Colectivos de familias de personas desaparecidas piden a la CIDH que intervenga para que el Estado Mexicano dictamine ya la Ley de Desaparición en este país

 

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Presentan decreto de la Ley para la Localización, recuperación e identificación forense de personas del Estado de Coahuila de Zaragoza

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Representantes de los colectivos formados por familias que tienen personas desaparecidas en este estado, estuvieron presentes en la entrega de la propuesta de Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas del Estado de Coahuila. Los titulares de la Unidad de Derechos Humanos y de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Coahuila, Federico Garza y Sandra Rodríguez respectivamente, hicieron entrega esta mañana a los diputados locales de dicho documento.

Cabe resaltar que las familias tienen participación activa en esta propuesta donde incluyeron los puntos claves para que los cuerpos y los hallazgos humanos sean tratados dignamente.

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LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE ESTA INICIATIVA DE DECRETO DE LA LEY PARA LA LOCALIZACIÓN, RECUPERACIÓN E IDENTIFICACIÓN FORENSE DE PERSONAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La desaparición de personas constituye una grave violación de derechos humanos que afecta de múltiples maneras a las personas desaparecidas, a sus familias, a personas allegadas y a la sociedad en su conjunto y corresponde a las autoridades adoptar todas las medidas necesarias para ponerle fin.

Esta terrible práctica implica la negación de múltiples derechos de la persona desaparecida, incluidos el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a no ser sometida a torturas  ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, así como poner en grave riesgo la vida de la persona desaparecida.

También representa una negación de los derechos de las familias de las personas desaparecidas, incluyendo el derecho a no ser sometida a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Además, en muchas ocasiones las familias de las personas desaparecidas ven en la práctica afectadas otros derechos como el derecho a la protección y asistencia a la familia, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y el derecho a la educación.

El Estado de Coahuila de Zaragoza ha sido uno de los más afectados por la práctica de la desaparición de personas en México[1], a la que las autoridades no dieron respuesta oportuna en su momento, añadiendo a las desapariciones otras muchas consecuencias negativas que hoy también debe ser corregidas, como lo es la existencia de numerosos cuerpos de personas inhumados en fosas comunes sin identificar y cuyos restos mortales deberán ser identificados por medio de las acciones previstas en esta ley.

Frente a esta realidad que deja a las familias en la incertidumbre y la zozobra, el Estado debe asumir su responsabilidad y atender la problemática en todas sus dimensiones: la búsqueda de las personas desaparecidas, la investigación de las desapariciones y la persecución penal de los victimarios, la atención a las necesidades y derechos de las familias, la prevención de esta terrible práctica y la reparación integral del daño.

En 2014, el Estado de Coahuila de Zaragoza incorporó a su constitución el derecho a no ser sometido a desaparición, así como la correspondiente obligación del Estado de adoptar todas las medidas para proteger a las personas contra las desapariciones y la obligación de realizar una búsqueda inmediata y efectiva. También incluyó el deber de localizar a la persona desaparecida, el derecho de las víctimas de conocer la verdad, obtener  justicia, contar con protección judicial efectiva, asegurar la reparación integral del daño y las garantías de no repetición.

Desde entonces se han adoptado diversas medidas legislativas y de política pública para cumplir con estas obligaciones y el estado de Coahuila de Zaragoza ha expresado su voluntad de continuar trabajando hasta que todas las personas desaparecidas hayan sido localizadas o cuya suerte y paradero hayan sido plenamente esclarecidos y se garanticen los derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño.

Por ello, el Estado debe  garantizar que existan los mecanismos adecuados para la efectiva búsqueda de las personas desaparecidas. El principio central que debe regir su actuar  es la búsqueda y localización en vida. Sin embargo, también debe garantizarse que en el caso de que la persona haya fallecido tras su desaparición, sea plenamente identificada y sus restos entregados dignamente a su familia para darles el destino que deseen conforme a sus creencias.

Por esta razón, las autoridades del Estado se han dado a la tarea, en diálogo con los distintos grupos de familias de personas desaparecidas en Coahuila, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México FUUNDEC-M, Grupo VI.D.A Laguna A.C. (Víctimas por sus Derechos en Acción), Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas A.C. y Alas de Esperanza Allende Coahuila de lograr la localización y plena identificación de los restos mortales de todas las personas que hayan fallecido en el Estado.

Cuando una persona desaparecida ha fallecido y sus restos continúan sin ser localizados ni identificados adecuadamente, se producen nuevas violaciones a sus derechos, como el derecho a la identidad, que incluye el derecho a un nombre y a ser tratado según sus creencias; así como a los derechos de su familia, como el de honrar y disponer de los restos de su ser querido. Estos derechos deben ser restablecidos, como parte de las obligaciones del Estado con la persona desaparecida, con base en la obligación de buscar y localizar de forma efectiva a las personas desaparecidas. Este proceso debe garantizar el derecho de toda persona a su identidad conforme a los estándares y normas internacionales en la materia, como un tema central del objeto de esta ley, por medio de su identificación, y como una obligación sustancial en sí misma, agotando para ello todos los esfuerzos que puedan conducir a una efectiva identificación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia resulta obligatoria para todas las autoridades mexicanas según estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentenció en el caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana[2] reconociendo la sustantividad y autonomía de los derechos de las personas fallecidas al establecer que la falta de identificación y entrega de los restos de personas fallecidas suponía una forma de trato denigrante y por ende, una violación al derecho a la integridad personal:

 Esta Corte considera que el tratamiento que se le dio a los cuerpos de las personas fallecidas luego del incidente, al ser inhumados en fosas comunes, sin ser claramente identificados ni entregados a sus familiares, manifiesta un trato denigrante, en contravención del artículo 5.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de las personas fallecidas y sus familiares. 

