) veinte eventos de desaparición que afecta a 36 personas.

Los reportes con que cuentan las organizaciones civiles que acompañan a las familias con integrantes desaparecidos refieren que persiste la práctica de esperar 72 horas, antes de formalizar una indagatoria.

El 11 de abril de 2013, desaparecieron en Monclova cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila. La búsqueda e investigación de estas desapariciones se dio en el contexto de una nueva etapa de coordinación interinstitucional. Sin embargo, no sabemos de resultados que apunten al paradero de las víctimas, ni al esclarecimiento del hecho.

En la primera mitad de Julio (2013) el GAT- Coahuila ha sido informado de al menos cinco casos de diversas partes del país, en los que la autoridad refiere indicios de identidad entre igual número de cuerpos y los registros de personas desaparecidas.

Hasta la fecha, solo uno de esos casos ha resultado en un hallazgo genuino. Margarita encontró a su hija Yahaira, tras dos años, dos meses y 20 días de su desaparición, como fruto del esfuerzo de la propia madre, para impulsar la acción del Estado mexicano, a través de la PGR.

FUUNDEC sigue a la espera de los primeros

En el contexto reciente, la Federación ha dado pasos específicos para la atención de los casos de desaparición, y en ese sentido han anunciado la implementación de al menos las siguientes medidas:

1. La restructuración de la PGR, anunciada por el Presidente Enrique Peña Nieto el 30 de mayo de 2013, en la Conferencia Nacional de Procuradores.

2. Creación de una Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo del Procurador General de la República A/066/2013, el pasado 21 de junio (2013);

3. Anuncio en la 29ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, de la implementación de un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas, el 31 de mayo de 2013;

4. La implementación de una Gendarmería Nacional, según lo expresó el Secretario de Gobernación el 22 de junio de 2013, en el sentido de que quedaría bajo el mando de la Policía Federal, y con instrucción militarizada;

En este contexto, el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas (GTNADFIP), enunció una serie de recomendaciones en torno al abordaje de las desapariciones en México. A continuación resaltamos las manifestaciones y las recomendaciones que sobre la búsqueda y la investigación hizo el GTNADFIP:

  • 33. El Grupo de Trabajo ha recibido información extensa y consistente sobre el temor que desanima a las víctimas a denunciar o a insistir en las investigaciones sobre desapariciones forzadas;
  • 34. El Grupo de Trabajo observó severos problemas en relación con las investigaciones de desapariciones forzadas, incluyendo omisiones, retrasos y falta de debida diligencia. Muchos Ministerios Públicos se niegan a recibir denuncias de desapariciones forzadas, aceptando solo iniciar actas circunstanciadas, por lo cual no inician una adecuada investigación ministerial… en la mayoría de los expedientes las únicas pruebas son las ofrecidas por los familiares;
  • 45. México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas, incluyendo la búsqueda de las víctimas, la identificación de restos y la exhumación de cadáveres;
  • 52. La información de diferentes instituciones estatales en relación con casos de desapariciones forzadas es recabada sin sistematicidad y, frecuentemente, de forma contradictoria. La dispersión de esta información no contribuye a evidenciar las dimensiones reales del problema…
  • 74. No existe una política pública integral y marco legal que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. Pareciera no existir una coordinación vertical y horizontal entre las autoridades federales, locales y municipales. Tampoco existe un adecuado sistema nacional para realizar búsquedas de personas desaparecidas forzosamente.
  • 92. (Recomendación) El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el objetivo de prevenir e investigar la desaparición forzada de personas.
  • 97. (Recomendación, resaltado nuestro) El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice la pronta entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal a efectos de garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada. Se deben fortalecer y aplicar completamente estos cambios constitucionales, destinando recursos adicionales a la mejor preparación de funcionarios en la investigación y enjuiciamiento de los delitos, incluyendo casos de desapariciones forzadas. Esto incluye la capacitación y los recursos para la búsqueda de la persona desaparecida, para investigar estos casos con una visión sistémica para comprender el patrón de las desapariciones forzadas, incluyendo la cadena de mando.
  • 102. (Recomendación) El Grupo de Trabajo recomienda establecer un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata. Este programa debe incluir los siguientes parámetros:

