México promete que la Ley de Desapariciones Forzadas estará lista en junio

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Nota informativa 

México promete que la Ley de Desapariciones Forzadas estará lista en junio

03 de febrero de 2015 

El gobierno plantea que trabajará en corregir las deficiencias para atender esta problemática puesta en evidencia ante el Comité de la ONU

(CNNMéxico) — El Gobierno de la República prometió que para junio, a más tardar, México contará con una Ley General sobre Desapariciones Forzadas, y que trabajará para corregir una serie de deficiencias puestas en evidencia durante la audiencia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre esta problemática.

La delegación oficial del país concluyó este martes una presentación de dos días ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, encabezada por el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, en Ginebra, Suiza.

“La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso (mexicano) inició sesiones ayer (domingo) y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta Legislatura, en junio”, dijo el funcionario, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, al término del escrutinio.

Las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión concluyen en abril, pero hasta agosto —cuando formalmente termina la legislatura— puede ser convocado un periodo extraordinario.

Guadalupe Fernández Martínez, representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila —asociación que representa 320 casos documentados de desaparecidos únicamente en ese estado—, comentó que esa norma “es muy necesaria” para quienes buscan a personas desaparecidas.

“La mayoría de los casos están (tipificados) como secuestro o privación ilegal de la libertad, pero no como desaparición forzada”, abundó.

En noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que presentaría una iniciativa de reforma para facultar al Congreso a expedir leyes generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada, como parte de una serie de 14 acciones a emprender para enfrentar la crisis desatada por el caso Iguala.

Sin cifras confiables

A lo largo de siete horas de diálogo, repartidas entre el lunes y martes, las preguntas sobre el número global de desaparecidos en el país no contaron con una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades mexicanas para los miembros del Comité, en particular para los relatores Luciano Hazan y Rainer Huhle. Ambos fueron asignados para profundizar en la información presentada por México.

Gómez Robledo precisó que los registros existentes en la materia “mezclan personas no localizadas y eventualmente desaparecidos forzosos”, es decir, a ciudadanos simplemente extraviados con aquellos privados ilegalmente de la libertad con la participación o el consentimiento de servidores públicos.

“En el estado actual de nuestros registros, no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas (…) Es algo que hay que corregir sin duda alguna”, reconoció el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El fenómeno, según organizaciones de defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional, ha afectado a más de 22,000 personas entre diciembre de 2006 y octubre pasado.

Las cifras ofrecidas públicamente sobre personas en esta condición por el actual gobierno han fluctuado entre 8,000 y 26,121; la más reciente, anunciada en octubre de 2014, es de 23,371, sin especificar cuántas corresponden a desaparición forzada, cuáles son atribuibles a la delincuencia organizada y quiénes están en calidad de “no localizadas”.

Ayotzinapa y otros casos, presentes en Ginebra

Un caso emblemático de esta problemática es la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, quienes —de acuerdo con la investigación federal— fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron, y finalmente arrojaron los restos a un río.

Aunque los expertos del Comité evitaron en todo momento politizar el diálogo, el drama del caso Ayotzinapa estuvo en todo momento presente, a través de representantes de sus familias en la sala.

Hilda Legideño y Bernabé Abraján, padres de dos de esos jóvenes desaparecidos en Iguala, mostraron escepticismo al término de la sesión sobre la posibilidad de que el escrutinio al que se sometió México contribuya a resolver el caso de sus hijos.

Más optimistas fueron otras dos madres de desaparecidos en hechos anteriores, que opinaron que la evaluación de México en el Comité puede constituir una presión adicional para que se aceleren las investigaciones de sus casos.

“Para nosotros (los familiares), el hecho de que haya unos ojos extras mirando lo que pasa en México es un alivio”, dijo a EFE Guadalupe Fernández Martínez, madre del ingeniero José Robledo Fernández, desaparecido en 2009, y representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.

Por su parte, María Olaya Dozal, cuya hija Alejandra desapareció en 2009 a la edad de 16 años, confesó que la presencia del Estado mexicano ante el Comité “me da esperanza de que el gobierno sienta un mayor compromiso con los desaparecidos y sus familias”.

Los familiares que llegaron a Ginebra para participar en estas deliberaciones esperaban ver si el gobierno se comprometía a reconocer la competencia del Comité para aceptar denuncias individuales —presentadas directamente por los ciudadanos— por desapariciones forzadas.

Esto no ocurrió, pero el subsecretario Gómez Robledo aseguró que es una posibilidad que se considera. “No hemos dicho no”, dijo.

El funcionario explicó que un paso así no involucra “a dos o tres secretarías de Estado”, sino que “es una decisión en la que intervienen numerosas instituciones”.

Para responder a la evaluación del organismo internacional, el gobierno federal envió a Ginebra una delegación compuesta por 27 personas de distintas dependencias públicas, así como el gobernador de Coahuila, Rúben Moreira Valdez.

Con información de EFE.

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