Además, el resultado de este proceso debe contribuir al derecho de las familias de personas desaparecidas no sólo a la verdad, sino a algo tan esencial como a que las familias puedan tener los restos de sus seres queridos fallecidos, para que puedan decidir cómo recordarlos, honrarlos y disponer de los mismos. Esto es, como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia[3], una forma de reparación:

  1. Sobre el particular, esta Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que asiste a los familiares el derecho a conocer dónde se encuentran los restos mortales de su ser querido, y ha establecido que ello “representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance”.
  1. La privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos. El derecho a la verdad ha sido desarrollado suficientemente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y como sostuvo esta Corte en anteriores oportunidades, el derecho de los familiares de la víctima de conocer lo sucedido a ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos mortales, constituye una medida de reparación y por tanto una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo.
  1. En este sentido la Corte considera que la entrega de los restos mortales en casos de detenidos-desaparecidos es un acto de justicia y reparación en sí mismo. Es un acto de justicia saber el paradero del desaparecido, y es una forma de reparación porque permite dignificar a las víctimas, ya que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto para con sus deudos y con el fin de que éstos puedan darle una adecuada sepultura.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre la importancia de facilitar que las familias de personas fallecidas puedan disponer de sus restos conforme a sus creencias, como señaló en el caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname[4]

  1. Finalmente, Suriname debe emplear todos los medios técnicos y científicos posibles – tomando en cuenta las normas pertinentes en la materia, tales como las establecidas en el Manual de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias – para recuperar con prontitud los restos de los miembros de la comunidad que fallecieron durante el ataque de 1986. Si el Estado encuentra los restos mortales, deberá entregarlos a la brevedad posible a los miembros de la comunidad sobrevivientes para que los fallecidos puedan ser honrados según los rituales de la cultura N’djuka. Asimismo, el Estado deberá concluir, en un plazo razonable, los análisis a los restos humanos encontrados en la fosa común en 1993 (supra párr. 86.31), y comunicar el resultado de dichos análisis a los representantes de las víctimas.

Por ello, esta ley establece el marco para que las autoridades del Estado de Coahuila de Zaragoza realicen todas las acciones necesarias para la identificación de los restos  que se encuentren en su territorio contribuyendo así a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Las autoridades deben brindar seguridad a las familias de que todos los restos encontrados en el territorio del Estado serán debidamente tratados y analizados, conforme a los más altos estándares para proceder a su plena identificación. El correcto funcionamiento de los procedimientos previstos en esta ley constituye a su vez una garantía de no repetición para toda la sociedad, ya que junto con las medidas para la búsqueda en vida de las personas desaparecidas, prevenir las desapariciones y llevar ante la justicia a los responsables de las mismas, deben garantizar que en el futuro no se repitan los lamentables hechos que tanto han lastimado a las familias y a la sociedad de Coahuila de Zaragoza y de otros lugares de la República Mexicana.

El papel de las familias de las personas desaparecidas ha sido esencial para impulsar la búsqueda de las personas desaparecidas. Por ello, esta ley recoge en su Capítulo II los derechos de las familias para garantizar su plena participación y la certeza en la actuación de las autoridades, así como el derecho de las personas fallecidas a que se garantice su identidad por medio de su plena identificación  y la restitución de sus restos a su familia.

En el Capítulo III de la ley se recoge la composición y funcionamiento del Sistema de Gestión de Información que debe procesar la información que obtenga, por medio del cruce de registros y del posterior trabajo multidisciplinario para lograr la plena identificación de los restos humanos hallados en el Estado.

En el Capítulo IV se regula la forma de proceder para la recuperación y tratamiento de los restos humanos hallados en el estado cubriendo, teniendo en cuenta de forma sistemática, los diferentes escenarios a los que se debe hacer frente.

El Capítulo V contempla las condiciones mínimas que deben darse para el resguardo y conservación de restos y evidencias.

El Capítulo VI regula las inhumaciones de restos humanos, prohibiendo la realización de inhumaciones sin agotar las pruebas necesarias para la identificación y la inhumación en fosas colectivas. Asimismo,  prohíbe la destrucción de restos de personas sin identificar.

El Capítulo VII establece las bases para el trabajo de las autoridades estatales en materia de verdad y memoria, otro de los grandes retos que México enfrenta en relación a las violaciones de derechos humanos que se han dado en todo el territorio nacional.