a) Implementar la búsqueda ex oficio y sin dilación en casos de desapariciones;

b) Coordinar los esfuerzos de las diferentes agencias de seguridad para localizar a la persona;

c) Eliminar cualquier obstáculo legal o fáctico que reduzca la efectividad de la búsqueda o evite que se inicie;

d) Asignar los recursos humanos, financieros, logísticos, científicos, o de cualquier otro tipo necesarios para que la búsqueda se realice de forma exitosa;

e) Contar con personal altamente capacitado en la exhumación e identificación de restos mortales;

f) Contrastar el reporte de la persona no localizada con todas las bases de datos existentes en la materia;

g) Dar prioridad a la zona de búsqueda en donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida, sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas;

Propuestas específicas en Búsqueda e investigación, al Gobierno del Estado de Coahuila:

a. Anunciar de manera formal y específica, el inicio de las acciones de gobierno para la búsqueda e investigación de los casos de desaparición de personas, pidiendo el apoyo de la Federación y de los gobiernos de los estados de la región, para la coordinación mínima e invitándoles a asumir compromisos derivados de la atención de las demandas de las familias con integrantes desaparecidos en sus territorios. En dicho anuncio, el Gobierno del Estado, podría aprovechar la presencia, o alguna visita previamente acordada, con el Presidente de la República, a quien también recomendamos que se le haga llegar este cuarto informe de labores.

b. Mediante una reunión urgente e interinstitucional, convocada por el Gobernador del Estado y estableciendo los contactos necesarios al menos entre la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila y la Policía Federal, seleccionar las indagatorias que estén en condiciones de acción inmediata de búsqueda efectiva de las víctimas de desaparición. Así, con base en los expedientes que tenga el Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia de Coahuila, o de la Federación, se estructure un plan inmediato y específico de búsqueda e investigación, en cada uno de los casos en que se cuente con la información suficiente para la acción coordinada.

  • En los expedientes en los que el agente del Ministerio Público no tenga elementos suficientes para conformar líneas de investigación, las instancias de control interno deberán verificar la correcta integración de la indagatoria, haciendo las observaciones pertinentes en los casos en los que detecten insuficiencias o dilaciones injustificadas, previa consulta con las familias de la víctima de desaparición o las organizaciones civiles que acompañen.
  • El nuevo equipo de búsqueda e investigación, procurará una perspectiva panorámica para un abordaje de conjunto: la investigaciones menos desarrolladas deberán se replanteadas mediante una metodología inductiva, partiendo de las evidencias que otros expedientes presenten, y que puedan ser coincidentes, por la temporalidad, la territorialidad o por las propias características de la desaparición, cuando sugieran un patrón en relación con otros casos.
  • El Grupo Autónomo de Trabajo recomienda al Gobernador, que nombre una consejería, sugerida por alguna instancia nacional o internacional de derechos humanos, con experiencia en el manejo de investigaciones relacionadas con las desapariciones de personas, con el objeto de asegurarle una opinión independiente, documentada y objetiva sobre el estado actual de la procuración de justicia y sobre los avances que se adviertan en la implementación de las medidas recomendadas en este y en los informes precedentes del GAT-Coahuila.

c. El Grupo Autónomo de Trabajo recomienda al Gobernador que éste proponga al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) plantear –ante la emergencia humanitaria de las desapariciones no solo en Coahuila, sino en amplias franjas del territorio nacional- la necesidad de implementar acciones concretas e inmediatas a través del anunciado Plan Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas, procurando los puntos de coordinación entra las instancias referidas en el punto precedente.

  • Las líneas de coordinación para la búsqueda de personas desaparecidas, deberán partir de un plan específico de búsqueda e investigación, para lo cual los agentes del Ministerio Público deberán establecer (según las líneas de investigación que en cada caso corresponda): en dónde se realizará la búsqueda o la acción de investigación, cuáles serán las diligencias, su abordaje pericial y las instancias de la Federación o de las entidades federativas que participarán, considerando todas las precauciones, particularmente en el manejo de la información, previa a las acciones de búsqueda e investigación y para la protección máxima posible de los funcionarios públicos que la llevarán a cabo.
  • Recomendamos que el Gobernador transmita al CNSP los tres informes precedentes del GAT-Coahuila, y este cuarto informe de actividades, con el afán de que las propuestas y el análisis elaborado, sirva de marco referencial a las acciones a coordinar.

d. En ese sentido, recomendamos que el Gobernador informe a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y a la Conferencia Nacional de Gobernadores, para que dispongan o coadyuven sobre los puntos específicos de coordinación, con base en las propuestas supra-establecidas de búsqueda e investigación.

  • Partiendo del principio de responsabilidad del Estado mexicano para buscar e investigar, las entidades federativas de la región pueden replicar un modelo de cuerpo especializado para la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, que trabajen de manera coordinada, tanto con la federación, como con la instancia del propio Estado de Coahuila.
  • El Gobernador del Estado puede pedir a la CONAGO un punto de acuerdo para impulsar el Plan Nacional de Búsqueda, en coordinación con los anuncios hechos en la 29ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, sobre la implementación de un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas, el 31 de mayo de 2013.
  • El objetivo primordial de la coordinación de instancias locales y federales para la búsqueda de las personas desaparecidas, es dar con el paradero de las víctimas, compartiendo información y coordinando acciones y estrategias de búsqueda efectiva y de investigación científica sobre casos de desaparición de personas.
  • e. Proponemos (para el sistema de procuración local de justicia) la implementación de un programa inmediato y emergente de capacitación para conformar un equipo de servidores públicos especializados en la búsqueda y la investigación de casos de desaparición de personas, según las consideraciones generales establecidas en los rubros precedentes en esos dos temas.
  • Para la preparación de este nuevo equipo de servidores públicos, recomendamos que el Gobierno del Estado y FUUNDEC elaboren una convocatoria dirigida a personalidades con experiencia en la búsqueda e investigación de casos de desaparición de personas.
  • Proponemos que el Gobierno del Estado invite a la Universidad de Coahuila para la elaboración de un programa emergente destinado a la preparación inicial de quienes serán responsables de buscar e investigar casos de personas desaparecidas.
  • El perfil de los aspirantes deberá ser aquel que tienda a generar conocimiento propio de la investigación criminológica, procurando un respaldo pericial de las distintas ciencias y técnicas criminalistas.
  • El Gobierno del Estado deberá considerar el presupuesto necesario para que, con base en las directrices y recomendaciones del GTNUDFIP, las personalidades convocadas y las consultas de las instancias nacionales o internacionales pertinentes, trabajen en la preparación inmediata del nuevo personal, durante el segundo semestre de 2013.
  • Mientras ese cuerpo se integra, la instancia local que realiza funciones de búsqueda e investigación de casos de desaparición de personas continuará su labor, procurando los principios de acción y atención diligente, búsqueda efectiva e investigación científica en cada uno de los casos.
  • Para la conformación del nuevo equipo de búsqueda e investigación, el Gobierno del Estado procurará generar las condiciones necesarias para articular la coordinación con las instancias federales, relacionadas con la procuración de justicia y con la búsqueda e investigación de los casos de desaparición de personas.

Mesa 3: Armonización Legislativa

Tanto en las reformas estatales y federales se precisa de una participación activa de las Familias, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, expertos, instituciones nacionales e internacionales con opinión en las Comisiones de Dictamen; en particular la legislación penal y procesal que se está construyendo. En el debate del Código de Procedimiento Penal Único se garantice el respeto absoluto de las víctimas teniendo siempre como referente la Ley de Víctimas.

Incluir en las modificaciones normativas el enfoque transversal de género y los estándares señalados en la Sentencia González y Otros vs. México (Campo Algodonero) que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

1. Implementar a nivel federal y estatal, la figura especial de Declaración de Ausencia por Desaparición de Persona contenida en la Ley General de Víctimas.

2. Implementar a nivel federal y estatal, todos los derechos contenidos de víctimas de desaparición de personas en la Ley de Víctimas.

3. Sobre la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas se garantice la participación de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil en el debate del Reglamento para garantizar una adecuada depuración del Registro.

Reformas legislativas a nivel federal:

1. Generar el marco normativo para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la desaparición de personas con los más altos estándares internacionales y los mecanismos de coordinación entre entidades federativas y federación.