Conscientes de los retos que encontrarán las autoridades encargadas de implementar esta ley, se incluye en el Capítulo VIII diversas previsiones en materia de evaluación y mejora continua de la misma, para garantizar que los esfuerzos de las autoridades se adapten de forma dinámica a los diversos escenarios que puedan enfrentar apegadas a la ley.

El Capítulo IX contempla las posibles sanciones a las que se podrán hacer acreedoras las autoridades que incumplan o inapliquen las disposiciones contempladas en esta ley.

Finalmente, el Capítulo X contempla la necesidad de destinar recursos suficientes y específicos en Ley de Egresos del estado de Coahuila de Zaragoza de forma que existan las capacidades necesarias y suficientes para su efectiva implementación. Se reconoce además la posibilidad de recibir apoyos externos que puedan contribuir a alcanzar los objetivos de esta ley

La presente ley, en cuya redacción han participado Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México FUUNDEC-M, Grupo VI.D.A Laguna A.C. (Víctimas por sus Derechos en Acción), Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas A.C. y Alas de Esperanza Allende Coahuila, organizaciones de derechos humanos del Estado de Coahuila,  personas expertas en la materia, el Grupo Autónomo de Trabajo en Coahuila, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, debe servir para desarrollar el proceso de localización, recuperación e identificación forense y la restitución, uno de los múltiples aspectos que presenta el problema de las desapariciones y que tiene un terrible impacto en la vida de las personas que cada día siguen enfrentando las consecuencias de las desapariciones.

 

Yo ayudo a encontrar a las personas desaparecidas

Entregan colectivos de personas desaparecidas al Senado miles de firmas donde piden aprueben Ley de Desaparición

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Continúa abierta la convocatoria para puesto en el área de comunicación del CDDHFJL

El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios lanza la convocatoria para el puesto en COMUNICACIÓN

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CONVOCATORIA

Título: COMUNICACIÓN. Para estrategia de comunicación institucional

 

 Objetivo:

Colaborar en el área de Acompañamiento y Procesos Organizativos del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A. C., particularmente en el diseño de una estrategia de comunicación institucional que posicione los objetivos, la tarea y misión de dicho centro.

Funciones

  • Crear insumos de comunicación que lleven a la visibilización de las problemáticas que atiende el CDDHFJL.
  • Crear y alimentar la página web del CDDHFJL
  • Atender medios de comunicación, así como espacios digitales (página web, blog, correos electrónicos, redes sociales, etc.)
  • Realizar comunicados, boletines, etc., que visibilicen el posicionamiento institucional.
  • Organizar eventos públicos para dar a conocer informes, conmemoraciones y/o conscientizar la grave violación a los derechos humanos.
  • Articular el trabajo que realiza el CDDHFJL con otras organizaciones de la sociedad civil.
  • Monitoreo y análisis de medios de comunicación como herramienta para el análisis de contexto.
  • Coordinar la seguridad digital y el mantenimiento de equipos de cómputo del centro.

Perfil

  • Licenciatura en Comunicación o carreras afines con cédula profesional.
  • Experiencia en el desarrollo de estrategias de comunicación desde y para las personas víctimas de violaciones de derechos humanos.
  • Experiencia en elaboración de materiales de divulgación e información.
  • Experiencia en el manejo de herramientas digitales (Internet: redes sociales, correos electrónicos, página web, etc.)
  • Conocimiento en programas de diseño
  • Experiencia en el manejo de programas de office como Excel, Power Point u otros.
  • Creatividad e iniciativa.
  • Manejo de inglés (70% al menos)
  • Disposición de viajar a diferentes partes del país.
  • Capacidad de trabajar en equipo.
  • Horario disponible.

Condiciones laborales:

  • Sueldo: Sujeto a evaluación de habilidades
  • Horario: Tiempo completo
  • Ubicación: Saltillo, Coahuila, México
  • Fecha de incorporación: Inmediata

Las personas interesadas deben enviar todos estos requisitos para que su solicitud sea considerada:

  1. a) Currículum vitae;
  2. b) Carta de intención donde manifieste la razón de su interés en el puesto; y
  3. c) Dos cartas de recomendación actuales.

 Contacto: direccion@frayjuandelarios.org con copia a comunicacion@frayjuandelarios.org

Las personas preseleccionadas serán entrevistadas en el mes de noviembre y realizarán examen de conocimiento y habilidades. La persona seleccionada tendrá un período de 3 meses de mutua evaluación con sueldo, antes de la contratación definitiva.

Cualquier duda se resolverá en la entrevista personal.

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Calle Hidalgo 166 Sur, Zona Centro

Saltillo, Coahuila.

Horario de oficina: 10:00am a 14:00 horas y de las 16:00 a las 19:00 horas

Lunes a viernes.

Teléfonos: (844) 4123717, 4123784 y/o 4123794  exts. 124 y 125

 

 

 

 

 

 

 

Ellos y ellas, quienes ya no están con nosotr@s, se quedan en nuestra memoria, en nuestro corazón

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Descansa en plenitud María Demetria. ¡Seguiremos en la lucha, en la búsqueda de tu esposo Gersain!

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Descansa en plenitud María Demetria. ¡Seguiremos en la lucha, en la búsqueda de tu esposo Gersain!

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Campaña: Nos haces falta

¿Has visto ha…?

ABIERTA CONVOCATORIA PARA EL ÁREA DE COMUNICACION DEL CDDHFJL

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Claridad ante hallazgos en Patrocinio pide MNDM

Pronunciamiento de cara a las declaraciones realizadas por el Gobierno de Coahuila con motivo de las osamentas y fragmentos de huesos humanos encontrados por familias del Grupo Vida en un campo de exterminio localizado en el ejido Patrocinio, Coahuila

 12 de octubre del 2016

El Gobierno de Coahuila ha minimizado y desestimado el hallazgo y la labor que el Grupo Vida ha realizado en el ejido Patrocinio, municipio de San Pedro, en donde la delincuencia organizada realizó la ejecución de decenas de personas en los últimos años. Como Movimiento de Desaparecidos en México decimos que no se puede minimizar tal hallazgo.

El Grupo Vida, junto con la Subprocuraduría para Personas Desaparecidas de Coahuila, ha recorrido aproximadamente 5 hectáreas del Ejido Patrocinio en búsqueda de cuerpos humanos. Cinco osamentas semi-completas se han encontrado y aproximadamente en 30 puntos muy localizados se han identificado restos humanos, a distancias que van desde los 4 a los 100 metros entre ellos. Hasta el momento no se ha podido determinar cuántos puntos son en su totalidad, pues en cada operativo de búsqueda los puntos de localización aumentan. Tampoco se puede determinar el número de personas acaecidas en el lugar debido al grado de calcinación y condición de los restos.

Pobladores del lugar señalan que por años vieron entrar diariamente camionetas y veían hogueras que evidenciaban la quema de personas. También dicen que la quema se realizaba en tambos de 200 litros que utilizaban para incinerar a las personas para después ser vendidos.

Los familiares de desaparecidos en Coahuila han tenido que realizar esta labor de búsqueda para poder rescatar hasta el más mínimo de los restos y así intentar su identificación, considerando la posibilidad de su reconocimiento mediante el ADN.  Cabe señalar que la Policía Federal, División Científica ha abandonado restos en el lugar argumentando que no sirven para la identificación.

El problema de desaparición en Coahuila es muy grave, como lo es también en otros estados de la República Mexicana. Su dimensión ha provocado una situación inimaginable y terriblemente dolorosa. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México que agrupa a más de 70 organizaciones de familiares de desaparecidos y organismos civiles, exige al Gobierno del estado de Coahuila:

– No minimizar ni desestimar el hallazgo de osamentas y restos en el campo de exterminio localizado en el ejido Patrocinio;

– El respeto y reconocimiento del trabajo del Grupo Vida;

– Su actuación inmediata para la identificación certera de los restos y osamentas semi completas, no identificadas que están en el ejido Patrocinio, así como un informe público sobre fecha y localización de cada uno de los aseguramientos de fragmentos óseos; sobre resultados en términos de fragmentos considerados “sin utilidad”; sobre el número de perfiles genéticos con los que se cuenta; sobre los métodos usados para recuperar el ADN; así como el número de personas identificadas.

– Que actúe con absoluta responsabilidad frente a esta grave crisis y ofrezca las mejores condiciones para la búsqueda, así como que brinde información y declaraciones públicas con absoluto apego a la realidad.

¡Sin las Familias, No!

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

 

 

 

 

ES FUNDAMENTAL PARA FUUNDEC-FUNDEM SE GARANTICE IDENTIFICACIÓN DE CUERPOS SIN NOMBRE

ES FUNDAMENTAL PARA FUUNDEC-FUNDEM QUE SE GARANTICE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CUERPOS SIN NOMBRE

Ante la tragedia humanitaria de la desaparición de personas en nuestro país, para Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-FUNDEM), ha sido tarea fundamental la investigación y búsqueda urgente de nuestros seres queridos. Por eso desde el primer día de la desaparición de nuestros seres queridos, no hemos dejado de buscar con nuestros propios recursos, de tocar puertas y de exigir a las autoridades estatales y federales cumplan con su responsabilidad de encontrar a nuestros desaparecidos y desaparecidas, saber la verdad y hacer justicia para que ninguna familia más sufra lo que desgraciadamente nosotras estamos viviendo.

En las audiencias periódicas con las autoridades de Coahuila que sostenemos desde hace varios años, hemos estado luchando por respuestas eficaces en la búsqueda. En la audiencia llevada a cabo el pasado 24 de septiembre, informamos al Gobernador nuestra preocupación por la identificación certera de los 458 cuerpos no identificados que están en fosas comunes y los más de 15 mil restos óseos (en resguardo de la Policía Científica y Procuraduría General de la República) que se han encontrado en los operativos realizados en los últimos años, sólo en nuestro Estado. Sabemos que la cantidad de hallazgos rebasa la capacidad de las instituciones responsables de la identificación y por tanto la necesidad de realizar convenios de colaboración con laboratorios e instituciones nacionales e internacionales que nos apoyen en esta importante tarea.