2. Modificar el tipo penal del artículo 215 A del Código Penal Federal y modificar el tipo penal en los estados, conforme a los estándares internacionales en los que ya se tiene el tipo y crearlo donde no se tenga.

3. Crear un nuevo tipo penal en el que se castigue la desaparición de personas en donde el sujeto activo sea un particular que no cuente con la aquiescencia o el consentimiento de un funcionario público.

4. Crear una Ley General de Desaparición de Personas.

5. Que el Estado Mexicano se adhiera a la competencia para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas del Comité contra la Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.

Reformas legislativas a nivel estatal:

1. Complementar la reforma en materia de desaparición de personas en el Código Penal Estatal de Coahuila que se encuentra actualmente en el Congreso del Estado con la creación de un nuevo tipo penal en el que se castigue la desaparición de personas en donde el sujeto activo sea un particular que no cuente con la aquiescencia o el consentimiento de un funcionario público.

2. Elaborar una Ley Estatal de Desaparición de Personas, basada en el estándar internacional de derechos humanos y en los mecanismos de coordinación entre las entidades federativas y la federación.

Propuestas al Gobierno del Estado de Coahuila para la armonización legislativa

El GAT-Coahuila ve con preocupación que en los últimos meses la salud de los miembros de las familias con integrantes desaparecidos, decae de una manera cada vez más evidente, ante la falta de atención del Estado, generalmente relacionado con la falta de un marco legal adecuado. Por ello, consideramos necesaria una articulación entre el poder legislativo del Estado de Coahuila y el Congreso de la Unión, para coordinar criterios y esfuerzos legislativos que tiendan a generar una legislación, debidamente armonizada y contextualizada a la realidad nacional:

a. Que el Gobernador impulse una legislación general sobre desapariciones forzadas e involuntarias, para lo cual puede acudir a las instancias internacionales, con experiencia en la elaboración de propuestas legislativas en esta materia;

b. Que el Gobernador remita al Congreso del Estado una iniciativa legislativa para crear una figura jurídica apropiada para las personas desaparecidas, consonante con la defensa de los derechos e intereses de las víctimas de desaparición, en el contexto de la violencia que priva en el país;

i. La figura jurídica de la persona desaparecida tendrá por objeto que el Estado reconozca que una persona está ante la circunstancia de desaparición, según se desprenda de las constancias de la carpeta de investigación correspondiente.

ii. En ese sentido, las acciones contra sus intereses, tales como las acciones legales públicas o privadas, las prescripciones, la carga impositiva y las responsabilidades crediticias, deberán quedar en suspenso, hasta que la autoridad responsable de la búsqueda y de la investigación definan la suerte o el paradero de la víctima.

c. La legislación que se decida –tanto la general como la penalmente típica- deberá considerar el criterio del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por las cuales los Estados se obligan a tomar las medidas necesarias para investigar sobre las desapariciones, cuando son obra de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables.

d. Las propuestas legislativas –tanto la general como la penalmente típica- deberán considerar los contenidos apropiados para la búsqueda de la personas vivas, estableciendo la naturaleza y los alcances de este concepto, así como el de la investigación científica de las averiguaciones que dirija el Ministerio Público, o las que realicen en primera instancia emergente las policías.

e. Que el Gobernador proponga las reformas constitucionales y legales conducentes para asegurar que las familias con integrantes desaparecidos en el contexto de violencia que vive el Estado, sin distingos de ninguna especie, tengan asegurados sus derechos a la vivienda, la salud, el trabajo y educación.

i. El derecho a la vivienda, implica que las acciones legales públicas y privadas sean postergadas hasta dar con el paradero o la suerte de la persona desaparecida;

ii. A las familias que precisen de vivienda digna, el Estado deberá garantizar que las familias no sean víctimas de juicios de desahucio por falta de pago, o facilitar en la medida de lo posible este derecho, mediante programas y asignaciones presupuestales específicas;

iii. Respecto al derecho a la salud, éste debe ser entendido en los términos que la Constitución y el sistema internacional de los derechos humanos establece para la seguridad social, específicamente dirigido a la circunstancia de alteración a la salud del núcleo familiar que sufre los estragos de la desaparición de sus integrantes;

iv. Para garantizar el derecho a la educación, las propuestas legislativas deberán incluir conceptos de ayuda específica para el otorgamiento de becas y avituallamiento escolar del núcleo familiar afectado por las desapariciones, en consonancia con los términos de la Ley General de Víctimas.

v. El derecho al trabajo deberá ser considerado desde su definición ética, de oportunidad para el desarrollo de las potencialidades humanas, y ajena a los sistemas de explotación laboral.

vi. Los marcos legales de protección deben ser adecuados, ante las desapariciones durante las funciones laborales, los empleadores actuarán con responsabilidad ante la familia y el marco legal debe contemplar la protección salarial de la familia en estos casos, hasta que la autoridad dé con el paradero o la suerte de la víctima.

Mesa 4: Atención integral a víctimas.

Los familiares que participaron en la mesa de atención integral a víctimas compartieron su experiencia en relación con los impactos de la desaparición de uno o –peor aun- de varios de sus miembros. Cuando el desaparecido cumple el rol de proveedor en la familia, esta sufre un proceso de deterioro económico de manera directa e inmediata. Cuando la víctima no es sostén familiar, las acciones de búsqueda, demeritan la economía familiar de manera directa, pero a mediano o largo plazo, dependiendo de sus recursos.

En los últimos doce meses, las organizaciones que siguen a las familias agrupadas en FUUNDEC-M han atestiguado el declive en la salud de las buscadoras y buscadores de sus familiares. Tumoraciones, enfermedades desencadenadas por el estrés y el sufrimiento, diabetes o cuadros crónicos o recurrentes de depresión, son un referente diagnóstico de la tragedia. La calidad de vida de un núcleo familiar, generalmente precario en México, arroja una verdad hasta hace meses oculta: en general, las víctimas de las desapariciones, son también víctimas de la pobreza.

Adicionalmente, el Estado de Coahuila y el Estado mexicano todo, debe asumir a largo plazo una realidad que ya es presente: la infancia y adolescencia que ha visto el dolor de sus padres y sus madres, reproducirán conductas que deben ser atendidas como un asunto de salud pública, para lo cual aún no se advierte atención de ninguna instancia del Estado mexicano. Las universidades públicas debieran considerar modificar sus programas académicos, en áreas tales como Trabajo Social, Administración Pública, Psicología, Medicina y Derecho, entre otras, de cara a la emergencia humanitaria que, de detenerse ahora sus causas, los efectos perdurarán por décadas.

Durante las sesiones, expresaron que las familias enfrentan enfermedades psicosomáticas que son desencadenadas por la desaparición de su ser querido, pero no cuentan con servicios de salud especializados ni atención oportuna. Compartieron que han recibido atención psicológica de parte de las autoridades, pero esta no es adecuada ni especializada sobre la desaparición forzada, pues abordan la problemática de las víctimas desde la perspectiva tradicional del trabajo de duelo y no toma en cuenta las características propias de la desaparición, que incluyen la imposibilidad de realizar un trabajo de duelo y los retos de vivir con la ausencia y la incertidumbre sobre el paradero del familiar, que impulsa a los familiares a involucrarse en la búsqueda como parte de su proceso de recuperación.

También, muchas veces los familiares se ven forzados a ausentarse de su trabajo para atender las tareas relacionadas con la búsqueda de su familiar, incluyendo involucrarse en las investigaciones ante la negligencia de las autoridades, lo cual los expone a un riesgo adicional. En la mesa se hizo particular énfasis en el impacto en jóvenes, adolescentes, niños y niñas cuyo proyecto de vida se ve afectado por la ausencia de su familiar.

En este sentido se propuso la legislación de la figura de “ausencia por desaparición” que permitiría a los familiares resolver trámites pero no les obligaría a dar por muerto a su familiar, como se deriva de otras figuras como la “presunción de muerte”. Además se planteó que desde el punto de vista psicosocial la atención integral a víctimas deberá ofrecerse respetando sus propias formas organizativas y con la visión de fortalecer a los familiares como sujeto social, generando espacios para su participación. También se señaló la importancia de que los servicios no reproduzcan el estigma ni profundicen el aislamiento de los familiares, y que por el contrario sensibilicen a la comunidad y a la sociedad sobre esta problemática.