Fue así que el Lic. Rubén Moreira Valdez se comprometió en esta reunión, ante autoridades federales e integrantes de la ONU, a realizar convenios de cooperación y colaboración con laboratorios o instituciones forenses nacionales e internacionales, así como con peritos expertos en diversas materias que colaboren en la identificación de restos y den mayor certeza a las familias sobre el trabajo que se está realizando en Caohuila.

En esta audiencia se informó de los avances en la definición y preparación del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación, que venimos trabajando desde hace más de un año; a la fecha se tienen ya las condiciones necesarias para iniciar una primer etapa del plan, sin embargo, sigue pendiente que la Secretaría de Finanzas libere los recursos para la adquisición de equipos, instrumentos y materiales necesarios para iniciar las exhumaciones. Solicitamos al Gobernador Lic. Rubén Moreira Valdez, su intervención para agilizar la liberación de los recursos e iniciar ya este proceso de identificación y entierros dignos.

Otros puntos importantes a resaltar en este diálogo que tenemos con autoridades estatales y federales son:

  • Una Ley de Exhumaciones e Identificaciones de Personas Desaparecidas en Coahuila. El 9 y 10 de septiembre participamos en un foro sobre este tema y junto con familias de otros colectivos víctimas de la desaparición en nuestro estado (Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción de Torreón, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras y Alas de Esperanza de Allende), aportamos los puntos más importantes que debe contemplar dicha ley, entre ellos que sean reconocidos los derechos a la  identificación de los cuerpos en fosas comunes y a un entierro digno.

Requerimos, por lo tanto, que esta Ley sea aprobada en este periodo de sesiones del Congreso del Estado con el fin de que se garantice el proceso de trabajo forense que se ha realizado en el último año, ante el inminente cambio de gobierno a efectuarse en el 2017.

  • Otro punto importante de esta reunión fue la visita del cónsul adscrito, en el Consulado de México en Tucson, Arizona, Lic. Alfonso Ricardo Pineda, quien nos dio a conocer el programa llamado Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM), el cual apoya en la búsqueda y localización de personas migrantes en esa zona fronteriza. Este programa funciona a través de llamadas telefónicas que las familias hacen cuando pierden contacto con sus seres queridos que van a EU.

Este mecanismo, que desconocíamos, nos ayudará a todas las familias con desaparecidos no sólo en Coahuila, sino de todo México y Centroamérica, dado que  nos da la posibilidad de contar con otra línea de búsqueda de nuestros familiares desaparecidos.

  • Otro tema no menos importante, fue el Convenio que firmó la PGR con el INE y la Conferencia Nacional de Tribunales (CONATRIB) hace más de un mes, con el objetivo de compartir datos que ayuden a la identificación de las personas desaparecidas, sea en vida o fallecidas.

Este convenio es un logro gracias a la presión que hemos hecho ante el gobierno estatal y federal para contar con otras herramientas que ayuden a la localización de los nuestros, de las nuestras.

Valoramos la voluntad política que hasta hoy ha mostrado el Gobierno de Coahuila, sin embargo, es necesario e indispensable que se concretice el cumplimiento de todas las acciones o compromisos para la búsqueda y localización de nuestros familiares desaparecidos.

Saltillo, Coah., 7 de octubre del 2016

¡Por una búsqueda incansable!

 Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México

(FUUNDEC-FUNDEM)

¡AI LANZA ACCIÓN URGENTE PARA FAMILIA DE HÉCTOR RANGEL ORTIZ!

SE PIDE PROTECCIÓN PARA LOS FAMILIARES DE UN DESAPARECIDO

Un familiar de un joven desaparecido en México ha sido agredido y amenazado en un aparente intento de impedirles a él y a su familia hacer campaña sobre su caso. En julio, las autoridades retiraron la protección policial a la familia, días después de que otra familiar visitara Canadá para hacer campaña con Amnistía Internacional. Las medidas de protección existentes son inadecuadas, ya que no han impedido este reciente ataque.

Víctor Manuel García Herrera es el cuñado de Héctor Rangel Ortiz, quien desapareció en el norte de México en 2009. Víctor García contó a Amnistía Internacional que, el 22 de septiembre, a las cuatro de la tarde, tres hombres armados lo arrojaron al suelo a golpes y patadas en su ciudad de residencia, Querétaro, en el centro de México, de donde procede la familia Rangel. Mientras le propinaban golpes y patadas, le dijeron: “Ya bájate o te vamos a dar un levantón. Esto es para que te aplaques, pinche abogadete. No sabes en qué pedos te estás metiendo”. (ya bájale o te vamos a dar un levantón. Esto es para que te aplaques, pinche abogadete. No sabes en qué pedos se están metiendo).