Por otro lado, en la mesa participaron funcionarios de distintas dependencias que expusieron cómo ellos “pescan” entre distintos programas algunos beneficios que podrían ser de ayuda para las víctimas, pero a pesar de su voluntad, no existe un Programa que dé coherencia a las distintas medidas y responda a las necesidades y prioridades de las víctimas, por lo que sus acciones resultan evidentemente insuficientes e inadecuadas. Del mismo modo, plantearon la necesidad de la asignación de recursos presupuestarios suficientes para echar a andar políticas integrales de atención a víctimas. Por último, a lo largo de la mesa se subrayó que la atención integral a víctimas deberá superar el enfoque asistencialista y promover un enfoque de derechos humanos.

A continuación, citamos las conclusiones a las que llegó la mesa cuatro de trabajo:

1. Diseñar e implementar como política de Estado el Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas que tenga por objeto garantizar, de manera integral y específica, los derechos civiles, políticos, económicos y culturales que son vulnerados como consecuencia de la desaparición.

2. El Programa deberá crearse en el orden jurídico que corresponda, siempre y cuando le dé certeza y seguridad jurídica a las familias.

3. Este Programa deberá crear en ley una nueva figura sobre el status legal de persona desaparecida, diferente a la declaración de ausencia o de presunción de muerte, que abarque todas las dimensiones de los derechos de las familias de los desaparecidos, tal como la figura de declaración de ausencia por desaparición mencionada en el apartado correspondiente a la mesa 3 (armonización legislativa).

4. Deberá contar con una Unidad Especializada encargada de la implementación y coordinación, con recursos presupuestarios, facultades y atribuciones suficientes para implementar y coordinar el Programa. Así como con personal especializado, capacitado con perspectiva de derechos humanos y con sensibilización para atender las problemáticas que enfrentan los y las familiares de personas desaparecidas.

5. Las acciones o medidas apropiadas que contemple el Programa deberán ser específicos, especializados y preferentes para resolver los problemas y necesidades vitales de las familias relacionadas con salud, educación, trabajo, vivienda y demás derechos fundamentales.

6. En la elaboración, instrumentación y evaluación del Programa deberá garantizarse la participación de las familias y sus formas autónomas de organización y el acceso sin discriminación. Se incorporarán mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

7. Identificar las capacidades instaladas en las Organizaciones de la Sociedad Civil y favorecer las condiciones para su participación en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de atención integral a víctimas. Generar un mecanismo de auditoría social mediante el cual se establezcan plazos, acciones e indicadores para el seguimiento.

8. Se brindará la atención integral a víctimas con perspectiva psicosocial, orientada a reconstruir el tejido social, romper el aislamiento de las víctimas y generar un clima social de validación del sufrimiento de las víctimas y una visión transformadora orientada a la no repetición de los hechos.

Propuestas para la atención integral

Con las bases de la Ley General de Víctimas, que el Gobierno del Estado de Coahuila promueva la creación de la instancia estatal, encargada de diseñar e implementar como política de Estado el Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas que tenga por objeto garantizar, de manera integral y específica, los derechos civiles, políticos, económicos y culturales, vulnerados como consecuencia de la desaparición, tomando en consideración:

i. Marco normativo (Ley General de Víctimas, ley estatal y otras).

ii. Unidad especializada con facultades y atribuciones (mecanismo de implemente y coordine las distintas medidas y programas).

iii. Presupuesto suficiente. Programas específicos, especializados y preferentes, de acuerdo a las necesidades de las víctimas para acceder a salud, educación, trabajo y vivienda, entre otros.

iv. Prioridad al cuadro de derechos: Salud, vivienda, trabajo y educación.

Así lo acordó en consenso el Grupo de Trabajo Autónomo

Luis Efrén Ríos Vega
Representante del Gobierno de Coahuila
 
Juan López Villanueva
Representante del CDDH Fray Juan de Larios
 
Dolores González Sarabia
Representante del Centro de DH Fray Juan Gerardi
 
Fernando Coronado Franco
Representante de FUUNDEC
 
Oficina del Alto Comisionado de Naciones unidas para los Derechos Humanos

Archivo en PDF: 4° Informe del Grupo Autónomo de Trabajo

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