Víctor García y su esposa, Brenda Rangel Ortiz, han hecho campaña activamente para conseguir que se conozca la verdad y se haga justicia para Héctor Rangel. Desde que comenzaron su campaña, han recibido amenazas de agentes de la policía local, así como amenazas de muerte de un detenido durante los procedimientos judiciales. Las autoridades federales les concedieron protección policial en 2013, pero luego se la cancelaron, sin aviso ni explicación adecuada, el 6 de julio de 2016, días después de que Brenda Rangel regresara de Canadá, donde había hecho campaña con Amnistía Internacional sobre las desapariciones en México. Las autoridades les dejaron unas medidas de protección mínimas que no impidieron el reciente ataque. Brenda Rangel y Víctor García también han apoyado a decenas de familias que están buscando a sus parientes desaparecidos en el estado de Querétaro.

Escriban inmediatamente en español, en inglés o en su propio idioma:

– instando a las autoridades a brindar protección inmediata y efectiva a Víctor García, Brenda Rangel y su familia, incluidas medidas de protección policial, de estricta conformidad con los deseos de las propias personas afectadas;

– pidiéndoles que ordenen una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el incidente del 22 de septiembre, y que lleven a los responsables ante la justicia;

– pidiéndoles que determinen la suerte y el paradero de Héctor Rangel Ortiz, y que lleven a los responsables ante la justicia;

– pidiéndoles que tomen medidas efectivas para prevenir y combatir las desapariciones en México, lo que incluye aprobar nueva legislación para proteger a las víctimas y establecer un sistema efectivo de búsqueda en todo el país.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 A:

 

Subsecretario Federal de Derechos Humanos

Roberto Campa Cifrián

Subsecretario de Derechos Humanos

Secretaría de Gobernación

Dinamarca 86, Colonia Juárez,

Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C. P. 06600, México

Correo-e: rcampa@segob.gob.mx

Twitter: @1campa

Tratamiento: Estimado Subsecretario

 

Procuradora General de la República

Arely Gómez González

Procuradora General de la República

Paseo de la Reforma 211-213, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C. P. 06500, México

Correo-e: arely.gomez@pgr.gob.mx

Twitter: @ArelyGomezGlz

Facebook: SenArelyGomezG

Tratamiento: Estimada Señora Procuradora

 

Y mensajes de solidaridad a:

Brenda Rangel y Víctor García

Correo-e: brendadesaparecidosjusticia@gmail.com

Facebook: brenn.rangel

Twitter: @brennrangel

Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la segunda actualización de AU 304/13. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/AMR41/030/2014/es/

ACCIÓN URGENTE

SE PIDE PROTECCIÓN PARA LOS FAMILIARES DE UN DESAPARECIDO

Información complementaria

Héctor Rangel lleva desaparecido desde noviembre de 2009. Desapareció momentos después de que la policía municipal de la ciudad septentrional de Monclova, estado de Coahuila, le diera el alto mientras conducía su automóvil. Brenda Rangel y el resto de su familia llevan desde entonces buscándolo, pese al gran riesgo al que se exponen con ello, y pidiendo a las autoridades que determinen su paradero y lleven a los responsables ante la justicia. El caso está ante los agentes de la Procuraduría de Justicia del estado de Coahuila y de la Procuraduría General de la República. La investigación está en curso, pero apenas ha habido progresos. De hecho, este mismo año han sido absueltos tres policías. La familia Rangel no pudo recurrir contra la sentencia absolutoria porque las autoridades no les informaron de ella antes del plazo límite legal.

Brenda Rangel y Víctor García gestionan la pequeña organización local “Desaparecidos Justicia”, y han apoyado a 48 familias que han sufrido desapariciones en el estado de Querétaro. Han localizado a 16 víctimas, 9 de ellas vivas.

Según cifras oficiales actuales, más de 28.000 personas han desaparecido o están en paradero desconocido en México, la mayoría desde 2007. La mayor parte de estos casos parecen haber tenido lugar durante el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Muchos de estos secuestros han sido obra de bandas criminales, y no está claro si ha habido algún funcionario público que haya desempeñado algún papel en ellos. En otros casos ha habido participación directa o indirecta de funcionarios públicos, con lo que el caso ha constituido desaparición forzada en virtud del derecho internacional. El punto álgido de las desapariciones ha coincidido con la “guerra contra el crimen” emprendida por las autoridades. La impunidad es la norma en estos delitos. En 2015, el gobierno dijo al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada que había conseguido seis condenas en casos de desaparición forzada.

El gobierno mexicano ha tomado algunas medidas para abordar la crisis de las desapariciones en el país, pero esas medidas no han sido acordes a la gravedad de la situación ni han dado resultados significativos. En noviembre de 2014, el presidente Peña Nieto prometió apoyar una ley general sobre desapariciones, que sería vinculante en los ámbitos federal, estatal y municipal. Sin embargo, la ley sigue siendo una promesa en el papel. Decenas de redes de familiares de todo el país, incluidos Brenda Rangel y su familia, han lanzado una campaña para reclamar una ley inmediata y efectiva (véase http://www.sinlasfamiliasno.org) y para que se los incluya plenamente en el proceso.

Para ser efectiva, la ley debe cumplir todas las normas internacionales sobre este tema, entre ellas:

  • una definición correcta del delito de desaparición forzada (en la que estén implicados directa o indirectamente funcionarios) y del delito de desaparición cometido por agentes no estatales;
  • establecer la obligación de las autoridades de emprender una búsqueda inmediata y efectiva de cualquier persona cuya desaparición se denuncie; esa búsqueda debe realizarse mediante procedimientos específicos que deben elaborarse en consulta con expertos, organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas;
  • garantizar que los familiares de las víctimas pueden obtener de manera rápida y efectiva una “declaración de ausencia” de sus seres queridos, con el fin de proteger sus bienes, su seguridad social y otros derechos.

 

Nombre: Víctor Manuel García Herrera (h), Brenda Rangel Ortiz (m) y su familia

Sexo: Hombres y mujeres

 

 

 

 

Más información sobre AU: 3034/13 Índice AMR 41/4916/2016 Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2016

 

“Buscándolos Nos Encontramos”

“Buscándolos Nos Encontramos” (“searching for them, we find ourselves”) has been the mantra of the collectives of families launching national Brigadas Nacionales de Búsqueda (National Search Brigades) to search for their disappeared loved ones across Mexico this year.

This August 30th, the International Day of the Victims of Enforced Disappearances, we pause to ask: Why have groups of family members had to do this difficult work on their own? The obstacles they encounter, and the Mexican government’s overall lack of action on enforced disappearances, reflect not only individual stories of suffering but a broad human rights crisis across Mexico.

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Photo: Emma Buckhout, Mexico City

Hundreds of families of the disappeared have been taking on the search for their loved ones in Mexico since the time of the Dirty War in the 1960s and 1970s. While disappearances occurred back then, the number shot up with the widespread dispersal of Mexican security agents to fight organized crime as a part of the “War on Drugs” starting under former President Felipe Calderon in 2007. Today, Mexico’s official National Registry points to approximately28,000 people who have been disappeared between 2007 and May 2016, but civil society organizations and the families themselves estimate the number to be much higher.

Families Leading the Way

In Mexico, government authorities don’t search for the disappeared, so families do.Emblematic cases like those of the disappeared 43 students from the Ayotzinapa rural teacher’s school have demonstrated the ongoing efforts of families on an international stage; unfortunately families of the disappeared across Mexico live similar stories on a daily basis.

State and local government officials neglect to take action within the first seventy-two hours of a person’s disappearance, which is the crucial time period for finding someone alive. Authorities commonly fail to follow up on the trail of information that families may have. In the process, families are re-victimized by being given false hope with no concrete action. They are told that their case will be followed up on; instead it is left in a bureaucratic paper trail among many authorities without clear results. In the case that physical remains are found, families report that authorities are slow to perform DNA tests. Often, the very authorities that could have been involved in the enforced disappearance are the ones families have to approach, adding another layer of fear to denounce the cases.

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Photo: Emma Buckhout, Mexico City

This year alone there have been two national search brigades by family collectives, (Brigadas Nacional de Búsqueda), although various smaller groups take on searches on a regular basis. For example groups of family members that LAWG accompanied took on searches for others who may have been disappeared inGuerrero in the aftermath of the disappearance of the 43 students last year. Most recently, the FUNDEC-FUNDEMM family groups (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México) led searches in prisons in Coahuila and also included families from Central America searching for migrants who disappeared en route to the United States.

The first larger, national search brigade took place in April of this year in Veracruz, one of the states with the highest number of disappeared in Mexico, and was made up of groups from Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, and Baja California. After only fifteen days of their search, the Brigadeidentified fifteen locations with human remains and came across forty new cases of disappearances from family members who had not previously brought their stories before authorities due to fear.

A second search brigade to Veracruz in July, again consisting of about fifty family members from various states in Mexico, documented thirty new cases of disappearances in various gravesites.

The specific findings of these small brigades demonstrate that coordinated actions between family members, government authorities, and civil society can lead to results and bring families one step closer to finding truth and peace.

Risking Their Lives to Search

The search for the disappeared is never easy or safe, and the families receive little logistical or psychological support for their work. The brigades fundraise for the simple equipment they use to dig up graves. They request protection from federal and state authorities, including vehicles to accompany them along their planned routes. This is important not only to ensure protection to the families as they cross territories disputed by organized criminal groups but also to ensure follow-up by forensic authorities in the registration, processing, and DNA testing of the remains found. For the two national brigades, Mexico’s National Human Rights Commission (Comisión Nacional de Derechos Humanos) and the United Nations Office for Human Rights in Mexico sent observers as well as other civil society groups, including religious leaders that regularly accompany the families.

This past June while participating in the brigade for the first time, a father, whose daughter had been disappeared, was killed and his wife injured by unidentified armed men. This exemplifies the environment of threats and assaults that constantly plague family members. The United Nations Working Group on Enforced Disappearances had recommended that the Mexican government ensure protection for these search brigades, but the families have denounced the lack of protection on various occasions. Threats against the search brigades reflect the broader situation of fear that human rights defenders victims experience on a daily basis in Mexico.

Families in the brigades also have also faced significant delays from authorities in processing remains they have found. The Veracruz State Attorney General’s Office delayed three months in sharing remains found on the first brigade with the federal police for example.

Little Support for Searches

Last year, the Mexican government published a Unified Protocol for the Search of Disappeared Persons and the Investigation of the Crime of Enforced Disappearance (Protocolo Homologado para la Busqueda de personas Desaparecidas y la Investigacion del Delito de Desaparicion Forzada)which is supposed to outline the coordination among state and federal authorities for the search and investigation of enforced disappearances and include an eventual National System of Information on Enforced Disappearances (Sistema Nacional de Información). However, families have demonstrated that it is largely not implemented due to the refusal by authorities to do so, a lack of coordination, and insufficient funding.

Largely thanks to the activism of family collectives, the states of Coahuila and Guerrero have successful examples of local initiatives that aim to address the comprehensive needs of families of the disappeared. They include search mechanisms and attention to victims, but they are small illustrations of processes needed at a national scale.

Mexico’s Lack of National Responses

Last year, the Movement for Our Disappeared in Mexico (Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México), a group of over 35 collectives of families of the disappeared and 40 civil society organizations, identified the implementation of search mechanisms for the disappeared as one of the ten essential pointsthat the Mexican government should consider in drafting the General Law on Disappearances (Ley General sobre Personas Desaparecidos en Mexico), among their more comprehensive demands for the new law. They specifically call for a National Search Commission (Comisión Nacional de Búsqueda) which would include family members, federal, state, and local government authorities, and forensic experts in the design and implementation of plans and actions to search for the disappeared. This type of Commission had also been previously recommended by the Interdisciplinary Group of Independent Experts (GIEI) working on the Ayotzinapa case.

Unfortunately, the current draft of the Mexican law does not include this proposed National Search System. It is one crucial piece alongside a mechanism for families to monitor the searches, instead of only other aspects of the law that is missing from the current draft. The Mexican government is set to debate the draft law in September in its next Congressional session and should pass a comprehensive, well-funded law that incorporates the demands of the families, and succinctly outlines the roles and responsibilities of all of the actors, including authorities at all levels, civil society organizations, and the families, to be involved in the search, investigation, and prosecution of enforced disappearances.

In the short-term, it is imperative that the U.S. government hold the Mexican government accountable to passing such a law. Inaction and delays in passing such a law should also be evaluated as a reflection of the Mexican government’s commitment to the protection of human rights. As LAWG and seven other human rights organizations evidenced a month ago, the Mexican government has so far failed to demonstrate progress on how it is “effectively searching for the victims of enforced disappearances and is investigating and prosecuting those responsible for such crimes,” one of the four human rights conditions under the Merida Initiative, a U.S. security aid package to Mexico.

There is no better example of this than the experiences of the families searching for their disappeared on their own. On this International Day of the Victims of Enforced Disappearances, LAWG honors the families of the disappeared leading the way in the search for their loved ones and calls for justice.


See how you can raise awareness and call for justice on the International Day of the Victims of Enforced Disappearances here.

For more information on the  Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (Movement for Our Disappeared in Mexico), see their new campaign #SinLasFamiliasNo and website here.

Presentación del Informe: Sobrevivir a la muerte: Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México

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Presentación del Manual de acciones frente a la Desaparición y la Desaparición Forzada

En el marco de la Jornada “En resistencia solidaria, no pararemos hasta encontrarles”, les invitamos a la presentación de este manual, un escrito donde el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios aportó ideas para la realización del mismo. Es un manual práctico para la sociedad en general con el objetivo de ofrecer herramientas básicas ante el caso de una desaparición, qué hacer, a dónde acudir, con quién acudir inmediatamente y en el proceso. ¡Esperamos contar con su presencia!

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Exposición “Huellas de la Memoria” en Saltillo, Coahuila

En el marco de la Jornada “En resistencia solidaria, no pararemos hasta encontrarles”, les invitamos a que nos acompañen a la Exposición “Huellas de la Memoria”. Es la exposición de zapatos que madres, padres, hijas, hijos, hermanos, hermanos han usado en la búsqueda de sus seres desaparecidos. ¡Les esperamos!

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“En resistencia solidaria, no pararemos hasta encontrarles”

Para tenerlos siempre, para hacerlos presentes, para que quienes no están físicamente estén a través de nosotras. El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, sin embargo, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo ellos y ellas siguen y seguirán presentes por medio de nuestra voz porque ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

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Jornada “En resistencia solidaria, no pararemos hasta encontrarles”

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Las familias que integramos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-FUNDEM) realizaremos diversas actividades en diversas ciudades y estados de donde somos originarias: Saltillo y Torreón de Coahuila, Ciudad de México, Querétaro, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, entre otras.

Siempre resistiendo, siempre en la lucha, no cejaremos hasta encontrarles, a todos y a todas: ¡Porque vivos los llevaron, vivos los queremos”.

“Por una búsqueda incansable”

JornadaDesaparecidxs2016

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